Por: Andrés Gómez – noviembre 12 de 2020

Las mujeres del pueblo Awá, originarias del pacífico amazónico colombiano, han vivido los rigores del conflicto armado y temen por el nuevo rumbo del gobierno: retomar la guerra contra las drogas, es decir militarización y la fumigación con glifosato, un veneno muy nocivo para el delicado ecosistema amazónico y para su salud.

Esta realidad está conectada a Suecia en dos vías: primero, respalda la lucha contra las drogas y la criminalización de toda la cadena productiva; y segundo, porque al mismo tiempo apoya el proceso de paz colombiano, lo que implica atacar el problema desde la judicialización a traficantes y aplicando programas de prevención de consumo y sustitución voluntaria de cultivos.

La paradoja sueca de apoyar la guerra y la paz en el país hoy se hace relevante. El premio a los defensores de derechos humanos, organizado por la Embajada de Suecia en Colombia y la Iglesia Sueca y Diakonia, ha nominado a varias personas líderes, entre ellas Claudia Jimena Paí, líder del pueblo Awá y quien nos habla de los nuevos conflictos que ha traído la guerra contra las drogas.

La coca en territorio

Claudia Jimena Pai, líder del pueblo Awá que tiene la investidura de Consejera de Mujer y Familia en la organización UNIPA, que representa a más de 20 mil indígenas Awá en Colombia, y recuerda que cuando era niña, antes de finales de la década de 1990, podía caminar tranquila en la selva:

Mi abuelo siempre [me mostró] los linderos (…) cazaban ratón de monte, miraba cómo estaban los animales (…) y yo iba contenta con mi canasto mientras él revisaba la trampa.

A finales del siglo, indica que las cosas cambiaron:

(…) antes usted podía ir caminando y metiendo la cabeza en cualquier riachuelo,  pero desde el año 1999 que llegó la tala de árboles, [y] en el 2.000 los cultivos de uso ilícito, empezaron las afectaciones.

Terminando el año 2.000, miles de personas del vecino departamento del Putumayo huían de la guerra contra las drogas que se materializaba en fumigaciones, bombardeos y militarización. Muchas personas encontraron refugio en el pacífico nariñense, y a pesar de ser una zona con un déficit en recursos básicos, decidieron asentarse y tomaron tierras para cultivar coca. Además, la guerrilla de las FARC-EP convirtió la zona en una retaguardia estratégica y empezó a intervenir la economía de esta droga a través de impuestos y normas de control social.

Para 2.001 el cultivo se expandió,  no solamente por los que huían de la guerra, sino por la necesidad de suplir recursos básicos, Martha García, la Consejera de Administración y Finanzas de la UNIPA lo recordó así:

Por una arroba de maíz [no pagan] más de $ 2, si usted saca a vender un racimo de plátano grande : $1.8, $ 2, la gallina, se levanta, se saca a vender al pueblo pero no le dan todo lo que le toco a usted para criar, si le dan $ 4 [o]  $ 5 [y] eso no es suficiente(…) al llegar el cultivo ilícito al territorio, la gente lo que miraba era que tenía un poquito más , de plata, porque lo que sembraba en el campo no les daba, es decir no faltaba la comida pero a veces querían comprar otras cosas, como ropa (…)

Cambio sociales en la comunidad

Los cambios sociales creados por el cultivo de coca y la guerra han hecho que la violencia contra las mujeres aumente. La violencia sexual se convirtió en un grave problema, las mujeres awa empezaron a alertar a las niñas sobre la presencia del Ejército Nacional y las FARC-EP, algo que Dalia Bolaños, mujer awa de 21 años que trabaja con la Consejería de Mujer y Familia recuerda: “mi abuelo, mi mamá, mis tíos, tías, [nos decían] que no nos debíamos acercar a ellos [ejército o guerrillas] porque ellos eran mala gente, incluso nos decían que nos podían violar”.

La vida se volvió peligrosa. Dalia recuerda que cuando niña no solo temía de todos los que tuvieran armas, también temía de la aviación colombiana:

mire que pasaban avionetas [y siempre nos decían] que nos metiéramos a la casa por lo que decían que eso era peligroso, que de pronto tiren una bomba, siempre era uno prevenido, o cuando iba uno caminando y salía de repente una avioneta o un helicóptero siempre nos quedábamos quieticos en el árbol.

La militarización por parte del ejército resultó en combates con las FARC-EP, minas antipersonales, confinamiento, asesinatos y masacres. Pero, una de las estrategias militares del Estado colombiano que más ha afectado a las mujeres han sido las fumigaciones con glifosato. Claudia lo recuerda como un tiempo en el que desaparecieron alimentos y plantas medicinales:

En 2004 [y] comienzos del 2005 [comenzaron] a fumigar y  fue bastante duro porque habían enfermedades de piel como dermatitis y [las]compañeras en embarazo [tuvieron] hijos con deformidades; algunas plantas tradicionales también desaparecieron, [y]productos del pan coger como  plátano,  chile,  maíz que es muy sensible para estos químicos, muchas frutas; también los pescados y todo el ecosistema [se afectó], la biodiversidad, los ríos, quebradas, los sitios sagrados (…), cuando vinieron las fumigaciones, con el señor Álvaro Uribe con el Plan Colombia, nos perjudicó mucho el buen vivir, y la convivencia con  la naturaleza

Dalia, una niña en ese tiempo, recuerda que esos años fueron de hambruna, enfermedad, muerte y desplazamiento:

(…) había mucha escasez, no teníamos qué comer, mi familia decía: nos toca salir hacía la costa para poder sobrevivir y buscar alimentos (…)  en esa época murieron las plantas que tenían sembrado maíz, entonces nos vimos muy afectados y las enfermedades, yo no sabía por qué nos enfermábamos y la desnutrición, en esa época murieron muchos niños, algunas familias salieron y se fueron a vivir a otro lado, eso fue lo  más duro para mí.

Pero el narcotráfico y la guerra no solo ha afectado a las mujeres awa por la destrucción ambiental, los daños a su soberanía alimentaria y la violencia sexual, ocasionada especialmente por las Fuerzas Militares. Los hombres Awa también han cambiado, como lo recuerda Claudia:

A los hombre ahora les importa la plata, el que más bebe, el que más tiene mujeres, ha influido el narcotráfico, la mafia, que nuestros jóvenes también se estén suicidando por problemas de reclutamiento, por problemas de pareja, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el que piensen que el ser hombres es tener muchas cervezas o el pegar, entonces esto [nos] ha afectado mucho.

Marta García, la Consejera de Administración y Finanzas, también recuerda con tristeza los cambios

Los hombres cambiaron, algunos dejaron a sus mujeres porque tenían plata, iban al pueblo y miraban mujeres y se fueron, independientemente de los hijos que tengan, incluso algunos sacaron [a sus parejas] de donde habían vivido y llevaban a la otra mujer, cosa que esa mujer se quedaba volando sin saber a dónde ir, le tocó ir con sus hijos por allá a trabajar, , los hombres  se desordenaron, no todos, pero si en su mayoría, incluso [hubo] enfermedades de transmisión sexual porque algunos hombres [iban a] prostíbulos  y después vinieron a estar con sus mujeres.

Sustitución voluntaria

Claudia Pai, quien considera que se debe optar por otras alternativas a la militar y en la que se incluya la “consulta previa con pueblos indígenas”, tal como lo exige el Convenio  Número  169  de  la  OIT.

Para Marta García, de volver a la fumigación se repetiría la historia, el pueblo Awá enfermaría, no tendría comida, y las personas con ahorros los gastaban en alimentos que antes producían. Cree, que la guerra contra las drogas no es una solución y pone como ejemplo el proceso de paz:

Yo diría que la mejor solución sería [el] diálogo, porque cuando estuvo el presidente Santos, hubo unos acuerdos que llegaron y yo digo que dialogando se pueden solucionar las cosas

Su posición va acorde a lo pactado en el acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano con la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

En 2020, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), entidad que supervisa la efectividad del PNIS, “casi 100.000 familias vinculadas en 56 municipios de 14 departamentos erradicaron 40.506 hectáreas, un nivel de cumplimiento de 95%. Además, el nivel de resiembra solo alcanzó 0.4%”. Demostrándose que son las estrategias de sustitución las que logran un cambio, ya que nunca la fumigación había conseguido dicha reducción.

Sin embargo, a pesar del éxito del PNIS, este programa fue suspendido y el Estado colombiano en febrero de 2020 detuvo el funcionamiento de UNDOC. Así, el diálogo y la sustitución no parecen ser la ruta que ha escogido el gobierno de Duque.

Enfrentando el exterminio

Aunque el PNIS constituye una política de avanzada, el pueblo Awá no había hecho parte del Programa porque no hubo proceso de consulta previa y las disidencias de las antiguas FARC-EP ejercen presión para que las comunidades no lo acepten.  Sin duda la situación del pueblo originario es dramática, y la guerra contra las drogas solo la agrava: como lo reconoció en 2011 la Corte Constitucional al declarar que el Pueblo Awá “se encuentra en peligro de exterminio físico y cultural”.

Claudia Paí, indica que para que no se consume el genocidio contra su pueblo, su identidad como mujer awa ofrece formar de pervivir y crear:

Lo que podemos dar [las mujeres awa] al mundo es decirles que estamos en defensa de nuestros derechos pero también de la madre naturaleza que ya se está quejando y ella sabe y tiene su momento y que si no miramos a nuestra naturaleza, van a llegar  momentos muy duros y afectaciones [como] el cambio climático, como mujeres tenemos que aportarle a la parte ambiental en defensa de nuestro Katsa su, nuestro territorio y la naturaleza.

La pregunta para Suecia es: va a apoyar la vía del presidente de Colombia Iván Duque, con el respaldo del gobierno estadounidense, con la militarización y la fumigación, o  cuestionará la efectividad de esa estrategia que ha demostrado ser ineficaz.

Siendo un país que aboga por el dialogo y con una agenda feminista, debería considerar la opinión de Dalia, Marta y Claudia y la experiencia de Colombia con el PNIS y tener en cuenta que la reducción de producción de coca es posible, siempre y cuando se cuente con la experiencia y participación de las comunidades, especialmente de los pueblos originarios.

Desde hace catorce años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos exigiendo justicia. Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso. Seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevó.

Recordamos a nuestra compañera María Núñez González que fue ejecutada al interior de su vivienda, junto con la criatura que llevaba en su vientre, mientras protegía a su hermana menor discapacitada, Petrona Núñez González, que fue secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió, falleció en el 2010.

La constante agresión hacia los pueblos indígenas no para. Ese día -13 de noviembre de 2006- 40 personas armadas, provenientes de los poblados de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada Comunidad Lacandona), acompañadas por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación, con siete elementos a su mando, y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social, atacaron a nuestras hermanos y hermanas en su pequeña comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.

No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los Pueblos Indígenas de nuestros territorios. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedará en el olvido. Hoy, a catorce años, nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo. No olvidamos que el único delito de nuestros hermanos y hermanas masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y su territorio, para tener el sustento de sus familias.

Nuestra voz y lucha ha tenido un paso más; queremos informar públicamente que, el pasado 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Informe de admisibilidad No. 264/20, de la Petición 1594-10 del Caso Pedro Núñez Pérez y Otros, México, en donde señalamos claramente, la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares, que tuvieron lugar durante la agresión violenta en a nuestra comunidad Viejo Velasco, en un operativo de tipo paramilitar, con participación de agentes estatales.

Cabe señalar que esta masacre se dio en el contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.

Por eso estamos aquí y aquí seguiremos exigiendo justicia, hoy, desde la comunidad de San Martín Chamizal, donde fuimos recibidos con nuestras familias y sepultamos a nuestros compañeros.

EL GRITO DE LA SANGRE DERRAMADA IMPUNEMENTE EN LA SELVA LACANDONA, VIEJO VELASCO, TIENE SED DE JUSTICIA.

Reiteramos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano, de justicia para nuestras 36 hermanas y hermanos en desplazamiento forzado, así como por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González y la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlos responsable de asesinar a sus propios compañeros.

QUEREMOS JUSTICIA, QUEREMOS VERDAD

CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y OPERADORES POLÍTICOS

Clamor de sangre derramada en la tierra de Viejo Velasco, Selva Lacandona

MADRE TIERRA CUÁNTA INJUSTICIA,

COBIJA MI ESPÍRITU CON LA SOMBRA DE LA SELVA.

Atentamente

Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco

Coordinadora de la Organización Social XINICH

UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC

Organizaciones acompañantes:

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas- CDLI-XINICH

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.-Frayba

Maderas del Pueblo del Sureste – MPS

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. – Sadec

Casa de la Mujer Ixim Antsetic A.C.

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.- CDMCH

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas

Colectivo IngeniumMex (Xalapa, Ver.)

Ik Balam Agencia de Noticias Ambientales

Carta Mesoamericana

Pacto de Grupos Ecologistas

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal).

13 de noviembre de 2020.

Ejido Chamizal, municipio de Palenque, Selva Lacandona, Chiapas, México.

Pronunciamiento conjunto

Robin A. Canul Suarez / Mongabay

Hopelchén, Campeche, destaca por ser uno de los municipios con las más altas tasas de deforestación a nivel nacional. Grandes extensiones de terrenos que hace unos años albergaban parte de la selva maya, ahora son habitadas por cultivos agroindustriales.

Hace tiempo que los apicultores de la región ya alertaban sobre algunas de las consecuencias de la deforestación que avanza en su territorio. Este año, en el que varias tormentas tropicales y huracanes golpearon al sureste de México, quedó en evidencia la vulnerabilidad de un territorio que pierde sus reservas forestales.

Hace ya poco más de diez años, Leidy Pech y sus compañeras mayas ya lo alertaban. En el municipio de Hopelchén, en Campeche, al sur de México, la deforestación avanzaba sin control, grandes extensiones de la Selva Maya se transformaban en inmensos campos de cultivo. La agroindustria, decían, estaba cambiando el rostro de sus comunidades y del monte. Eso que ellas denunciaron hace una década, aún continúa.

Leidy Pech, sus compañeras mayas y alrededor de 16 000 familias de toda la Península de Yucatán, se dedican a la apicultura; actividad que depende de que la selva esté en pie y en buen estado de conservación.

La mayoría de los productores de miel tienen colmenas de la abeja más conocida, la Apis mellifera, pero Leidy Pech y sus compañeras se empeñaron en rescatar las prácticas ancestrales de producción de miel y en conservar a una abeja nativa, que no tiene aguijón y que realiza sus colmenas al interior de troncos huecos. A esa abeja la ciencia la llama Melipona beecheii, para los mayas es la Xunáan Kab, “la dama de la miel”.

Leidy Pech produce miel con abejas nativas que forman sus colmenas en troncos huecos. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Hace poco más de diez años, Leidy Pech y las mujeres mayas de las comunidades del municipio de Hopelchén comenzaron a ver cómo se iban quedando sin pedazos de selva, cómo sus abejas morían por los plaguicidas, cómo al “tirar el monte” se perdían flores endémicas que son el alimento de las cerca de 200 abejas nativas que los científicos han identificado tan solo en la Península de Yucatán y cómo al abrir grandes campos de cultivo también se modificaban los sistemas hidrológicos de la región.

Fue por ello que, junto con otras iniciativas —la Organización Muuch Kambal y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes—, no han cesado en denunciar el avance de la deforestación en la Península de Yucatán, sus consecuencias y la impunidad que ha permitido que se cambie el uso de suelo.

De acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch, entre 2001 y 2019, tan solo el municipio de Hopelchén perdió 186 000 hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 20% de lo que se tenía en el 2000.

El doctor Edward Allan Ellis, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y quien ha realizado varios estudios sobre deforestación en la Península de Yucatán, señala que en Hopelchén, la tasa de deforestación es cinco veces más alta que el promedio nacional.

Hopelchén, Campeche. Desmonte y quema de la selva en ‎abril‎ de ‎2016; el lugar es hoy parte del campo menonita Las Flores, donde se siembra soya. Foto: Franz López.

Vulnerables a tormentas y huracanes

En las primeras semanas de noviembre, los medios de comunicación mostraron las imágenes de las inundaciones y destrozos causados por el huracán Eta en lugares como Tabasco y Chiapas, al sureste de México; así como en Guatemala, Nicaragua y Honduras. Territorios donde la selva y los manglares también han perdido terreno.

Meses antes, a principios de junio, en el estado de Campeche llovió como hace años no se recordaba. Durante cinco días se registró la mitad de las lluvias que, en promedio, cae durante un año en la región, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). No fue un huracán, sino dos tormentas tropicales con vientos de baja intensidad —Amanda y Cristóbal— las que causaron todo un cisma y mostraron la vulnerabilidad de un territorio que pierde su cubierta forestal.

Leidy Pech cuenta cómo la lluvia se estacionó durante cinco días: “El 4 de junio se inundó mi comunidad Ich Ek y casi todas las comunidades de Hopelchén. Vimos cómo el nivel del agua iba creciendo y no paraba. Desde los huracanes Opal y Roxana (que fueron de categoría 4 y se registraron en 1995) no habíamos tenido inundaciones de esta magnitud”.

En el municipio de Hopelchén, 93% de las colmenas sufrieron daños durante las inundaciones. Foto: Robin A. Canul Suarez.

De acuerdo con una evaluación de daños realizada por organizaciones civiles y colectivos de apicultores y campesinos agroecológicos, las tormentas causaron daños a más de 120 comunidades de la Península de Yucatán. En Campeche, donde la producción de miel es una de las principales actividades económicas, se afectaron 93% de las colmenas, 28% de ellas se perdieron. El territorio más golpeado fue el municipio de Hopelchén, donde 22 poblados registraron graves inundaciones y, por lo menos, 3500 familias resultaron afectadas.

Las carreteras se convirtieron en ríos; algo inusual en la Península de Yucatán, un territorio que, por su formación geológica, solo tiene corrientes de agua subterránea. Comunidades como San Juan Bautista Sahcabchén, a 19 kilómetros de la cabecera municipal, quedaron incomunicadas por más de ocho días. En la zona se miraban los cadáveres de animales; también los restos de los cajones de madera que habían funcionado como colmenas.

Durante las inundaciones se miraban los cadáveres de animales flotando en los lagos que se formaron en zonas deforestadas. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Sahcabchén es una comunidad que está rodeada de tierras deforestadas para transformarlas en zonas de cultivo. A su alrededor, por ejemplo, está el campo menonita Santa Fe. La tormenta transformó ese lugar en una gran lago; así se mantuvo por más de tres meses.

Al igual que Sahcabchén, el poblado de Xcalot Akal está rodeado por terrenos deforestadas, tienen como su vecino al campo menonita Santa Rosa. “El agua vino del campo menonita. El agua empezó a subir y apenas y pudimos resguardarnos en los lugares más altos del pueblo”, recuerda Adriana Cauich, quien vive en Xcalot Akal.

Álvaro Mena es integrante de la organización indígena y campesina Ka Kuxtal Much’ Meyaj. Durante los días de la emergencia, él y otros pobladores de Hopelchén recorrieron la región y revisaron imágenes satelitales para documentar los daños. Fue así que identificaron que los lugares donde se deforestó, y que ahora son campos de monocultivos o áreas ganaderas, las inundaciones fueron más intensas. Entre estas áreas sobresalen los campos menonitas de Santa Fe, Nuevo Progreso y Nuevo Durango; así como el Valle de Paal Pool, en la comunidad de Chunchintok.

“Las grandes deforestaciones de la selva y las zonas costeras ha generado un gran impacto en todo el territorio de la Península de Yucatán: contaminación de suelos, de agua, pérdida de biodiversidad… Al no tener ecosistemas sanos, no tenemos las barreras naturales ante los impactos de tormentas y huracanes”, explica la doctora en geografía y maestra en ingeniería ambiental Yameli Aguilar Duarte, del Instituto Nacional de Investigaciones Forenses Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Campo menonita Santa Fe, Hopelchén, Campeche.Permaneció inundado por más de tres meses. En noviembre aún persistían encharcamientos significativos. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Tumbar selva para la agroindustria

El municipio de Hopelchén —así como toda la Península de Yucatán— alberga parte de la Selva Maya, la cual se extiende desde el sureste de México hasta Belice y el norte de Guatemala y es considerada como el segundo macizo de selva tropical más grande en el continente.

Perder cobertura forestal de la Selva Maya no es algo menor: se reduce el territorio donde habitan especies consideradas en riesgo de extinción como el jaguar o el tapir; se afecta la diversidad de especies —por ejemplo, de polinizadores como las abejas—, se pierden reservas forestales que contribuyen a mitigar el cambio climático.

En Hopelchén, la pérdida de selva tiene una larga historia, pero se ha intensificado en la última década.

Durante casi diez años (1972-1983), México tuvo un Programa Nacional del Desmonte cuyo objetivo era tumbar selva para impulsar la agricultura. Fue también a través de un programa de gobierno —recuerdan los habitantes de Chunchintok— cuando se deforestó el Valle de Paal Pool.

Una de las primeras áreas deforestadas en Hopelchén para la agroindustria fue el Valle de Paal Poll. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

Guillermo León, quien vive en Chunchintok, menciona que en la década de los setenta se hizo el cambio de uso de suelo de tierras ejidales —al menos 12 500 hectáreas— para sembrar arroz; “aunque daba la producción, los que la manejaban decían que no les alcanzaba para pagar el crédito”.

Indalecio Canul Uc, de la misma comunidad, comenta que el programa gubernamental que impulsó la transformación del Valle de Paal Pool duró tres años y solo se utilizaron 5000 hectáreas de las más de 12 500 deforestadas. Hoy esos terrenos son utilizados como áreas ganaderas y en cada temporada de lluvias se llenan de agua.

A partir de la década de los años ochenta, nuevas áreas comenzaron a ser deforestadas en la zona. Eso se dio a partir de la llegada de comunidades menonitas —dedicados a la agricultura a gran escala— provenientes de Durango y Chihuahua que se instalaron, sobre todo, en Campeche y, en especial, en los municipios de Hopelchén y Hecelchakán.

Zonas deforestadas en Sahcabchén, municipio de Hopelchén, Campeche, para instalar campos de cultivo. Foto: Everardo Chablé

En el estudio “Impulsores de deforestación y percepción de cambios de uso de suelo en paisajes ganaderos en tres municipios de Campeche, México”, la investigadora Hanna Rae Warren señala que “los menonitas pueden ser vistos como importantes agentes de deforestación; altamente efectivos en el cambio de uso del suelo a usos mecanizados”.

Para su estudio, Rae Warren entrevistó a investigadores forestales quienes destacaron que “la eliminación de la cobertura (forestal) con mecanización suele ser permanente, extensiva y se trabajan los suelos hasta el punto de su degradación”.

Los campos de cultivo menonitas se han extendido por el municipio de Hopelchén, en Campeche. Durante las tormentas de principios de junio, fueron los terrenos que más se inundaron. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Hopelchén: un foco rojo de deforestación

El doctor Edward Allan Ellis ha dedicado varios de sus estudios científicos a estudiar las causas de la deforestación en la Península de Yucatán en los últimos 20 años. Su trabajo lo ha llevado a identificar dos “focos rojos” de deforestación en la Península: Hopelchén, en Campeche; y Bacalar, en Quintana Roo.

En el caso Hopelchén, el investigador documentó que entre 1986 y 2015 se registró una pérdida de 46 000 hectáreas de cobertura forestal; el 75 % ocurrió entre 2005 y 2015. “Después de 2005, se dispara”, señala el científico, quien menciona que esa nueva deforestación afecta, sobre todo, las zonas de transición entre la selva baja y la selva alta.

De acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch, tan solo en 2017 se perdieron 23 000 hectáreas de cobertura forestal en el municipio de Hopelchén; en 2018 fueron poco más 8000 hectáreas y en 2019 alrededor de 9800 hectáreas.

Ellis no duda en señalar que esa deforestación “está relacionada con la expansión de la agricultura comercial mecanizada”. El investigador recuerda cuando fue testigo, a principios de la década del 2000, de cómo empezó la deforestación de alrededor de 5000 hectáreas de selva maya, para transformarlas en el campo menonita Nuevo Durango. “Fue impresionante. Cuando llegamos ahí, apenas habían hecho esa deforestación masiva, recién habían quemado… Hoy ya está todo eso deforestado”.

A Ellis no le sorprende que los lugares deforestados en Hopelchén sean ahora los más vulnerables a inundaciones. Además de que se tumbó la selva, apunta el investigador, se quitó la capacidad de filtración del suelo. Esto provocará —advierte— que estos lugares se sigan inundando cuando se presenten tormentas o huracanes.

En el mapa se muestra el avance de la deforestación en Hopelchén, Campeche, entre 2001-2018.

Modificación de los sistemas hidrológicos

Si algo caracteriza a la Península de Yucatán, explica la doctora Yameli Aguilar Duarte, es su sistema geológico de aguas subterráneas, así como sus diferentes tipos de suelos, los cuales son muy vulnerables a cualquier cambio.

En el caso de Hopelchén, la expansión de la agroindustria no solo ha provocado deforestación, también se han modificado los sistemas hidrológicos de la zona.

La ingeniera agrícola e investigadora Irma Gómez trabaja con la organización Muuch Kambal, de la cual forma parte Leidy Pech y las mujeres mayas que impulsan la agroecología y la apícultura; ellas han realizado un monitoreo sobre los cambios que está sufriendo el territorio forestal de Hopelchén.

En los campos de cultivos agroindustriales se han construido pozos de extracción y de absorción que han alterado los sistemas hidrológicos de la región. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Irma Gómez explica que gracias a ese monitoreo se ha documentado cómo la transformación de la selva en extensas parcelas para la agricultura tecnificada, “ha modificado los flujos naturales del agua”.

La ingeniera agrícola explica que en las grandes extensiones de parcelas se nivelaron los terrenos, se construyeron drenes y se perforaron pozos de absorción para que, en la época de lluvia, no se formen encharcamientos que afecten los monocultivos de soya, sorgo o maíz híbrido; “son pozos directos que tienen como 100 metros de profundidad; son desagües por donde se manda el agua residual, cargada de plaguicidas, al manto freático”.

Esos pozos no sirvieron de nada durante los días de las tormentas; los extensos terrenos agrícolas y ganaderos se inundaron, se transformaron en lagos y así permanecieron, en algunos casos, hasta por un mes.

Los campos agrícolas y ganaderos instalados donde antes había selva, se transformaron en lagunas durante varias semanas. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Cambios de suelo, sin permiso

Desde 2012, comunidades mayas de Hopelchén y otros municipios de Campeche y Yucatán se organizaron para denunciar la siembra de soya transgénica. Incluso, lograron que un juez revocara el permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó para sembrar organismos genéticamente modificados en la región. Pese a ello, la soya transgénica sigue sembrándose en Hopelchén, de acuerdo con el monitoreo realizado por los colectivos mayas.

Las comunidades no han desistido en su lucha. Es por ello que el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) solicitaron a la Semarnat, a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, datos sobre las solicitudes y autorizaciones para cambio de uso de suelo en terrenos forestales en Hopelchén.

La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat informó que, desde enero de 2009 hasta el primer semestre de 2020, solo existen dos permisos para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, otorgados en 2016, para la instalación de líneas eléctricas de alta tensión para los tramos Hecelchakán-Hopelchén y Escárcega-Xpujil.

Deforestación y cambio de uso de suelo en Campeche. Foto: Everardo Chablé

Así que los cambios de uso de suelo de los terrenos en donde antes había selva y hoy solo hay campos agrícolas se realizaron sin respetar lo que marca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De acuerdo con el Código Penal Federal se debe establecer una pena de seis a nueve años de prisión, así como el pago de una multa, a quien “desmonte o destruya la vegetación natural o cambie el uso del suelo forestal”.

Las organizaciones Muuch Kambal y el colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes han denunciado, ante varias dependencias, la deforestación provocada por la expansión de la agricultura industrial en Hopelchén. Hasta ahora lo único que han visto es “una total impunidad”, resalta Irma Gómez.

Mongabay Latam solicitó entrevista con las autoridades de la Semarnat y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero no se tuvo respuesta.

Guillermo León, de la comunidad de Chunchintok, ha sido testigo del avance de la deforestación y sus consecuencias en Hopelchén. Foto: Robin A. Canul Suarez.

En junio pasado, la Alianza Maya por las Abejas Kaabnaloón —integrada por apicultores de la Península de Yucatán— envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde señalan: “Por miles de años, las y los mayas hemos tenido diferentes prácticas ecológicamente correctas, prácticas que ahora se encuentran amenazadas por los modelos del ‘progreso’ económico y social promovidos por los gobiernos y las empresas que le sirven al capital para asegurar su acceso a nuestros bienes naturales y a la mano de obra barata”. Ante ese escenario solicitan replantear esos esquemas, para garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural.

Leidy Pech señala que las tormentas que inundaron sus comunidades les recordaron, una vez más, las consecuencias de tumbar el monte. “Esto que nos pasó tiene un origen: la deforestación. Toda esa forma en que han cambiado el uso de suelo, la forma en que han modificado el territorio nos ha dejado en una situación de riesgo. Estos eventos naturales van a continuar, no los podemos evitar. Pero sí podemos reflexionar sobre lo que ha pasado en nuestro territorio”.

Así como Leidy Pech y sus compañeras mayas se han aferrado a conservar las técnicas ancestrales de producción de miel, también están empeñadas en defender esa selva maya que aún resiste, un ecosistema que es vital para la existencia de las comunidades indígenas que viven de la apicultura, pero también para especies como el jaguar o las abejas.

* Imagen principal: La deforestación del Valle de Paal Pool, en Hopelchén, se realizó en la década de los setenta como consecuencia de programas gubernamentales para la siembra de arroz; el ecosistema nunca se recuperó. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

https://es.mongabay.com/2020/11/mexico-esto-sucede-cuando-se-tumba-selva-en-el-territorio-maya/

Consulta el Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moises Gandhi. aqui: https://redajmaq.espora.org/informecaravana2020

2a parte del 2do Emplazamiento de la comunidad Otomi a las autoridades del INPI y el gobierno de la Ciudad de México

VIDEO DEL ENCUENTRO 10 noviembre 2020

https://web.facebook.com/coordinacionmetropolitana/videos/358664442023703/

VIDEO COMPLETO DEL ENCUENTRO 10 NOVIEMBRE 2020

https://www.facebook.com/regeneracionradio/videos/652677562077409/

Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG
2a parte del 2do Emplazamiento de la comunidad Otomi a las autoridades del INPI y el gobierno de la Ciudad de México

Comunidad otomí: “No hay excusa para no atendernos”, afirman.
#Diálogo desde el #INPI
Comunidad Indígena Otomí emplazó a Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino.

VIDEO DEL ENCUENTRO 3 noviembre 2020

https://fb.watch/1xeX51mwvb/

Regeneración Radio
Diálogo desde el INPI Comunidad Indígena Otomí emplazó a Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino. “No hay excusa para no atendernos”, afirman.

Comunidades Zoques, Zapotecas e Ikoots hacen un recorrido de vigilancia en territorio concesionado por el gobierno federal a la minera Minaurum Gold.

Pobladores, comuneros y autoridades municipales de San Miguel Chimalapa y sus alrededores se reunieron el pasado 30 de octubre en un lote concesionado por el gobierno federal a una de las filiales en México de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., denominado “La Jackita”.

EN CONTEXTO ⇒ ¿Por qué crece el rechazo local y global a la minería en la selva de los Chimalapas?

La movilización tuvo la finalidad de “verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”, así lo expresaron en un comunicado firmado, entre otros, por las autoridades de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de San Miguel Chimalapas, así como miembros de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo.

Con el título de concesión número 225472, el lote denominado “Jackita” abarca 1,499.88 hectáreas de superficie entre los municipios de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec. Dicho polígono es parte de un proyecto más grande llamado “Santa Martha”, de 6,410 hectáreas de superficie en el que la empresa de origen canadiense Minaurum Gold Inc., tiene la intensión de extraer oro y cobre.

Para ello, el 23 de julio de 2020 ha presentado a la Secretaría de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una Manifestación de Impacto Ambiental (20OA2020MD038) para la “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica, publicada el 13 de agosto del presente año.

Ante ello, las comunidades Zoques de San Miguel Chimalapa denuncian que “la empresa minera ha realizado incursiones en nuestro territorio de manera ilegal puesto que la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación”. Y exigen que la SEMARNAT no otorgue el permiso de exploración pues la empresa no cuenta con la autorización de las comunidades, quienes revindican su derecho al territorio y a la Autonomía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR ⇒ Pueblo Zoque hace frente a exploración y explotación minera en los Chimalapas

Asimismo, denuncian el ocultamiento de información por parte de SEMARNAT, pues la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca les ha negado acceder a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Minaurum Gold S.A. de C.V., y exhiben las falsedades expuestas por parte del Director General de Minas de la Secretaría de Economía, Eduardo Enrique Flores Magón y López, y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, quienes el 28 de septiembre de 2020, en conferencia oficial de prensa aseguraron que en los Chimalapas no existen concesiones mineras ni Manifestaciones de Impacto Ambiental.

“Lo real es que dicho documento si existe (…) y se encuentra en la SEMARNAT, que de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”, destacaron en el comunicado.

Por último, en el comunicado reconocen que la actividad minera es una amenaza para los ríos, la tierra y el aire de las comunidades. En específico “el proyecto minero “Santa Martha” que atenta a la cuenca del Ostuta, Espíritu Santo, y las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”. Asimismo, retoman como ejemplo las afectaciones provocadas por otros proyectos mineros en el estado, particularmente en San José del Progreso y en San José de Gracia.

OAXACA, Oax.- Indígenas zoques de San Miguel Chimalapas recuperaron sus tierras comunales para impedir que Minaurum Gold Inc continúe con el megaproyecto “Santa Marta”.

La minera canadiense atenta contra la cuenca de los ríos Ostuta y Espíritu Santo, y de las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Cuestionaron al gobierno federal por “los engaños, opacidad y “traición”.

El pasado viernes 30 de octubre de 2020, hombres y mujeres zoques se vieron obligados a dejar sus actividades normales.

“Nos movilizamos (y) nos posicionamos en nuestras tierras para verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”.

Denunciaron que la empresa minera ha incursionado en su territorio ilegalmente, porque la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación.

De igual forma, denunciaron la complicidad gubernamental de la Cuarta Transformación.

El director de Minas, Eduardo Enrique Flores Magón y López, afirmó que “no existen concesiones mineras ahí” en la región de los Chimalapas.

La titular de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró “y mucho menos tienen una Manifestación de Impacto Ambiental.

“Para tener una Manifestación de Impacto Ambiental tienes que tener una concesión”, lo real es que existen.

Para reforzar su argumento, sostuvieron que “dicho documento sí existe y es la Manifestación de Impacto Ambiental con número 20OA2020MD038.

“Se encuentra en la SEMARNAT, de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”.

Por consiguiente, “desde nuestro territorio, señalamos el ocultamiento de la información por parte de la SEMARNAT, pues nos apersonamos en la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca para solicitar la MIA, y nos fue negada.

“Posteriormente hemos permanecido en la incertidumbre de conocer ¿Cuál es la resolución de SEMARNAT respecto al permiso ambiental solicitado por Minaurum Gold?”.

Exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dé a conocer la resolución respecto al permiso ambiental solicitado por Minaurum Gold Inc.

Y que dicho resolutivo se haga público, con negativa a los permisos de exploración para la empresa venida de Canadá.

Aclararon que “durante años hemos mantenido la defensa de nuestras tierras comunales que actualmente vemos amenazadas por este megaproyecto minero.

“Es por eso que este 30 de octubre de 2020 nos vemos obligados a posicionamos de nuestras tierras”.

“Nosotras mujeres y hombres angpøn (zoques) milenarios habitantes de San Miguel Chimalapas declaramos ante los pueblos de la región y el mundo que nuestro territorio ha sido y continuará prohibido a la minería”.

Insistieron que “en el ejercicio pleno de nuestro derecho al territorio y a la autonomía hacemos presencia en la congregación de La Cristalina.

“En el área denominada en los registros del Gobierno Federal como polígono de concesión minera “La Jackita” mismo que abarca 1,499 hectáreas.

“Cuyo número de título de concesión minera es el 225472 otorgada por la Secretaria de Economía a la empresa Minaurum Gold Inc.”

Ante la amenaza de que ríos, tierra y aire se contaminen por la exploración y explotación minera llamaron a las comunidades, pueblos y municipios zapotecas e ikoots.

Les pidieron estar atentos ante cualquier posible incursión de la empresa.

Sabemos que la activación de los proyectos mineros va de la mano con la imposición del mega proyecto del Corredor Interoceánico.

Como pueblos zoques, zapotecos e ikoots nos posicionamos a nivel regional en rechazo total al proyecto minero “Santa Marta”.

“Sabemos que no somos los únicos pueblos afectados por la ambición de las empresas en Oaxaca.

“Todas y cada una de las regiones padecen la incertidumbre y presión provocada por el avance de las mineras y los efectos de minas instaladas.

“Tanto en San José del Progreso del Valle de Ocotlán como en San José de Gracia”, añadieron.

Y agregaron que “sabemos también que mientras existan las concesiones mineras aprobadas y solicitudes en trámite no podremos tener paz y tranquilidad.

“Por eso nos declaramos territorio prohibido para la minería.

“¡Rechazo total a la entrada exploración y explotación de las empresas mineras!”.

Finalmente, exigieron “al gobierno federal, directamente la secretaría de Economía, la cancelación de todo tipo de concesión, solicitud o asignación minera en sus tierras.

“Lo hemos manifestado una y otra vez, no hemos permitido ni permitiremos la entrada de proyecto minero alguno en nuestras tierras”.

https://pagina3.mx/2020/11/ante-traiciones-del-gobierno-zoques-impiden-avance-de-empresa-canadiense-en-los-chimalapas/

CONVOCATORIA

Encuentro de Resistencias y Rebeldías
A 24 años de la fundación del CNI y a 528 años de resistencia indígena,
afrodescendiente y popular en nuestra América

Considerando

Que el sistema capitalista mundial bajo su actual modelo neoliberal, el cual se encuentra en una de sus más profundas crisis económica, política, sanitaria, ecológica, social, representa mayor despojo, racismo, desprecio, explotación a través de políticas que profundizan la extracción de la ganancia por diferentes vías; el patriarcado, como parte de su política de exterminio que se expresa en la alta tasa de feminicidios: La violencia sistemática del Estado aliado con la delincuencia organizada que se traduce en asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas, a hombres y mujeres, a periodistas, a luchadoras y luchadores sociales

Que en nuestro país la política institucional que atiende los asuntos indígenas a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reproduce las mismas políticas asistenciales y clientelares, y sirve de parapeto justificando consultas a modo para imponer proyectos y megaproyectos que sólo benefician al gran capital, como lo son el mal llamado Tren Maya, el corredor transístmico, el Plan Integral Morelos, “Sembrando Vida”, el aeropuerto de Santa Lucía, entre otros

Que la expulsión progresiva de las comunidades indígenas de su tierra y territorio para apropiárselas el gran capital a través de políticas de Estado, sólo les ha dejado a muchas y muchos como alternativa de subsistencia migrar a las ciudades donde se recrudece el desprecio, el racismo y la precariedad en sus condiciones de vida negándoles derechos sustanciales y humanos como el de la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la cultura, la alimentación, etc.

Que la toma de las instalaciones del INPI por parte de la comunidad otomí residente en la ciudad de México, es un YA BASTA a la violación sistemática de sus derechos elementales, siendo este un ejemplo de dignidad que ha permitido denunciar las condiciones en las que viven los pueblos indígenas en las ciudades, permitiendo asimismo que otras resistencias hagan resonar su voz y evidenciar que como pueblos originarios son víctimas de políticas solo ven en ellos sujetos de caridad,
Que el mal gobierno sigue su paso contrainsurgente, incrementando los niveles de militarización y paramilitarización en todo el país, y particularmente en las comunidades zapatistas en Chiapas, impone  sus proyectos de muerte, genocidio y ecocidio en beneficio de los capitalistas, aprovechando la desmovilización por la pandemia de Covid 19 que para el pueblo trajo muerte y para ellos oportunidades, como “anillo al dedo”
Convocamos
A todos los que luchan, se organizan y resisten contra las imposiciones, el desprecio, la represión, la guerra de exterminio, la explotación, el despojo y la destrucción de la tierra y el territorio, a un

Encuentro de Resistencias y Rebeldías
(Presencial y Virtual)
El sábado 07 de noviembre de 2020, a partir de las 9 horas, en la toma otomí del INPI, avenida México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía- Coyoacán, ciudad de México, de manera presencial. Y de manera virtual en el enlace que más adelante se precisa:

De Acuerdo al siguiente REGLAMENTO:

Presencial: Dadas las condiciones sanitarias derivadas del COVID-19, quienes acudan a través de confirmar previamente su asistencia será con una pequeña comisión (2 ó 3 representantes) por comunidad, pueblo, colectivo u organización. El aforo máximo posible será de aproximadamente 40 compañer@s
Virtual:  Transmisión en VIVO por facebook.com/coordinacionmetropolitana

para la participación virtual pide informes al correo:  cmaa.cig@gmail.com

Intervenciones que se irán intercalando con las intervenciones presenciales
Tiempos de intervención: Por las razones expuestas, las  intervenciones tendrán un límite de entre 5 a 7 minutos máximo, por representación colectiva o individual.
PD: Si fuera posible, sugerimos que las intervenciones se presenten de preferencia por escrito, con objeto facilitar el contar con una memoria física del Encuentro.
Los trabajos se llevarán a cabo en plenaria y se abordará la discusión de acuerdo a la siguiente  temática:
1. Cómo nos organizamos y luchamos contra el sistema capitalista desde los pueblos y comunidades originarias, desde el campo y la ciudad
2. Cómo vinculamos y organizamos nuestras luchas desde abajo y a la izquierda, desde nuestras demandas particulares, locales y generales para seguir avanzando
3. Plan de Acción
Alto a la guerra contra el EZLN
Alto a la militarización del país.
Fuera paramilitares de Chiapas, de Guerrero y de todo México
Apoyo total a la digna resistencia y rebeldía de los otomíes del CNI en la Ciudad de México
No al tren maya
No al corredor en el Istmo de Tehuantepec.
No a los megaproyectos de muerte
Justicia para nuestros hermanos asesinados por defender el territorio y la Madre Tierra
Justicia para los asesinados del CNI y del CIPOG-EZ
Justicia para Alexis Benhumea
Justicia para Samir Flores
Justicia para Carlos Sinhué

P r o g r a m a

10.00 a 10.30                            Registro
10.00 a 10.30                            Bienvenida a cargo de representantes de la comunidad Otomí
10.30 a 14.00                            Discusión en plenaria, presencia y virtual
14.15 a 15.30                              Receso para comida
15.30 a 18.00                            Se reanuda la discusión orientada a establecer un Plan de acción

Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG