Latinoamérica
Ecocidio en Perú por vertido de petroleo de Repsol en costas de Lima
Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú pedimos acciones inmediatas a Repsol y al Estado español en cumplimiento de principios rectores de Empresas y DDHH
– Lima, a 20 de enero de 2022 –
Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú, plataforma que agrupa a 17 organizaciones que desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en el Perú, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma ante el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, responsabilidad de la empresa española Repsol, y su refinería en el distrito de Ventanilla: La Pampilla. Saludamos el comunicado de la Embajada de España en Perú solicitando acciones de reparación y las investigaciones correspondientes y, por todo ello, pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dentro de él a la Embajada española y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, además de a la Cámara de Comercio que hagan todas las acciones posibles para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU) que el propio Estado español ha suscrito con la aprobación del Plan de Acción Nacional de Empresas y DD.HH. en 2017 y el cual establece, entre otros “el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo”. La actuación de Repsol previa y posterior al desastre ecológico generado por el vertido de varios miles de barriles de petróleo, que ha derivado en la contaminación de litoral peruano, los cuales abarcan áreas naturales del país e importantes núcleos de población, podría constituir un delito ambiental que debe ser oportunamente investigado; y muestra la falta del cumplimiento por su parte del principio de debida diligencia que busca evitar la violación de los derechos de terceros y hacer frente a los impactos adversos de su actividad. Por todo ello, exigimos se tomen las medidas efectivas para cumplir los principios de “proteger, respetar y remediar”, que descansan, como es de su conocimiento, en tres pilares fundamentales:
- la obligación del Estado de proteger frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;
- la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y
- la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de remedio efectivas, judiciales y no judiciales.
En base a ello, pedimos al Estado español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Perú y la Agencia Española de Cooperación que en cumplimiento del principio rector 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”, insten a tomar todas las medidas necesarias a Repsol para reparar el ecocidio generado en las costas peruanas, remediar a la población aledaña impactada y afectada en sus medios de subsistencia y los ecosistemas circundantes, así como la urgente adecuación de los procesos de la Refinería La Pampilla a estándares medioambientales internacionales que pongan fin a daños ambientales que durante décadas llevan generando en su zona de intervención. Asimismo, instamos a la Cámara de Comercio a pronunciarse de manera crítica sobre esta situación y a reforzar sus compromisos para que todos sus miembros trabajen para respetar, proteger y remediar cualquier posible impacto en materia ambiental, laboral y de DD.HH. de sus actuaciones en el país. Adicionalmente, hacemos un llamado a poner la atención y prevenir todo tipo de impactos en la selva del país – zona que ha sufrido 566 derrames desde 1997 y donde la citada empresa también tiene operaciones- debido a la corrosión de ductos y fallas operativas causadas por terceros, que no han sido remediados ni indemnizados a la población afectada. Más allá de cualquier actividad de lucro, en un contexto de crisis climática como el actual, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos en materia de desarrollo (ODS), empresas y DD.HH. y lucha contra el cambio climático, así como caminar hacia un modelo de transición social y energética que abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y se base en el uso de las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales. Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada seguiremos desarrollando nuestra labor de vigilancia sobre la situación acontecida, e instando a la aprobación de un Tratado jurídicamente Vinculante en el marco de la ONU para regular, en el derecho internacional, las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales, así como la Ley de debida diligencia en la UE que obliguen a las empresas a respetar los DD.HH. y a reparar los daños de sus acciones.
Foro de ONGDs Españolas
Fotografía de portada de Adan Calatayud del mar de Santa Rosa 21/01/2022
Pruebas demuestran violencia sexual contra mujeres Achi como táctica de guerra en Guatemala
Por Ñaní Pinto
En portada: Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria
“Se ha evidenciado como Guatemala implementó desde su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, afirmó Lucía Xiloj, abogada de 28 víctimas de violaciones en el conflicto armado interno (1960 y 1996), durante el transcurso de la segunda semana del juicio histórico que se realiza en el país centroamericano.
Este lunes (17) arranca la tercera semana de audiencias para juzgar a cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes son señalados por delitos de lesa humanidad como violencia y esclavitud sexual contra 36 mujeres originarias de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, durante los años de 1980 a 1985.
“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, relató la abogada Xiloj, integrante del Bufete Jurídico Popular de Rabinal para medios internacionales mientras se desarrollaban las audiencias.
De acuerdo a la litigante, el proceso ya avanzó con la muestra de un total de 20 pruebas periciales, por lo cual esta semana continuarán las declaraciones testimoniales. “Mas o menos nos vamos a llevar como dos semanas más para diligenciar todas las pruebas”, contextualizó Xiloj para entrevista con el medio Ruda GT.
40 años sin justicia
La abogada Xiloj hizo un recuento del proceso para que actualmente se juzgue a los ex patrulleros. Fue en el año de 2011 cuando 11 de las mujeres presentaron una denuncia por los hechos de violencia que sufrieron, a la cual se sumaron más víctimas hasta llegar a 36 casos. Las mujeres tenían entre 12 y 56 años, al momento de las agresiones y cuatro de ellas eran menores de edad.
Entre los testimonios escuchados durante las pasadas audiencias se encuentran los de las hermanas Margarita Alvarado Enríquez y Marcela Alvarado Enríquez, quienes señalan a Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado de violarlas. Por su parte, Pedrina de Paz señala a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino ex patrulleros acusados en este juicio, de violarla y provocarle daños permanentes. Francisco Cuxum Alvarado es el quinto acusado.
Estos actos criminales ocurrieron durante los primeros años de la década de los ochentas, por medio de la doctrina de “tierra arrasada”, aplicada bajo el régimen de Ríos Montt, mediante la cual el dictador se ensañó contra las comunidades rurales e indígenas a quienes acusaba de colaborar con los grupos guerrilleros. Para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado.
Por ello, y a pesar de 40 años de espera, las mujeres maya Achi viajan más de 100 kilómetros para asistir a las audiencias que construyen el juicio contra algunos de los autores materiales de estos crímenes.
“Sí ha habido un avance importante para empezar a acreditar esta situación, este contexto que es muy importante en caso de justicia transicional, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, al escuchar a las voces de las propias víctimas se va a terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el presente proceso”, remarcó la abogada Xiloj.
Por su parte, la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la prescripción de delitos y el deslinde del Estado de Guatemala del caso pues, según su argumentación, los acusados nunca fungieron como funcionarios públicos ni como miembros de ninguna institución de gobierno.
Como respuesta, la jueza Jazmín Barrios declaró sin fundamento la primera petición ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a derechos humanos no prescriben, mientras argumentó que, ante la segunda petición, se resolverá al dictar sentencia en el momento de concluir el debate oral y público.
Violencia contra los cuerpos
En la audiencia del 7 de enero, la primera en declarar ante el tribunal fue Aura Estela Cumez, antropóloga enfocada en el tema de género, quien presentó un peritaje sobre violencia sexual. Ella afirmó que su investigación muestra que los hechos cometidos contra las mujeres maya Achi tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.
“Durante el Conflicto Armado Interno, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno”, detalló Cumez, para quien esta forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi evidencia una planificación militar.
A su vez, el doctor Cristian Ruiz presentó un dictamen médico tras evaluar a 31 víctimas de la violencia y, por su parte, el antropólogo José Angel Zapeta enfatizó el dolor de las mujeres tras lo sucedido.
Violencia contra el territorio
Fue durante esa misma audiencia que la doctora Irma Alicia Nimatuj presentó un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.
Dentro de los hallazgos de Nimatuj, la doctora enfatizó cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados: profanación, violencia sexual irracional, explotación sexual y violencia sexual verbal.
Nimatuj también destacó que la represión contra las mujeres Achi se originó desde la construcción de la represa en el río Chixoy. En orden para consolidar este proyecto hidroeléctrico, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron violentamente desplazadas comunidades mayas Achi.
Aunado a ello, 440 indígenas Achi fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes.
“Allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas (…). En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente”, afirmó Nimatuj.
Para la doctora Nimatuj, la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres Achi, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.
Testimonios
En la audiencia del jueves (13), Arsenio García explicó el “análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos” mediante el cual concluyó que los testimonios de 33 mujeres Achi son creíbles, congruentes, tienen concordancia y coherencia.
“Los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual, uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de comunidad, quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales, violencia y esclavitud sexual de los victimarios”, señaló García.
“Llevamos 40 años esperando justicia, antes nos daba vergüenza hablar de lo que nos hicieron, pero hoy estamos contentas porque ya estamos en audiencia, esperamos que ahora si nos hagan justicia”, declaró Antonia Valey, otra de las víctimas que espera justicia en los tribunales de Guatemala.
Con información de Ruda GT, Prensa Comunitaria y Prensa Libre
