La solicitud de tierras se presentó el 3 de febrero de 1922. La resolución presidencial fue firmada el 30 de julio de 1934 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de octubre de ese año. A diferencia de otras resoluciones, en ésta no se especifica una porción destinada a fundo legal o núcleo urbano. Dos años después, el 28 de diciembre de 1936, se firmó el acta de posesión. Sin embargo, fue hasta 1954 que se hizo un deslinde oficial, debido a que ya estaba en trámite una ampliación. Sin embargo, por irregularidades en las mesuras, los problemas relacionados con el deslinde continuaron hasta el 2 de junio de 196,1 en que se da el Acta de Posesión y Deslinde Total en la que no se destina nada a fundo legal o zona urbana. Los problemas que obstaculizaron el deslinde definitivo generalmente fueron propiciados por autoridades locales y estatales en contubernio con agentes comerciales externos que, con miras a la construcción de caminos, bodegas y campos de aviación, pretendían apoderarse de terrenos ejidales, para lo cual no vacilaron en aliarse con ejidatarios y tratar de promover a través de ellos la división del ejido. Ante tales acontecimientos, los ejidatarios dirigieron quejas y solicitudes de intervención del Departamento de Asuntos Agrarios.

Los problemas con el Ayuntamiento por las 130 hectáreas

El 30 de septiembre de 1966, el Cuerpo Consultivo Agrario insertó una nota en el Plano Definitivo en la que se especifica el supuesto fundo legal de 130 hectáreas y se dibuja su ubicación justo donde se encuentra el poblado de Tila. A pesar de que el Secretario General de Asuntos Agrarios aclaró que el fundo no está incluido en la resolución presidencial, el Ayuntamiento de Tila ha llevado a cabo una serie de irregularidades en los terrenos que no son de su propiedad –usufructo, venta, renta, cobro de derechos de piso y de otros impuestos locales- sin tomar en cuenta a las autoridades ejidales. Su propósito es quitar a los ejidatarios indígenas esas 130 hectáreas a pesar de que cuenta con 101 hectáreas destinadas a fundo legal en el poblado de Petalcingo, según la resolución presidencial que otorgó las tierras a ese ejido –el de Petalcingo.

Si bien el punto de acuerdo y la nota quedaron insubsistentes con el amparo 890/77 “la ejecutoria no se cumplió, pues no se suspendió la compra venta de solares, ni se cancelaron los catastros introducidos”. Actualmente están en espera de la resolución del recuso en el que impugnaron el incidente sustituto.

Cabe aclarar que de las 130 hectáreas en disputa sólo 52 están construidas, el resto –bastante más de la mitad- constituyen platanares, cafetales y alguna que otra milpa. Por ello, de quedar las 130 hectáreas en manos del Ayuntamientose dejaría a quienes cultivan esas extensiones sin sustento principal para sus familias y esto implicaría una reestructuración general de las tierras ejidales. Además, una proporción significativa de los solares de Tila cuentan con una casa y en los alrededores tienen platanares, hortalizas, árboles frutales y corrales para cría de pollos y otros animales para autoconsumo, lo cual disminuye aún más la proporción de lo construido.

Los actores

Entre los actores que se vislumbran en este conflicto se pueden distinguir los siguientes, cuyo involucramiento y afectación es de diferente naturaleza y magnitud.

El Ejido, institución de carácter federal, sujeta a la normatividad agraria del país, integrada por indígenas ch’oles. Ellos han luchado por la tierra que les da de comer y tiene un papel central en su cultura y organización. El quitarles esa parte de su territorio incrementará la dificultad para dar de comer a sus familias. Los que viven en el poblado saben que de pasar esas tierras al Ayuntamiento tendrán que pagar impuestos y derechos sobre lo que originalmente es suyo, situación que además generará desigualdades al interior del ejido, pues los que viven en otras comunidades no pagan impuestos. Y, para colmo de males, se les quitará el Santuario donde han honrado al Señor de Tila. La autoridad de los encargados tradicionales, tatuches y ancianos se reducirá aún más. Temen que el gobierno municipal se apropie de las cuevas cercanas que son otros de sus lugares sagrados. Además están conscientes de que el dinero que se les puede dar como indemnización se acaba, mientras que la tierra es una Madre que, sabiéndola cuidar, siempre les proporcionará alternativas para alimentarse. Saben también, que los trabajos en que se les pueda emplear son mal pagados, que a los empleadores no les interesa el bienestar de la población sino el incrementar sus ganancias y que en esas labores siempre serán discriminados.

Avecindados simpatizantes del ejido: profesores, campesinos venidos de comunidades, hijos de ejidatarios, comerciantes indígenas, cuyos intereses no se encuentran en contra del ejido y que están ahí porque o son de Tila o son de la zona. “No son agresivos”. Salvo los hijos de ejidatarios; son conscientes de que no tienen derecho a la tierra, pero al compartir tradiciones culturales, saben que bajo la autoridad del comisariado ejidal su vida y sus formas de subsistencia encontrarán una solución pacífica y posiblemente mejor que la actual. De hecho, muchos de ellos son aliados de ejidatarios en otras luchas que buscan el bienestar en su vida y en la de sus familias.

Avecindados comerciantes y aliados del Ayuntamiento, gente que llega de fuera.Varios, demás allá de la región inmediata, con intereses económicos y políticos propios, ajenos al bienestar de los tileños. “No respetan, nos quieren mandar, pueden abrir sus calles, solicitar obras y lo que les conviene, organizándose a través del gobierno de Chiapas. No toman en cuenta a la Asamblea, ni al Comisariado Ejidal. En la calle somos respetuosos con todos, porque también nos damos cuenta de que fueron engañados por el Ayuntamiento, pero algunos de ellos no.” (Ejidatarios de Tila)

La parroquia, a pesar de que se encuentra ubicada en tierras del ejido, se ha adjudicado atribuciones que no le corresponden, tanto en lo que se refiere al culto al Cristo de Tila, como en la atención de los peregrinos, cosa que ha repercutido en la disminución de recursos que ellos obtenían. Además existe un vínculo entre el sacerdote y el Ayuntamiento en lo relacionado a los lugares de venta y el pago de derechos de piso, con lo que algunos consideran que han convertido al Santuario y el culto al Señor de Tila en un negocio del que sacan jugosas ganancias.

El Ayuntamiento orientado por leyes liberales ha tenido choques con las autoridades tradicionales. Las elecciones municipales han sido conflictivas y muchas veces los presidentes municipales no simpatizan con el pueblo. Se trata de kaxlanes que no representan la voluntad de los ch’oles. Esta situación ha afectado las costumbres ch’oles, pues en ocasiones, cuando se dificulta la resolución de un problema conforme a la tradición, se recurre al Ayuntamiento, el cual, haciendo una rara combinación entre las costumbres tradicionales y las leyes estatales, aprovecha las situaciones para crear división e imponer sus propios intereses y políticas. El Ayuntamiento ha dispuesto del territorio de ejido, como si fuera propio: vende solares, los inscribe en el Registro Público de la Propiedad –privatiza terrenos ejidales-, cobra impuestos, permite la presencia de la fuerza pública y la corrupción. Como autoridad estatal viola sistemáticamente y en muy diversos aspectos el convenio 169 de la OIT, ya que no consulta nada con los ejidatarios y lejos de ello viola sus derechos individuales y colectivos.

El ejido de Petalcingo . En la tradición de los indígenas tzeltales de Petalcingo y de los ch’oles de Tila, -ambos del municipio de Tila-, originalmente el Ayuntamiento se encontraba en Petalcingo, pero a principios del siglo XX hubo una epidemia que motivó que el Ayuntamiento cambiara provisionalmente su residencia a Tila, donde se quedó de manera permanente. Si bien no se ha podido localizar información que sustente que en algún momento Petalcingo haya sido cabecera municipal, los ejidatarios de Petalcingo cuentan con copias de documentos en los que aparece el sello del Ayuntamiento Municipal de Petalcingo. Además en la resolución presidencial que les otorga el ejido se destinan 101 hectáreas para fundo legal. Los de Petalcingo, han tramitado que la sede del Ayuntamiento regrese a su localidad. Ellos, al igual que los de Tila han tenido conflictos con quienes han estado al frente del Ayuntamiento y consideran que esos problemas se podrían evitar si la sede estuviera en su localidad.

Paramilitares. S e trata de una élite ch’ol que recibió beneficios durante la decadencia del sistema agrario priísta. Desde marzo de 1995 conformaron el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. De ellos se han valido las autoridades y poderes locales para mantener atemorizada a la población desde hace más de década y media. Se trata de grupos ilegales a través de los cuales se violan sistemáticamente los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución Mexicana y la Legislación Internacional.

El derecho del Ejido Tila a conservar sus 130 hectáreas

Los ejidatarios de Tila saben que tienen que defender lo suyo, las tierras por las que lucharon sus abuelos en contra de los finqueros y que ahora ellos tienen que negociar con el gobierno y las organizaciones kaxlanas en el afán de construir una vida digna para ellos y para sus hijos. Desde su perspectiva, su lucha ha sido siempre la misma: por la Madre Tierra y por la defensa de su libertad. Saben que esa tierra les pertenece tanto por derecho ancestral, como por derecho mexicano. Existe en ellos el temor por los abusos que se pueden cometer en contra de los recursos naturales, cosa que afectará a todo el territorio y por lo tanto a ellos y al conjunto de la nación, pero también están preocupados por lo que se puede hacer con sus lugares sagrados, como ríos y cuevas.

A pesar del contenido de los primeros dos artículos de la Constitución Mexicana, las instituciones estatales son inequitativas al otorgar derechos iguales a los que de hecho no son iguales y no reconocer en la práctica la existencia de diferencias culturales y derechos comunitarios. Esto apareja la inequidad de hecho y de derecho. La larga lucha de los ejidatarios de Tila por la defensa de su territorio es una muestra más de la relación desigual que el Estado y la sociedad han mantenido con los pueblos indígenas, de violaciones a la Constitución Mexicana y a la legislación internacional, particularmente al convenio 169 de la OIT. La gran mayoría de los problemas que han enfrentado los ejidatarios de Tila se han debido a omisiones en el cabal cumplimiento de su deber por parte de las autoridades gubernamentales, tanto federales como estatales y municipales. En este aspecto se registra una lentitud por parte del Estado que resulta grave para los campesinos indígenas, pues los deja por largos periodos en la incertidumbre y los hace gastar dinero en trámites y viajes que afectan sus labores cotidianas. La casi totalidad de las dificultades que han tenido con el Ayuntamiento responden a que éste viola sistemáticamente sus derechos como pueblo indio, no ejerce la consulta, introduce en su territorio la fuerza pública, dispone y lucra con su territorio, no busca soluciones consensuadas y mucho menos el consentimiento previo, libre e informado. Su comportamiento es racista y excluyente.

Los ejidatarios ch’oles de Tila se encuentran entre la población económicamente pobre del país. La pérdida de las 130 hectáreas que quiere quitarles el Ayuntamiento pone aún en mayor riesgo su economía, su alimentación, su salud y la protección del medio ambiente y constituye una violación a sus derechos como ejidatarios y como ch’oles. Es afectar su derecho a tener condiciones de vida dignas, a sus formas tradicionales de organización, a la cultura, a la tierra, territorio y recursos naturales, al consentimiento previo y libre; a la autodeterminación de su futuro, a permanecer como cultura con sus prácticas religiosas, sitios sagrados y derechos políticos y sociales. Es atentar contra su derecho a la propiedad. Perder esa proporción de sus tierras implicaría una reestructuración general de su territorio, una afectación de su derecho a la alimentación y al trabajo, a sus redes sociales, a su autonomía.

Este problema tiene que ver con la presencia de extraños que quieren explotar un territorio que no es suyo en beneficio de sus propios negocios. Los extraños llegan con planes de aprovecharse económica y políticamente de las situaciones que generan. De ahí su interés por originar pugnas y divisiones. Esto ha sido la constante a lo largo de la historia y, en tiempos recientes, se hace evidente en las políticas indigenistas y desarrollistas de los setentas del siglo XX, las cuales no solo dividieron al grupo, sino que lograron la alianza de algunos de ellos con los intereses de los extraños.

Dado el aumento de familias los productos de la tierra cada vez alcanzan menos para alimentar al conjunto de los habitantes, lo cual obliga a los ch’oles a completar su subsistencia con otras actividades, trabajando como asalariados y emprendiendo sus propios negocios. Sin embargo, estas medidas de las que pueden echar mano para construir su vida de una manera digna, se verán más obstaculizadas de lo que ya lo son –permisos, impuestos, discriminación, racismo, competencia inequitativa, entre otras medidas- en caso de que el Ayuntamiento quede en posesión de las 130 hectáreas.

El enfrentamiento entre los ejidatarios y la administración municipal, no puede entenderse solo como la confrontación entre una instanciade carácter federal (el ejido) y el Ayuntamiento. Tras de ello está la concepción liberal del Estado que no tiene otra forma de ver la tierra que como propiedad, como mercancía, como medio de producción, y es incapaz de percibir que para muchos miembros de este país, la tierra no es una mercancía, es la Madre que les da de comer, la que puede mantener unidas a las familias en torno a la mesa en que comparten los alimentos. La tierra forma parte de su territorio, ellos la conciben como parte de su propia vida. El Ayuntamiento la fracciona, la vende, cobra impuestos sobre ella. Ellos la comparten, colaboran en los gastos comunes y en las faenas que requieren del trabajo en común. El Ayuntamiento busca la división a través de promesas y prebendas individuales; ellos buscan la unión. El gobierno favorece económicamente a un sector en perjuicio del Bien Común; mantiene un sistema de desinformación e información distorsionada que confunde; utiliza a los que consigue comprar para que actúen en contra de los suyos. A través de estos mecanismos reprime las formas propias y consensuales de arreglar las diferencias internas.

Según la legislación mexicana y las autoridades judiciales, las 130 hectáreas en disputa pertenecen al ejido Tila. Respecto a la posible indemnización, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, los ejidatarios tienen derecho a la consulta libre, previa e informada sobre el destino de su territorio. Como desde hace tiempo lo han manifestado en sus procedimientos judiciales, ellos no quieren la indemnización por todo lo que significa –afectación de su derecho a la propiedad, a la cultura, a la religión, a sentar sus propios principios de desarrollo (autodeterminación), a sus sitios sagrados- y lo que prevén que pasará en caso de que queden en manos del Ayuntamiento. Conforme al derecho a la libre determinación y correlativos, el que el Estado tome decisiones sobre las vidas de otros, en este caso de los ejidatarios de Tila, puede tener consecuencias catastróficas; sobre todo a sabiendas de que lo que se encuentra detrás de la ambición por apropiarse de esas tierras, es el afán de lucro, la discriminación y la exclusión. Se violaría el derecho a determinar cómo va a ser su territorio.

Entre las graves violaciones de los derechos humanos que ha cometido el Ayuntamiento de Tila está la de permitir la presencia, e incluso introducir él mismo a la fuerza pública y al ejército en territorio del Ejido ch’ol de Tila, con lo cual, además de los enfrentamientos que se han dado, crea miedo entre la población y afecta su derecho a la libertad de circulación, explícitamente prohibida por el artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,.

El despojo de los territorios originales es parte de una política de Estado que, de hecho, ha desconocido a los indígenas como personas y como pueblos Son continuas las prácticas discriminatorias expresadas en intentos de asimilación religiosa, política, económica y militar; en la distribución de los recursos naturales que da preferencia a ricos y extranjeros y en el despojo; en la falta de respeto, protección y garantías judiciales y denegación de justicia; todo lo cual propicia situaciones de inseguridad territorial que dan lugar a violaciones al patrimonio cultural, en este caso de los ejidatarios ch’oles de Tila.

Los ejidatarios de Tila no quieren desarrollo de tipo capitalista porque saben, son conscientes, lo han vivido, que este sistema los ubica en condiciones de miseria, de pobreza, de desventaja, los indigna; ellos quieren una vida digna, buena, en la que puedan decidir cómo quieren vivir y se sientan libres

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Tomado de:  Rebelión  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153240

Se exige el debido proceso, un juicio justo y la exoneración de la defensora Bettina Cruz

México, D.F. – En la madrugada del 24 de febrero salió libre bajo fianza del Reclusorio Regional de Tehuantepec, Oaxaca, la defensora de derechos humanos Bettina Cruz Velázquez. Luego de 33 horas de detención, incluyendo cuatros horas de incomunicación, la Mtra. Cruz Velázquez se encuentra bien físicamente pero denuncia intimidación por parte de la Agencia Federal de Investigación y la Procuraduría General de la República durante su traslado al reclusorio.

Ahora la defensora de derechos humanos Cruz Velázquez enfrenta dos cargos ante el Juzgado Sexto de Distrito de Oaxaca, a raíz de una denuncia presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La defensora es acusada de privación ilegal de la libertad en agravio de trabajadores de la CFE y de consumo ilegal de la riqueza natural.

Desde el 14 de noviembre de 2011 ella goza de medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca. El 28 de octubre de 2011 la Mtra. Cruz Velázquez y integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo fueron atacados por caciques golpeadores y policías municipales después de manifestarse pacíficamente en contra del proyecto eólico Piedra Larga en la comunidad zapoteca. Por estos hechos de violencia, la Defensoría de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad física de la defensora Cruz Velázquez y demás integrantes.

A sólo tres días de la detención de la defensora, el 25 de febrero se realizó en la ciudad de Oaxaca una segunda mesa de diálogo entre el Comité de Resistencia, la empresa española Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V. (DEMEX), y el Gobierno de Oaxaca para tratar violaciones a la defensa de la tierra y al territorio de más de 30 pequeños propietarios derivado de la falta de consentimiento libre, previo e informado de la comunidad zapoteca en la implementación del proyecto eólico Piedra Larga en Unión Hidalgo.

En la reunión DEMEX negó la petición de los pequeños propietarios hecha el 8 de febrero para terminar anticipadamente los contratos de arrendamiento, situación que está prevista en los mismos; el pago de la cuota de terminación e indemnización por el daño al potencial productivo de las tierras; y el restablecimiento de la calidad original del suelo en los casos donde DEMEX ha continuado construyendo. Al negar su responsabilidad contractual por medio de una carta dirigida al Secretario del Gobierno de Oaxaca, el director general de DEMEX, Fernando Ballester Surroca, reconoció que “una importante inversión de recursos económicos y humanos” le impedía a la empresa acceder a la petición de la comunidad. Por esta razón los pequeños propietarios decidieron levantarse de la mesa.

“La mesa de diálogo del sábado nos enseñó que DEMEX mantiene una postura de repudio en contra de la comunidad de Unión Hidalgo donde pretende instalar su proyecto eólico. Es precisamente por esta actitud condescendiente y falta de transparencia que los pequeños propietarios quieren terminar sus contratos. ¿Por qué querrían una relación así con una empresa que no les respeta?” preguntó Alejandra Ancheita, abogada y directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). “Con este proyecto tanto el gobierno como DEMEX están violando el derecho humano básico de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada.”

El proyecto eólico Piedra Larga está siendo desarrollado por Renovalia Energy, la empresa matriz de DEMEX en España, para suministrar energía limpia principalmente a Grupo Bimbo por medio de un contrato de autoabastecimiento de 18 años. Para construirlo Renovalia obtuvo un crédito de 160 millones de dólares financiado por el gobierno mexicano (Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa) y tres bancos privados (Banco Espírito Santo de Portugal, y Santander y CaixaBank de España). La resistencia pacífica de los pequeños propietarios ha provocado retrasos en los tiempos y términos de cumplimiento del proyecto establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y los mismos bancos prestamistas, incluyendo la posibilidad de multas millonarias impuestas por la CRE.

“Me queda claro que mi detención fue relacionada con la petición de los pequeños propietarios ante DEMEX a terminar anticipadamente los contratos de arrendamiento,” dijo la defensora de derechos humanos Cruz Velázquez. “El desarrollo eólico en Oaxaca está siendo impulsado por la CFE a una velocidad impresionante y, como consecuencia, nuestras comunidades indígenas son sujetas a intimidación y violaciones constantes sólo por exigir el respeto por nuestro derecho a la tierra y al territorio.”

Bettina Cruz Velázquez es co-fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, de la cual forma parte el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo. Asimismo, están acompañados por dos organizaciones civiles: ProDESC y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

Demandas

Ante la escalada de violencia y amenazas contra las y los que reivindican los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Istmo de Tehuantepec, los pequeños propietarios de Unión Hidalgo y las organizaciones de derechos humanos aquí representados exigimos:

Al Gobierno del Estado de Oaxaca

• Que haga cumplir las medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad física tanto de Bettina Cruz Velázquez como de los demás integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo;
• Que cumpla con su palabra de respetar los derechos de los pueblos indígenas y, por consecuencia, la decisión de no entregar las tierras a un proyecto de desarrollo que en principio debería de haber sido consultado con los pueblos que se verían afectados, como es el caso de Unión Hidalgo.

Al Gobierno Federal

• Que la defensora de derechos humanos Bettina Cruz Velázquez tenga un debido proceso, reciba un juicio justo y sea exonerada de todo delito, y su nombre quede libre de toda sospecha, ya que el gobierno federal impuso dichos cargos en represalia por defender las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec;
• Que la Secretaría de Energía intervenga como autoridad competente para revisar las condiciones en las cuales se desarrollan los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec;
• Que la Comisión Federal de Electricidad revise los términos de la licitación pública otorgada a DEMEX, ya que incumple con múltiples condiciones, normas y mejores prácticas;
• Que los bancos estatales prestamistas a Renovalia Energy (Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa) exijan cuentas a la empresa española por sus prácticas de derechos humanos y del medioambiente.

Y a Renovalia Energy / DEMEX

• Que cumplan con el compromiso asumido por DEMEX el 25 de octubre de 2011 de no iniciar obra alguna en las parcelas que aún se encuentran con alguna inconformidad hasta que se resuelva el fondo del conflicto generado por el proyecto eólico Piedra Larga;
• Que suspendan inmediatamente las obras en los predios de los 32 propietarios que solicitaron la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento hasta que se resuelva el fondo del conflicto;
• Que reconozcan su incumplimiento con normas de derechos humanos internacionales, como la de ser responsable solidario de violaciones cometidas por sus empleados o subcontratistas, y la de publicar un código de conducta y adherirse a él para asegurar su cumplimiento con la ley mexicana;
• Y que los tres bancos privados prestamistas (Banco Espírito Santo de Portugal, y Santander y CaixaBank de España) revisen su cumplimiento con las normas en materia de empresas y derechos humanos de los Principios de Ecuador.

Organizaciones firmantes

•    Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH)
•    Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio
•    Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
•    Comité Cerezo México
•    Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo
•    Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
•    Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
•    Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”

• Acusan a las autoridades de manipular a campesinos para que se enfrenten entre ellos

• También han sido víctimas de robo de cafetales, milpas, cañaverales y ganado, señalan

San Cristóbal de las Casas, Chis., 9 de julio.  La junta de buen gobierno (JBG) del caracol zapatista de La Garrucha denunció anoche despojos de tierra y agresiones de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), contra las comunidades Nuevo Paraíso y Nuevo Rosario, en los municipios autónomos Francisco Villa y San Manuel, respectivamente.

Según la JBG, los malos gobiernos de Felipe Calderón, Juan Sabines Guerrero y el presidente municipal de Ocosingo, Arturo Zúñiga, han intensificado la campaña de contrainsurgencia manipulando a los dirigentes de Orcao, quienes a su vez manipulan a sus bases para enfrentarnos entre campesinos, entregando tierras recuperadas.

Los señalamientos a la Orcao como instrumento de la contrainsurgencia, hechos por la junta zapatista El camino del futuro, en la selva tzeltal, se suman a las denuncias en el mismo sentido de la JBG Arco iris de la esperanza, en el caracol de Morelia (22 y 24 de junio), referentes a agresiones y despojos en el municipio autónomo Lucio Cabañas.

En Nuevo Paraíso, un grupo de personas del ejido Guadalupe Victoria se posesionó desde el 3 de marzo de tierras recuperadas por las bases zapatistas, mientras un grupo de Las Conchitas (Ocosingo) y otro del ejido Po’jcol (Chilón) están haciendo milpa en predios de zapatistas. La JBG investigó a los invasores y documentó que todos son miembros de Orcao.

La JBG de La Garrucha invitó a las directivas de esta organización para que pacíficamente desocuparan las tierras recuperadas, pero rehusaron hacerlo. Así, durante cuatro meses ya causaron varios problemas en Nuevo Paraíso.

Los zapatistas enumeran robos de cafetales, milpas, cañaverales, ganado, alambre y árboles por parte de pobladores de Guadalupe Victoria. En tanto, pobladores de Po’jcol, que en todo momento están armados, venden a una constructora la grava extraída ilegalmente de tierras recuperadas. Todo estos hechos ocurridos como si fuera todo en calma, pero la JBG espera respuesta de parte de las autoridades de la Orcao.