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Radio Zapatista/Ké Huelga Radio

Presentación de la Plataforma “El caso Ayotzinapa: Una cartografía de la violencia.”

La agencia de investigación Forensic Architecture , el Centro Prodh, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), presentaron  una plataforma cartográfica interactiva visual,  en donde por  primera vez se utilizan  mapas interactivos y  la tecnología 3D para revelar:

-La dimensión, escalamiento y extensión geográfica de los hechos en la noche de 26  de Septiembre.

-El nivel de coordinación y colusión entre agentes del  Estado y el crimen organizado.

-Las dimensiones de la alteración de la evidencia de los ataques por parte del Estado.

 

link plataforma “El caso Ayotzinapa: Una cartografía de la violencia”

http://www.plataforma-ayotzinapa.org/

CDMX   7/9/17

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Ké Huelga Radio:

Un proyecto de ‘Forensic Architecture’ en colaboración con el Centro Prodh, EAAF y el MUAC para las familias de los desaparecidos

Una plataforma cartográfica e interactiva hace visuales, por primera vez, los ataques que culminaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Utilizando mapas interactivos y reconstrucciones en 3D, la plataforma revela:
La dimensión, escalamiento y la extensión geográfica de la violencia en la noche del 26 al 27 de septiembre 2014
El nivel de coordinación y colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado
Las dimensiones de la alteración de la evidencia de los ataques por parte de las instituciones del Estado

Ciudad de México, 07 de septiembre de 2017. El caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ha sido reconstruido por primera vez de forma exhaustiva e integral por Forensic Architecture, mostrando el conjunto de los eventos conocidos que ocurrieron en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, en Iguala y sus alrededores, a partir de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de trabajos de periodísticos.

La innovadora plataforma interactiva utilizada, que incluye modelos en 3D y videos, busca ayudar a las familias y seres queridos de los estudiantes desaparecidos, así como al público en general, a comprender las diferentes historias de los hechos de este evento. Además, tiene como propósito proveer una herramienta forense a las y los investigadores para poder examinar con mayor profundidad esta historia singular y desgarradora de violencia, encubrimiento y colusión.

A poco menos de un mes del tercer aniversario de este ataque brutal a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, no hay rastro total de los normalistas. Su paradero continúa siendo desconocido y su estatus sigue siendo el de “desaparecidos”. Contribuyendo a este estado de las cosas, el Estado mexicano aún fomenta una narrativa contradictoria y fraudulenta de los eventos de esa noche.

Comisionado por y en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en representación de las familias de las víctimas, Forensic Architecture, agencia de investigación especializada en el análisis espacial de datos con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres, diseñó una plataforma única e interactiva capaz de trazar un mapa y examinar la superposición de las historias discordantes de esa noche.

La plataforma, que se basa en la recolección, el análisis y la referencia cruzada de datos de fuente abierta, y que está disponible en www.plataforma-ayotzinapa.org, será parte de una exhibición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), desde el 9 de septiembre 2017 y hasta enero de 2018.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La labor y la metodología

Forensic Architecure es una agencia de investigación con base en Goldsmiths, Universidad de Londres. Trabaja a nivel mundial con grupos de la sociedad civil para proveer avanzada evidencia espacial y multimedia sobre violaciones a derechos humanos. Conformada por arquitectos, arquitectas, periodistas, programadores y cineastas, el grupo trabaja de parte de fiscales internacionales, organizaciones de derechos humanos y grupos por la justicia política y ambiental. Sus archivos de evidencia han sido presentados en informes de tribunales de derechos humanos nacionales e internacionales y de las Naciones Unidas.

Las fases involucradas en este proyecto incluyeron:

Investigación: Forensic Architecture examinó múltiples fuentes de pruebas disponibles públicamente, incluyendo versiones públicas del expediente e informes derivados de la controversial investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), los dos minuciosos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y trabajos de periodistas como John Gibler.

La “minería de datos” (Data Mining): El texto en los informes mencionados anteriormente fue transformado en miles de unidades de información que fueron clasificadas de acuerdo con múltiples categorías, tiempos y lugares.

Cartografía: Forensic Architecture concibió la mencionada plataforma en la que se ubicaron las diferentes unidades de información en tiempo y lugar. Esta cartografía permite establecer claramente las relaciones entre múltiples piezas de evidencias, revelando diversas contradicciones entre diferentes declaraciones y mostrando el nivel de colusión entre diferentes actores que operaron en los lugares de los hechos.

Presentación: Los productos de este trabajo disponibles públicamente incluyen:

Un mapa interactivo sobre la imagen satelital de la ciudad de Iguala, que reconstruye los eventos por hora y lugar, teniendo una visión más amplia de las relaciones entre actores, acciones y comunicaciones de dos vías durante esta noche, tanto dentro de la ciudad como en las afueras de Iguala.
Modelos interactivos en 3D de tres de las escenas de crimen.
Una serie de videos que analizan temas y narraciones derivados de la investigación.
Una exhibición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) en la Ciudad de México, en la que esta investigación será presentada al público y donde la gente podrá conocer cómo usar esta plataforma.

Historias que han surgido de la plataforma

El proyecto provee un recuento minuto a minuto de esa noche y demuestra patrones espaciales entre personas y evidencias. Además, el análisis de los datos dio origen a varias narraciones:

La plataforma demuestra claramente el alcance geográfico de los ataques y el patrón de escalamiento. Esta reconstrucción demuestra que las diversas fuerzas presentes en la escena – las policías municipales de tres distintas localidades, estatal, ministerial, federal y el Ejército, así como integrantes de organizaciones criminales – actuaron en distintos niveles durante la noche: como autores u observadores de la violencia u obstruyendo la justicia.

La plataforma visualiza la coordinación, colusión y omisión relacionadas con el caso: un agente de una unidad de inteligencia militar presenció, por casi una hora, los ataques contra el grupo de estudiantes que posteriormente fue desaparecido de manera forzada, cerca del Palacio de Justicia en Iguala. Este agente de inteligencia militar tomó fotografías y videos del incidente, a la vez que reportó en tiempo real a sus superiores. El trabajo hecho por Forensic Architecture recrea la visión de campo del agente militar, demostrando que pudo presenciar los ataques y la posterior desaparición del grupo de estudiantes. Esta recreación también demuestra que él fue un testigo de la detención y acoso a los normalistas que llegaron a la escena en el autobús Estrella Roja 3278, también conocido como “el quinto autobús”.

Patrones en la destrucción de evidencia: Este mismo ataque cerca del Palacio de la Justicia fue capturado por las cámaras exteriores de seguridad del edifico. Sin embargo, los archivos de video fueron destruidos por el Poder Judicial de Guerrero, que argumentó dificultades técnicas y que las imágenes en ellos no eran de interés. Desafiando este argumento, Forensic Architecture reconstruyó el campo visual de las cámaras de seguridad y demostró que éstas habrían grabado los momentos en que los estudiantes del autobús Estrella de Oro 1531 fueron llevados vivos, antes de que fueran desaparecidos, así como la dirección en que la policía se los llevó.

Exhibición en la MUAC

Todo el material publicado el día de hoy estará disponible al público tanto en la plataforma en línea (www.plataforma-ayotzinapa.org) como en una exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC); como parte de una exposición más amplia del trabajo de Forensic Architecture, bajo la curaduría de Rosario Güiraldes. A partir de la inauguración, el sábado 9 de septiembre de 2017 (a las 13:00 horas), hasta su clausura, a principios de enero de 2018, el museo proveerá un espacio para acercar al público a la investigación y guiarlo en el uso de la plataforma. http://muac.unam.mx/expo-detalle-131-forensic-architecture.-hacia-una-estetica-investigativa

INFORMACIÓN ANEXA:

Visita la Plataforma Ayotzinapa: http://www.plataforma-ayotzinapa.org/

Descargar los videos de la plataforma: http://bit.ly/2gNypUN

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Ke Huelga Radio

104 mil 602 ejecutados con Peña Nieto- Ke Huelga Radio

Miércoles 6 de septiembre de 2017
Isaí Lara Bermúdez

El Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República llega teñido de sangre como ningún otro. Su gobierno terminará como uno de los más violentos e inseguros de la historia contemporánea de México. Con la extradición de “El Chapo” Guzmán, la atomización del Cártel de Sinaloa y la expansión del CJNG 2017 será el año con el mayor número de ejecuciones.

Uno de cada cuatro homicidios en México registrados en los últimos 27 años, se han cometido en la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sus números sangrientos, superan incluso a los de su antecesor Felipe Calderón, quien declaró la “guerra” contra el narcotráfico, despertando a miles de sicarios a las órdenes de los grupos criminales en el país.

Miles de familias desgarradas por el homicidio, huérfanos, esposas o madres, rostros y nombres borrados de los grandes números totales: 104 mil 602 homicidios dolosos registrados desde que el priista tomó protesta como Presidente de la República en diciembre de 2012 y hasta el 31 de julio del presente año.

Esta es la cifra más actual y más cercana en el abismo del narcotráfico y la violencia, en el de las desapariciones forzadas, en el de las narcofosas o la desintegración de cuerpos, en el mundo de pueblos alejados de todo, que no cuentan con registros de sus muertos.

Los asesinatos durante la era peñanietista representan el 25 por ciento del total de los homicidios con registro desde 1990 a 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La violencia reflejada en la privación de la vida explotó con Felipe Calderón. Sumando el número de asesinatos durante el gobierno panista (2006-2012) a los de la administración actual, representan el 49% de las 427 mil 698 víctimas de homicidio en los últimos 27 años, según las cifras obtenidas por el mismo Inegi. Uno de cada dos asesinatos ocurrió bajo el mandato de Calderón y Peña.

16 mil 152 muertos en el transcurso de 2017

Si la tendencia en ejecuciones continúa tal como ha sucedido en los primeros siete meses de 2017, romperá record en sangre derramada. Del primero de enero al 31 de julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alimentado por las fiscalías y las procuradurías de Justicia de los estados de la República, tiene registradas 16 mil 152 muertes violentas.

El número por sí mismo escalofriante cobra mayor nervio cuando se compara con el primer año en que Calderón abrió fuego contra los cárteles de las drogas. Es decir, los más de 16 mil homicidios en los primeros siete meses de 2017 son prácticamente el doble de los que el gobierno documentó en 2007 (8 mil 867).

Cada mes, en 2017, se han registrado entre 2 mil 100 muertes violentas (homicidios dolosos) y 2 mil 461. Algo así como 2 mil 300 ejecuciones en promedio mensual, 78 cada día, tres muertes por hora. Si ese promedio se sostiene, este año terminaría con una cifra récord: 27 mil 690 víctimas.

BC supera a Veracruz, Michoacán, Jalisco y Chihuahua

En lo que va del año, en Sinaloa, Chihuahua, un poco Guanajuato y sobre todo Baja California, se ha recrudecido la violencia, entidades que representan puntos estratégicos para el tráfico, producción y distribución de droga en el país.

Al cierre de 2016, los estados con mayor número de muertes violentas fueron:

Estado de México, 2 mil 256.
Guerrero, 2 mil 213.
Veracruz, mil 522.
Michoacán, mil 477.
Jalisco, mil 470.
Baja California, mil 258.
Sinaloa, mil 161.
Guanajuato, mil 110.
Ciudad de México, mil 035.
Oaxaca, mil 013.

En comparación a 2017, dichas entidades federativas han desplazado a otras sumamente conocidas por el nivel de presencia de grupos criminales y violencia. Por ejemplo, Guerrero superó al Estado de México, este último con más de 17 millones de habitantes.

Solo por debajo de Guerrero y Estado de México, se encuentra Baja California, donde prácticamente el 80% de los homicidios ocurren en Tijuana. Lo más grave es que en el top 3, el Estado de México es seis veces más grande poblacionalmente que Guerrero y Baja California, condensando un número mayor de asesinatos por cada 100 mil habitantes.

De enero a julio del2017, según el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, algunos estados han ganado terreno en la escala de muerte.

Con los datos actualizados hasta el 20 de agosto, así el reacomodo en el transcurso de 2017:

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Tasa de homicidios

Si se divide el número de homicidios cometidos en lo que va del año entre la población de cada Estado (según el Consejo Nacional de Población), estas serían las entidades más violentas. Resalta que el Estado de México, que generalmente encabeza el top, pierde espacios frente a otros lugares.

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Reacomodo de Cártel de Sinaloa, poderío del CJNG

Para el doctor David Shirk, investigador de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, la ola de violencia que registra México tiene que ver con una diversidad de factores como la pobreza y la falta de oportunidades sociales.

Sin embargo, aclara, no es lo definitivo, pues los cuadrantes de pobreza más severa en el país no coinciden con los lugares de mayor violencia. Por ello asegura que se trata por un lado del reacomodo criminal que ha dejado la captura del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y la atomización del mismo grupo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al mismo tiempo, el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son los motivos de las muertes que se han incrementado y diversificado a lo largo del país. “Tiene que ver con el reajuste del mundo criminal en el acaecer del reino del Cártel de Sinaloa”, describe.

En entrevista con ZETA, el también maestro en Relaciones Internaciones admite que “el crecimiento de CJNG efectivamente se consolidó durante los primeros años de Peña Nieto al lograr la eliminación más grande en cuanto a sus rivales como Los Zetas, Los (Caballeros) Templarios, es en esa época cuando hay un avance muy importante de Sinaloa”.

Shirk declara: “La primera captura que realizó el gobierno de Peña a ‘El Chapo’ no mermó su capacidad de operatividad, pues pudo escapar, estaba en una situación de poder a pesar de estar encarcelado, eso quiere decir que la época de mayor poder de Sinaloa fue en 2012 y 2013. Quitar del juego a ‘El Chapo’ -prosigue el profesor en Ciencias Políticas– es cuando empiezan la inestabilidad, el incremento de la violencia, fue a finales de 2015, particularmente después de moverlo a Chihuahua, la violencia siguió creciendo después de su extradición a Estados Unidos”.

Shirk es director del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego y cree que la violencia cesará cuando un cártel logre apoderarse en los territorios en disputa o que se logren alianzas para el cese al fuego, pues de eliminar la pobreza o el desempleo, la educación no se podrá llevar a cabo a lo largo de dos años, pero en ese periodo, sí se puede modificar radicalmente la dinámica entre los grupos de delincuencia organizada.

“Las olas de violencia han crecido y disminuido mucho más rápido que los cambios de política o administración pública, lo que quiere decir que a pesar de que a los políticos y policías les gusta adjudicarse los méritos por los cambios de disminución de violencia, como en 2012 y 2014, hay otros factores en los propios grupos criminales”, detalla.

Uno de los problemas más grandes es la impunidad, ya que “la autoridad no tiene tiempo ni capacidad para investigar y castigar los homicidios. Esto es muy problemático, pues si yo mato a alguien y nadie me castiga, lo haré otra vez”.

Es por eso que el margen para disminuir la violencia por parte del Estado es fortalecer las investigaciones y castigar a los homicidas.

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“Gobierno ataca síntomas, no causas”: Semáforo Delictivo

Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, el proyecto ciudadano quizá más ambicioso del país en cuanto a la revisión de cifras sobre inseguridad, “el gobierno ha estado atacando los síntomas sin atacar las causas, que es el mercado negro de las drogas”.

El fundador de Semáforo Delictivo define que las muertes violentas no responden tanto “al mercado de exportación de las drogas” sino al narcomenudeo, pues “el mercado de exportación a veces es violento, pero tiende a resolverse porque es más inteligente y corruptor, la violencia es un costo”.

En contraparte, explica, la venta de drogas al menudeo “tiene que proteger toda una plaza, toda una ciudad o todo un Estado, todo un territorio, generalmente son jóvenes en riesgo reclutados, el ladronzuelo de la colonia en un inicio, no es una organización muy sofisticada, entonces tiene que defender sus territorios con mucha violencia, tienen menos fondos, tienen armas y van colapsando a la autoridad. Ésta es la primera causa de violencia en México.

“Es una competencia de mafias por el territorio. Cuando tienes una sola mafia que controla un mercado de droga, la región suele estar tranquila. Cuando tienes competencia, se provoca mucha violencia. El problema es que el propio gobierno mexicano ha estado creando esta violencia al atomizar los cárteles, crea más competencia y guerra entre ellos”, remata.

Además, no se puede definir a los grupos criminales sin la complicidad de los gobiernos en turno: “Hay una recomposición en gobierno y obviamente, hay una recomposición en los grupos delictivos, sus alianzas, sus contactos dentro del gobierno. La turbulencia electoral crea turbulencia en el crimen organizado también”.

Para resolverlo, Roel sugiere: “Es muy sencillo y es regulación de drogas. Arrebatarle el negocio, arrebatarle el mercado a las mafias, les quitas el poder económico, bélico y social con el cual reclutan a jóvenes, familias, autoridades, policías. La regulación no implica promover drogas. Promover drogas es lo que ha estado sucediendo en la actualidad, las mafias promueven drogas peligrosas con toda libertad en todo el país”.

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Y agrega: “Todos los intentos institucionales que se puedan o quieran hacer con respecto a reducir violencia o corrupción, no van a funcionar si primero no le quitas el dinero a estas mafias”.

Roel sabe que ni un solo partido político ha subido a su agenda el tema. Y menos ahora que el proceso electoral 2018 está en puerta: “Primero la presión de la DEA, CIA y otras agencias de Estados Unidos en México, a quienes no les interesa que México regule porque si lo hace, ahí se les acaba la piñata, les encanta golpear ante su fracaso en su política de drogas”.

La otra razón es que “hay políticos involucrados en el narco. Ningún narcopolítico va a estar de acuerdo en la regulación de las drogas, se estarían dando un balazo en el pie”. Y por último, “la falta de entendimiento por parte de la sociedad que sigue confundiendo regulación con promoción de drogas y es justo lo contrario. Actualmente es así, consigues droga donde sea”.

Cifras maquilladas

Jimena David es investigadora del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, basó una de sus más recientes investigaciones en torno a cómo se maquillan las cifras de homicidios dolosos al reclasificarlos como homicidios culposos.

“Idealmente estas dos categorías no deberían tener ninguna relación porque uno se refiere a hechos accidentales (culposos) y otro a hechos intencionales (dolosos), por lo que se tendrían que mover de manera completamente distinta”, asegura en entrevista con ZETA

Sin embargo, cuando Jimena y dos de sus compañeros investigadores del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa estudiaron el comportamiento de las incidencias de estos dos delitos, “encontramos relaciones muy significativas y raras que no deberían existir. No podemos saber con seguridad si están manipulando la cifra, pero los datos se comportan de una manera atípica, así que probablemente haya un problema”, anota.

La investigadora señala que estas reclasificaciones se pueden realizar en las correcciones que cada procuraduría envía al Secretariado: “A veces se pueden restar o sumar homicidios posteriormente cuando, por ejemplo, se dieron veinte homicidios dolosos y se le restan dos, uno por causas naturales y otro accidental. Hay varios momentos en que puede ocurrir esto, ya sea por decisión o por errores”.

Respecto a la confiabilidad de estas bases de datos, David considera: “Tanto las estrategias estatales como la nacional, se construyen con información defectuosa”.

Según lo que la investigadora ha recolectado en sus investigaciones, “algunos ministerios públicos están capturando datos a mano en papeles o no tienen servicio de electricidad, esto frena las capacidades de las autoridades para recabar correctamente los datos y hacer el mejor uso de ellos”.

Una de las formas que propone para mejorar las bases de datos respecto a los homicidios en el país, es que los ministerios públicos formen una imagen más completa de las modalidades de este delito, más allá de los datos que tradicionalmente se clasifican como tipo de homicidio, de arma y ubicación, así como la de un organismo de vigilancia.

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¿Dónde están? NotiFrayba

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Medios libres, comunitarios, autónomos, independientes

Prensa nacional e internacional

Sociedad civil

La desaparición forzada de más de 30 mil personas es un hecho que indigna y duele. Más de la mitad de las desapariciones han ocurrido durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

El Informe: México Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, denunció ante la Corte Penal Internacional, el pasado 5 de julio, que los casos de desaparición forzada en el país siguen impunes, pues hasta el 31 de diciembre de 2014, sólo se habían emitido 6 sentencias en el ámbito federal por desapariciones forzadas.

Escuchar NotiFrayba:

http://bit.ly/2wCxxYL

 

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Radio Zapatista

María Herrera en acto de Memoria a 9 años de la desaparición de sus 4 hijos .

María Herrera acompañada por familiares y amigos llevo a cabo en la estela de Paz un “Acto de Memoria” para recordar  a sus 4 hijos desaparecidos.

En agosto de 2008, dos de los siete hijos de María Elena Herrera: Raúl, de 23 años y Salvador de 27, desaparecen  camino  a su casa en  Pajacuarán Michoacán tras regresar de un viaje de trabajo;  dos años después, en Septiembre del 2010 , Gustavo de 28 años y Luis Armando de 25, también son desaparecidos en los límites de  Puebla y Veracruz.

A 9 años de la desaparición de sus dos primeros hijos ,  María Herrera exige a Peña Nieto una respuesta y le envía un mensaje :

“ Peña Nieto,  no es justo lo que estamos viviendo … No es justo lo que nos estás haciendo… Sí ya se agotaron todos los recursos que yo podría agotar para buscar a mis hijos, que se dé por vencido y me diga  ¡¡que no pudo…que no podrá!! , para poder pasarme a instancias internacionales  y pedir está  ayuda que necesito,  para que me ayuden a buscar a mis hijos…”

CDMX  28 /8/2017

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Madre de Lesvy Rivera frente a rectoría de Ciudad Universitaria “CU”.

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Bloque de Organizaciones Sociales Anticapitalistas

Bloque de Organizaciones Sociales Anticapitalista toma la sede de Derechos Humanos en Oaxaca

A los medios de comunicación honestos
A las organizaciones de derechos humanos
A los pueblos y comunidades oaxaqueñas

A siete meses del arribo de la actual administración a la gubernatura del estado, las mujeres, hombres, muchachos y niños de las organizaciones que integramos el Bloque Anticapitalista: Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” *(CIPO-RFM)* Frente de Izquierda Revolucionaria *(FIR)*, Unión de Pueblos Originarios *(UPO)*, Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades *(UCIDEBACC)*, y la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha *(UACOL)*, hemos tenido que dejar nuestra casa, nuestro pueblo porque la justicia no ha llegado para nosotros, no hay solución a las demandas que desde el primer día planteamos a este gobierno encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, bajo la indiferencia y falsa protección de los derechos humanos por parte de la DDHPO que encabeza Arturo Peimbert Calvo, Ombudsman de nuestro estado.

En este sentido, señalamos que en el discurso oficial se ha resaltado la disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, por lo que en un acto de buena fe y credibilidad nuestras organizaciones han esperado se resuelvan los casos con justicia, sin embargo nos encontramos que las distintas mesas de dialogo a que fuimos convocados, han sido simples medidas de contención y dilación mientras continua la violación de nuestros derechos como pueblos.

En el caso del compañero abogado defensor de Derechos Humanos, Librado Baños Rodríguezse ha hecho caso omiso de su grave deterioro de salud, y a pesar de la opinión A/HRC/WGAD/2015/19 del Grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU que pide su libertad inmediata y atención médica especializada, se sigue padeciendo la indolencia del gobierno estatal y federal que hasta el día de hoy amenazan con suspender la atención medica al compañero y su reingreso a un centro penitenciario, no importando que eso pueda significar un desenlace fatal debido a su complicado estado de salud.

Con respecto al caso del compañero indígena y defensor ecologista Pablo López Alavés que desde hace dos años se ha incumplido la recomendación11/2015 del expedienteDDHPO/1651/(06)/OAX/2014 y que recientemente se fortalece con la opinión 23/2017, emitida por el Grupo De Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU, quienes hacen notoria la intencionalidad por parte de los tribunales estatales para que Pablo no sea puesto en libertad a pesar de las graves violaciones a sus derechos humanos ya plenamente documentadas en su caso.

Estos dos casos ampliamente documentados, ejemplifican las graves violaciones a los derechos humanos y como hasta el día de hoy la criminalización de la lucha social se mantiene como una política de estado plenamente vigente en Oaxaca. Más allá de los discursos donde se repite hasta el cansancio que se trabajará para solucionar las graves problemáticas por administraciones anteriores, la triste realidad es que esas palabras se pierden en la maraña de escritorios de funcionarios que no solo actúan burocráticamente, en un sentido contrario a la palabra del gobernador, sino que abiertamente boicotean cualquier salida posible y agravan aún más el estado de las cosas actuando con soberbia, arrogancia y despotismo.

Para resumir, nada ha cambiado, y peor aún, parece que solo quisieron ganar tiempo para apoderarse de los cargos que les permitan seguir en el saqueo y la represión a nuestros pueblos.

Por esto, hoy los niños, jóvenes, mujeres y hombres hemos caminado bajo la lluvia desde nuestras comunidades olvidadas para ocupar esta oficina en donde despachan los que se dicen defender los derechos de los pueblos de Oaxaca, pero que su actuar es complaciente con los funcionarios violadores de nuestros derechos y omiten sus recomendaciones por eso declaramos que permaneceremos aquí hasta que el “defensor” Arturo Peimbert, que se pasea por las oficinas de WASHINTON dando discursos sobre como defiende los derechos en nuestro estado se digne a venir y dar respuestas concretas a nuestras demandas de justicia.

Exigimos que el gobierno de solución inmediata a estos problemas que solo contribuyen a crear más inestabilidad y zozobra a nuestros pueblos. Exigimos que abandone la ruta de criminal displicencia, así como un alto a su intento de seguir engañando con mesas infinitas que no solucionan nada.

Por el Bloque de Organizaciones Sociales Anticapitalista:
CIPO-RFM. FIR. UPO. UCCIDEBAC. UACOL.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 10 de Julio de 2017

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Espoir Chiapas

¡Alerta! Atentan contra Bertha Zuniga y miembros de la coordinación del COPINH.

En horas de la tarde a las 2:36 pm la compañera Bertha Zúniga en su camino de vuelta de la comunidad de Cancire del Municipio de Santiago Puringla en el departamento de La Paz, acompañada de los miembros de la coordinación general del COPINH Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron atacados por 4 hombres en dos ocasiones.

En la primera, 3 hombres armados con machetes, apostados al lado de un carro Toyota Tacoma Negro de placas PCH 1886, atravesados en el camino de la comunidad de Cancire a San Antonio, amenazaron a las personas que estaban dentro del carro del COPINH ondeando los machetes en posición de ataque. Gracias a la habilidad del conductor no pudieron detener ni machetear el carro, sin embargo, el cuarto hombre, conductor del carro Tacoma arrojó una piedra que golpeó la parte de arriba de la ventana del conductor de COPINH.

En la segunda ocasión el mismo carro, solamente con el conductor, dio persecución por el mismo camino al carro de COPINH rebasando de manera peligrosa, queriendo chocar al carro donde se transportaba la coordinadora general del COPINH y y arrojarlo al abismo. Luego de esto el carro negro se puso en frente del carro de COPINH, intentando frenarlo durante 10 minutos. Afortunadamente el conductor de COPINH pudo tomar un desvío, ir por otro camino y evitar mayores incidentes.

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Inmigrante hondureño continúa en detención prolongada e injusta

Manifestamos nuestra preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández, inmigrante de origen hondureño en Chiapas.

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Escucha las grabaciones de la conferencia de prensa realizada en el FrayBa:

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifiesta su preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández (Roberto Carlos), inmigrante de origen hondureño.

Roberto Carlos, es sobreviviente de tortura, fue detenido el 22 de mayo de 2013 y cuatro días después es encarcelado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado No. 13 (CERSS No. 13), en Tonalá, Chiapas, acusado de extorsión.

Peritos independientes realizaron valoraciones médicas y psicológicas con base en el Protocolo de Estambul teniendo como resultado que Roberto Carlos sufre de consecuencias físicas y psicológicas debido a hechos de tortura y/o tratos crueles e inhumanos durante su detención. A pesar de la denuncia de tortura ante el ministerio público, las violaciones al debido proceso durante el juicio y la falta de asistencia consular fue sentenciado en primer instancia a 7 años, dicha sentencia fue reducida a 5 años y 3 días en apelación. Desde el CERSS No. 13 ha denunciado su detención arbitraria, la tortura a la que sobrevivió, así como las violaciones a los derechos humanos que ha sido víctima dentro de la prisión.

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Frayba

Allanamiento y robo de información a la defensora Alejandra Padilla

Hostigamiento y vigilancia a personas integrantes del CNI y CIDECI-Unitierra

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por el robo y allanamiento al domicilio de Alejandra Padilla García (Alejandra) defensora de derechos humanos, integrante del espacio de lucha Semilla Digna el cual forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), además de ser colaboradora del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas – Unitierra Chiapas (CIDECI – Unitierra Chiapas). Hechos ocurridos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el día 28 de mayo de 2017.

Según información documentada, la puerta de la casa de Alejandra fue encontrada abierta, así como la de su habitación, de ésta sustrajeron una computadora portátil con información importante sobre el trabajo que ella realiza acompañando procesos organizativos en comunidades de Chiapas y de otros estados de la república.

El allanamiento y robo ocurrieron cuando Alejandra se encontraba en el CIDECI – Unitierra Chiapas, y mientras se llevaba a cabo la Asamblea General del CNI para la conformación del Concejo Indígena de Gobierno y la elección de su vocera.

Cabe resaltar que en el domicilio se encontraban otras computadoras, dinero a la vista y otros artículos de valor que no fueron robados. Los perpetradores de este hecho se enfocaron en llevarse solamente la computadora personal de la defensora.

El trabajo de Alejandra se ha caracterizado por la defensa de derechos humanos en comunidades indígenas y campesinas, realizando acciones organizativas, de análisis y derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, especialmente acompañando los trabajos del CNI.

Es importante mencionar que durante los últimos tres meses, Alejandra  y otras personas integrantes del CNI y del equipo de apoyo de CIDECI – Unitierra Chiapas han sido objeto de vigilancia y de seguimiento por varios y diferentes individuos a bordo de vehículos sospechosos.

El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, con el lema “Nunca más un México sin nosotros”, planteándose ser la casa de todos los pueblos indígenas de México, un espacio en donde los pueblos originarios se encuentran para fortalecer sus luchas de resistencia, con sus propias formas de organización, de representación y toma de decisiones. El CNI lucha por construir y defender la autonomía de los pueblos indígenas, a decidir sobre sus territorios, de organizarse colectivamente y construir su propio futuro.

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Frayba

Violencia contra las mujeres por crisis de salud en Chiapas

Fuente: Frayba Comunicación

El día de hoy cientos de mujeres de distintas comunidades, ciudades, colectivos y organizaciones marchamos en Tuxtla Gutiérrez para dar testimonio del costo humano y social que generan las autoridades estatales al profundizar la crisis en el sistema de salud que afecta a miles de personas que acudimos a los servicios de sanidad pública para ser atendidas por una emergencia hospitalaria, consulta general o diagnostico preventivo.

Cientos de historias que dan cuenta de la falta de medicamentos, equipos, materiales de curación y personal de salud en las distintas casas de salud, clínicas médicas y unidades hospitalarias en el medio rural y urbano. Aunado a ello, se suman las dificultades que atravesamos por la situación de pobreza generalizada, las distancias de los centros de salud, el encarecimiento de los medicamentos y los altos costos de tratamientos de enfermedades como el cáncer de mama y cervicouterino, la diabetes mellitus por mencionar algunas que dejan cada año un alto índice de muerte en la población en general.

En Chiapas tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país, el riesgo de morir antes de un año de vida es mayor entre las niñas y niños que habitan en los municipios y regiones indígenas, sus causales están asociadas a la falta de acceso a servicios de salud debido a las condiciones de marginación, pobreza y rezago educativo que enfrentan los más de 2 millones de niñas y niños en la entidad.

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