Samir: A 20 meses de tu asesinato los pueblos seguimos luchando para heredar vida
* Convocamos a la campaña de difusión «El PIM no es desarrollo es despojo y destrucción»
Samir:
El pasado domingo en las asambleas de Moyotepec y Tenextepango ganó la razón y la defensa del agua, de la vida, 2 de los ejidos con mayor producción agrícola y mayor dotación de agua decidieron por unanimidad no retirar los amparos contra el acueducto. Ese acueducto que fuiste a medir cuando se estaba instalando, por el que detuvieron a Jaime, lo desaparecieron por unas horas y lo torturaron, el acueducto que se impidió su construcción tras de una fuerte represión y enfrentamiento el 30 de agosto de 2016. El acueducto que tiene parado todo el Proyecto Integral Morelos, la última trinchera de la construcción, mas no de la resistencia.
Te hubiera dado gusto Samir estar en esas asambleas, la gente no se dejó intimidar, ni engañar, la dignidad y la sangre campesina y zapatista salió a relucir ante los intentos de convencimiento que hicieron Rogelio Plascencia, Presidente de Asurco y Martín Ortíz, presidente del ejido de Tenextepango. No me imagino con que cara estas personas querrán seguir yendo a los demás ejidos a convencerlos de que “ya todos están de acuerdo”, “que ellos ya se informaron que la termo no hace daño y que habrá más agua, dinero y obras”, “que ellos no se venden, solo recapacitan”. No sé si les crean los demás ejidos, si ni en sus mismos ejidos lograron convencer a su gente, ni a sus familias y muchos los consideran traidores a la defensa del agua.
Otros ejidos que también han dicho que NO a que se lleven el agua para la termo, son los ejidos de Villa de Ayala, San Vicente las Piedras, Salitre y Ahuehueyo. Solo en Anenecuilco, Cuauhuixtla y La Heredia, en pequeñas asambleas, con familias acarreadas por el Comisariado, como en Anenecuilco, han dicho que si, pero son asambleas atípicas e informales. También están los ejidos de Abelardo L. Rodriguez, Lorenzo Vázquez, Los Hornos, Huitchila, Pizotlán, Zacapalco, El Vergel y Chinameca, cuyos primeros tres mantienen sus amparos y los otros 5 se han comenzado a amparar. Donde quiera que escuchas a los ejidatarios dicen que defenderán el agua con la vida.
Desde arriba de Zacatepec hasta Huexca, pasando por Atlixco y Amilcingo, seguimos firmes contra la termo y el gasoducto también con amparos y suspensiones. Dispuestos a defendernos contra el ataque que implica la imposición del PIM a la fuerza. Si tu diste la vida por nosotras y nosotros, por nuestras hijas e hijos, por los que vienen y los que vendrán, porqué nosotros nos vamos a quedar callados o sin hacer nada. ¡Aquí seguimos y aquí seguiremos!
También las compañeras y compañeros del EZLN nos invitaron a llevar tu voz y tu corazón, junto con el de ellas, al continente europeo, de donde son las empresas que construyeron y se benefician de este megaproyecto, a buscar y hablar con los que, como tú, como nosotr@s luchamos por heredar vida a la humanidad.
Pero no somos todas y todos Samir, nos faltan muchas personas por comunicarles por qué el PIM es un proyecto de muerte, por informarles como tú siempre lo hacías, por eso te pedimos que nos ayudes a difundir las afectaciones del PIM, una por una, tema por tema, letra por letra, imagen por imagen, historia por historia, mensaje por mensaje, video por video, capsula por capsula, programas, foros, entrevistas, compartición, publicaciones en redes, papeles, calles y sonidos, del pasado, presente y futuro, cuentos y cuentas, pero todas diciendo la verdad de lo que implica el Proyecto Integral Morelos y de lo que podría pasar. Ayúdanos a realizar una jornada dislocada y alocada de información que dure desde hoy hasta el 28 de noviembre de 2020, fecha en que conmemoraremos los pueblos de Morelos el Plan de Ayala.
Por medio de los corazones en donde Samir se encuentra en todas y todos, convocamos a la campaña «El PIM no es desarrollo, es despojo y destrucción» y les pedimos que nos ayuden a difundir las afectaciones del PIM que hagan entender a más gente porque la termoeléctrica no es un proyecto de desarrollo para los pueblos y la población en general y, en cambio, es un proyecto diseñado para los ricos, un proyecto que abaratará los costos para la producción de mercancías, pero no abaratará las mercancías, ni la luz, ni el gas, ni incrementaran los sueldos, como ha pasado y pasa en todos los lugares donde se ponen proyectos energéticos y grandes corredores industriales en donde la población originaria incluso sufre de altos costos de energía eléctrica o digan ¿dónde la luz sale más barata a los pueblos en México porque ahí la producen? ¿Quién asume los costos ambientales que sufrirán nuestras futuras generaciones y los impactos a la salud que generan?
Llamamos a mujeres, hombres, jóvenas, jóvenes, niñas, niños, artistas, colectivos, intelectuales, profesionistas, estudiantes, periodistas, medios libres, radios comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, pueblos, a todas y todos que saben que el PIM no es un proyecto de desarrollo, sino de muerte, nos ayuden a explicarle al resto de la gente porqué el dinero no debe prevalecer ante la vida, porqué tenemos razón los pueblos cuando queremos heredarles vida a nuestras futuras generaciones y no solo pensar en lo inevitable del hoy, en el “desarrollo” que viene y destruye lo que se encuentra a su paso.
Este es un llamado urgente a todas y todos, ante los oídos sordos del Presidente de la República que no contestó a nuestro llamado al diálogo de “una hora en su mañanera”. Ante el riesgo que en próximos días, horas o semanas, López Obrador mande a la Guardia Nacional a intentar desalojar el plantón de Apatlaco, si decide pasar por encima de la legalidad de las suspensiones de amparo y sobre todo de la decisión de los pueblos, tomada una vez más y desde el inicio del proyecto. Por lo que también llamamos a estar atentos a cualquier acto represivo, solidarizarse y/o acudir a documentar cualquier violación de derechos humanos que pudiera sufrirse en el plantón de Apatlaco o contra cualquier pueblo o persona que defiende sus derechos ante el Proyecto Integral Morelos.
Ayúdenos a difundir, ayúdanos Samir
#SamiryZapataviven
#NoalPIM #AguaSitermoNo
21 de octubre de 2020
T`neki tlalle una atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A las comunidades que defienden el agua, el territorio y la vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldía o como se llamen
A la Sexta nacional e internacional
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad
Compañerxs
Nos dirigimos a quienes luchan contra el Sistema para destruirlo, no para entrar en negociaciones con sus representantes ni para pedir audiencia con algún funcionario. Sabemos que la boca de los gobiernos está llena de mentira y que de los de arriba sólo podemos esperar desprecio, engaño y traición. Nada tenemos que pedirle a quienes nos han arrebatado todo, porque contra ellos es nuestra lucha.
Nos dirigimos ustedes porque sabemos que en sus oídos nuestra palabra será escuchada; que en sus compañías encontraremos el apoyo que sólo pueden dar los que luchan; sabemos que ustedes podrán llevar a otras geografías las causas por las que lucha el digno pueblo y Nación yaqui: por el agua, por la tierra, contra los megaproyectos, por la vida y por la libertad de Fidencio Aldama Pérez.
En abril de 2016, el pueblo yaqui de Loma de Bácum interpuso un amparo contra la construcción de un gasoducto que atravesaría por 90 kilómetros de la región, en su tramo Guaymas-Oro. A partir de entonces las menazas contra los habitantes se han intensificado y el problema sigue sin solución.
El proyecto pretendía construir 835 kilómetros de gasoducto por los estados de Sonora y Sinaloa, para llevar gas natural desde Arizona a los estados del oeste del país, sin embargo, el segundo de los tramos se detuvo por la negativa de los pobladores a que su territorio se viera afectado por una obra que ningún beneficio les traería y sí afectaría sus modos de vida con una falsa “consulta” y vulnerando los principios establecidos por el Convenio 169 de la OIT, siete de los 8 pueblos que integran la Nación yaqui en la zona habían dado “su consentimiento”; pese a ello, y tras haber demostrado que no se había tomado en consideración la opinión de todos los pobladores, ni se les había informado con veracidad, claridad y suficiencia sobre las características de esas obras, a pesar del consentimiento de siete de las ocho tribus que conforman la tribu yaqui en la zona, las obras se detuvieron.
La construcción, estaba a cargo de la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), había empezado en 2013, pero se suspendió en 2016 luego de que los habitantes de Loma de Bácum consiguieron el fallo a su favor, por parte del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón. Y empezó una escalada de amenazas contra los pobladores, para que se desistieran de la defensa de su territorio.
Entre calumnias, amenazas y muertes comenzó entonces una campaña de calumnias contra los opositores al gasoducto y de dádivas repartidas entre “líderes” de los que habían “aceptado” que se instalara el gasoducto.
Entre abril y octubre de 2016 se dieron varios hechos de violencia contra la comunidad: dispararon contra la madre de otra compañera y asesinaron a uno de sus primos; las amenazas continuaron; ni la empresa ni el gobierno se iban a detener ante nada con tal de eliminar el último obstáculo para construir su gasoducto.
Y llegó octubre del 2016 el día 21, personas armadas, acarreadas desde otros pueblos, ingresaron a Loma Bácum, y llevaron adelante una agresión contra la asamblea, se pretendía hacer pasar ésta como un “enfrentamiento entre comunidades” que están a favor o en contra del gasoducto, a “favor o en contra del progreso”; en entrevistas, algunos de los acarreados dieron a conocer sus motivos: los gobiernos estatal y federal los amenazaron de suspender todos los programas sociales.
Además, la tribu yaqui tiene usos y costumbres ancestrales para resolver sus diferencias. Por Ley, y en derecho consagrados por la Constitución DESDE 1917, los yaquis tienen un gobierno nombrado por la comunidad, ellos definen a sus autoridades tradicionales, nombran a sus guardianes y establecen las sanciones para los infractores de las reglas comunitarias; todas y cada una de sus grandes decisiones se adoptan después de largos procesos de consulta interna y, sólo cuando todas la comunidades están conformes, se toman los acuerdos; es decir, el gasoducto no avanzaría aún si fuera sólo una de las comunidades la que mantuviera su rechazo.
La agresión contra Loma de Bácum trajo como consecuencia la muerte de una persona, víctima de una bala de calibre 22.
Seis días después, el 27 de octubre, la policía estatal secuestró a Fidencio Aldama Pérez, guardia tradicional de Loma de Bácum, acusado sin testigos que lo señalaran, sin acreditar su participación en el hecho y sin que el arma que portaba LEGALMENTE, una calibre 45, pudiera haber disparado un proyectil de calibre 22.
El juicio contra el compañero Fidencio Aldama Pérez ha estado plagado de irregularidades; nadie lo señala como autor del crimen, ni siquiera hay testigos que indiquen que disparó su arma; no hay una prueba pericial que señale que existe una trayectoria posible entre el lugar en que se encontraba el guardia tradicional y el muerto. ¿Pruebas?: ninguna.
Según la ley es la autoridad la que debe demostrar la culpabilidad del procesado y no el acusado probar su inocencia; pero las leyes chuecas, las autoridades veniales, los jueces corruptos y gobiernos al servicio de los de arriba son los que mantienen tras las rejas a nuestro compañero.
No se trata de impartir justicia; más de una vez lo han insinuado, en corto, si Loma de Bácum desiste de su amparo, el secuestrado, que ya ha sido reconocido por el gobierno federal como un preso político, es decir, un rehén del Estado. sería liberado. Pero, hay un problema con esa “generosa propuesta” la comunidad de Loma de Bácum, una y otra vez ha dicho no al gasoducto; en su cara se lo han expresado a la gobernadora y al AMLO: Los derechos no se negocian. La tierra se defiende.
Las agresiones contra la comunidad de Lomas de Bácum no cesaron, se trata de vencer la resistencia de la comunidad mediante el miedo. El 14 de diciembre, un comando armado secuestró a dos opositores al gasoducto.
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Compañerxs: sabemos que no será por una resolución legal que Fidencio recupere su libertad; porque no es preso en cumplimiento de alguna ley ni por haber cometido delito. Fidencio permanece secuestrado, ilegal e ilegítimamente; por lo que no será ningún abogado quien logre “demostrar” su inocencia. El Estado sabe que Fidencio no es culpable.
Llamamos a quienes luchan por la vida a nombrar a Fidencio en cada acto, en cada documento, en cada acción que se realice en defensa de la tierra, del agua, de la vida, contra el mal gobierno y sus megaproyectos que sólo representan muerte para nuestros pueblos.
Llamamos a una campaña TOTAL hasta lograr su liberación. A que en toda resistencia y rebeldía, el nombre de Fidencio se escuche y resuene, será la lucha de abajo y a la izquierda la que lo logre libre.
Desde las sagradas tierras yaquis y otras geografías solidarias exigimos: ¡¡Libertad para el guardián tradicional de Loma de Bácum. Fidencio Aldama Pérez!!
21 de octubre de 2020
Carmen García de Aldama y Grupo de trabajo por la libertad de Fidencio Aldama Pérez
Urgimos respetar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de quienes defienden el territorio.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informa que Juan Hernández Morales, quien estaba en condición de desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020, ya fue localizado. El día de hoy, 20 de octubre de 2020, sus familiares nos reportaron que se encuentra bien y en un lugar seguro.
De acuerdo a testimonios, Juan Hernández Morales, de 33 años de edad, originario de la Ranchería Centro San Gabriel, municipio de Chilón, Chiapas, México, se había reportado como desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020. En el contexto de un operativo violento en contra de una manifestación pacífica de ejidatarios de San Jerónimo Bachajón, en apoyo al ejido San Sebastián Bachajón, en el punto conocido como crucero Temo’, ubicado a 21 kilómetros de la carretera Ocosingo – Palenque. La población había convocado a un acto de protesta por la instalación de un cuartel militar en su territorio.
El Frayba reitera que la criminalización en contra del Pueblo Maya Tseltal de San Jerónimo y San Sebastian, en Chilón, pone en riesgo la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la población. Por lo anterior urgimos al Estado mexicano respete los estándares internacionales como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estipula: «el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática.»1
Tras 86 días de huelga de hambre abierta, el palestino Maher Al Akhras, de 49 años de edad, se encuentra internado en el Hospital Kaplan de Israel y, muestra un estado grave de salud. Sus familiares y activistas por la liberación de presos políticos palestinos temen por su vida.
Akhras fue detenido el 27 de julio en el distrito de Yenín (norte de Cisjordania) por el denominado Servicio de Seguridad Interior (Shin Bet), el cual opera en los territorios ocupados. Shin Bet acusa al preso Akhras de pertenecer a la Yihad Islámica, aunque las autoridades israelitas no han presentado las pruebas correspondientes.
De acuerdo con la abogada del preso, Ahlan Haddad, su “estado de salud se ha deteriorado gravemente a consecuencia del prolongado ayuno”.
Por su parte, las autoridades israelíes le han ofrecido liberarlo, asevera la abogada Haddad, solo “si pone fin a la protesta y acepta seguir internado hasta el 26 de noviembre”, cuando vence el primer periodo de detención administrativa, que es automáticamente renovable.
Esta propuesta ofrecida por Jackie Goodall, directora de la Alianza Irlanda-Israel de Listowel, es porque Akhras representa una “amenaza significativa para la seguridad de Israel”, pero solo hasta el 25 de noviembre, después de lo cual ya no es una amenaza.
Más de 850 mil palestinos han pisado las prisiones de Israel durante más de medio siglo de ocupación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este. Esto representa un 40% de los hombres adultos; casi una quinta parte de la población de Palestina.
La detención administrativa que aplica Israel permite recluir a un sospechoso por largos períodos, aun sin las pruebas correspondientes. Esta medida puede ser renovada cada seis meses. Tras el caso de Akhras, actualmente hay por lo menos 350 palestinos recluidos por una detención administrativa, incluso, dos menores de edad. La mayoría de los presos son acusados por Shin Bet de pertenecer a la Yihad Islámica, ha denunciado la ONG Alerta de B’Tselem. Hoy, esta ONG ha alertado que Akhra está “a punto de morir”.
“Su visión y audición se están deteriorando rápidamente y se queja de fuertes dolores en el pecho. Según el consenso médico internacional sobre las huelgas de hambre, Al Akhras puede morir cualquier día”, alertaron hoy ONG´s locales defensoras de los derechos humanos, quienes pidieron su liberación.
Por otra parte, el asesor de medios de la Autoridad Palestina para Asuntos de los Prisioneros, Hassan Abd Rabbo, anunció que realizan esfuerzos en todos los niveles posibles, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comisionado de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, así como otros organismos internacionales y parlamentarios del mundo, para exigir la liberación inmediata de Maher Al-Akhras.
Sobre las 9 de la noche del pasado domingo 18 de octubre, la defensora de los pueblos indígenas Kenia Inés Hernández Montalván fue detenida arbitrariamente en la caseta de peaje de Amozoc, Estado de Puebla, y tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le informará sobre su situación durante unas horas, trascendió que había sido trasladada al penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Hasta el momento todavía no ha sido presentada ante las instancias de justicia, lo que supone una violación de sus garantías judiciales.
Esta es la segunda detención arbitraria que sufre Kenia en los últimos cuatros meses. Tal y como denunciamos en su momento, la primera detención se produjo el 6 de Junio, permaneciendo ilegalmente privada de libertad durante 5 días, hasta el 11 de junio, cuando la jueza le concedió seguir con su proceso penal en libertad para determinar su situación jurídica, tras haber sido falsamente acusada de un supuesto robo con violencia de 500 pesos.
Esta nueva detención se produce después de que el pasado lunes 12 de octubre, Kenia participase una la manifestación ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como integrante del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, en demanda de justicia por el asesinato del también defensor Arnulfo Cerón Soriano.
Kenia Hernández es oficial de las Policías Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el Estado de Guerrero, partícipe del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos y en el Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos y miembro de la Dirección Política Nacional de Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano y dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive. Debido a su labor de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas ha sido objeto constante de hostigamiento.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, ProDESC, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la IM-Defensoras exigimos a las autoridades el respeto a la integridad personal de Kenia Hernández, el respeto a sus derechos humanos y a las garantías judiciales con el debido proceso.
La Minga Indígena del Cauca ha capturado la atención de los grandes medios en las últimas semanas en Colombia y con su llegada a Bogotá en las últimas horas se han convertido en el tema central en muchas salas de redacción. A pesar del amplio despliegue y cubrimiento muchos aún no sabes qué es la Minga Indígena, cuáles son sus peticiones y por qué llegaron a la capital del país-.
De acuerdo con Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, la palabra Minga “se deriva del conocimiento que tenían los aborígenes sobre el trabajo compartido para el bien común. Es el encuentro donde circula la palabra, se piensa y se construye el Buen Vivir”.
En Colombia la figura de la Minga Indígena tomó relevancia en el 2008 cuando se dieron una serie de marchas y protestas, realizadas por aproximadamente 10.000 y 15.000 indígenas de diferentes etnias en el 2008, principalmente Nasa, que cubrió cerca de 120 kilómetros entre Santander de Quilichao, departamento del Cauca y Cali en el departamento del Valle.
La Minga Indígena de este año inició en Santander de Quilichao, posteriormente se desplazó a Cali,un punto de encuentro con otros indígenas, y donde se tenía como propósito, encontrarse con el presidente Iván Duque. Reunión que nunca se dio porque el mandatario envío un grupo de emisarios encabezado por la ministra del Interior, Alicia Arango.
A pesar del esfuerzo de los funcionarios del alto gobierno, no fue posible llegar a un acuerdo con la Minga Indígena que ante el intento frustrado de reunirse con Duque, anunciaron su travesía a Bogotá.
La llegada estaba prevista para este lunes, aunque ante la advertencia del alcalde de Soacha, la parada anterior planeada antes de la entrada a Bogotá, de que no contaba con los recursos para acoger a los integrantes de la marcha, la ‘minga’ ha seguido su recorrido hasta llegar a la capital.
El recorrido de la Minga Indígena desde el suroccidente de Colombia hasta la capital tardó cerca de una semana y en la tarde del domingo llegaron a Bogotá, donde ha sido recibida por la alcaldesa, Claudia López, que ha criticado la falta de un acuerdo ante la negativa del presidente, Iván Duque, de reunirse con los representantes de la marcha.
Duque ni lo ignora
Con la intención de reunirse con el presidente, Iván Duque, las participantes de esta marcha han llegado un día antes de lo previsto al Palacio de Deportes de la ciudad, que los albergará durante su estancia en la capital “con respeto y bioseguridad”, ha destacado López a través de Twitter.
La llegada estaba prevista para este lunes, aunque ante la advertencia del alcalde de Soacha, la parada anterior planeada antes de la entrada a Bogotá, de que no contaba con los recursos para acoger a los integrantes de la marcha, la ‘minga’ ha seguido su recorrido hasta llegar a la capital.
Durante las manifestaciones en la ciudad, la ‘minga’ estará acompañada “por su propia Guardia y los Gestores de Diálogo y Convivencia de la Alcaldía de Bogotá”, ha explicado la alcaldesa, que ha pedido “no estigmatizar la movilización social”.
López ha subrayado que “la ‘minga’ llega a Bogotá por la imposibilidad del Gobierno nacional de reunirse directamente con ellos en Cali y llegar a acuerdos en sus demandas y peticiones”, por lo que “con todo el respeto”, ha solicitado a Duque “resolverlos los conflictos con la ciudadanía y la ‘minga’ pacíficamente”.
La llegada de la marcha de casi 10.000 indígenas a la capital colombiana ha provocado tensión entre el Gobierno y las autoridades locales, ya que el primero ha emplazado a las segundas a asumir la logística y garantizar las medidas sanitarias de sus participantes.
Las reivindicaciones de la ‘minga’ incluyen la critica a la impunidad por parte de la Administración en relación al asesinato de líderes sociales, así como la implementación del acuerdo de paz y la violencia en general que ha sacudido al país
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
Los Ejidatarios del Ejido San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas, somos pueblos Tzeltales, unidos para defender nuestros Derechos Colectivos ante las imposiciones del Estado en implementar proyectos que atentan en contra de nuestros territorios y nuestros modos de vivir con lo que nos rodea. En esta virtud, nos dirigimos a todos y todas para manifestar lo siguiente:
Primero: Que el 15 de octubre de 2020 tuvo lugar una movilización pacifica para manifestar nuestra inconformidad por la imposición de la instalación del cuartel de la Guardia Nacional en la comunidad Juculton, Municipio de Chilón, Chiapas, perteneciente al Ejido San Sebastián.
Segundo: Que durante esta manifestación que tuvo lugar en el Crucero Temó donde estuvieron los compañeros del Ejido San Jerónimo, y en el Crucero Sitalá donde estuvieron los compañeros del Ejido San Sebastián, donde los primeros fueron violentados sus derechos colectivo y humanos al ser reprimidos brutalmente por la policía municipal, estatal y Guardia Nacional, encausada por los 3 niveles de gobierno. Como resultado fue la detención de dos compañeros identificados con los nombres de: César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes con lujo de violencia fueron privados de su libertad y torturados por parte de la policía municipal, trasladándolos a los separos de la comandancia de la policía municipal de Ocosingo, Chiapas, sin embargo; ante la detención, se violaron los derechos correspondientes que impiden la defensa. Así también, la Fiscalía de Justicia Indígena no permitió el acceso a la Carpeta de Investigación a su defensa, aproximadamente a las 10 de la noche del día de ayer, fueron trasladados al Juzgado de Control de Ocosingo, sin notificarle a sus defensores; el día de hoy debía llevarse su audiencia de control, sin embargo, fueron trasladados forzadamente, hasta esta hora se desconoce su paradero, nuevamente no se les ha notificado a la familia o la defensa.
Ante lo anteriormente expuesto, DENUNCIAMOS:
Los abusos de poder del alcalde Municipal al accionar la fuerza pública en contra de los ejidatarios de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón.
La intromisión del alcalde en los asuntos ejidales, así como la provocación de división al interior de los ejidos para satisfacer sus intereses políticos y económicos.
La estructura municipal que opera en contra de la población que no esta a favor de las imposiciones del presidente.
A los comisariados ejidales impuestos por el alcalde que violentan a la máxima autoridad ejidal, ejerciendo artimañas para saciar sus intereses.
De esta manera EXIGIMOS:
La liberación inmediata de: César Hernández Feliciano y de José Luis Gutiérrez Hernández.
Presentar con vida a Juan Hernández Morales, desaparecido desde el 15 de octubre de 2020 por causa de la implementación violenta de la fuerza pública.
Retirada inmediata de la Guardia Nacional del Municipio de Chilón.
Justicia para los encarcelados y lesionados.
Castigo para los responsables de accionar actos violentos en contra de los ejidatarios, la estructura del ayuntamiento municipal: presidente y delegado municipal, director, comandante y elementos de la policía municipal.
Respeto a los derechos colectivos como pueblos originarios conforme a los establecidos en nuestra Carta Magna y de los Convenios Internacionales.
Porque defender lo nuestro es un Derecho:
Ejidatarios (as) del Ejido San Jerónimo y San Sebastián Bachajón,
Municipio de Chilón Chiapas; a 17 de octubre de 2020.
A 528 años: Nuestra lucecita de resistencia y rebeldía, sigue encendida
Con las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tomadas, resuena la voz de pueblos integrantes del Congreso Nacional Indígena y organizaciones sociales. En un encuentro en donde se resignifican los espacios.
Encuentro: Integrantes del CNI y organizaciones sociales desde la sala de juntas del INPI EN VIVO
Desde el 2 de septiembre, en el norte de Brasil, entres los estados de Amazonas, Roraima, Acre y Rondonia, más de 3 mil 600 militares brasileños fueron desplegados para realizar un simulacro de guerra convencional en un ambiente de operación de Selva. Para ejecutar esta acción, el ejército brasileño dividió varios estados de su territorio en dos países, denominándolos “rojo y azul”. Las operaciones consisten en que el país azul recupera la región controlada por el país rojo, que, en este caso, corresponden a los estados de Amazonas y Roraima, los mismos que hacen frontera con Venezuela.
Los militares realizaron maniobras con paracaidistas, acciones terrestres ofensivas y defensivas, operaciones antiaéreas, control de tráfico fluvial y coordinación de espacio aéreo. Según el General Teóphilo Gazpar, fue un trabajo conjunto que tuvo como objetivo “probar la interoperabilidad del trabajo entre las tres fuerzas, el ejercito, fuerza aérea y la marina”, es decir, intercambiar y utilizar la información entre las fuerzas del ejercito brasileño.
Pero el objetivo principal de este simulacro de guerra, en el teatro de operaciones trazado, fue una ofensiva por parte del país azul para expulsar a supuestos “invasores” del país rojo y, en seguida, crear una franja de seguridad en el territorio enemigo, con el fin de preparar las condiciones para futuras negociaciones de paz.
En estos ejercicios participaron tropas de diversas partes del territorio brasileño, pero, principalmente, seis Comandos Militares de la región amazónica, entre ellos, el Comando Militar de la Amazonía. También participa la 23ª Brigada de Infantería de Marabá del Comando Militar del Norte del estado de Parabá. Según el General José Carlos de Nardi, la “Operación Amazonas”, nombre con el cual se ha bautizado esta estrategia, es por la importancia que tiene la región amazónica. “Para nosotros la Amazonía es prioridad para Brasil y, por tanto, nosotros consideramos esta operación como un gran suceso”, detalló el general.
Oportunidad de prueba de artillería
En este ejercicio se hicieron pruebas con la utilización de tanques y vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones de guerra, hasta el uso de artillería y prácticas de tiro real usando una batería del sistema de lanzacohetes múltiple llamados ASTROS 2020, el arma disuasoria más poderosa del ejercito brasileño, con capacidad de disparo de 190 cohetes en 16 segundos.
Este simulacro también ha servido para concluir, con el uso de esta artillería, el denominado Programa Estratégico ASTROS 2020, con el cual se han creado un conjunto de cohetes, SS80, SS60, SS40 y SS30. Este programa fue ejecutado mediante una alianza entre el ejercito brasileño y la Universidad Federal de Santa María, en Río Grande do Sul. Cuando concluyó, fue entregado a la empresa privada Avibras, encargada actualmente de la fabricación y comercialización.
Actualmente, este tipo de artillería es exportado a países del sudeste asiático y Oriente Medio en su versión Astros MK3, MK6, MK3-M, con capacidad de alcance desde 30, 80 y hasta 300 km. Los de más corta distancia tiene capacidad de destrucción en un radio de 16 km²
Esta empresa ha estado desarrollando este sistema de misiles y cohetes desde la década de 1980. Y, con el diseño y fabricación del MTC-300, el cual tiene un alcance de 300 kilómetros, Brasil es una las siete naciones que poseen esta tecnología, según información de la propia compañía brasileña, Avibras. Esta arma de destrucción tiene una precisión orientada por un GPS y un sensor óptico electrónico que lo guía en el terreno, de acuerdo con las coordenadas que se establezcan.
“Fueron las primeras pruebas con el sistema lanzador de múltiple ASTROS en un entorno amazónico. El ejercicio militar es parte de la Operación Amazonas, una simulación de guerra en un entorno selvático. Además de los cohetes ASTROS, la misión de disparo real implicó disparar los misiles antiaéreos RBS-70 e IGLA-S”, anunciaron los altos mandos del Ejercito brasileño.
La fecha establecida para concluir la “Operación Amazonas”, es cuándo todas las tropas lleguen a sus respectivos destinos, proyectado hasta el 23 de septiembre. Esta misión del ejercito en la Amazonía fue, según, el sitio oficial del ejercito, para “defender la patria y garantizar la soberanía nacional. Como la Amazonía es una de las prioridades de la Defensa Nacional, el ejercicio, que reunió los recursos existentes en el Comando Militar de la Amazonía y con el apoyo de la Fuerza Aérea, así como de la Artillería con el Sistema Astros y una serie de sistemas de combate, fue un excelente ejercicio”.
Soberanía amazónica
Al parecer la soberanía brasileña y, principalmente, la Amazonía, también importa a los Estados Unidos. En todos los ejercicios realizados con esta simulación de guerra estuvieron presentes altos mando del Comando Sur (Southcom, por sus siglas en inglés). Los militares que más destacaron son: El Mayor Jeffrey Daley de la Reserva del Ejército; Robert Santamaria del Equipo de Apoyo Conjunto del Ejército, o AJST; el coronel Tito Villanueva, de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, que opera en las instalaciones militares en Honduras, establecido en la Base Aérea Soto Cano, entre otros más.
Según el Ejército Sur, comando del componente de servicio del Ejército del Comando Sur, la presencia de estos militares durante la “Operación Amazonas” fue solo como observadores. “El personal de Army South observó la operación militar brasileña para prepararse para futuras oportunidades de capacitación bilateral, como Vanguardia del Sur. Nuestras alianzas de defensa son vitales para la seguridad y la prosperidad en el hemisferio y para nuestra capacidad colectiva para enfrentar desafíos globales complejos”, anunció el Ejercito Sur.
Fotos por Leanne Thomas
La presencia de altos mandos militares en este simulacro responde a lo que el almirante Craig S. Faller, comandante del Comando Sur, sostuvo en una videoconferencia el pasado 5 de octubre, “la misión principal de U.S. Southcom es defender a los Estados Unidos. Eso se logra principalmente trabajando con socios”, dijo Faller refiriendose a Brasil, Colombia y Chile como socios particularmente incondicionales.
Faller también puntualizó que para mejorar las capacidades militares en la región se vienen desarrollando ejercicios bilaterales y multilaterales, que aumentan la interoperabilidad, comparten inteligencia e invitan a miembros militares a compartir oportunidades de educación militar.
En el documento R46236 del Congreso estadounidense, del 6 de julio pasado, intitulado Brasil: antecedentes y relaciones con Estados Unidos, sostiene que la Administración de Donald Trump ha visto una nueva oportunidad para profundizar la relación bilateral con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Porque “ha comenzado a cambiar la política exterior de Brasil para que el país esté más alineado con Estados Unidos, y el presidente Trump ha designado a Brasil como un importante aliado fuera de la OTAN”, según este documento.
Con el objetivo de fortalecer estas relaciones, según el congreso estadounidense, “la conservación del medio ambiente ha sido un foco principal, el Congreso -de EE.UU.- ha asignado $ 15 millones de dólares para programas de asistencia para la Amazonía brasileña, incluidos $ 5 millones para abordar incendios en la región”, todos ellos en el marco de la Ley de Apropiaciones Más Consolidadas de 2020 (P.L.116-94).
Además, en el Informe R46236 se afirma que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está realizando actividades coordinadas, a través de la Alianza Brasil-Estados Unidos, para la Conservación de la Biodiversidad Amazónica (PCAB), lanzadas desde 2014. En está alianza no solo figuran los gobiernos, sino que también, empresas del sector privado y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, inciden en la gestión de áreas protegidas y promocionan el desarrollo sostenible en la Amazonía.
USAID afirma que, además, “trabaja con las comunidades indígenas y quilombolas para fortalecer sus capacidades para administrar sus recursos y mejorar sus medios de vida. USAID también apoya la Plataforma de Asociación para la Amazonía dirigida por el sector privado, que facilita la inversión privada en actividades innovadoras de conservación y desarrollo sostenible”.
USAID, en 2019, promovió la creación del Fondo de Biodiversidad de Athelia, un fondo de capital brasileño que tiene como objetivo recaudar $ 100 millones de dólares de capital privado para invertir en esta región.
Es así, que la presencia de los Estados Unidos en esta región no es novedad, tampoco lo es su participación en este simulacro de guerra. Pero su presencia va en aumento, sobre todo, para crear en la Amazonía, lo que el Congreso Estadounidense define como “cadenas de valor sostenibles”. Para ello, hay participación desde la propia embajada, USAID, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, ONGs y la NASA, además de la presencia militar.
Chiapas, México. 16 de octubre. Más de 4000 ejidatari@s marcharon este día en Tila, para conmemorar que un 16 de octubre de 1934, fuera publicado en el Periódico Oficial de la Federación, que las 5405 hectáreas “es la legitima propiedad del ejido Tila”. “Aquí estamos para demostrarle a los malos gobiernos paramilitares que sus violencias y muertes no nos van a detener y no van a acabar con nuestra autonomía ejidal. No van a regresar a gobernar, aunque sigan sembrando la muerte en nuestro pueblo”, aseguraron las y los ejidatarios quienes desde diciembre de 2015 retiraron al ayuntamiento de su territorio para iniciar un proceso de autogobierno y libre determinación como pueblo originario. Pese a que su manifestación fue pacífica, el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez lanzó petardos a una parte del contingente, lo que no detuvo la multitudinaria marcha.
Tras la marcha, en entrevista telefónica para medios libres, los indígenas choles aseguraron que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirmaron. Pese a ello, como indican especialistas sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.
“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, denunciaron los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008. Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.
De manera muy puntual los ejidatarios expusieron que desde el pasado 25 de agosto del presente año el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, reanudaron las hostilidades contra el ejido, derrumbando un portón que por acuerdo de la Asamblea Ejidal, se había instalado en una de las entradas de la comunidad. Pese a las denuncias de ese mismo día 25 realizaron los indígenas choles y las que posteriormente publicaron los días 27 y 29 de agosto por las detonaciones que efectuaron las personas contratadas por la familia Sánchez, estas no fueron tomadas en cuenta por los tres niveles de gobierno, lo que provocó que la escalada de violencia contra los ejidatarios aumentará y que el viernes 11 de septiembre fueran atacados por un grupo liderado por Eleasin Bárcenas, causando la muerte de del ejidatario Pedro Alejandro Jiménez.
Las hostilidades contra el ejido Tila no terminaron con el asesinato de uno de sus integrantes y las denuncias de los ejidatarios por detonación de armas de fuego por parte del grupo de la familia Sánchez (integrantes del grupo paramilitar “paz y justicia”), continuaron los días 27 de septiembre y el ocho de octubre. De igual forma los ejidatarios también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunciaron el pasado uno de octubre la incursión dentro del poblado de la policía sectorial y elementos de la guardia nacional acompañados por el grupo de choque.
Por su parte el defensor de derechos humanos Jorge Armando Gómez Alonso, indica que el ayuntamiento debe restituir las tierras al Ejido Tila y el gobierno y Congreso de Chiapas deben declarar nulo el denominado Fundo Legal (que incluye la porción de tierra que han querido despojar al ejido). El también investigador indica que en enero de 2019 se publicó el Decreto 132, “Por el que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, deja insubsistente el Decreto número 72, de fecha 29 de Julio de 1980”. “El ayuntamiento no quiere acatar la resolución, por lo que dos meses después con un grupo de ejidatarios robaron el nombramiento de las autoridades en complicidad con el Registro Agrario Nacional (RAN), falsificando firmas y simulando asambleas, para modificar la sentencia de amparo”, evidencia Gómez Alonso.
Dentro de las poblaciones que marcharon en el 86 aniversario del reconocimiento de las tierras ejidales están: Misijá, la comunidad Unión Juárez, la comunidad Chulúm Chico, comunidad Nueva Generación Chulum Chico, la comunidad Nicolás bravo, comunidad Cantióc, comunidad Rio Grande, comunidad Sañojá segunda sección, comunidad Sañojá primera sección, comunidad Chäkpatyol, comunidad Cerro Aan Antonio, comunidad Cerro Santa Cruz, comunidad k’ajtyieja, Barrio Salinas, Barrio Santa Lucia, barrio Concepción, barrio San Juan primera sección, barrio San Juan segunda sección, barrio San Sebastián, barrio San Felipe, barrio Santa Martha y barrio Chijtiejá.
