Campesinos en el campo los vieron pasar con sus equipos, era el año 2021. Pusieron atención porque era gente que no es común en esta zona. No le dieron mucha importancia en un primer momento, pero, eran ingenieros y técnicos que estaban haciendo exploración minera en los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, una de las mayores zonas selváticas de México. Los mineros confirmaron que, en las entrañas de estas montañas, se encuentra un gran yacimiento de oro y cobre.

Un poco antes de internarse en esta región donde habita el pueblo Zoque, la empresa canadiense Minera Minaurum Gold S.A. de C.V., en el año 2021, había vendido 23 mil acciones en Canadá, de donde pudo recabar 9,2 millones de dólares canadienses para continuar con sus procesos de exploración y lo que consideran fines generales de explotación de sus proyectos mineros en México. Uno de ellos es el proyecto bautizado con el nombre de Santa Marta.

El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapas, Vicente Contreras, dijo para Avispa Mídia que los habían visto pasar en 2021. “Decidimos armar unas brigadas para recorrer el territorio y encontramos que en algunos lugares habían removido la tierra. Entonces nos movilizamos porque no queremos minería en nuestro territorio”, señaló.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Plataforma de Transparencia, las solicitudes de los permisos de Santa Marta, habían sido desechados mediante el acuerdo establecido en el oficio UGA-0687-2021, dictamen que fue notificado a la empresa el 25 de junio de 2021, vía correo postal certificado.

Un mes después del supuesto dictamen de Semarnat, en julio del mismo año, Minaurum, para dar certeza a sus accionistas, anunció que veía “más oportunidades desbloqueadas en algunos de los proyectos de exploración menos avanzados de la empresa, en particular Santa Marta, un proyecto de sulfuro masivo volcanogénico (de cobre y oro) potencialmente muy grande”.

Incluso, el anuncio de la empresa se daba con bombo y platillo argumentando que uno de sus inversionistas más importantes, la empresa de activos Crescat Capital, equiparó Santa Marta con el yacimiento de oro y cobre de categoría mundial Hod Maden en Turquía, un proyecto que concentra reservas minerales de 8 mil 696 toneladas de oro y cobre.

Aunque Semarnat sostiene en respuesta a las peticiones de información que los permisos de Santa Marta habían sido desechados en junio de 2021, oficialmente en su plataforma el proceso continuó hasta el 17 de agosto del 2021 sin haber hecho público los resolutivos. Por el contrario, en las peticiones de información sostiene que es información “reservada o confidencial”.

Minaurum solicitaba un permiso de exploración por un periodo de 12 meses. Si esto hubiera surtido efecto, entraría en vigor en agosto del 2021 hasta agosto del 2022, justo en las fechas cuando vieron pasar a los mineros por la región.

En el portal de la empresa hay fotos de sus recorridos por este lugar, aunque no mencionan las fechas.

^{Geólogos de Minaurum en la mina Santa Marta}

La novedad es que la empresa sostiene en un informe de este año 2024, que el muestreo de roca histórico realizado “ha arrojado valores de cobre que oscilan entre 1% y 3,7% de cobre y valores de oro que alcanzan los 3 g/t (gramos por tonelada en bruto de roca)”, según su informe llamado “Perspectivas de Exploración 2024”.

Es así que la empresa Minaurum ha avanzado con el proyecto Santa Marta y anuncia que ha actualizado sus actividades de exploración para 2024, incluyendo un nuevo trámite presentado para una solicitud de permiso de 3 mil metros de perforación, lo que implica una nueva MIA y un nuevo proceso que tiene que aprobar Semarnat. Mientras tanto, Minaurum está obligada a dar avances a sus inversionistas que han invertido los 9,2 millones dólares canadienses.

^{Brigadas que recorren el territorio de San Miguel Chimalapa}

La estrategia

El proyecto Santa Marta abarca dos concesiones que se ubican entre los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, los mismos que tienen conflictos legales en cuanto a sus limítrofes de las tierras. “El problema de límites comprenden más de 13 mil hectáreas y es ahí donde está este proyecto”, dijo el comisariado de San Miguel Chimalpa.

Lo interesante es que a Minaurun, a la hora de solicitar sus permisos de exploración en 2021, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada por Asesores en Impacto Ambiental y Seguridad, S.C., presentó una copia de resolución del conflicto legal de linderos entre San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec. Pero el comisariado sostiene que “el problema agrario aún no se ha resuelto. Porque hemos metido un recurso de revisión que aun está en los tribunales, entonces el conflicto no está resuelto”.

En el año 2019 Semarnat ya le había negado una autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa según el oficio SEMARNAT-SGPA-UGA-0021-2019, con la cual solicitaba autorización para la realización de obras y actividades en los dos lotes del proyecto.

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Pero cuando Minaurum volvió a solicitar la aprobación de una nueva MIA y los permisos de exploración, en 2021, el apoderado legal de la empresa, el Maestro Daniel Jesús Ventura Uribe, presentó más documentos, pero ahora solo para hacer exploración en el lote Jackita. Complementando con una copia certificada de notario público con el permiso de la comunidad La Cristalina, perteneciente a San Miguel Chimalapa.

Es ya sabido que las empresas mineras en México recurren a diversas estrategias para poder proceder con la exploración y explotación de los minerales, una de ellas es dividir a las comunidades y recargarse en un grupo. “Es lo que pasó con la comunidad de La Cristalina, quien supuestamente les dio el permiso para ingresar a nuestro territorio para hacer exploración”, lamenta el comisariado Contreras, quien lleva dos años con el cargo.

Para el Comisariado esto es totalmente ilegal, ya que pasaron por alto a la máxima autoridad. “Aquí ninguna comunidad está facultada para dar este permiso, ni si quiera yo como comisariado. Porque el propio estatuto comunal establece que la última palabra la tiene que dar la asamblea general, donde participan todos y todas las comuneras. Por ello, La Cristalina no está facultada para dar este permiso. Esto es una ilegalidad”, puntualiza el representante agrario de la comunidad.

Los dos lotes mineros Reducción Mar de Cobre y Jackita, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, suman la exorbitante dimensión de más de 6 mil 400 hectáreas, casi el equivalente a nueve veces lo que comprende a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente esta empresa, a través de su filial Minera Zalamera, S.A. de C.V., cuenta con 9 concesiones vigentes en el estado de Oaxaca en fase de exploración que suman más de 27 mil hectáreas. También tiene una concesión en Puebla, una en Morelos, dos en Guerrero y tres proyectos en Sonora.

Dependencia del agua

El resguardo de región de Los Chimapalas es de ámbito internacional, ya que es esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Por la región cruza la Sierra Atravesada, la Sierra de Tres Picos y la Sierra Espinazo del Diablo y las cuencas de los ríos Corte y el Alto Uxpanapa. Comprende la totalidad de los Municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapas, así como parte de los Municipios de Matías Romero y San Pedro Tapanatepec colindando al este con el estado de Chiapas.

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El comisariado de San Miguel Chimalapas destaca que la mayoría de las personas en estas comunidades se dedica al campo y dependen del agua. “Que vamos hacer si se contaminan los mantos acuíferos. Chimalapas alimenta a una gran cantidad de comunidades, por eso nos preocupa, porque no vamos a comer oro, vivimos del campo. Dependemos del agua”, alerta.

Ni la empresa ni el Estado les ha dado información hasta el momento de lo que implica la exploración y posible explotación de estos lotes mineros. “La única información que hemos obtenido es a través de foros que han organizado los propios jóvenes de la comunidad”, dice Contreras, representante agrario de esta comunidad.El comisariado sostiene que las comunidades son tajantes en no permitir el extractivismo. “En distintas asambleas hemos acordado no permitir la explotación minera en nuestro territorio. Vamos a defender nuestras tierras”, remarca el indígena Zoque.

^{Foros informativos realizados por jóvenes de san Miguel Chimalapa}

^{Por Rafael Paz*}

Un equipo de investigadores de la Universidad de California, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la Universidad de Rutgers, el Colegio Universitario de Londres y la Universidad Rey Abdulaziz analizó 1,693 sistemas acuíferos y los datos arrojados por 170 mil pozos de seguimiento ubicados en 40 países alrededor del mundo, encontrando que el 30 % de los sistemas sufre sobreexplotación y está en niveles críticos.

El estudio, titulado “Rapid groundwater decline and some cases of recovery in aquifers globally”, fue difundido por la revista Nature y subraya que la información muestra que “las rápidas disminuciones del nivel de las aguas subterráneas (>0.5 m al año) se han generalizado en el siglo XXI, especialmente en regiones secas con extensas tierras de cultivo. Fundamentalmente, también se observa que la disminución del nivel de las aguas subterráneas se ha acelerado en las últimas cuatro décadas en el 30 % de los acuíferos regionales del mundo”.

Asimismo se añade: “En el 30 % de estos sistemas acuíferos, el decremento del nivel de las aguas subterráneas se aceleró, y las disminuciones del nivel de las aguas subterráneas de principios del siglo XXI superaron a las de finales del XX. Estos casos de descenso acelerado del nivel de las aguas subterráneas son más del doble de frecuentes de lo que uno esperaría de fluctuaciones aleatorias en ausencia de tendencias sistemáticas en cualquiera de los periodos”.

Los especialistas consideraron que “la mayoría (>80%) de los sistemas acuíferos que exhiben descensos acelerados del nivel de las aguas subterráneas también experimentaron una disminución en las precipitaciones a lo largo del tiempo (es decir, una precipitación anual promedio más baja a principios del siglo XXI que a finales del XX). El descenso de las precipitaciones puede causar que los niveles de agua subterránea caigan, como resultado tanto de impactos indirectos (por ejemplo, aumento de las extracciones de agua subterránea durante las sequías) como de impactos directos (es decir, tasas de recarga reducidas durante las sequías)”, sostienen.

También apuntan que los resultados muestran un vínculo potencial entre la variabilidad climática a escala decenal y la aceleración de los descensos del nivel de las aguas subterráneas. Y que “es probable que la aceleración de la disminución del nivel de las aguas subterráneas, independientemente de sus posibles causas, igualmente acelere las consecuencias de esos decrementos, incluidos los hundimientos de la tierra y los pozos que se secan”, advierten.

Falta de lluvias

Uno de los puntos en que hace énfasis el estudio está relacionado con el clima. Al analizar las tasas de precipitación durante las últimas cuatro décadas en los sistemas hídricos subterráneos seleccionados, se encontró que “la mayoría (>80%) de los sistemas acuíferos que exhiben descensos acelerados del nivel de las aguas subterráneas también experimentaron una disminución en las precipitaciones a lo largo del tiempo (es decir, una precipitación anual promedio más baja a principios del siglo XXI que a finales del XX)”.

La disminución de precipitaciones, comentan, es la posible causa de que los niveles de agua subterránea caigan como resultado tanto de impactos indirectos (uno de ellos sería el “aumento de las extracciones de agua subterránea durante las sequías”) como de impactos directos (por ejemplo, “tasas de recarga reducidas durante las sequías”).

“Nuestro hallazgo [que las tasas de precipitación de principios del siglo XXI fueron más bajas que a finales del XX en la mayoría de los sistemas acuíferos que exhiben descensos acelerados del nivel de las aguas subterráneas] destaca un vínculo potencial entre la variabilidad climática a escala decenal y la aceleración de los descensos del nivel de las aguas subterráneas. Es probable que la aceleración de la disminución del nivel de las aguas subterráneas, independientemente de sus posibles causas, también acelere las consecuencias de esas disminuciones, incluidos los hundimientos de la tierra y los pozos que se secan”, alertan.

Casos de éxito

Sin embargo, asegura el estudio, no todo son malas noticias. De los sistemas acuíferos subterráneos que se analizaron, el 16 % mostró que “el descenso del nivel de las aguas subterráneas se invirtió, definiéndose como los casos en los que el nivel de las aguas subterráneas disminuyó a finales del siglo XX, pero aumentó a principios del XXI”; mientras que en el 13 %, “el nivel de las aguas subterráneas se incrementó tanto a finales del siglo XX como a principios del XXI”.

Para los investigadores, si se toman medidas oportunas respecto a “la gestión de la recarga de acuíferos y los desvíos de aguas superficiales”, existe el “potencial de recuperación de los sistemas acuíferos agotados”.

Es un punto en el que coincide Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), quien insiste en la importancia de sistemas de aguas subterráneas para los ecosistemas e, históricamente, para nuestra vida diaria.

“Es el agua fresca que tenemos más disponible como sociedad, porque ésta en el planeta es alrededor de un dos y medio por ciento del agua total. Es muy poca y la gran mayoría se encuentra en glaciares y casquetes polares, es difícil acceder a ella. Como los recursos de agua superficial de ríos y lagos no son tantos como quisiéramos, el agua subterránea se vuelve nuestra principal fuente”, recalca Jaramillo Moreno y pone como ejemplo a Ciudad de México, donde el 70 % del agua que se consume proviene del subsuelo.

El universitario hizo un llamado para tomar medidas ante la explotación que experimentan estos sistemas, ya que de no hacerlo, además de perder la fuente de agua dulce más importante, se presentan otros problemas, como la compactación del suelo que provoca hundimiento en ciudades como la capital del país y la contaminación del recurso hídrico después de su utilización.

Sobre la posible recuperación de estos sistemas subterráneos, señala que “el problema es que los tiempos en los que se recuperan los acuíferos pueden ser desde periodos enormes de tiempo en escalas geológicas, hasta cortos, como sucede en los más superficiales. En otros, el agua no se va a volver a recuperar. Cada acuífero tiene una dinámica diferente”.

Hay estrategias para recuperarlos, como regresar o entregarle nuevamente al acuífero agua a una tasa más o menos parecida a la que se extrae. “Pero ésta se tiene que tratar adecuadamente, porque si se entrega con mala calidad va a contaminar, se daña al acuífero en términos de calidad, entonces ya no se puede seguir usando para consumir”, considera.

Y concluye: “También estamos contaminando el agua todos los días y cuando ésta va a regresar al suelo, contaminamos ese recurso subterráneo. Ése es un problema muy grande, porque si el acuífero se contamina, es muy difícil descontaminarlo, ya que está justamente en el suelo. No es tan fácil como decir: ‘vamos a sacar el agua y la limpiamos’”.

El 76.21 % del territorio nacional sufre algún tipo de sequía, es decir que sólo el 23.79 % se encuentra libre de sequía. Esto de acuerdo con el informe semanal más reciente –difundido el 13 de febrero– del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). “La sequía extrema y excepcional persiste en el noroeste, noreste y centro de México, ocupando 28.98 % del país. En tanto, 31.47 % del territorio nacional tiene sequía moderada y severa, y 15.76 % está en condiciones anormalmente secas”.

En su reporte del 5 de febrero, la Conagua había apuntado que “específicamente en el centro del país, la sequía moderada y severa se incrementó en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla, mientras que la excepcional aumentó en Querétaro e Hidalgo. En contraste, la sequía moderada y severa disminuyó en Tlaxcala y el oriente de Puebla”, y apuntó que del 1 de enero al 4 de febrero de 2024 se presentó 41.4 % menos lluvia que lo registrado habitualmente en ese lapso.

En cuanto al nivel de llenado de las 210 principales presas del país, que en conjunto tienen la capacidad de almacenar 92 % del agua de los embalses del país, la Subdirección General Técnica de Conagua resaltó que, al 12 de febrero de 2024, se ubica en 50 %, lo que representa un punto porcentual menos que lo informado el día 5.

Conagua resaltó que hay una diferencia respecto al promedio histórico –87,296 Mm³– de la capacidad almacenamiento de agua en el país de 22,766 Mm³, ya que actualmente ubica en 63,759 Mm³, lo que equivale a un un déficit de 26 %.

La situación del nivel de llenado conjunto de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria),encargadas de suministrar el 25 % del abasto de la Zona Metropolitana del Valle de México, no ha modificado su tendencia desde el informe del 31 de enero.

Hasta el 12 de febrero, la presa de El Bosque se encontraba al 58.7 % de su capacidad; Villa Victoria, 30.2 %; y Valle de Bravo, 32.5 %.

^{*Una versión de este texto se publicó en Gaceta UNAM}

^{En portada: Plantón de las mujeres mazatecas en frente al palacio de gobierno de Oaxaca. Fuente: Redes sociales de Presos Políticos Eloxochitlán de Flores Magón y Observatorio Memoria y Libertad} 

Mujeres del pueblo Mazateco, del estado de Oaxaca, sostuvieron por tres días una huelga frente al palacio de gobierno de esta entidad, ubicada al sur de México, exigiendo la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán. El plantón ocurrió entre los días 18 y 20 de febrero.

Cuarenta hombres y mujeres de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, han sido criminalizados en los últimos nueve años, por un grupo “neocaciquil”, como nombran las mujeres mazatecas.

De acuerdo con el grupo de mujeres, a los presos les han tratado de “fabricar delitos para contener la lucha de esta comunidad originaria y para evitar que defiendan su territorio”, sostiene Argelia Betanzos, hija de uno de los ex presos políticos, Jaime Betanzos.

Cuatro de ellos continúan, desde hace años, encarcelados a pesar de no tener sentencia condenatoria. Ellos son Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gavito y Marcelino Miramón, a quienes se les imputa la tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca, y de su padre, Manuel Zepeda Cortés.

Según las activistas, en los hechos acontecidos en dicha comunidad mazateca en diciembre de 2014, hombres armados, vinculados al grupo “neocaciquil”, con intereses partidistas, atacaron a la asamblea de la comunidad, nombrada por usos y costumbres.

Estas cuatro personas son las únicas que permanecen en prisión de un total de 21 que han sido detenidas y encarceladas. Durante estos nueve años, los presos políticos han obtenido su libertad, ya sea por el cambio de medida cautelar o porque fueron absueltos, por la falta de pruebas de la acusación y por violaciones al debido proceso. “Estas decisiones no nos fueron regaladas, las conseguimos con mucha lucha y con pruebas”, mencionó Betanzos, quien también es abogada indígena.

Una de las demandas de las mujeres mazatecas, no atendida durante el plantón, es una audiencia con el gobernador del Estado, Salomón Jara. “Salomón Jara, persona zapoteca, se niega a mirar los rostros de sus hermanas mazatecas (…). Él está dando la espalda a nuestro caso y está evitando mirarnos a los rostros, rostros de mujeres indígenas que representamos familias de víctimas de fabricación de delitos”, dijo Betanzos.

Lo que exigen las mazatecas “no es estar en mesas de trabajo infructuosas, donde nos escuchan y no hacen nada; eso no se llama atención; atención es tener el valor de reconocer que es un caso de injusticia, y que todos los presos de Eloxochitlán deben ser libres ya; eso sí sería atención, todo lo demás es hipocresía”, señala la abogada.

“Nosotros no estamos pidiendo ningún favor, nos sobran sentencias de libertad, amparos ganados, nos sobra demonstración jurídica para exigir, ya no para pedir, la libertad que nos corresponde”, agrega.

También exigen que el gobierno de Salomón Jara comience el proceso para la reparación integral de daños en favor de las 40 familias criminalizadas, como consecuencia de las violaciones a derechos humanos derivadas de nueve años de prisión y persecución política ilegal.

Otra de las exigencias, tampoco atendida durante el plantón, es la toma de nota del caso de los presos políticos de Eloxochitlán por parte de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, electa en enero pasado por un periodo de cuatro años.

Con la toma de nota, las mujeres mazatecas buscan enterar a la nueva presidenta de la lucha que sostienen los presos y ex presos políticos, y las inúmeras violaciones en los procesos cometidas por la justicia de Oaxaca. “Se le expondrá cómo el Tribunal Superior de Justicia lleva cuatro años cooptado por Elisa Zepeda Lagunas y se le ha convertido en un instrumento de tortura de los presos indígenas de Eloxochitlán”, aclara Betanzos para Avispa Mídia.

Concretamente quieren exponer prácticas tales como: “Revocación de libertades que se ganaron después de largos procedimientos, ejemplo Miguel Peralta y Paul Reyes, y después de instar ante varias instancias, incluidas federales. La negación de las libertades a partir del año 2020, cuando en tan solo un año negó cinco libertades, lo cual va en contra de los antecedentes de libertad ganados entre los años 2015 y 2019”.

A la fecha, nuevamente, Elisa Zepeda apeló al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en lo que respecta a siete casos para revocar las libertades ya ganadas por los mazatecos. Se trata de las libertades de Jaime Vidauria, Artemio Vidauria y Ranulfo Vidauria, Jaime Betanzos, Herminio Monfil y Omar Hugo Morales.

“La toma de nota puede evitar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca siga siendo usado como instrumento de tortura al prolongar el encarcelamiento de los mazatecos de Eloxochitlán”, resume Betanzos.

Sin embargo, la falta de respuesta a la solicitud de reunión con la magistrada Berenice Ramírez, “es una prueba de la interrelación entre los poderes de Estado”, resaltan las mujeres mazatecas en un comunicado anunciando el fin del plantón.

Protección federal

Los cuatro presos políticos acaban de ganar amparos federales. Tres de ellos – Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, que llevan nueve años encarcelados, y Francisco Durán, que lleva cinco años recluido – ganaron los amparos ya que se reconoció que fue ilegal que un juez de Huautla se haya negado a retirarles prisión preventiva pese a que llevan varios años sin sentencia.

Marcelino Miramón ganó el amparo al reconocerse que el delito de incendio por el que se le aprisionó no existe y el delito de daños está prescrito.

“Todos los amparos ganados están sujetos por la propia ley de amparo a la posibilidad de que la contraparte interponga el recurso de revisión y busque, con ello, revertir el resultado”, explica la abogada Betanzos.

En el caso de Marcelino la revisión ya fue interpuesta por Manuel Zepeda. “Se espera que pronto se conozca el resultado el cual creemos confirmará el amparo ganado. Si eso ocurre, el trámite siguiente será que el Juez de Huautla deberá someterse al contenido del amparo y emitir el auto de libertad en favor de Marcelino”, sostiene.

Con relación al amparo ganado por Alfredo, Fernando y Francisco se esperan los 10 días hábiles que tiene la contraparte para interponer el recurso de revisión. “Si no se presenta este recurso, el amparo quedaría firme y tocaría al Juez de Huautla obedecerlo y, en consecuencia, conceder el cambio de medida cautelar a los tres presos; en lugar de la prisión preventiva podrán firmar quincenalmente, por ejemplo, hasta que se acabe el juicio”.

Además, en 2022, el Tribunal de Oaxaca también había revocado la libertad de Miguel Peralta quien ha tenido que llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener acceso a la justicia.

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La larga persecución

Las 40 personas fueron criminalizadas a partir de 2014, acusadas, entre otros cargos, de homicidios y tentativa de homicidio. “La finalidad de esta fabricación de delitos fue la desarticulación de nuestra organización comunitaria. Las personas acusadas tienen representación comunitaria, son activistas y defensoras del territorio”, cuenta Betanzos.

Como sostiene la abogada, entre 2010 y 2014 “surgió un grupo neocaciquil, así lo llamamos, con intereses partidistas, articulado desde el gobierno del Estado, para que azotara todos los intentos de autodeterminación, todos los intentos de ejercicios asamblearios de nuestra comunidad”.

La comunidad entonces empezó a pelear por sus derechos políticos electorales basados en los usos y costumbres. “Lo ganó a nivel de tribunal electoral federal. Y este grupo caciquil azotó a la comunidad, con represión hasta llegar a la tortura”.

Hay dos casos documentados antes de 2014 por la fiscalía y por organizaciones de Derechos Humanos. “Pero cuando llegó al poder judicial, el juez dijo que no había torturas, que no había culpables. Así que este grupo caciquil empezó con el pie derecho gozando de total impunidad”.

En el 14 de diciembre de 2014, la tortura transcendió a una balacera contra la asamblea de la comunidad. “Seis compañeros resultaron heridos de bala. Sin embargo, la fiscalía archivó este asunto en 201, volviendo a dejar en total impunidad al grupo neocaciquil”.

En cambio, las acciones de la comunidad en el intento de defenderse contra el ataque armado del 14 de diciembre como, por ejemplo, “cuando decidieron armar una barricada y utilizaron humo para impedir que la balacera continuara, el Estado utilizó estas imágenes para decir que las 40 personas mataron personas, hicieron destrozos”.

A partir de entonces, las 40 personas empezaron a ser criminalizadas. Los ataques han sido “con la finalidad de deshacer cualquier intento de oposición a sus políticas invasoras y de despojo”.

Agua que fluye

La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón es una tierra donde fluye el agua, donde hay bosque, donde hay arena y grava.

“Es un hecho que lo que hay por detrás de eso [la persecución] es un intento de despojo. Manuel Zepeda Cortés [padre de Elisa], desde 2011, fue denunciado por extractivismo. Hasta ahora, sigue con esta práctica. Habiendo desarticulado nuestra comunidad, manteniéndonos en prisión y persecución, ha tenido toda la libertad, para seguir consumiendo nuestro río de manera ilegal, sacando camiones de grava y arena todos los años”, sostiene Betanzos.

“Estas personas que dicen que fueron víctimas en 2014, que dicen que los intentamos matar, o que los matamos, no son víctimas. Luego arrebataron el poder municipal, luego se hizo diputada y sigue en el poder”, comparte la abogada refiriéndose a Elisa Zepeda.

Prisión preventiva

Una de las principales herramientas jurídicas que se ha utilizado en contra de los presos políticos de Eloxochitlán es la prisión preventiva, es decir una prisión anticipada sin una sentencia condenatoria.

“Los jueces no los pueden condenar. Nunca los van a poder condenar porque no alcanza la fabricación de delitos para una condena. Por eso les ponen la prisión preventiva. Eso es lo que el estado de Oaxaca está imponiendo”, reclama Betanzos.

El abogado argentino especialista en Derechos Humanos y responsable por la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, que sufrió un golpe de Estado en 2022 y que se encuentra en prisión preventiva, alertó en la mañana del domingo (18), durante una conferencia en el plantón de las mujeres mazatecas, que la prisión preventiva ha sido utilizada cada vez más en todo la América Latina para criminalizar pobres, indígenas y luchadores sociales.

La prisión preventiva, explica el abogado, se supone que debería ser utilizada en situaciones excepcionales como, por ejemplo, en casos de riesgo de que la persona investigada se escape o de que cambie la prueba. “Pero en general hoy se volvió un mecanismo represivo contra la pobreza y líderes políticos”.

La prisión preventiva tendría que ser el caso de 2% de las personas que están en la cárcel, señala el abogado, pero representa la mitad de los presos. “Eso no es una realidad de México o Argentina, es un problema de toda América Latina”.

Además de violar el principio de inocencia, que está presente en la legislación de todos los países de América Latina, esta herramienta jurídica ha sido utilizada para generar la inversión de la carga de prueba. “Como ya se presupone que la persona es culpable, la misma persona tiene que demostrar su inocencia estando presa. Y no es lo mismo defenderse estando presa que estando en libertad. (…) Viola el derecho de defensa en juicio”, explica.

Las mujeres mazatecas entregaron ayer a las autoridades oaxaqueñas una petición con más de 10 mil firmas para que, entre otras demandas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca otorgue Medidas Cautelares Urgentes para las familias de los presos y perseguidos políticos, así como para las familias que luchan por la Libertad y en general para la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, “pues es inminente la consumación de cualquier daño físico o psicológico contra ellas en estos momentos”, sostienen en el documento.

Y avisan: “No vamos a detener las movilizaciones. No vamos a cansar de decir que el gobernador tiene que decidir entre si es sordo, ciego o hipócrita”, señala Argelia Betanzos.

^{En portada: Manifestación de pobladores de Homún, en la capital de Yucatán, para exigir que la Secretaría de Desarrollo Sustentable acate la orden judicial y revoque los permisos ambientales para la operación de la megagranja porcícola, propiedad de PAPO, ubicada en la localidad maya. Foto:Tapanco Centro Cultural.}

El pasado jueves (15), habitantes de Homún e integrantes del Colectivo Maya Kanan Ts’ono’Ot (Guardianes de los Cenotes) se movilizaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, para exigir a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) que acate la sentencia de un juez federal, quien, un día antes, resolvió una demanda de amparo ordenando la cancelación de autorización ambiental para la operación de una megagranja porcícola ubicada en la comunidad maya.

Mediante comunicado firmado por la comunidad y organización maya, y difundido por el Equipo Indignación, enfatizan que la resolución judicial corresponde a una demanda de amparo interpuesto por habitantes de Homún, en la que se determinó que autoridades de Yucatán incurrieron en omisiones y violaron derechos al autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que permitió la operación de la megagranja porcícola, propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), en dicho municipio.

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Como parte de la resolución, el juez también ordenó a la SDS la realización de una consulta previa al pueblo maya de Homún, toda vez que es requisito para cualquier empresa presentar una MIA para obtener la autorización de cualquier permiso ambiental, en este caso, para la operación de la megagranja porcícola. En la resolución, se hace alusión a que dicha consulta deberá cumplir “los más altos estándares y [se deberá] emitir una resolución distinta que atienda todo lo relativo al medio ambiente sano y al derecho fundamental al agua y que pondere de manera específica y amplia la posible afectación al anillo de los cenotes como reserva protegida”, cita el comunicado.

No obstante la orden para revocar los permisos ambientales de la mega granja porcícola, las y los habitantes de Homún consideran que la resolución es parcial y la decisión del juez es “tibia y tardía”, pues pone en evidencia lo que consideran como un procedimiento ilegal, al reiterar que se requiere la realización de una consulta previa antes de autorizar cualquier MIA, ignorando que ya existe una autoconsulta donde la población de Homún se posicionó por un rotundo NO a la operación de la megagranja.. Acorde a la comunidad y organización maya, “todas las granjas operan sin autorización de los pueblos mayas a los que afectan, por lo tanto todas son ilegales”.

Cabe recordar que, mediante el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en marzo de 2023, se identificaron 507 coordenadas de la ubicación de posibles granjas solo en este estado de la península.

Con fundamentos científicos y para dar seguimiento a las denuncias presentadas durante años por dversas comunidades de la región, la Semarnat ubicó una mayor presencia de las granjas en municipios como Mérida, Izamal, Tizimín y Acancéh, Tetiz, Ticul, Telchac, Tixkokob y Motul. Entre las localidades con mayor densidad de granjas se encuentra Homún, con 15 instalaciones para la cría de animales para la agroindustria.

Ante la victoria legal y mediante la protesta, los pobladores y organizaciones demandaron a la SDS que se abstuviera de impugnar la resolución. El plazo para solicitar la revisión de la resolución judicial vencía este lunes (19). La secretaría no incurrió en dicho procedimiento.

Exigen respeto a autoconsulta

Sostienen que realizaron por su cuenta una consulta para decidir sobre la operación de la mega granja propiedad de PAPO.

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“Como pueblo maya de Homún y en ejercicio del derecho de auto determinación, decidimos realizar nosotros mismos la consulta que el gobierno omitió. La realizamos el pasado 8 de octubre de 2017, después de un proceso de información y deliberación, tal como establecen las directrices en la materia. Alrededor de 790 personas salieron a votar, de las cuales 732 expresamos rechazo a la mega granja”, recordaron.

Por esta razón, exigieron a la SDS que respete los resultados de su consulta, la decisión del pueblo maya de Homún de rechazar la mega granja y también la reparación de los daños ocasionados por la operación de esta industria en la región.

“¿Quién puede autorizar la MIA? ¿La Secretarıá de Desarrollo de un gobierno que ha litigado a favor de la empresa? ¿El gobierno federal? Nosotras y nosotros sostenemos que sólo Homún puede autorizar una granja y en este caso ya hemos expresado nuestro rechazo”, reiteraron los pobladores mayas.

Siete años después

La comunidad maya de Homún destaca que, tuvieron que transcurrir siete años para obtener una resolución a su favor.Esto debido a que desde noviembre del 2017, tras la aprobación de la MIA, el pueblo de Homún promovió el juicio de amparo debido a que argumentaron omitió estudios decisivos, y tampoco consideró posibles afectaciones al anillo de los cenotes ni su importancia como reserva protegida.

Desde aquel momento, denuciaron lo que consideraron una autorización irregular de la MIA y que, en consecuencia, cualquier operación de la megagranja constituía una ilegalidad.

“Hoy la resolución del juez lo confirma, pero son siete años de pelear en contra de un sistema racista: contra las empresas PAPO y Kekén, contra el gobierno que autoriza ilegalmente y que litiga a favor de las empresas en vez de defender los derechos del pueblo maya; contra el juez que inicialmente rechazó el amparo y ahora amparó pero sólo parcialmente y ‘para efectos’”, afirmaron en referencia a la orden de realizar una consulta, a pesar de que el pueblo de Homún ya tomó una decisión para no permitir la operación de la megagranja porcícola.

Según la comunidad maya de Homún, este largo proceso demuestra que “la ‘justicia’ no es justicia para el pueblo maya”. Además, enfatizaron que la reciente sentencia no contempla la reparación del daño. “Este es un amparo. Hay otro amparo que no se ha resuelto aún, el de la infancia, de cuyo resultado estamos atentas y atentos. Es insostenible para los pueblos asumir estos procesos tan largos y costosos. ¿Cuántos pueblos pueden hacerlo?”, cuestionaron mediante su declaración ante la resolución judicial.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron hoy su alarma por denuncias de atroces violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Las acciones van desde detenciones y ejecuciones arbitrarias, así como violaciones sexuales.

“Estamos consternados por los informes que hablan de ataques deliberados y ejecuciones extrajudiciales de mujeres y niños palestinos en lugares donde buscaban refugio o mientras huían”, puntualizan los expertos de las Naciones Unidas, quienes forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU.

Entre las detenidas incluyen a defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias. De acuerdo con los informes que ha recibido la ONU, algunas de las detenidas “sostenían trozos de tela blanca cuando fueron asesinadas por el ejército israelí o fuerzas afiliadas”.

De acuerdo con la ONU, las detenciones comenzaron desde el 7 de octubre del 2023, sometiendo a las detenidas a tratos inhumanos y degradantes, negándoles compresas para la menstruación, alimentos y medicamentos. Además de ello, han recibido fuertes palizas. “Al menos en una ocasión, las mujeres palestinas detenidas en Gaza fueron supuestamente mantenidas en una jaula bajo la lluvia y el frío, sin comida”, agregan los expertos.

Los miembros de la ONU han alertado que en los informes que han recibido hay registros de mujeres y niñas que, “han sido objeto de múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudadas y registradas por hombres del ejército israelí.  Al menos dos detenidas palestinas habrían sido violadas, mientras que otras habrían recibido amenazas de violación y violencia sexual”, señalaron los expertos.

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También han destacado que el ejército israelí tomó fotos de mujeres detenidas en circunstancias degradantes y las subió a Internet.Los expertos exigen una investigación independiente y rápida, y que Israel coopere con dichas investigaciones, recordando su obligación de proteger los derechos de las mujeres y niñas palestinas.

En el sur de Tanzania, con el argumento de la conservación de la naturaleza y el financiamiento del Banco Mundial, más de 20 mil personas del pueblo Maasai se enfrentan a la amenaza de desplazamiento forzado debido a la expansión del Parque Nacional Ruaha (RUNAPA, por sus siglas en inglés).

Fue en octubre 2022 cuando Angeline Mabula, del Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo de Asentamientos Humanos del país africano, anunció que las aldeas de Luhanga, Madundasi, Msanga, Iyala y Kalambo, sumando una población de 21,252 personas, junto con 47 subaldeas dentro de la región de Mbeya, serían dadas de baja y sus residentes desalojados para la expansión del RUNAPA.

Los intentos de desalojo en dicha área se dispararon como consecuencia del programa Gestión Resiliente de Recursos Naturales para el Turismo y Crecimiento (REGROW, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, un proyecto de 150 millones de dólares que tiene como objetivo la financiación de infraestructura y gestión para el desarrollo de cuatro parques nacionales en el país africano.

El informe Irresponsable y cómplice: El Banco Mundial financia los desalojos y los abusos de los derechos humanos en Tanzania, elaborado por el Instituto Oakland, acusa al ente financiero por “consentir” los desalojos, violaciones y asesinatos que se han registrado para la expansión del RUNAPA, el cual el gobierno pretende ampliar de uno a más dos millones de hectáreas.

“La violencia perpetrada por los guardabosques de la vida silvestre y las incautaciones desenfrenadas de ganado se están llevando a cabo para obligar a la gente a salir de sus tierras”, denuncia el Instituto quien también señala casos de violencia sexual y otras prácticas de crueldad por parte de los guardabosques financiados por REGROW.

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Entre los testimonios recopilados para el informe, destacan la actuación de los guardabosques armados, quienes han sido involucrados en asesinatos. “Los tratan con crueldad, incluso los matan sin razón. No hay estado de derecho. RUNAPA está arrebatando tierras a agricultores y pastores y nos vemos obligados a abandonar nuestras tierras ancestrales”, comparte un poblador Maasai.

Según una alerta de la organización Salva la Selva, “estas estrategias de violencia y desplazamiento no son nuevas para los pueblos indígenas de Tanzania: más de 100,000 Maasai luchan por sus tierras y medios de subsistencia en el cráter del Ngorongoro y en el Serengeti”.

La alarma ante el desplazamiento de 80,000 habitantes de Ngorongoro, al norte del país africano, se disparó cuando en enero de este 2024 el gobierno de Tanzania anunció el cambio del estatus legal del Área de Conservación del Ngorongoro para no permitir ningún asentamiento humano. Tras el posicionamiento, las autoridades fijaron el objetivo de evacuar a 20,000 personas antes de marzo del presente año.

Estos desplazamientos se suman al caso del parque Ruahua, donde el gobierno de Tanzania afirma que, desde 2008, los límites del RUNAPA abarcan los territorios de las aldeas que busca desalojar en la actualidad. Sin embargo, los pobladores locales aseguran que dicha demarcación se limitó a un anuncio del gobierno que nunca fue implementado y, las aldeas que se ubican en dicho lugar que han permanecido durante generaciones, nunca otorgaron su consentimiento para la expansión del área protegida. Por ello, 852 pobladores mantienen una lucha legal ante el Tribunal Superior de Tanzania para detener los desalojos.

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Acorde al informe del Instituto Oakland, las amenazas de desplazamiento repercuten negativamente en la cotidianidad de las poblaciones africanas. Esto debido a que grandes extensiones de arrozales no se han cultivado ante el temor de que los desalojos masivos sucedan en cualquier momento.

“En varias comunidades ya se han señalado casas para su demolición. Las obras de construcción de una escuela secundaria en la villa de Luhanga se han paralizado. En el pueblo de Iyala, el número de alumnos que pasan de la escuela primaria a la secundaria ha disminuido drásticamente. Los padres han dejado de enviar a sus hijos a la escuela debido a la amenaza de desalojo”, detalla el documento.

Turismo y conservación a costa de las personas

A pesar de que el informe del Instituto Oakland revela las violaciones del gobierno de Tanzania, producto del financiamiento del Banco Mundial, éste informó que su “mandato no se extiende a supervisar el comportamiento de organismos de los gobiernos de los países miembros” y se excusó de la violencia debido a que “en la medida en que el gobierno lleve a cabo desalojos con el fin de ampliar los límites del parque, tales actividades quedarían fuera del ámbito del proyecto”.

Ante las declaraciones del banco, Anuradha Mittal, directora del Instituto Oakland, acusó que el proyecto REGROW, que argumenta enfocarse en proteger la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, por el contrario, financia un modelo represivo y violento de crecimiento económico con base en el aumento de los ingresos por turismo.

Cabe resaltar que el sector turístico en Tanzania representa uno de los mayores generadores de divisas, por lo que el gobierno del país africano se basó en estudios del Banco Mundial que busca aumentar la llegada de uno a ocho millones de turistas para 2025, principalmente de aquellos provenientes de China, India y Rusia.

“En vista de la condena internacional de los desalojos forzosos de los Maasai en Ngorongoro y Loliondo, resulta asombroso que el banco sea cómplice de graves violaciones de los derechos humanos al apoyar la ampliación de otro parque nacional para el turismo”, condenó Mittal.

El programa REGROW se ejecuta desde el año 2017 y está previsto para implementarse hasta 2025. El proyecto abarca cuatro zonas protegidas: Parque Nacional de Mikumi, Parque Nacional Nyerere, Parque Nacional de las Montañas Udzungwa y Parque Nacional Ruaha, todos ubicados en lo que el Banco Mundial considera zonas turísticas prioritarias en el sur de Tanzania.

De un presupuesto total de 150 millones de dólares, 106 se destinarán a la ampliación de infraestructuras en áreas protegidas para con ello construir carreteras para mejorar el acceso a lugares turísticos, pistas de aterrizaje y centros de visitantes. También se encamina a la consolidación de puestos de seguridad y para el equipamiento de los guardaparques para evitar el uso “ilegal” de los recursos con actividades como la agricultura y el pastoreo.

Para octubre de 2023, el Banco Mundial había desembolsado ya 92 millones de dólares del programa, de los cuales 28 millones se entregaron tras efectuarse la queja oficial de los miembros de la comunidad Maasai en junio de 2023.

Para organizaciones como Salva la Selva, la situación en Tanzania es una muestra del peligro que representa la implementación de modelos de conservación como los que promueve la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad COP 15. Esto debido a que en 2022, casi 200 países acordaron colocar bajo protección el 30% de sus tierras y aguas para el año 2030.

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“Si esta propuesta se implementa de mala manera, hasta 300 millones de personas podrían llegar a perder sus tierras y sus medios de subsistencia. Sin embargo, la expansión indiscriminada de las zonas protegidas no detendrá la destrucción del medio ambiente y la extinción masiva de especies”, sostiene la organización ambientalista.