Genocidio
Avanza juicio por genocidio contra indígenas en Guatemala durante conflicto armado interno
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Sobrevivientes del conflicto armado interno se reúnen frente a la Corte Suprema, antes de una audiencia en el juicio por genocidio Ixil, en Ciudad de Guatemala, marzo de 2024. Foto: Cristina Chiquin
En Guatemala se realizan las audiencias en el juicio por genocidio contra Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor y quien se desempeñara como general del Ejército del país centroamericano entre los años de 1978 y 1982.
Es durante ese periodo que organizaciones sociales e indígenas señalan fueron cometidos crímenes de lesa humanidad contra la población campesina e indígena, en el marco del conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 a 1996.
Acorde al informe Guatemala Nunca más, coordinado por la iglesia católica en 1998, sólo en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el departamento de El Quiché y donde radican comunidades mayas ixiles, el número de víctimas por la contrainsurgencia militar es de 12,400 personas.
De acuerdo a la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés) solo en la época del gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, la política de genocidio saldó con más de 1,700 víctimas de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región maya ixil.

Por estas acusaciones, además de Lucas García, de 91 años, también se juzgará a Manuel Antonio Callejas y Callejas, quien se desempeñara como jefe de inteligencia militar y a quien se le juzgará en otro proceso debido a que argumentó demencia. Los dos acusados ya fueron condenados en el año 2018, acusados por violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, así como por la desaparición forzada de su hermano, acontecida en 1981.
A pesar de que se anunció el inicio de las audiencias desde enero de este año, fue hasta el mes de abril que comenzaron las presentaciones de las pruebas y testimonios. Tras el anuncio de la separación de los juicios, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), organización que representa a las víctimas, declaró que, hasta el momento, han muerto 40 ancianos y mujeres “sin ver la justicia y frente a un Estado que sigue negando nuestra memoria del genocidio”.
El juicio
El juicio por genocidio contra la población Ixil es realizado por el Tribunal de Mayor Riesgo y prevé la participación de 125 testigos, entre ellos 30 mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se contempla la presentación de 160 peritajes presentados por 80 peritos de los cuales 14 son expertos internacionales.

Mediante conferencia de prensa, al anunciar el inicio de las audiencias programadas para marzo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala señaló que entre las pruebas se presentarán, además de los testimonios de víctimas, documentos militares, algunos de ellos desclasificados por parte del Departamento de Estado de los EEUU con los cuales respaldan las acusaciones contra Lucas García.

Cabe destacar que, si bien desde el año 2000 la AJR presentó la denuncia penal, fue hasta los años 2018 y 2019 que el caso fue judicializado con el proceso penal contra tres miembros de la cúpula militar, durante el gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 a 1982. Así, fue hasta el año 2020 cuando el poder judicial guatemalteco aceptó las acusaciones contra Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y César Octavio Noguera Argueta, este último fallecido el 21 de noviembre de ese año.
Genocidio, nunca más
Acorde a la AJR, cuando Lucas García dirigía el Ejército en los años 1981 y 1982 – durante el gobierno de su hermano, el presidente Romeo Lucas García – fue el responsable de ordenar más de 30 masacres, así como de la destrucción de 23 aldeas en la región maya ixil.
Por su parte, la defensa del general retirado ha negado los cargos y, acorde a medios internacionales, han solicitado al tribunal la sentencia absolutoria con libertad inmediata.
El actual juicio se suma a los previos procesos penales que han investigado los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Acorde a Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina em Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el Ejército de ese país cometió una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, encabezado por el general fallecido Efraín Ríos Montt.
Montt fue delcarado culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil, en el norte de Guatemala, en el año 2013, aunque posteriormente la Corte de Constitucionalidad anuló la condena de 80 años de prisión.

A su vez, en el año 2018 un tribunal determinó por unanimidad que el Ejército guatemalteco cometió genocidio contra comunidades maya ixil. Sin embargo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar y miembro del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, quien fuera juzgado en ese proceso fue absuelto de todos los cargos.
Las audiencias en el juicio deben ser finalizadas en el mes de junio, por lo que desde su inicio, en marzo, organizaciones como la AJR han realizado un llamado de solidaridad, nacional e internacional para respaldar a las víctimas y sobrevivientes y así garantizar un proceso justo que evite la impunidad.
Que arresten a los líderes de Israel por crímenes de guerra
Fuente: CTXT.es
Por Gideon Levy
Todo israelí decente debe hacerse las siguientes preguntas: ¿está su país cometiendo crímenes de guerra en Gaza? Si es así, ¿cómo deberían detenerse?, ¿cómo debe castigarse a los culpables?, ¿quién puede castigarlos?, ¿es razonable que no se persigan los delitos y se exculpe a los criminales?
Por supuesto, se puede responder negativamente a la primera pregunta –Israel no está cometiendo ningún crimen de guerra en Gaza–, con lo que el resto de las preguntas resultan superfluas.
Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede responder negativamente a dicha pregunta ante los hechos y la situación en Gaza: unas 35.000 personas muertas y otras 10.000 desaparecidas, alrededor de dos tercios de ellas civiles inocentes, según las Fuerzas de Defensa de Israel; entre los muertos hay aproximadamente 13.000 niños, casi 400 personas que pertenecían al personal sanitario y más de 200 periodistas; el 70 % de las viviendas han sido destruidas o dañadas; el 30 % de los niños sufre desnutrición severa; dos personas de cada 10.000 mueren cada día de hambre y enfermedades. (Todas las cifras proceden de Naciones Unidas y organizaciones internacionales).
¿Es posible que estas espantosas cifras se hayan originado sin que se hayan cometido crímenes de guerra? Hay guerras cuya causa es justa y cuyos medios son criminales; la justicia de la guerra no justifica sus crímenes. No es posible que la matanza y la destrucción, el hambre y los desplazamientos a esta escala hayan ocurrido sin cometer crímenes de guerra. Hay individuos responsables de estos y deben ser llevados ante la justicia.
La hasbará israelí, o diplomacia pública, no intenta negar la realidad de Gaza. Se limita a alegar antisemitismo: ¿por qué se meten con nosotros?, ¿qué pasa con Sudán y Yemen? La lógica no se sostiene: un conductor al que paran por exceso de velocidad no se libra argumentando que no es el único. Los crímenes y los criminales permanecen. Israel nunca procesará a nadie por estos delitos. Nunca lo ha hecho, ni por sus guerras ni por su ocupación. Un buen día enjuiciará a un soldado por robar la tarjeta de crédito de un palestino.
Sin embargo, el sentido humano de la justicia desea ver a los criminales ante los tribunales y evitar que cometan crímenes en el futuro. Según esta lógica, solo podemos esperar que el Tribunal Penal Internacional de La Haya haga su trabajo.
Todos los patriotas israelíes y todos los que se preocupan por el bien del Estado deberían desearlo. Solo así cambiará la norma moral de Israel, según la cual se le permite todo. No es fácil desear la detención de los jefes de tu Estado y de tu ejército, y aún más difícil es admitirlo públicamente, ¿pero hay alguna otra forma de detenerlos?
La matanza y la destrucción en Gaza han sobrepasado a Israel. Es la peor catástrofe a la que se ha enfrentado el Estado. Alguien ha llevado al país hasta allí –y no, no ha sido el antisemitismo, sino sus líderes y oficiales del ejército–. Si no hubiera sido por ellos, después del 7 de octubre no habría pasado tan rápidamente de ser un país querido que inspiraba compasión a convertirse en un Estado paria.
Alguien debe ser juzgado por todo esto. Del mismo modo que muchos israelíes desean que Benjamin Netanyahu sea castigado por la corrupción de la que se le acusa, también deberían desear que él y los artífices subordinados a él sean castigados por crímenes mucho más graves, los crímenes de Gaza.
No se puede permitir que queden impunes. Tampoco es posible culpar únicamente a Hamás, aunque haya participado en los crímenes. Somos nosotros los que matamos, llevamos la hambruna, desplazamos y destruimos a una escala tan masiva. Alguien debe responder ante la justicia por ello. Netanyahu es el máximo responsable, por supuesto. La imagen de su encarcelamiento en La Haya junto con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las FDI es el material de las pesadillas de todo israelí. Y, no obstante, probablemente esté justificado.
Sin embargo, es muy poco probable que ocurra. La presión que Israel y Estados Unidos están ejerciendo sobre el tribunal es enorme (y equivocada). Pero la táctica del miedo puede ser importante. Si los funcionarios realmente se abstienen de viajar al extranjero en los próximos años, si realmente viven con miedo por lo que pueda venir, podemos estar seguros de que en la próxima guerra se lo pensarán dos veces antes de enviar a los militares a campañas de muerte y destrucción de proporciones tan demenciales. Al menos podemos hallar un poco de consuelo en eso.
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Este artículo se publicó el 5 de mayo en Haaretz.
Traducción de Paloma Farré.



