En portada: Acción para exigir justicia por el asesinato de Sergio Rojas ocurrido en 2019.

Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.

Estos datos se desprenden del Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; Enero – Diciembre 2020, presentado la semana pasada.

El documento señala el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros actores, invasiones a recuperaciones, amenazas de muerte, incendios provocados y el ingreso de ganado a recuperaciones, todas acciones que forman parte de las agresiones y ataques que sufrieron los pobladores indígenas de la zona sur de Costa Rica.

Menores en frecuencia, pero no menos graves se encuentran el homicidio y el intento de homicidio. El 2020 atestiguó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, segundo líder indígena asesinado en menos de un año, después del homicidio de Sergio Ortíz.

El informe también denuncia el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubolwak, quien sobrevivió a un intento de homicidio en su contra.

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El informe contextualiza el escenario en el cual se incrementaron las agresiones. Este responde al reinicio de procesos de de recuperación de tierras-territorios por parte de los pueblos originarios de la zona sur, acciones que además cuentan con sustento legal derivado de la Ley Indígena, incumplida desde 1977.

Por ello, hace 10 años el pueblo Bribri de Salitre realizó una serie de recuperaciones de tierras dentro de su territorio, las cuales habían sido usurpadas y explotadas por terratenientes no indígenas. Con el transcurso de los años, estas recuperaciones de tierras-territorios son realizadas por más pueblos, tales como el Bribri Iríria Sá Ká (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré).

“Estos 10 años de resistencia directa han sido respondidos con violencia racista, patriarcal y colonial por parte de los terratenientes, cuyas fincas fueron recuperadas o por quienes se han visto amenazados con una recuperación de sus fincas. Así, los Territorios Indígenas han sido el escenario de un choque directo de visiones del mundo: la de los Pueblos Originarios y la de los terratenientes”, señala el informe.

Por su parte, días antes a la presentación del informe, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) señaló la campaña racista y de odio contra el Movimiento Autonomista y de Recuperación de Tierras Indígenas en Buenos Aires.

“En la medida que el proceso de Afirmación territorial se fortalece y aumenta, también ha crecido la violencia, en sus métodos y en sus autores intelectuales, físicos, directos e indirectos, así como sus cómplices y acompañantes”, denunció la organización indígena.

De acuerdo a la organización indígena, este señalamiento se da en un contexto de violencia racista, la cual señalan como responsable por la promoción de agresiones y el abierto llamado para atacar las comunidades y desalojarlas, así sea mediante el asesinato de l@s recuperadores.

Debido al riesgo para las comunidades indígenas, desde abril del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para obligar al estado de Costa Rica el “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del Bribri de Salitre”.

No obstante, el promedio de agresiones contra las comunidades durante el año 2020 fue de mas de 7 ataques por mes.

Las agresiones

Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), el informe proviene de la necesidad de construcción de la memoria colectiva y popular y para enunciar los procesos de denuncia y exigencia de justicia para las comunidades originarias.

“El informe responde a un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS (…) y pretende ser un grito de justicia. A través de la sistematización y la construcción de datos duros se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”, compartió Nery Chaves García, autora del informe, durante la presentación del documento.

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Entre los datos que resaltaron durante la presentación del informe se encuentra que, en 24 casos de violencia contra l@s recuperadores, están involucrados agentes de la Fuerza Pública.

Un ejemplo es lo ocurrido el 4 de octubre del 2020, cuando “la Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencia un ataque del ente policial contra las personas cabécares que se encuentran en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre”.

Entre las agresiones de los elementos policiacos se encuentran el arresto, así como el abuso de autoridad en contra de l@s recuperadores indígenas. También, el informe enfatiza que actualmente existen 14 personas de pueblos originarios amenazadas de muerte.

Los datos consignados en el documento fueron recolectados mediante un monitoreo de agresiones que realiza la CLSS, la cual trabajó junto con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Asociación Voces Nuestras.

También se utilizó información brindada por diversos grupos y comunidades que son parte de procesos de recuperación de tierra– territorio en la zona sur de Costa Rica.

“A través de esta sistematización y clasificación, fue posible identificar los picos de violencia durante el 2020, las principales formas de agresión contra los Pueblos, la frecuencia en cada uno de los Territorios Indígenas y los actores más importantes en las agresiones. Estos datos pretenden aportar a la discusión política del conflicto existente en los Territorios Indígenas de la Zona Sur, pero sobre todo a demostrar evidencia popular y organizativa del profundo riesgo que acecha a los Pueblos Originarios”, resaltaron durante la presentación del documento.

Finalmente, Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, señaló que todos los crímenes realizados por particulares, así como las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió el Estado de Costa Rica, hasta en la actualidad se encuentran impunes.

Un informe del congreso de los Estados Unidos, llamado “Evolución de la Iniciativa Mérida, 2007-2021”, reconoce que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de los gobiernos que le antecedieron, quienes desplegaron la llamada “guerra contra el narcotráfico”, rechazó considerar como una “guerra” los objetivos trazados en la llama Iniciativa Mérida. No obstante, afirma el documento, “López Obrador respaldó las reformas constitucionales para permitir la participación militar en la seguridad pública durante cinco años más”, siguiendo así los objetivos de la Iniciativa Mérida.

La Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación bilateral, fue lanzada desde Washington en el año 2007 y aún se ejecuta hasta el día de hoy. Hasta octubre del año 2020, el gobierno de EEUU ha desembolsado 3300 millones dólares con este programa, una asociación sin precedentes en materia de seguridad que ha brindado, por parte de EEUU, entrenamiento militar, venta de armas, equipo bélico, como helicópteros y la incidencia en las estructuras encargadas de impartir justicia en México.

Entre otros objetivos, pretendía “desmantelar las redes de las organizaciones criminales”. Además, señala el documento, “el gobierno mexicano se comprometió a combatir la corrupción. El gobierno de Estados Unidos se comprometió a abordar la demanda de drogas y el tráfico ilícito de armas de fuego y divisas a granel hacia México”.

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Aunque el propio informe sostiene que los resultados demuestran que no se han cumplido con esos objetivos. “La impunidad por la corrupción pública continúa en México”, afirma el documento.

El informe del 2019 del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS por sus siglas en inglés) estima que, desde 2006, más de 150 mil personas han muerto en México como resultado del crimen organizado. Aunque los datos oficiales del gobierno mexicano alcanzan cifras de más de 250 mil personas muertas durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, pero, además, las fracciones de los grupos criminales en el territorio mexicano se han fortalecido y han alcanzado una presencia transfronteriza.

Por otra parte, el documento del congreso estadounidense puntualiza que, en lugar de que el gobierno mexicano reforzara a la Policía Federal, que “recibió equipo y capacitación  estadounidense, el presidente López Obrador obtuvo la aprobación del Congreso para la creación de una nueva Guardia Nacional (compuesta en su mayoría por militares y ex policías federales)”, abunda el documento.

Esta medida fue asumida mediante un decreto presidencial emitido el 26 de marzo de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo que las Fuerzas Armadas asumirían la función de policía para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. “Esta medida se ha tomado hasta que la Guardia Nacional consolide su estructura”, anunció en su momento el mandatario mexicano.

Este cuerpo policiaco de corte militar fue desplegado para asegurar oleoductos, reafirmar el control territorial en áreas de alta criminalidad, pero, sobre todo, para “asegurar las fronteras de México”, remarca el Congreso estadounidense.

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Esta medida fue establecida en función del acuerdo de la Declaración Conjunta entre México-Estados Unidos, del 7 de junio del 2019, donde México se comprometió a combatir el tráfico de personas y desplegar a su Guardia Nacional en sus fronteras

México también reafirmó su compromiso para trabajar con Estados Unidos en los llamados Protocolos de Protección de Migrantes, conocidos como MPP y, “crear un grupo de trabajo de alto nivel en materia de seguridad, que incluía la Iniciativa Mérida como parte de los esfuerzos bilaterales”, agrega el informe.

López Obrador está listo nuevamente

Para miles de mexicanos que fueron afectados directa e indirectamente por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que es sinónimo de la Iniciativa Mérida, esta estrategia ha sido un rotundo fracaso. No obstante, advierte el documento del parlamento estadounidense, la administración de López Obrador “ha señalado que está lista para replantear aspectos de nuestra cooperación de seguridad bilateral, lo que podría convertirlo en un momento oportuno para reemplazar la Iniciativa Mérida con un marco de seguridad más amplio que abarque la asistencia para el desarrollo”, aunque no se detalla el rumbo que tomará este acuerdo bilateral.

Según el gobierno estadounidense, su prioridad es “proteger y ayudar a los ciudadanos estadounidenses en México”, ya que México es el destino extranjero más popular para los turistas provenientes de EEUU.

Pero, la propia Oficina de Inspección de la Embajada en la Ciudad de México asegura que la relación México-Estados Unidos se basa en que México es el tercer socio comercial más grande de los EEUU. Es el segundo mercado más grande que absorbe exportaciones estadounidenses y el tercer proveedor más grande de petróleo crudo. En promedio, Estados Unidos intercambia $ 1 millón en bienes y servicios por minuto con México. Estados Unidos es el mayor inversor extranjero de México; más de 18 mil empresas estadounidenses operan en territorio mexicano.

Además, con su política del combate al crimen organizado, en el marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno de EEUU busca enmarcar a México en su política de ayuda humanitaria en contextos de crisis ambientales y climáticas. “Los desastres naturales, incluidos terremotos, huracanes y erupciones volcánicas, son frecuentes en México y requieren una acción rápida e integral por parte de Misión México para proteger a los ciudadanos estadounidenses”, abunda el documento.

La estrategia de la “Ayuda Humanitaria” de los EEUU ha sido desplegada en todo el continente americano y está enmarcada en la llamada Estrategia del Teatro 2017-2027.  “Este plan es nuestro modelo para defender las vías de acceso del sur del continente americano hacia su interior y promueve la seguridad regional mediante la degradación de las amenazas por parte de las redes ilícitas transregionales y transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles), respuesta rápida a cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano) y creando relaciones para enfrentar desafíos globales”, señala la estrategia presentada en un primer momento por quien fue jefe del Comando Sur, Kurt Walter Tidd.

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Con esta estrategia se han llevado a cabo diversos acuerdos de cooperación en materia de inteligencia y seguridad con los considerados países socios de los Estados Unidos.

Por: Medios Libres Cali

En medio del tercer pico de contagios, que agudizó el número de víctimas en Colombia por la pandemia del covid-19, miles de personas están acudiendo a las calles en diversas ciudades del país, desde el 28 de abril. Las protestas siguen, así como la brutal represión del gobierno de Iván Duque.

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¿Cuáles son las razones para que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles en resistencia frente al gobierno más sangriento de Latinoamérica?

El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19, tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente. Si bien, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.

Sumado a esto se presenta la negativa del gobierno de Ivan Duque a llevar a cabo el proyecto de Renta Básica, firmado por más de 4.000 personas, entre ellos por lo menos 50 parlamentarios, como alternativa económica para sostener los hogares que más lo necesitan, esos que día a día deben salir a las calles a exponerse ante el virus para sobrevivir. Contrario a esto el salvavidas del gobierno se enfocó en la banca, asegurando la liquidez financiera de los bancos por transferencia directa de dinero que salía del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), creado a raíz de la pandemia. Lo que algunos expertos aseguraban era que los bancos, solo por la operación de las transferencias de la medida conocida como “Ingreso Solidario” recaudarían por lo menos 24.000 millones de pesos entregados directamente del erario público. “Ingreso Solidario” que, dicho sea de paso, no recibieron a cabalidad las personas que lo necesitaban. Así, incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo cómo cada día, el pueblo es más pobre y el rico es más rico.

Esto no es nuevo, desde hace décadas que la clase política conservadora y de derecha se presentan únicamente como los intermediarios entre el país y la economía global hegemónica. Así mismo, de manera sistemática y perpetua, sostienen su posición de intermediarios, exterminando pueblos, saqueando tierras y dominando a las mayorías populares desde la bota militar. Una dictadura solapada, con recursos y armas suficientes para mantener al país encadenado por varias décadas más. Este estallido social y popular no es espontáneo, más bien es la reacción a años y años de dominación e injusticia.

Sin embargo, el detonante más visible para las movilizaciones de abril en Colombia es la propuesta del proyecto de ley mal llamado “Ley de Financiamiento Solidario”, que no es nada más que una reforma tributaria que condena y empobrece a las mayorías populares y ciudadanas.

Con el pretexto de aliviar el déficit fiscal, que el mismo gobierno produjo meses antes por un hueco fiscal que quedó de los beneficios tributarios de la anterior reforma, al uribismo y el gobierno Duque, se les ocurrió la terrible idea de aumentar el costo de vida, en uno de los países más desiguales del mundo. Es inconcebible que en plena crisis, el gobierno colombiano decida subir los impuestos a la comida (Canasta Básica Familiar) de las clases bajas y medias. No se le puede aumentar el precio a la comida cuando el pueblo tiene hambre. La indignación aumenta a raíz de que las medidas contempladas en la reforma tributaria perjudican al pueblo, pero recompensan y benefician a las grandes fortunas y monopolios del país.

Si la reforma tributaria nos arruina, la reforma a la salud nos mata

Las decisiones importantes que determinan el rumbo del país y, por tanto, el futuro de millones de personas, son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos, legislan a favor de intereses Norte Americanos, Europeos y Asiáticos, legislan a favor de salir impunes luego de robarse los recursos de todas y todos, legislan para repetirse en el poder nacional y local.

Una conducta que ilustra esto es aprobar leyes y reformas nocivas para el pueblo, cuando nadie los ve, a espaldas de la gente y sin debate público, como es el caso del proyecto de ley que hace ajustes y actualiza el sistema de salud colombiano, radicado el pasado 16 de marzo de 2021 y que, por estos días, aprobaron en el congreso, en horas de la madrugada, a escondidas mientras reprimen y asesinan manifestantes que se alzan en paro nacional contra la reforma tributaria.

Una reforma a la salud que, a todas luces es peor que el mismo covid-19, básicamente es la privatización plena de la salud en Colombia. Ahora debemos pagar pólizas por patología o si no las EPS no atienden. Las personas que requieren atención desde EPS deben demostrar cuidado propio, si se comprueba lo contrario la EPS puede negarse a prestar el servicio y lo cobra. En lo más crudo de la pandemia, se acabarían los programas públicos de vacunación de los municipios, ahora las EPS tienen potestad de decidir cómo ofrecer los servicio y a quiénes.

Con esta reforma, las multinacionales y farmacéuticas transnacionales pueden imponer precios y reglas de mercado para la salud en Colombia. Se acabarían los regímenes especiales de salud, maestros, industriales, fuerzas armadas, etc. Los hospitales deberán demostrar resultados, un postulado macabramente similar a los resultados que exigía el gobierno Uribe a militares y que llevó a la masacre de más de 10.000 jóvenes, raptados, asesinados y reportados como combatientes de las FARC- EP, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados Falsos Positivos. Sin importar cuál sea el paquete de reformas, leyes y decretos que venga del gobierno, todos son para someter a la gente.

Histórico de conflicto empeora con la pandemia

A pesar de los acuerdos para la terminación del conflicto y la guerra en Colombia firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016, el paramilitarismo y el narcotráfico le dan continuidad a la guerra en el país. El centro democrático (partido del Expresidente Álvaro Uribe y del actual Presidente Iván Duque) son los responsables de perpetuar la guerra y enfocar su poder hacia el control político y financiero del país.

A febrero de 2021 se registran 252 firmantes de paz asesinados, desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Cuatro años después de la firma de los acuerdos, el avance de su implementación no supera el 75% y los puntos sustanciales frente a la transformación de las condiciones estructurales del conflicto como, por ejemplo, el punto de acceso, redistribución y tenencia de la tierra sigue siendo una deuda histórica en Colombia y la base de la profunda desigualdad en el país.

Esta desigualdad, que se agudizó con la llegada de la pandemia, dejó al descubierto la inoperancia y la incapacidad estatal para pensar en el bienestar de las personas. Las decisiones tardías frente a los cierres de aeropuertos y el establecimiento de controles estrictos en la entrada de extranjeros dejaron en jaque al país. Aunque el país vive el tercer pico de la pandemia del covid-19, la nación entera se encuentra en una grandísima ola de violencia, pobreza y corrupción, donde el hambre es uno de los mayores problemas.

La guerra baña de sangre nuestro territorio, en lo que lleva el año 2021 se reportan 57 líderes sociales asesinados, 20 de ellos indígenas en su mayoría del departamento del Cauca; 158 feminicidios en los primeros 3 meses del año, masacres en los territorios y violencia en las calles y campos.

Somos el país de las ejecuciones extrajudiciales, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en un informe sobre los asesinatos ilegales a civiles indefensos Presentados por la fuerza pública como muertes en combate, ascienden a la cifra de 6402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Véles. Una cifra cercana a la cantidad de víctimas de la dictadura de la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla en Argentina, más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia la gente ya no se pregunta quién dio la orden, la gente sabe que Uribe dio la orden y ya no tiene miedo de decirlo, porque Colombia perdió el miedo.

Desde la firma de los acuerdos de paz, el uribismo encarnado en el gobierno de Duque, se propuso por todos los medios, humanos e inhumanos, destruir la paz y lo están logrando. Según INDEPAZ, solo en el 2020 y en lo corrido del 2021, van 124 masacres con más de 300 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado a más de 1000 líderes sociales en Colombia. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de hambre de un gobierno que solo tiene la bota represiva del Estado como respuesta a las necesidades de su pueblo. No solo por los modelos económicos que promueven la miseria y la desigualdad, también por los modelos políticos genocidas que exterminan cualquier identidad colectiva ajena o contraria a tales modelos hegemónicos.

Por: Medios Libres Cali

El presidente de Colombia, Iván Duque, en un mensaje en vivo el domingo, 2 de mayo, pidió que el Congreso retire el proyecto de reforma tributaria, que pretendía aumentar los impuestos a quienes menos ingresos tienen, y que desató protestas en todo el país, desde el 28 de abril.

Sin embargo, las protestas continúan, especialmente en Cali, el epicentro de las movilizaciones, porque el hundido proyecto de ley no es sino la medida más visible dentro de un ‘paquetazo’, que incluye la privatización de la salud.

Desde el principio de la pandemia en Colombia a los más pobres se les presentó la cruel dicotomía entre quedarse en casa para cuidarse del virus o salir a trabajar. A las pocas semanas de iniciada la pandemia las casas de los barrios se llenaron de trapos rojos en sus ventanas, significaba que había hambre en esos hogares y eran por miles. Un año después de las primeras cuarentenas, el gobierno propuso una reforma tributaria, que golpearía a las clases bajas y medias. Ante este panorama no se dudó ni un instante en salir a las calles, en un momento terrible de crisis sanitaria por el covid-19. Ya no hay dicotomía, hay rabia y frustración.

No hubo líderes que convocaran, sólo existía una fecha propuesta por las centrales obreras y fue suficiente para que las familias, los amigos, vecinos, el barrio y el pedazo, se autoconvocaran por redes sociales, hasta ser ríos de comunidades caminando hacia los puntos de resistencia, hacia las entradas de la ciudad, forma eficiente de hacer real un paro, nadie entra ni sale.

Así fue el primer día, 28 de abril, jornadas de gritos, arengas, cantos y baile en la calle. Las personas regresaban caminando ya de noche a sus casas, cansadas pero con una sonrisa cómplice de haber logrado el objetivo. Los días siguientes se multiplicaron los puntos de bloqueo y aumentó el número las asistencias de la comunidad, el ejemplo de la lucha educa y vence el miedo a la represión.

El gobierno también tiene experiencia, una experiencia criminal y paramilitar, comienza a detener, asesinar, desaparecer y violar a jóvenes, que en los días de paro hacen curso acelerado de resistencia y lucha callejera. El 30 de abril, luego de tres días de paro, el terror estatal es la respuesta al pueblo en las calles, ya el terror lo usó el gobierno como forma de paralizar a las comunidades en otros momentos. El 1 de mayo se desborda la asistencia y muchas ciudades se suman al paro, el pueblo se ha empoderado.

En este contexto de protesta social generalizada en más de 500 ciudades del país, focalizada en los principales centros urbanos del Suroccidente colombiano, y más de 50 ciudades del mundo, la respuesta represora del Estado no se hizo esperar. Teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se mantienen en algunas ciudades del país, se estableció un toque de queda que iniciaría el 28 de abril a las 8:00pm. como medida para frenar la continuidad de las jornadas de movilización que se planteaban desde la ciudadanía. Sin embargo, desde las 10:00am esta medida ya había sido modificada por el nivel de descontento que se vivía en las calles. Aludiendo al cuidado y al llamado a no generar aglomeraciones se comenzó a presionar insistentemente a las personas con el toque de queda.

Estas medidas de restricción fueron la excusa perfecta por parte de las autoridades policiales para generar redadas masivas de detenciones ilegales amparados en los decretos de las autoridades municipales, incurriendo además en graves acciones de abuso de autoridad y cometiendo graves violaciones a los derechos humanos (asesinato, exceso de la fuerza, amenazas, procedimientos irregulares en las detenciones, destrucción de los bienes de las manifestantes, ataques directos a la integridad de las personas, abuso sexual, entre otros).

Según información de la organización Temblores, a su plataforma de denuncia de abuso policial “GRITA”, se han reportado hasta las 11:00 pm del 1 de mayo: 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de asesinato de la policía, 4 víctimas de violencia sexual y 12 víctimas de disparos a los ojos.

Cali: La Capital de la Resistencia

La ciudad de Cali se ha volcado a la protesta organizada en el ejercicio espontáneo que permite el encuentro, los puntos han sido tomados con bella creatividad, el alimento siempre al centro con ollas comunitarias diversas y deliciosas, primeras y varias líneas de cuidado y contención de jóvenes en resistencia. Se rebautizaron muchas zonas de la ciudad: La Loma de la Cruz ahora es la Loma de la Dignidad, el Paso del Comercio ahora es el Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada al Mar es la Portada a la Libertad.

Sin embargo, la represión ha sido el pan de cada día, haciendo eco a la frase de “siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla”, se han vivido días intensos de resistencia en, por lo menos, 7 puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo caleño atendió con contundencia y de manera masiva desde el primer día de movilizaciones. En la mayoría de los puntos, ante la provocación de la fuerza pública se dieron confrontaciones entre las manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, la alcaldía de Jorge Iván Ospina le encomendó la tarea de asistir a las movilizaciones también al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.

Presentamos aquí un reporte consolidado de Derechos Humanos por día que algunas organizaciones defensoras han visibilizado:

#28A 28 de abril, 2021

• 8 heridos de gravedad y otros 50 leves por impactos de gases lacrimógenos y aturdidoras lanzadas por el ESMAD
• Un miembro de la policía dispara por la espalda al menor de 17 años Marcelo Agredo Inchimad, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Llega al Clínica Valle del Lili con muerte cerebral y posteriormente fallece.
• Es asesinado el menor de 13 años Jaison García, ingresa sin signos vitales al Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
• 6 personas fueron conducidas a estaciones de policía y dejados en libertad con aplicación de Comparendo por toque de queda, decretado por el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.
• En numerosos videos de denuncia ciudadana se evidencia el uso indebido de armas no letales y el uso directo de armas de fuego en contra de las manifestantes.

#29A 29 de abril, 2021

•  Es asesinado por agentes de la policía el joven de 23 años Miguel Ángel Pinto, en el punto de concentración denominado “Puerto Resistencia”.
• 106 manifestantes son detenidos y trasladados a estaciones de policía, se reportan por lo menos 31 denuncias de desaparición. En las estaciones fueron golpeados, torturados y despojados de sus pertenencias y materiales audiovisuales.
• Es agredido un manifestante en un ojo por un impacto de un gas lacrimógeno en la calle 5ta.
• Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
• Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.

#30A 30 de abril, 2021

• En medio de las protestas son asesinados Edwin Villa Escobar (comerciante), Einer Alexander Lasso Chará (hombre pensionado) en el barrio el Diamante. Jovita Osorio en el Paso del Comercio (docente de primera infancia) y otras tres personas sin identificar del sector del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad de Cali. Los hechos se encuentras registrados en video.
• En el barrio Julio Rincón, cerca al punto de concentración de Calipso, es impactada con arma de fuego en su pierna izquierda Angely Vivas Restrepo. Mientras que en el barrio Las Américas resultan heridas dos mujeres y un hombre. Esto sin contar otras 105 personas afectadas por distintos métodos de agresión usados por miembros de la fuerza pública.
• Son detenidos dos integrantes de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente identificados como Daniela Caicedo y José Cuello. Los hechos se dieron en el punto de concentración de Sameco. Allí les hurtan los objetos que los identifican como parte de la organización.
• 94 personas conducidas a estaciones de policía en diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchos de ellos y ellas fueron golpeadas y torturadas al interior de dichas estaciones por miembros de la fuerza pública.
• Se denuncia la desaparición de: José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.

#1M 1 de mayo, 2021

Sobre la jornada del día de ayer no hay un reporte de derechos humanos consolidado aún. Pese a la masiva asistencia de manifestantes que cubrían gran parte de los puntos de concentración del centro de la ciudad. Se reportaron ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso, y Puerto Resistencia. La fuerza pública aprovechó la llegada de la noche para atacar los puntos más vulnerables de la jornada del 1 de mayo, se reportaron por toda la ciudad denuncias de civiles armados disparando en los barrios colidantes a los puntos de concentración. En la noche del 1 de mayo es declarado el estado de “Asistencia Militar”. Esta vez para legalizar la militarización de las ciudades donde se mantiene la movilización y la resistencia civil en contra de su Reforma Tributaria.

Política de guerra para la protesta social

Encontrar en fuentes oficiales, como las de la presidencia de la república y el Ministerio de Defensa, información sobre los gastos militares ha sido todo un reto, ya que parece que quisiera ocultarse la verdad sobre los gastos gubernamentales en material de guerra. Es porque Colombia gasta actualmente un valor cercano a 40 billones de pesos colombianos en el Ministerio de Defensa (10.300 millones de dólares).

Históricamente el presupuesto de la nación para este rubro siempre ha sido alto, ya que desde hace varias décadas continúa y se acentúa el conflicto interno, que pese a algunos esfuerzos para lograr diálogos de paz, al día de hoy se ha diversificado, territorializado y agudizado en muchas partes del país. El porcentaje equivalente del presupuesto de defensa frente al total en el gasto público en Colombia ronda el 11%, un porcentaje bastante alto para un país con una economía debilitada. Con este valor se ubica el país en el puesto 25 en el ranking mundial del porcentaje del gasto público en defensa, lejos de otros países como Francia que gasta el 3.3% España 2.9% o Brasil con 3.86%.

Al interior de la institución de la policía nacional, esta inscrito el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fuerza creada en 1999 para contener las movilizaciones que se realizaran en el país. Era una fuerza especial transitoria que sin embargo lleva más de 20 años y durante los diferentes gobiernos de turno se ha ido fortaleciendo y que al día de hoy cuenta con 3.876 integrantes y un presupuesto anual de 490.000 millones de pesos (131 millones de dólares). A lo largo de su accionar ha asesinado por lo menos una veintena de personas civiles, en ejercicios de abuso de autoridad y policial, que ellos han llamado “excesos de la fuerza”.

Actualmente debido a un gobierno completamente ajeno al pueblo, y previendo el fuerte descontento popular por las medidas que se han tomado históricamente, el gobierno Uribe-Duque ha fortalecido las fuerzas de represión, destinando millonarias sumas para esta causa. Desde tiempo atrás el gobierno se ha preparado para una respuesta represiva a un inminente estallido social, ya que en marzo del año 2020 se compraron 5 tanquetas (vehículos blindados) por un valor de 8.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares), para fortalecer esta fuerza de represión, así como la compra por valor de 9.515 millones de pesos (2.5 millones de dólares), en municiones y diferentes armamentos para el ESMAD, en medio de una fuerte crisis social y económica ocasionada por la pandemia del covid-19. Para el 2021 se ha incrementado el presupuesto en casi 1000 millones de pesos. El gobierno evidentemente perpetúa la represión y le da a la protesta social un tratamiento de guerra.

Sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado reprimir y contener el estallido social que se ha declarado en Paro Nacional, por eso el presidente de la república Iván Duque, en diversos medios el día 1 de mayo de 2021, tomó  la decisión de instalar en las ciudades que lo requieran “Asistencia Militar”, una medida que está reglamentada en el código nacional de policía, en la cual se establece el uso de las fuerzas militares en el control del orden y la asistencia de situaciones de desastre. La presencia de dichas fuerzas en las calles incurre en una reducción de derechos como se establece en un estado de sitio. Hay que tener en cuenta que en la practica la presencia militar en las calles genera mayores posibilidades de accionar bélico en las manifestaciones, ya que el estado trata la situación desde una perspectiva militar que históricamente tienen un fuerte accionar violento e impune contra la población civil.

Con una primera escala en Uruguay, el 6 de abril, el Almirante Craig S. Faller, comandante supremo del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom por sus siglas en inglés), continuó su gira por Argentina los días 7 y 8, para realizar “donaciones humanitarias en representación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para apoyar” a los países que consideran como aliados para combatir la pandemia del COVID-19, informó en un comunicado la embajada estadounidense.

El Comando Sur es uno de los nueve comandos​ militares pertenecientes a Estados Unidos (EEUU). Abarca un área de influencia militar que comprende el Sur del continente americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida.

El comandante del Southcom sostuvo que su compromiso con Uruguay es “de militar a militar” y que “incluye programas de educación profesional y capacitación técnica, asistencia en respuesta a la pandemia y desastres naturales, la colaboración en las operaciones de mantenimiento de la paz”.

Faller se reunió con altos funcionarios del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Uruguay y también con funcionarios de gobierno. Entre otros temas, destacaron sus vínculos de defensa bilateral de larga data entre ambos países. El comandante sostuvo que cada año entre 30 y 40 oficiales uruguayos viajan a EEUU para recibir entrenamiento militar.

Aunque no todo fue un caluroso recibimiento para  la comitiva estadounidense. Diversas expresiones de rechazo se hicieron notar. Entre ellas, La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad mostró su desprecio y sostuvo en un comunicado que “la historia de visitas de representantes del Comando Sur de EEUU a América Latina y el Caribe viene de la mano con intervenciones, agresiones militares, crímenes atroces contra nuestra gente”.

La uruguaya Mónica Riet, ex militante de la fracción política Frente Amplio de Uruguay, sostuvo para Avispa Midia que “no es extraña la visita del Comando Sur, porque desde el primer mandato de Tabaré Vázquez (expresidente 2005-2010 y 2015-2020) comenzaron con sus inversiones humanitarias en salud y educación, principalmente en barrios pobres como en Santa Catalina. Pero hubo varias denuncias de que lo que buscaban era establecer una base militar en Uruguay y establecer acuerdos y permisos para el uso de infraestructura bélica, como aeropuertos y puertos que pudieran servir para sus operaciones rápidas”.

Riet sostiene que su país “no ha sufrido de grandes catástrofes naturales porque contábamos con un sistema emergencia adecuado para nuestras necesidades. Pero el Comando Sur lo híper redimensionó con una de las primeras inversiones de un millón de dólares destinados al Sistema Nacional de Emergencia. Actualmente existen 10 centros que disponen de tecnología de punta que funcionan las 24 horas del día que tienen visión en tiempo real de lo que sucede en nuestro territorio”.

En su paso por Uruguay Faller y su comitiva también supervisaron los nuevos artículos donados para este país sudamericano en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria de Southcom (HAP) para mitigar el impacto de la Covid-19. De acuerdo con la embajada de EEUU, hasta ese momento, el compromiso de donación gira en torno a USD 4.8 millones en asistencia para contrarrestar la pandemia. “Estas donaciones incluyen equipo de protección personal (PPE), suministros médicos, lechos de UCI, equipos de detección y monitoreo, y tres hospitales de campo”, puntualizó la embajada estadounidense en un comunicado.

La comitiva militar de EEUU estuvo 24 horas en Uruguay y 48 horas en Argentina, donde también realizó una serie de donaciones para sobrellevar el impacto que ha dejado la pandemia.

Argentina

Faller fue recibido en Argentina por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes recibieron la donación de tres hospitales móviles por un valor de 3,5 millones de dólares que se sumaban a otras donaciones que ha realizado el gobierno de EEUU durante la pandemia. “Juntos, hemos realizado 15 donaciones de asistencia humanitaria relacionadas con COVID-19 para apoyar la respuesta de Argentina a la pandemia, entregando equipo de protección, suministros médicos y herramientas de monitoreo y detección”, señalo el comandante del Southcom.

El sociólogo y periodista argentino Lautaro Rivara puntualizó para Avispa Midia que la visita de esta comitiva estadounidense en Argentina gira en torno a una mayor presencia de China y Rusia en la región, sobre todo por sus “inversiones e intercambio comercial. En el caso puntual de Rusia, es bastante notorio que la distribución de una vacuna bastante eficaz y económica como es la Sputnik V, esta siendo un vector de acercamientos con los países del Cono Sur”.

Certeramente como expone Rivara, en la declaración del Almirante Faller, emitida el pasado mes de marzo, la COVID-19 ha sido catalogada por el gobierno estadounidense como una “amenaza para el hemisferio occidental” y esto es un tema que implica a la Estrategia de Defensa Nacional (NDS por siglas en inglés) de los Estados Unidos. Pero también el comandante refirma lo que el Comando Sur viene sosteniendo desde el gobierno de Donald Trump, “estas amenazas incluyen actores estatales externos como la República Popular China, Rusia e Irán que buscan activamente aprovechar las democracias incipientes y frágiles en esta región”.

Para Faller existe una preocupación por el despliegue de China de 1 mil millones de dólares en préstamos a la región para adquirir vacunas para el COVID-19 y para mejoras a la infraestructura médica. Esto a implicado acuerdos que van avanzando con Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. “Esto endeudará aún más a la región con la República Popular China, que ya tiene 165 mil millones de dólares en préstamos”, sostiene el comandante en su declaración.

El mando supremo del Southcom remarca la preocupación ya que desde 2019 China ha superado a los EE. UU. como el socio comercial líder con Brasil, Chile, Perú y Uruguay, pero además se ha posicionado como el segundo socio comercial más grande de toda la región detrás de los EE. UU. “De 2002 a 2019, el comercio de la República Popular China con América Latina se disparó de 17 mil millones dólares a más de  315 mil millones, con planes de alcanzar los 500 mil millones de dólares en comercio para 2025”, alerta Faller.

“Hay una cierta hipocresía en criticar la diplomacia comercial de China y a la vacuna rusa. Como también se criticaba en su momento la famosa diplomacia petroleara de Hugo Chaves. Como si fuera mas positiva la diplomacia de las bombas, la intervención, la injerencia y los golpes de Estado que es la que suele practicar Estados Unidos”, puntualiza el sociólogo y periodista argentino.

Rivara advierte que hay que “prestar atención a la política de ayuda humanitaria en la región. Fue con esta política que intentó, a través de una cabeza de playa, la ocupación de Venezuela en el año 2019. También este recurso fue usado para explicar 15 años de ocupación de Haití. Vemos que estos discursos están renovando los viejos argumentos que han usado con la lucha contra el terrorismo, derechos humanos, la democracia y ahora parecen estar echando mano de un arsenal ideológico como es la ayuda humanitaria”.

El acercamiento de la comitiva militar estadounidense hacia territorio argentino se da justo días después que el gobierno de argentina, presidido por Alberto Fernández, anunció su retirada del Grupo de Lima, un cuerdo multilateral creado por representantes de catorce países que busca dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. El gobierno argentino sostuvo que en el plano internacional se ha buscando “aislar” al gobierno de Venezuela y esto “no han conducido a nada”.

La amenaza transnacional hacia Estados Unidos

Faller, el alto mando del Southcom, sigue sosteniendo que Irán, Rusia y China son un riesgo para la región, sobre todo por elevar su presencia en el comercio, con tecnología e infraestructura. Son las mismas amenazas que se vienen contemplando desde que lanzó la llamada Estrategia del Teatro para ser ejecutada de 2017 hasta 2027, donde también se contemplan las amenazas denominadas Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles).

Esta estrategia de 2017, que fue reafirmada durante el gobierno del Donald Trump, el entonces comandante del Southcom, Kurt Walter Tidd, llevó acabo un despliegue de diversas políticas de “Ayuda Humanitaria”, que respondían, según Tidd, a una rápida respuesta a “cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano)”.

El documento de esta estrategia era claro al asumir que este escenario permitía “oportunidades para promover la seguridad y la estabilidad regional. Durante las últimas cinco décadas, Southcom trabajó con diligencia para obtener – y mantener – la confianza de la región. Ahora nos proponemos a desarrollar esta confianza para profundizar la cooperación bilateral y ampliar la cooperación a dimensiones trilaterales, multilaterales o transregionales”.

El despliegue de esta estrategia también contempló otros sectores como el de cultura, de educación, salud, el periodístico y académico en coordinación con interagencias ubicadas dentro de las Embajadas de los Estados Unidos. “Trabajando con coparticipes interagenciales como el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia, y colaborando con las ONGs y organizaciones intergubernamentales, empresariales y académicas nos permite avanzar hacia objetivos nacionales que serian imposibles de alcanzar sólo con el poder militar”, señalaba el documento del Southcom.

El nuevo gesto, tan oportuno por parte del Comando Sur, hacia Argentina y Uruguay, durante el contexto de la pandemia, no ha sido el único ni el último. También ha sido llevado acabo en otros países como Brasil, donde donó, en 2020, equipo por un valor de 12.5 millones de dólares para “mitigar los impactos socioeconómicos y en la salud, generados por la pandemia de la COVID-19, con especial atención en la Amazonía”, anunció la embajada en su momento.

En este mismo país, altos mandos del Southcom acompañaron, en septiembre de 2020, un simulacro de guerra en el norte de Brasil y frontera con Venezuela, donde se movilizaron más de 3 mil 600 militares brasileños.

Certeramente, tal y como lo plantea el propio Faller en su declaración, la región latinoamericana ha sido una de las más golpeadas por la Covid-19. Todos los países están a la espera de las vacunas, pero en la visita del Southcom para llevar “ayuda humanitaria” no figura ninguna vacuna. “Los motivos reales de la visita son estrictamente obvias, es en materia de seguridad y de cooperación militar”, afirma el argentino Lautaro Rivara.

En la declaración del comandante Faller, del mes de marzo pasado, reafirma, “nuestras alianzas regionales son vitales para la seguridad y la prosperidad en este hemisferio” y, agrega, “los hombres y mujeres de USSOUTHCOM trabajan duro todos los días junto con nuestros fuertes socios interagenciales e internacionales para interrumpir y degradar a estos adversarios, mientras mantienen la presencia, el acceso y la influencia de los EE. UU.”.

Estas son las últimas visitas oficiales a cargo de Faller como alto mando del Southcom, ya que será reemplazado por la teniente general Laura Richardson, quien ha sido nominada por Joseph Biden para ser la próxima comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Richardson participó en operaciones aéreas en la guerra de Irak y en Afganistán, además sirvió como asesora militar del exvicepresidente Al Gore (1993-2001). Hasta antes de asumir su cargo como alto mando del Comando Sur, ha sido también comandante general del Comando Norte de los Estados Unidos.

El lunes (12) al conmemorarse 224 años de llegar al territorio hoy conocido como Honduras la comunidad Garífuna denunció que “no hay nada que celebrar.” El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.

En en siglo XVIII, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. De acuerdo a la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.

Desde el 2009 la violencia se disparó en Honduras al mismo tiempo que el golpe de estado aniquiló cualquier resquicio de estado de derecho, dando lugar a una guerra silenciosa en los diversos territorios del país centroamericano, donde el crimen organizado aliado con las municipalidades se apoderaron de extensos territorios utilizados para el tráfico de estupefacientes, al mismo tiempo que impulsaron los monocultivos como el de la palma africana, promovidas por las últimas administraciones gubernamentales.

El pueblo Garífuna, hasta el 2018, logró mantenerse al margen de la violencia, apegándose a sus tradiciones e historia, en la que existe un enorme respeto tanto por la vida como a la madre tierra. Sin embargo en el año 2019, los asesinatos se recrudecieron siendo notorio el asesinato de mujeres que han asumido la defensa del territorio ancestral.

Tan solo en el año 2019 fue un año extremadamente violento para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante ese periodo de tiempo fueron asesinados 16 personas, sostuvo, en una entrevista para Avispa Midia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh. “En este mar de violencia en que está sumido Honduras, el pueblo Garífuna había sido un oasis de paz; hoy se encuentra consternado por la cantidad de personas Garífunas asesinadas sólo este año. Nunca en la historia había pasado eso. Nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio”.

En un comunicado publicado ese lunes, la Ofraneh puntualiza que a más de dos siglos está “presente la amenaza de un tercer destierro violento e intencional por medio de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna perpetrado por parte del Estado de Honduras para favorecer intereses económicos de grupos de poder nacionales e internacionales”.

A su vez, el comunicado menciona que “en los últimos tres años más de 40 garífunas han sido asesinados y otra cantidad abandonaron sus comunidades por la violencia generalizada, amenazas, criminalización y persecución en su contra”.

Entre las exigencias de la Ofraneh está el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, a favor de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. “Condenamos el incumplimiento de dicha sentencia después de más de cinco años, situación que ha incrementado la hostilidad en contra del pueblo garífuna”, señaló el comunicado oficial. Asimismo la Ofraneh rechazó la presencia militar en sus territorios y “la falsa política de lucha contra el narcotráfico”, que persigue la militarización del territorio Garífuna.

También exigieron “el retorno con vida del presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la Ofraneh, Snaider Centeno, así como de nuestros hermanos Suami Mejia, Milton Martinez y gerardo Trochez, quienes son víctimas de desaparición forzada, por miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), desde el 18 de Julio de 2020.”

La Ofraneh reafirmó su derecho a defender y a permanecer en sus territorios “que son la vida y el sustento para nuestras comunidades. Nuestra lucha por la defensa de nuestros territorios ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821”, manifestó la misiva.

“Hoy más que nunca, reivindicamos nuestro derecho de pertenencia y propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales”, dijo la organización al manifestar que luchan y resisten al racismo estructural e institucional. “Este día recordamos nuestra historia que ha querido ser borrada de la memoria nacional, pero que continúa presente y viva en la lucha y resistencia de nuestro pueblo”, resaltó la Ofraneh.