resistencia
Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos
San Cristóbal de Las Casas, a 9 de diciembre de 2011
Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos
Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011, para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente pronunciamiento.
Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.
En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación:
Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.
Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.
Rechazamos el programa REDD Plus impulsado por el gobierno chiapaneco y el gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común como lo es el aire puro y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la Selva Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas.
Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras.
Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su reciente visita a Chiapas para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de Pueblos Indígenas.
Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios.
Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años consecutivos.
Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras y territorios; de igual modo nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos de convivencia pacífica que han buscado.
Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección.
En cuanto a las problemáticas de migración:
Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la falta de protección y limitada atención integral a la población migrante, se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.
A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones.
Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre otros.
También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen organizado, además de enfrentarse a privaciones de libertad en donde los derechos de debido proceso son violentados de manera reiterada. Esto agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia defensoras y defensores de derechos humanos.
Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud, condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad, acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel.
Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y se conciba como una responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos.
Relativo a la situación de jóvenes,
Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos, individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus proyectos de vida.
Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones.
Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen.
Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos. Nos solidarizamos con jóvenes defensores como el compañero Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien esta exiliado por tener 5 procesos penales construidos por el gobierno, ante ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor.
En cuanto a las mujeres y las relaciones de género:
Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar del discurso político gubernamental, que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho.
A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la transformación para lograr la autonomía individual y colectiva.
Finalmente,
Exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante “La 72” y del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de migración y del ejército mexicano, así mismo con el padre Alejandro Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca.
Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración.
La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros pueblos, en libertad, justicia y equidad.
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)
Unidos para Trabajar, S.P.R
Centro de Derechos Humanos Oralia Morales
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH)
Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C.
Frente Cívico Tonalteco
Organización Cultural Indígena
Grupo 67 de Amnistía Internacional México
Melel Xojobal A.C.
Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.
Yach´il Antzetic
Colectivo ADHESIVA
Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.
Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género
Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.
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Michael. W. Chamberlin
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Melissa A. Vértiz Hernández
Encargada de incidencia
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
1ra Norte #37, Col. Centro. C.P. 30700
Tapachula, Chiapas
Tel. 01 (962) 642 50 98
Mujeres zoques encabezan defensa de los Chimalapas
Exigen se proteja reserva de la voracidad de talamontes
Mujeres zoques encabezan defensa de los Chimalapas
En el conflicto territorial entre los estados de Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, las indígenas zoques juegan un papel fundamental en la defensa de las propiedades comunales en este municipio oaxaqueño. María García, presidenta de la Coordinación en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales en la Zona Oriente de Oaxaca, ha destacado por su activa participación en la resistencia pacífica en las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, contra la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez en su territorio comunal. La asesora jurídica de la autoridad comunal de San Miguel Chimalapa, Seyla Cruz, destacó la participación de las indígenas zoques en la lucha por su territorio a través de la integración de las comisiones ordenadas por la asamblea comunal. Son ellas –comentó– quienes se han quedado al frente de las familias cuando sus compañeros se enfrentan a los talamontes chiapanecos, que ilegalmente hurtan las maderas preciosas de la selva. . . .
San Miguel Chimalapa, Oax, 7 dic 11 (CIMAC).- En el conflicto territorial entre los estados de Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, las indígenas zoques juegan un papel fundamental en la defensa de las propiedades comunales en este municipio oaxaqueño.
María García, presidenta de la Coordinación en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales en la Zona Oriente de Oaxaca, ha destacado por su activa participación en la resistencia pacífica en las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, contra la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez en su territorio comunal.
La mujer encabeza, junto con otras indígenas zoques, la exigencia al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para que presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia contra la instauración del ayuntamiento Belisario Domínguez.
Se trata de un conflicto agrario de más de 50 años por la posesión de 47 mil hectáreas de selvas y bosques con ganaderos y talamontes chiapanecos.
García reprochó el desinterés del gobierno estatal para intervenir en la solución de la crisis, y respaldar la lucha de comuneras y comuneros ante las invasiones de supuestos ejidatarios y pequeños propietarios chiapanecos que destruyen la reserva ecológica.
En la reciente asamblea comunitaria celebrada en el corazón de la selva de los Chimalapas, la indígena zoque exigió que inicie cuanto antes un juicio federal para determinar de una vez por todas los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas.
María García advirtió además que mujeres y hombres mantendrán el bloqueo que desde hace un mes mantienen en el camino al ejido Gustavo Díaz Ordaz, reconocido como comunidad por el municipio de Cintalapa, Chiapas. .
“Nuestros antepasados legaron la madre tierra; entonces nosotros tenemos que salvaguardarla también para heredarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes vendrán después”, dijo la indígena.
“JÍCARA DE ORO”
La selva de los Chimalapas, con bosques de pino y encino, bosques de niebla y selva alta, fue comprada por el indígena zoque Domingo Pintado al virrey de la Nueva España Antonio Juan Mancera, el 24 de marzo de 1867.
Las tierras pasaron a perpetuidad al control de los ahora municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa, en mancomunidad con todos sus descendientes y sucesores.
En las escrituras coloniales de tres pliegos se fijaron linderos y extensiones, y se amparó la propiedad de más de 900 mil hectáreas. Domingo Pintado compró las tierras en 25 mil pesos oro.
Según la historia, el indígena zoque llevó las monedas de oro para pagar a los españoles en unas jícaras. De ahí surgió el nombre de esta región: “chima” significa jícara y “lapa” quiere decir oro. Chimalapa es “jícara de oro”.
RESISTENCIA
La asesora jurídica de la autoridad comunal de San Miguel Chimalapa, Seyla Cruz, destacó la participación de las indígenas zoques en la lucha por su territorio a través de la integración de las comisiones ordenadas por la asamblea comunal.
Son ellas –comentó– quienes se han quedado al frente de las familias cuando sus compañeros se enfrentan a los talamontes chiapanecos, que ilegalmente hurtan las maderas preciosas de la selva.
Las familias están disgustadas porque los chiapanecos les retuvieron en agosto pasado un camión lleno de tambos de resina, comprometido para su venta en la ciudad de Oaxaca, y que representa la manutención de una decena de hogares de la comunidad de San Antonio Chimalapa.
“Por eso la comunidad determinó taparles el paso a los poco habitantes de dos ejidos chiapanecos asentados en tierra oaxaqueña”, explicó Cruz.
ACCIONES
La abogada propuso que se reactive de manera inmediata la comisión interinstitucional coordinada y presidida por la Secretaría de Gobernación, los gobiernos estatales y las autoridades agrarias de los Chimalapas.
Exigió la salida inmediata de la policía estatal de Chiapas destacamentada en los ejidos Rodulfo Figueroa y Díaz Ordaz, por el riesgo que corren las mujeres de la comunidad ante el hostigamiento del que son víctimas cuando cruzan —a pie y en vehículo— la zona comunal correspondiente a Oaxaca.
Seyla Cruz reprobó el uso excesivo de la fuerza pública el pasado 9 de noviembre, cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca rescató de la comunidad de San Antonio a un ganadero chiapaneco.
También denunció que las y los indígenas zoques fueron excluidos de la Comisión Ejecutiva para la Atención de los Chimalapas.
La asesora jurídica y María García coincidieron en exigirle a Gabino Cué que defienda la soberanía del estado y no se preste al “chantaje” de su homólogo chiapaneco, Juan Sabines.
Originalmente publicado en:
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11120603-NACIONAL-Mujeres-z.48488.0.html