La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos sobre la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que intenta cruzar territorio guatemalteco.
El bloqueo policial y militar fue montado estratégicamente en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en un área conocida como Vado Hondo.
La caravana, que salió desde el viernes anterior de la terminal de buses en San Pedro Sula, sigue con más de cinco mil integrantes. Muchos migrantes fueron obligados a regresar por las autoridades guatemaltecas pero el grueso de la misma sigue instalada en Vado Hondo.
Los migrantes han pasado una noche muy fría en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los migrantes permanecen allí sin poder pasar por el bloqueo policial y militar que ha impuesto el gobierno de Guatemala. No hay alimentos ni acceso al agua. Las tiendas cercanas cerraron sus puertas.
ROMPIENDO FRONTERAS:
PALESTINA: Especial Palestina en este 2021 Israel da muestras claras de querer exterminar al pueblo palestino.El compañero Armando Soto de la Sexta con Palestina nos narra los más severos acontecimientos.
MIGRACION CENTRO AMERICA: La caravana migrante viene desde Hondurasrompio el cerco militar el 16 de enero por el número de migrantes, el día 17 a toletazos y con gases lacrimogenos contuvo a les migrantes sin importarle la presencia de niñes y bebes. Redes y RedTzikin.
CHILE: 5 compañeras criminalizadas por pedir justicia para Nicole Saavedra. Radio Humedales
AUTONOMIA DIGITAL: Ante los cambios a las politicas de privacidas en redes sociales.Ni Whatsapp, Ni Telegram Ni Facebook, solo eres libre en el software libre.
MUNDO: Julian Assange es propuesto a recibir el premio nobel de la paz.
WALLMAPU MUNDO: Convocatoria a cadenazo para y por la niñez mapuche. Audio convocatoria de La Zarzamora
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
LUCHA POR LA VIDA MORELOS: Rodada y caravana contra la Termo en Huexca y el Proyecto Integral Morelos. La herencia rebelde de Samir. Por Juan Pérez
MEXICO IMPUNIDAD: Salvador Cienfuegos exonerado, el gobierno de México ha traicionado cientos de miles de victimas y devuelto el trono a narco Salvador Cienfuegos. ZonaDocs
GUERRERO MEXICO: Familias de los 43 normalistas de ayotzinapa se quejan de la información a cuenta gotas que reciben por parte de las instituciones militares. Se deslindan de Felipe Cruz ex vocero de los 43 que ahora se descara como candidato a diputado prurinominal. Somos el medio y Prensa Ayotzi
CHIHUAHUA Cd JUAREZ: Jornada de protesta y de memoria a un año de a el impune asesinato de Isabel Cabanillas la mujer, madre, hija, compañera, amiga, artista, muralista, diseñadora, activista por los derechos de las mujeres y los migrantes. Hijas de su Maquilera Madre.
YUCATAN, CDMX, Y 20 CIUDADES MAS: Rodada por Justicia para Jacinto #NiUnaBiciBlancaMas
Rodada por el asesinato del ciclista Jacinto Leon Guzman más de 20 ciudades dicen, #NiUnaBiciBlancaMás. Instalan placa en CDmx frente a casa de gobierno de Yucatán.
MICHOACÁN: Organización de Mujeres Autodefensas, han sido víctimas de asesinato, secuestro y ya no están dispuestas a tolerar más violencia, tomaron las armas contra carteles del crimen organizado. Sin Embargo
CHIAPAS: Normalistas de la escuela rural Mactumacza aportan comida a les compañeres de la coordinadora de personas desplazadas del estado de Chiapas.COordinadora de Desplazados.
MÚSICA
Cumbia Palestina – Orkesta Popular San Bomba
Madre Espérame que Vuelvo – Frekuente #PrensaOpal
Viva Zapata – Acosta
La norteamericana Cargill y la holandesa Bunge, ambas compañías transnacionales del sector de producción y procesamiento de alimentos, están asociadas a la deforestación de por lo menos 101 mil hectáreas de bosques en la Amazonia (el mayor bosque tropical del mundo) y en el Cerrado brasileño (la mayor sabana tropical del mundo), desde Marzo de 2019. Los datos son de la investigación divulgada por la herramienta de monitoreo Mighty Earth que rastrea, en conjunto con la organización de investigación Aidenvironment, los vínculos entre la cadena mundial de comercio de soya y carne bovina con la destrucción de los bosques brasileños.
Además de Cargill y Bunge, el estudio rastreó otras empresas, como la brasileña JBS, todas vinculadas al abastecimiento de los mercados de carne y soya de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Francia.
Solamente en el Reino Unido, la Cargill detiene una cuota de 70% del mercado de importaciones de soya brasileña, que entra en la cadena del abastecimiento de los supermercados británicos. De acuerdo con Mighty Earth, 78% de las exportaciones directas de soya de Brasil para el Reino Unido posee origen en el Cerrado y Amazonia. Las exportaciones directas de soya del Cerrado y de la Amazonia también representan más de 50% de los volúmenes totales de soya de Brasil para Francia, Países Bajos y Alemania.
Brasil exportó para estas regiones, solamente en 2018, un total de 7,1 millones de toneladas del grano. “Esta soya es, entonces, molida y refinada y vendida a las empresas de producción de carne, para raciones para pollo, puercos y ganados. Los supermercados, subsecuentemente, venden pollo, puerco, leche y quesos a los consumidores en productos de ‘marca propia’ o de empresas de carnes bien conocidas tales como a Moy Park (en Reino Unido), Le Gaulois e Maitre Coq (en Francia) o Vion (en los Países Bajos)”, dice el estudio.
Parte de la producción de carne de ganado también se da en tierras de deforestación. Brasil exportó alrededor de 180 mil toneladas de carne para la Unión Europea y casi 80 mil toneladas para los Estados Unidos, solamente en 2017, a través de empresas como la JBS que, según el estudio, está vinculada a la desforestación de 42,5 mil hectáreas de bosques. “Esta carne de vaca es después vendida por supermercados como carne de vaca brasileña ‘de lujo’ o productos de carne de vaca procesada tales como carne enlatada Hereford (Reino Unido) o AH Excellent South American beef (Países Bajos)”, sostiene la organización en su informe.
Deforestación
Los números del Instituto Espacial Brasileiro (INPE) enseñan que por lo menos 11 mil km2 de foresta tropical en la Amazonia fue eliminada entre Agosto de 2019 y Julio de 2020, el valor más elevado en más de una década. La herramienta Mighty Earth rastreo un poco más de 2 mil Km2 , de algunos de los peores casos de deforestación y tala en el país.
A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.
No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.
El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.
Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.
La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.
La Violencia Paramilitar
La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.
La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.
Represión de protestas ante la privatización de la salud y educación. Tegucigalpa, Abril 2019
La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.
El sector de seguridad privada genera gran flujo de capital
La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.
En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.
En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.
Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.
Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.
Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar
La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.
Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.
CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).
Tegucigalpa, Mayo 2019
El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.
Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.
Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.
La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).
Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.
Ayotzinapa, Guerrero a 15 de enero del 2021.- Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos reafirmamos nuestro compromiso de luchar por la presentación con vida de nuestros hijos, por los miles de desaparecidos en el país y por otras luchas de mujeres y hombres del campo y la ciudad que se libran a lo largo y ancho del país.
Hoy nos hemos enterado por los medios de comunicación y redes sociales que Felipe de la Cruz que acompañaba nuestra lucha se ha registrado como candidato para diputado federal por el Estado de Guerrero, por la vía plurinominal.
Al respecto manifestamos que está en su pleno derecho de ejercer sus derechos políticos y la forma de participación política, sin embargo, es importante clarificar que es una decisión personal, que no fue compartida ni consultada con nosotros, como padres y madres de los 43. Por lo tanto, no representa nuestro movimiento por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales.
Mientras tanto, madres y padres continuaremos exigiendo al gobierno la presentación con vida de nuestros hijos y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen, al tiempo que acompañamos y nos solidarizamos con otras luchas de mujeres y hombres que desde abajo exigen justicia. Nuestra lucha no está guiada y motivada por razones partidistas o de otra índole que no sea encontrar a nuestros 43 hijos, así como obtener verdad y justicia.
Enfatizamos nuestro compromiso de seguir por la lucha desde abajo por la presentación con vida de nuestros hijos y no por cargos públicos y en esa línea nos mantendremos. Nos deslindamos de cualquier acción partidista que alguna persona lo realice.
ATENTAMENTE.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
En la actual Esquina de “las fotocopiadoras” de la 4ª avenida y 9ª. calle de la Ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 1971, culminaba el plan de eliminación del último miembro de la Comisión para el Estudio de las Inversiones Extranjeras en Guatemala, USAC.
Como hoy, muy seguramente hace 50 años la muerte de esta persona pareciera carente de importancia directa a las familias campesinas a 268 km. en Panzós, Alta Verapaz. Pero la comprensión de un intrincado plan geopolítico, verdades ocultas por empresarios y gobernantes, un jugoso negocio transnacional en medio de dictaduras militares, la dignidad y resistencia del pueblo Q´eqchi´ y el sacrificio de cuatro profesionales de la Economía y el Derecho lo explica.
Para que sepas o confirmes su importancia te comparto este PDF. Quise haber terminado una versión actualizada de mi investigación pero la búsqueda de la sobrevivencia al 2020 no me lo permitió. Estoy trabajando en ella desde hace un tiempo. Y te la compartiré cuando este terminada ojalá en 2021.
Por de pronto desde mi taller dedico mis palabras y colores a Oscar Adolfo Mijangos López y la línea continuada de victimas provocadas por la minería en la Cuenca del Río Polochic.
El Gobierno fue mal calificado en el manejo de la epidemia en Guatemala a 10 meses del aparecimiento de primero de los casos covid-19 positivos. Este 14 de enero, el presidente Alejandro Giammattei presentó el primer informe de su Gobierno en un acto en el Congreso de la República, para el Laboratorio de Datos, el presidente y los distintos ministros de salud pública han realizado un mal manejo de la epidemia de la covid-19 en Guatemala.
No existe transparencia en la ejecución de los fondos destinados para contener y prevenir la pandemia, los trabajadores de salud, especialmente los de la primera línea de atención no cuentan con insumos, equipo y salarios para el trabajo que realizan. Sumado a esto, el presidente decidió que cada guatemalteco y guatemalteca resuelva por si mismos como enfrentar la epidemia que en este momento registra un repunte de la cantidad de contagios a nivel nacional.
A pesar de los serios cuestionamientos por la falta de realización de 5 mil pruebas covid-19 o más al día, la cifras que traslada el Ministerio de Salud siguen siendo deficientes, según el Mspas, Guatemala alcanzó al día 13 de enero los 146 mil casos 937 casos positivos acumulados y los 5 mil 151 fallecimientos, datos que fueron cuestionados por Laboratorio de Datos porque no reflejan los datos reales.
Compartimos el análisis y las conclusiones publicadas este día por el Laboratorio de Datos sobre el mal manejo que el Gobierno ha hecho de la epidemia.
Manejo de la epidemia en Guatemala durante el 2020
Laboratorio de Datos GT realizó un balance del manejo de la emergencia por COVID-19 al final del primer año de Gobierno del presidente Giammattei.
Si bien se tomaron medidas de restricción tempranamente, se implementaron políticas sociales y económicas, estas se acompañan de cuestionables decisiones y no fueron suficientes para contrarrestar los efectos de la crisis.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- destinó Q500 millones al manejo de la crisis que implicaron reducir el presupuesto destinado a la prevención de la desnutrición crónica en el país. Esto es inaceptable bajo cualquier punto de vista considerando que el país posee un 46.5% de sus niñas y niños menores de 5 años afectados con esta tragedia.
Derivado de varias ampliaciones presupuestarias que aprobó el Congreso de la República esta entidad llegó a tener un presupuesto vigente para atender a los pacientes afectados con COVID-19 de Q1,694.4 millones (en junio). Posteriormente este tuvo reducciones de hasta Q129.8 millones dejando un presupuesto vigente a diciembre de Q1,564.6 millones. Al cierre del ejercicio fiscal 2020 solamente fue ejecutado el 78.1%, siendo en extremo vergonzoso que el hospital que el Presidente de la República inauguró como emblemático en la lucha contra la pandemia: el Hospital de Villa Nueva, apenas pudo ejecutar el 53.8% de su presupuesto. A esto se le suma las protestas del personal médico en primera línea por el atraso en el pago de sus salarios.
A pesar de haber creado dos instituciones ad-hoc: Comisión Presidencial de atención a la emergencia COVID-19 -COPRECOVID- y el Comité Nacional de Coordinación para Vacunación contra COVID-19, el control de la epidemia se destacó por la falta de una estrategia adecuada para el control de la epidemia, un deficiente testeo, escaso rastreo, mal uso del recurso público y retraso en la gestión para la adquisición de la vacuna.
El 2020 dejó un sistema de salud más debilitado, una población con hambre, y el lamentable registro de más de 12,500 muertes en exceso.
El manejo de datos para la toma de decisión y la comunicación han sido las mayores debilidades. Desde Laboratorio de Datos GT. seguiremos trabajando en recomendaciones estratégicas que sirvan al manejo de la epidemia, plan de vacunación, ejecutar el gasto con transparencia, efectividad, eficiencia y sobre todo con criterio de oportunidad a fin de que el Gobierno pueda recuperar cuotas de legitimidad y credibilidad.
Este jueves14 de enero el presidente Alejandro Giammattei presentó su primer informe de gestión, pero la población no lo recibió como él esperaba, y nuevamente salió a las calles a manifestar el descontento y a exigir su renuncia.
Por Gilberto Escobar
El rechazo popular a la gestión de Giamattei se centra en la desatención que brindó a los sectores vulnerables de población durante la pandemia de coronavirus, sumado a la falta de apoyo a las comunidades que lo perdieron todo durante las tormentas tropicales Eta e Iota que golpearon al país en noviembre; los sectores sociales, colectivas feministas, autoridades indígenas, sindicalistas, estudiantes, también señalaron la imposición de estados de prevención durante el paso de las caravanas de migrantes hondureños, el incremento de femicidios y violencias contra las mujeres, embarazos por abusos sexuales en niñas; incremento de la pobreza y desnutrición, entre otros.
Foto: Nelton Rivera.
Ciudad de Guatemala
En la mañana del jueves 14 de enero, varios sectores sociales se concentraron en el parque central de la plaza de la Constitución, en donde repudiaron el primer año de gobierno de Giammattei, otros sectores como la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda De León, de la Universidad de San Carlos recordaron la excesiva violencia de las fuerzas de seguridad que reprimieron las manifestaciones ciudadanas del 21 de noviembre #21N y las sucesivas, donde la población también salió a cuestionar la gestión del Gobierno y como resultado dos personas perdieron un ojo, varias heridas y hasta denuncias de torturas durante las detenciones.
Grupos como Sororidad Guatemala en el marco del primer año de gobierno también publicaron en sus redes sociales una serie de estadísticas donde señalan la incompetencia del Gobierno, señalando que en los primeros días de enero se han activado 43 alertas Alba Kent y durante el 2020 unas 695 mujeres se reportaron desaparecidas con la alerta Isabel Claudina, sumado a 455 femicidios y 77 mil 847 embarazos en niñas y adolescentes en las edades de 10 a 19 años.
Otros de los motivos que la población señaló fueron el mal manejo de fondos y falta de transparencia durante la pandemia (10 programas sociales) y el abandono institucional durante las tormentas Eta y Iota, ya que varias comunidades aún siguen sin recibir atención e incomunicadas; la gota que derramó el vaso en la recta final del 2020 fue el presupuesto que se pretendía aprobar para el 2021 por parte de los diputados del Congreso.
En Quetzaltenango
Varios líderes comunitarios, autoridades ancestrales y sectores sociales se fueron sumando en la tarde del jueves, para iniciar con una caminata pacífica en rechazo al primer año de Giammattei, en el departamento de Quetzaltenango, en el trayecto varias personas se fueron sumando y la caminata concluyó en el parque central de esa localidad con varios discursos.
En las afueras de la municipalidad se encontraban unos 50 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardando el edificio.
Foto: Gilberto Escobar.
Entre los mensaje que portaba la población en algunas pancartas se destacaron: “un pueblo pasivo es un pueblo oprimido, el pueblo está en total abandono por el Gobierno; si eres neutral has elegido el lado del opresor, el pueblo exige cuentas claras”.
Foto: Gilberto Escobar.
José Luis Ramírez, autoridad del pueblo maya K’iche’ comento que los motivos de la movilización fueron en torno a la presentación del informe del mandatario “durante la pandemia y las dos tormentas tropicales la población quedó desprotegida y el gobierno no cumplió en proteger la vida de la población”.
Ramírez recalcó que “la población no acepta el informe del mandatario”.
Para el académico Percy Aguilar, de ese departamento, quien portaba una pancarta señalando al gobierno como “reprobado”, además calificó como “nefasto al gobierno de Alejandro Giammattei” e indicó que por eso rechazan su gestión, así como el actuar del Congreso y de las autoridades del sector justicia del país.
Aguilar señala que a nivel local también se están dando grandes actos de corrupción en varias dependencias.
La población de Quetzaltenango también hizo un llamado para conformar una asamblea plurinacional de carácter urgente, para abordar las problemáticas nacionales.
Las autoridades ancestrales de ese departamento también expresaron que en abril enviaron un documento al mandatario Giamattei con sus propias propuestas para abordar la emergencia durante la pandemia de coronavirus, pero nunca recibieron respuesta.
Marta Elena Toj, de las autoridades comunitarias de Quetzaltenango, tomó el micrófono y en su discurso cuestionó al gobierno de Giammattei, e indicó que también se debe discutir la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
A las personas que luchan por un mundo donde quepan muchos mundos
Compañeras y compañeros:
Somos Comités y colaboradorxs de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, una radio comunitaria que se ubica en Suljaa’, Xochistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero, que inició transmisiones el 20 de diciembre de 2004.
En primer lugar, deseamos que se encuentren bien de salud y en pie de lucha y resistencia, después de un año muy difícil, sobre todo para lxs de abajo que tenemos que trabajar a diario para el sustento del hogar, nosotrxs acá seguimos. En esta ocasión nos dirigimos a ustedes compañerxs para hacer de su conocimiento que, debido principalmente a los apagones, a la inestabilidad de la corriente eléctrica y a los rayos durante la temporada de lluvias pasada, nuestro transmisor sufrió daños y el diagnóstico es que es mejor comprar uno nuevo que repararlo (de hecho ya se intentó), por lo que estamos organizando algunas actividades y emprendiendo una campaña de recaudación de fondos para la compra de un nuevo equipo.
Sabemos que todxs tenemos muchas necesidades y escaso dinero debido a la crisis económica que azota a lxs pobres, sin embargo, pensamos que si entre muchxs aportamos solidariamente lo que está a nuestro alcance, será de gran ayuda para poder comprar otro transmisor que será una herramienta importante para levantar la voz, compartir información y seguir organizándonos en la construcción desde abajo de un mundo donde quepan muchos mundos.
Para lxs que están en la posibilidad de apoyar solidariamente en la compra del nuevo equipo pueden realizar su aportación a la cuenta de nuestra compañera María Azucena Melquiadez Cruz, Bancomer BBVA 4152 3135 9986 3599, CLABE 012 540 015 705 344 326 y enviar una foto de su comprobante del depósito al correo de la radio: lapalabradelagua@riseup o a la cuenta telegram del número de celular 741 117 8363.
De manera anticipada agrademos su contribución, antes del reinicio de las transmisiones les estaremos enviando el siguiente comunicado.
Cuídense mucho y no perdamos la esperanza de volver a encontrarnos en persona más adelante. Reciban nuestros saludos combativos.
Suljaa’, Guerrero, México a 15 de enero de 2021
La palabra del pueblo es libre, clara, rebelde y verdadera.
Foto de archivo de Avispa Media, por Antony Guerra
“Donde tengo mi parcela me robaron mi elote. Fuimos a sacar evidencia y ahí mismo nos ponían balazos, en la comunidad de San Felipe”, relata una mujer integrante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en la región Moisés Gandhi, municipio oficial de Ocosingo.
Ésta es solo una de las denuncias más recientes sobre agresiones armadas y violencia por parte de miembros de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) contra comunidades pertenecientes al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) de Lucio Cabañas, uno de los municipios que fueron recuperados por el EZLN desde 1994. En estos territorios rebeldes, que anteriormente estaban en manos de hacendados y finqueros, se ejerce el autogobierno a través de consejos autónomos.
En días pasados de este mes de Enero, una caravana de observación y solidaridad integrada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, informaron que el día 12, “alrededor de las 8:30 hrs. un grupo de aproximadamente 30 hombres pertenecientes al grupo opositor llegó cerca de las tierras que se encuentran trabajando las BAEZLN, tomando fotos de las y los integrantes de esta Caravana, como una forma de intimidación para obstaculizar su trabajo”, denunciaron en un comunicado.
Esta Caravana realizó un primer trabajo de documentación en Octubre de 2020. Sumado a este esfuerzo, el 7 de Diciembre del 2020 se realizó la primera Misión Civil de Observación, efectuada por parte de organizaciones pertenecientes a la Red “Todos los derechos para todas y todos”, la cual también recabó diversos testimonios que señalan un aumento de los ataques desde 2019. Se señala como principales responsables a miembros de la ORCAO.
En la más reciente visita, esta Caravana tiene la tarea de acompañar un nuevo comienzo en la labranza de la tierra y la siembra de trigo en este territorio rebelde.
Los participantes de la Caravana reafirman, “recordamos que la postura de la caravana de observación y solidaridad es y ha sido a favor de la paz, por esa razón exigimos el respeto al derecho a la autonomía y libre autodeterminación zapatista, a sus tierras recuperadas que forman parte de su territorio, así como el respeto y garantía a la integridad, seguridad y la vida de las Bases de Apoyo del E.Z.L.N.”
Ataques a la economía comunitaria
Las mujeres en Moisés Gandhi, región conformada por ocho pueblos, también reclaman que los miembros de la ORCAO fraccionaron y colocaron en venta tierras recuperadas tras el levantamiento zapatista en 1994.
“En la comunidad de San Felipe…fraccionaron terrenos, echaron su alambrado. En la comunidad de Progreso bloquearon la tierra recuperada”, señalan las BAEZLN sobre el despojo violento por parte de miembros armados de la ORCAO.
Aunado a ello, las familias también señalaron la extracción de materiales para la construcción y madera. “Mientras nosotros estamos luchando en la organización y nunca hemos sacado dinero de las tierras recuperadas, (miembros de la ORCAO) tumbaron los ocotales, están talando las maderas. Ahí están con sus balazos, con sus guardias, con sus altos calibres. Ya no podemos ir a la milpa, nos tienen vigilados”, denuncian sobre la presencia de grupos armados.
De acuerdo al Informe de la Caravana de Solidaridad realizada en octubre pasado, “a inicios del 2020 se sumaron a las agresiones los robos de cultivos, destrucción de alambrados y postes, presencia de gente armada y con radios portátiles en la comunidad y montando guardias, amenazas verbales y escritas, intimidaciones y agresiones físicas a BAEZLN, quema y fumigación de sembradíos, robo de las tiendas de las comunidades autónomas, quema de colmenas, destrozos en la Escuela Secundaria Autónoma y detonaciones de armas de fuego”, todas agresiones sucedidas en el ejido de Moisés Gandhi.
Al mismo tiempo, en la comunidad Nuevo San Gregorio, tierra recuperada con 155 hectáreas en el mismo MAREZ, mediante acciones de intimidación, miembros de la ORCAO impiden el paso a las familias zapatistas hacia los espacios donde realizan trabajos colectivos para fortalecer la economía comunitaria.
“Nosotros queremos trabajar temprano y no podemos realizarlo”, detallan las BAEZLN de Nuevo San Gregorio sobre la imposibilidad de trasladarse a las tierras donde siembran trigo.
Desde Noviembre del 2019, estas tierras se mantuvieron cercadas por el grupo armado de la ORCAO como parte de los hostigamientos que también les ha impedido a las familias el retomar sus trabajos en una cooperativa para la cría de peces, así como el acceso a terrenos para la siembra de hortalizas.
Contrainsurgencia, en aumento
Los ataques a la economía autónoma privan a los pueblos de sus condiciones básicas de vida: agua y alimentos. “El año pasado no pudimos cosechar todo, apenas el 50% se cosechó. De Mayo a Noviembre estamos haciendo un gasto de 80 mil pesos solo para compra de maíz y frijol”, relataron con pesar las familias de Nuevo San Gregorio sobre las acciones de contrainsurgencia, situación que se agrava con la pandemia del Covid-19.
Por ello, durante el último año las BAEZLN resienten la falta de alimentos y la imposibilidad de continuar con trabajos como la siembra para autoconsumo, venta de bordados y de mecapales, así como la elaboración de muebles y carpintería.
Denuncian que “alambraron todo, nuestros animales, nuestros trabajaderos, el agua. Sí, estamos sufriendo mucho”, comparten testimonios de la comunidad de Nuevo San Gregorio, al momento en que muestran los terrenos para la siembra que les fueron despojados violentamente por miembros de la ORCAO.
Los testimonios recabados enfatizan las agresiones acontecidas el 22 de Agosto del 2020, cuando miembros armados de la ORCAO quemaron bodegas de café, el comedor “Compañera Lucha”, además de saquear la tienda colectiva Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, robar el dinero en efectivo y destrozar el lugar.
De acuerdo al informe de la Caravana de Solidaridad, entre los daños de aquel día y agresiones en otros momentos, en total los daños contra las comunidades BAEZLN asciende a casi un millón y medio de pesos mexicanos.
“La tienda era colectiva y nos apoyamos de eso para las comisiones y hasta ahorita no tenemos nada, nos dejaron sin nada. Todo se llevaron, todo el dinero y al compa que estaba vendiendo lo atacaron, lo encerraron y los tuvieron una noche aguantando frío y hambre”,
DENUNCIARON LAS BAEZLN DE LA REGIÓN MOISÉS GANDHI.
Mujeres Base de Apoyo de Moisés Ghandi
Continuar la lucha
“Nosotros no nos rendimos. Para salir adelante empezamos a organizar nuestros trabajos colectivos. Los compañeros jóvenes empezaron con mecapal, aunque no teníamos experiencia, pero así aprendimos. Los compañeros con la carpintería, aunque con un martillo, un serrucho y un cepillo, así estamos saliendo adelante. Nosotras las compañeras empezamos hacer bordados para poder tener un poquito de dinero porque no tenemos nada. Tenemos hijos, piden sus cosas y no tenemos dinero, por eso estamos empezando con eso”, relataron mujeres de las BAEZLN en la comunidad Nuevo San Gregorio.
Además, dicen las Bases de Apoyo del EZLN afirman que mientras se les despoja de estas tierras, inmediatamente el grupo paramilitar las pone a la venta. “Ellos (ORCAO) ya le han dado precio al terreno, que son 100 mil pesos cada hectárea, pero no les vamos a dar gusto para que lo hagan como quieran. Lo vamos a defender, cueste lo que cueste. Nosotros no somos dueños, somos guardianes de la organización. El que es dueño de esta tierra es la organización. El que es dueño de esta tierra son los que dieron su sangre. No solo de nosotros, es de todos”.
El objetivo de la defensa de este territorio liberado, sostiene los campesinos, “es para vivir, no es para hacer negocio. La tierra es para que nos dé de comer, no para hacer negocios. Los árboles son para que nos dé oxígeno, no para hacer negocio. Queremos que les pongan un alto”, exigieron miembros de las BAEZLN de Nuevo San Gregorio durante el recorrido con la Caravana de Solidaridad realizada durante el año 2020.
Según autoridades de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad con sede en Patria Nueva, los miembros de la ORCAO “Ya no son hermanos. Hermanos es cuando te entienden, cuando te escuchan, cuando te siente el dolor, el sufrimiento de los niños, de las mujeres embarazadas”, relatan en los videos de la Caravana Solidaria, pues a pesar de que las BAEZLN han solicitado el diálogo, los miembros de la ORCAO continúan las agresiones armadas.
La gente esta triste pero también con rabia y preocupación. “El coraje y la rabia que tienen mis compañeras, lo tengo también. Hemos dicho: si nos tocan a uno, nos tocan a todos, porque ellos (ORCAO) tienen (tierras) solo para vender, pero nosotros lo estamos cuidando, lo queremos proteger. Porque no solo estamos pensando nada mas por nosotros como pueblos zapatistas, estamos mirando más allá. Nosotros estamos defendiendo la madre tierra porque ahí comemos, ahí vivimos y ahí vamos a seguir resistiendo”, enfatiza una mujer integrante de la JBG del Caracol No. 10 Floreciendo la Semilla Rebelde.
Puedes consultar la serie de videos completos con los testimonios de las familias zapatistas puedes hacerlo ⇒ aquí.
