Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través  de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

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Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

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Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.

^{Indígenas Lenka que resisten a que el Rio Blanco sea represado. Foto por Santiago Navarro F.}

A más de tres meses del fallo condenatorio contra David Castillo por su coautoría en el homicidio de Berta Cáceres y ante la demora en la emisión de la sentencia en el caso, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se manifestaron este martes (12) frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

“529 años de cárcel para David Castillo serían pocos para calmar el dolor que ha dejado en el pueblo Lenca, con el auspicio del Estado de Honduras”, enfatizaron los integrantes del Copinh en el marco de los 529 años del inicio de la invasión a los pueblos indígenas de América.

Acompañados de familiares de Cáceres y de miembros de la comunidad lenca de Río Blanco, exigieron la pena máxima para David Castillo y la no intervención del gobierno hondureño en la comunidad indígena donde aún pretende operar la empresa hidroeléctrica DESA, a quien reconocen como parte de la maquinaria de violencia contra el pueblo lenca.

En conferencia de prensa que acompañó la protesta, Berta Zúñiga remarcó que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal ha incumplido su palabra luego de que han expirado los tiempos procesales establecidos, poniendo en riesgo el proceso de justicia, al no emitirse la sentencia contra el condenado Roberto David Castillo Mejía.

“Sumado a todas las demás negligencias del Estado, pues consideramos que es una incertidumbre jurídica a la que se expone el derecho de las víctimas”, compartió Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh.

En el acto, Zúñiga compartió un comunicado donde se enfatiza que el Ministerio Público, a pesar de haber aceptado que aún faltan los autores intelectuales de este crimen, no han presentado ni procesado a los demás coautores. “Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas”, leyó Zúñiga.

En ese tenor, el comunicado del Copinh también remarcó la ausencia de resolución penal de la la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que deje en firme la sentencia contra los siete condenados, juzgados en 2018, por el asesinato de Berta Cáceres: Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, entre otros autores materiales.

Especialmente, Zúniga y el Copinh demandaron la captura de los miembros de la familia Atala Zablah, “de una vez por todas, por el crimen contra nuestra compañera y los demás crímenes contra nuestro pueblo”.

La exigencia del Copinh se suma a las recientes declaraciones de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, agrupación de organizaciones internacionales en derechos humanos, quienes urgieron a las autoridades hondureñas la emisión de la sentencia para garantizar la justicia integral en el caso.

“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo deberia impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia”, publicaron las organizaciones a principios de octubre.

Ante la acción de protesta de esta mañana, el Poder Judicial se excusó a través de redes sociales, pues aún se encuentra en proceso de redacción de la sentencia condenatoria contra el coautor David Castillo por ser el culpable del asesinato de Berta Cáceres.

Por último, habitantes de la comunidad lenca de Río Blanco denunciaron acciones y planes del Estado hondureño, en colusión con la familia Madrid y el alcalde de Intibucá, para extorsionar, invadir y dividir los esfuerzos organizativos de las y los integrantes del Copinh en la zona donde se pretendía la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

^{Foto de portada por Mapuexpress}

La Convención Constitucional en Chile sigue avanzando rápidamente, tanto por la aprobación de su Reglamento interno de funcionamiento como por la votación sobre las comisiones temáticas, haciendo que la discusión que se tendrá sobre los contenidos de la nueva constitución se vuelva cada vez más cerca.

No obstante, más allá de esa discusión de fondo que se tendrán en las comisiones conformadas, como son las de Sistema Político, Principios Constitucionales, Forma de Estado, Derechos Fundamentales, Medio Ambiente, Sistema de Justicia y Sistema de Conocimientos, el debate sobre el cómo se escribirán aquellos nuevos artículos es crucial.

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Lo planteo, ya que el tipo de lenguaje que se usará para redactar la nueva constitución, debiera estar situado desde una mirada inclusiva y transformadora, que visibilice a sectores que históricamente han sido negados por un constitucionalismo moderno, el cual se ha sostenido por sistemas patriarcales, eurocéntricos, capitalistas, racionalistas y antropocéntricos, que han usado la violencia física y simbólica para imponer un orden especifico.

De ahí que las constituciones que se han escrito antidemocráticamente en Chile, como son los casos de las de 1833, 1925 y 1980, hayan sido redactadas de manera racista, clasista y sexista, por un tipo de individuo (hombre, blanco, cuerdo, heterosexual y de clase alta). No es casualidad por tanto, que todas esas constituciones no hayan nombrado a las mujeres, LGTBQ+, locos, pueblos indígenas, afros, ecosistemas y otros animales.

Frente a esto, usar un lenguaje en la nueva constitución que plantee explícitamente a lo largo de todo el texto, expresiones y nociones como Madre Tierra, Ñuque Mapu, Sumak Kawsay, Pachamama,Küme Mognen, Todes, Nosotres, Neurodivergentes, Disidencias Sexuales, entre muchas otras, será un paso enorme para democratizar la forma como nos nombramos en esta nueva carta fundamental.

Se podrá decir, sobre todo desde los sectores más conservadores y negacionistas en Chile, que el lenguaje es neutro políticamente y que plantear algo así sería ir contra la RAE (Real Academia Española) y contra las bases mismas de la República de Chile, cuando justamente es eso lo que se trata. Es decir, despatriarcalizar, descolonizar y desantropocentrar el lenguaje, el cual evidentemente ha sido excluyente con amplios sectores existentes en el país, tanto humanos como no humanos.

En consecuencia, lo que se trata es de usar el lenguaje políticamente en la nueva constitución, para incorporar una amplia diversidad de seres y personas, más allá de lo que digan o no abogados constitucionalistas positivistas, a los cuales poco y nada les ha importado los planteamientos de movimientos sociales, como son los feministas, animalistas, socioambientales, indígenas, afro, migrantes, locos, al creer que las palabras son una mera representación de la realidad.

Por el contrario, como bien ha mostrado la sociolingüística, el lenguaje crea realidades, ya que son construcciones culturales, históricas y dinámicas, que lo que buscan es generar sentido de pertenencia y comunidad, por lo que es fundamental impulsar un lenguaje inclusivo y transformador para darle visibilidad en la nueva constitución, a quienes han quedado fuera por siglos.

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Por lo mismo, se vuelve importante la reciente aprobación de un artículo en el reglamento sobre mecanismos de transversalización de parte de les constituyentes, en donde los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socioecológico y descentralización, estarán presentes en la nueva carta magna, para evitar así que predominen tecnicismos jurídicos y economicistas, que solo benefician a las elites imperantes.

En definitiva, nos encontramos como país en un momento demasiado importante como para descuidar el uso del lenguaje en la nueva constitución, la cual si bien se vio fortalecida democráticamente, tanto con la elección paritaria de constituyentes como por los escaños reservados para los pueblos indígenas, es posible y deseable ir mucho más allá de eso.

^{En portada: Cientos de migrantes, niños y adultos, han sido detenidos con violencia mediante operativos realizados en Chiapas. Foto de Cuartoscuro}

Frente a la búsqueda de alternativas por parte de personas en movilidad, las autoridades mexicanas han respondido con operativos violentos para la detención de migrantes, así como el hacinamiento de los mismos en las estaciones migratorias de Chiapas.

Lo anterior deriva de un comunicado publicado este lunes (20), mediante el cual organizaciones del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) denuncian la estrategia militarizada de contención migratoria implementada por las autoridades, así como la crisis humanitaria que se desarrolla en el corredor central migratorio en Chiapas, el cual incluye las localidades de Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

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“Hemos realizado diversas acciones de monitoreo ante el actual contexto de crisis humanitaria en que se encuentran cientos de personas solicitantes de protección internacional y con trámites migratorios en curso tras verse expuestas al abuso de poder, la represión, el uso excesivo de la fuerza, violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos por parte de distintas fuerzas de seguridad y entidades mexicanas”, contextualiza el COMDHSM.

Hacinamiento

En el documento, el colectivo informa de la situación de hacinamiento en el que se encuentran cientos de personas en las estaciones migratorias de Cupape 1 en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y en la estación Cupape 2 (conocida como La Mosca) ubicada en Chiapa de Corzo.

“En este último lugar se calculan cerca de 400 personas privadas de la libertad. En ambos lugares no se implementan protocolos de bioseguridad ante la pandemia de Covid-19, incrementando de forma grave las probabilidades de contagio. Es importante recalcar lo denunciado en repetidas ocasiones que La Mosca es una bodega abandonada que no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de las personas migrantes por el contrario las expone a sufrir diversas formas de violencia, tortura y abusos de autoridades públicas y privadas”, denuncia el COMDHSM.

Mientras, en la estación migratoria en Tuxtla Gutiérrez no hay una cifra consolidada de personas detenidas, aún cuando es obligación del Instituto Nacional de Migración (INAMI) el mantener actualizado dicho dato.

“Sin embargo, se documentó la presencia de por lo menos 80 mujeres detenidas, entre ellas mujeres embarazadas que fueron violentadas (malos tratos e inhumanos) por personal público y privado dentro de las instalaciones. Asimismo, observamos más de 15 niñas, niños y adolescentes (NNA) en detención, incluyendo bebés de solo 4 meses en contravención a las normas vigentes de NNA migrantes que tajantemente prohiben la detención migratoria y estancia en Estaciones Migratorias y Provisionales del INAMI”, señala el colectivo sobre las irregularidades en las instalaciones migratorias.

El COMDHSM incluso recibió denuncias sobre que el hacinamiento en las estaciones es tal que mujeres han dormido de pie o en los baños de las celdas. Además, algunas mujeres quienes viajan con sus hij@s han pasado la noche y día en el patio al aire libre bajo la lluvia.

Detenciones

El colectivo de organizaciones enfatiza la expansión de la estrategia militar de contención que se ha desplegado en la costa pacífica de Chiapas contra los desplazamientos colectivos de migrantes que han querido salir de Tapachula. Esto ha llevado a las detenciones masivas y arbitrarias en Tuxtla Gutiérrez de personas migrantes, en su mayoría haitianas, quienes buscan rutas alternativas de movilidad pues sus procedimientos de solicitud de protección internacional y regularización migratoria no dieron frutos.

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En la ruta alterna a la costa, en el denominado corredor central migratorio en Chiapas, los operativos de detención entre el INM y la Guardia Nacional (GN) se concentran en los alrededores de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en las carreteras entre los municipios fronterizos de Motozintla, Frontera Comalapa y Chicomuselo.

“Vale recordar, que recientemente se denunció que policías municipales en esta región están deteniendo en separos preventivos (cárceles) a personas migrantes incluyendo familias con NNA para luego entregarlas al INAMI. Acción completamente ilegal: las fuerzas de seguridad no tienen funciones de control migratorio como recientemente se confirmó en el amparo 1597/2018 para el caso de Tijuana, Baja California”, aclara el documento del COMDHSM.

Durante las semanas previas, los colectivos han recabado testimonios de personas y familias con niñas y niños pequeños que fueron detenidas durante los desplazamientos colectivos en el corredor de la costa pacífica. En ellos, testificaron que después de las violentas detenciones, l@s migrantes fueron trasladados y abandonados durante la madrugada en el punto fronterizo denominado La Mesilla, Chiapas y en Tenosique, Tabasco.

“El primero es territorio reconocido por la presencia de grupos del crimen organizado y tráfico de personas, a las personas migrantes no se les dio información alguna dejándolas en pleno desamparo y sin orientación alguna de donde se encontraban y sin posibilidades de cubrir necesidades básicas. Se reconoce y destaca la hospitalidad popular que en estos últimos días se ha dejado ver en varios puntos de esta ruta. Estas muestras nos llenan de esperanza para continuar con la labor de desmontar narrativas xenófobas y discriminatorias. Retomar lógicas de solidaridad y hospitalidad con las mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres que se movilizan huyendo de diversas violencias para mejorar sus condiciones de vida”, concluyen los colectivos en la actualización de la crisis migratoria en la frontera sur de México.

En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.

Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.

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En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.

“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.

Según datos del informe La carne que está consumiendo al Planeta, ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la Península de Yucatán?, en los tres estados que componen la región operan un aproximado de 257 granjas porcícolas. De ellas, 222 se encuentran en Yucatán y solo 22 cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental.

“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.

Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.

De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.

Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.

“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.

Contaminación

En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.

“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.

Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.

“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.

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L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.

La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.

Demandas y corrupción

La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.

En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.

“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.

De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.

Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.

Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.

En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.

“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.

Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.

“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.

Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.

Mantener la lucha

La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.

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“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.

Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.

Con información de Vanessa García Navarro

*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad