solidaridad
Justicia de París admite demanda civil contra el parque eólico de EDF en México
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Foto de portada: Beatriz Millón
La Corte de Apelaciones de París admitió la demanda civil interpuesta por la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, localizada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, contra la empresa francesa Électricité de France (EDF). Además, aclaró los pasos necesario a seguir para futuros casos bajo la ley francesa del Deber de Vigilancia de las Empresas, que otorga a los tribunales nacionales la capacidad de controlar las acciones de las empresas francesas cuando causan daño en el extranjero.
La demanda fue presentada por la comunidad, en conjunto con las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (ProDESC) y European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), en octubre de 2020, por violaciones a sus derechos territoriales colectivos. La comunidad de Unión Hidalgo es la primera comunidad indígena que invocó sus derechos bajo la ley francesa.
Las organizaciones afirman que EDF no respetó el derecho de la comunidad indígena al consentimiento libre, previo e informado en la planificación del parque eólico Gunaa Sicarú en Oaxaca, México. La empresa tampoco tomó medidas adecuadas para prevenir la intimidación, el acoso y la violencia contra las y los defensores de los derechos humanos que criticaban el proyecto.
“Nos alienta la decisión del tribunal de reconocer la admisibilidad de nuestra demanda contra EDF, lo cual reafirma nuestro derecho a impugnar acciones corporativas que violan nuestros derechos sobre tierras comunales y derechos humanos”, sostiene Guadalupe Ramírez, defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo.
Para el coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC, Guillermo Torres, esta decisión envía un mensaje claro a las empresas transnacionales. “Sus actividades pueden estar sujetas a revisión judicial siempre que no cumplan con la ley. También abre el camino para que otras comunidades afectadas exijan acceso a la justicia en los países de origen de las corporaciones”, asegura.
Riesgo de regreso
En 2022, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo logró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cancelara el contrato de suministro eléctrico firmado con EDF, con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado.
De acuerdo con Torres, la inviabilidad del proyecto fue declarada por las autoridades mexicanas, tras una serie de litigios emprendidos en México desde 2017. “Esos litigios versaron sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas con motivo del proyecto, pero la responsabilidad de la empresa por violaciones a los derechos humanos no fue analizada en esos casos”, explica a Avispa Mídia.
EDF tiene una responsabilidad que “es distinta e independiente a la responsabilidad estatal, de acuerdo con los estándares internacionales sobre debida diligencia; es por ello que el juicio [en París] sigue adelante”.
Además, aunque el proyecto fue considerado “inviable material y legalmente por las autoridades mexicanas, la empresa sigue buscando vías legales por las cuales reactivarlo”. Un ejemplo, cita Torres, es que EDF inició un procedimiento arbitral relacionado con la cancelación del contrato de compraventa de energía.
Demex
En 2022, once comuneros de Unión Hidalgo lograron la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras firmados con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que posee un parque eólico en la comunidad.
El fallo contra la empresa estableció que las tierras donde levantaron su complejo de generación de energíafueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.
Alerta por el estancamiento de las Mesas de Diálogo entre el Gobierno de la CDMX, la Comunidad Indígena Otomí y la Organización Social UPREZ Benito Juárez, sin previamente haber alcanzado algún acuerdo
Alertamos que las Mesas de Diálogo entre el Gobierno de la CDMX, la Comunidad Indígena Otomí y la Organización Social UPREZ Benito Juárez, se estancaron, sin previamernte haber alcanzado algún acuerdo. No miramos, indicios de poder avanzar en la solución de lo que ellos llaman “el conflicto”. Por lo que alertamos, se pudiera estar fraguando una posible salida violenta, es decir, un desalojo a la Casa de los Pueblos.
Sras. y Sres. de los Medios de Comunicación
Sean Ustedes Bienvenid@s
Depués de más 25 años de exigir el derecho a una vivienda digna y decorosa como lo establece el Art. 4º Constitucional y después de 3 años y 8 meses que la Comunidad Indígena Otomí tomó el Instituto Nacional de Pueblos Indígrenas, INPI, hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, muy seguramente, lo que digamos, ya no resultará ser noticia para un titular en las primeras planas de sus medios de comunicación; excepto, claro, que un día de estos, la mala noticia sea que la Casa de los Pueblos fue desalojada violentamente; y todo, porque un pequeño grupo de indígenas, en medio de su “deslumbrante tranformación” decidió no solo no quedarse callada, sino desafiar al sistema capitalista y patriarcal para exigir, se cumplan sus derechos sociales tal y como lo estable la Constitución política de 1917, que depaso valga la pena mencionarlo, a 107 años de su promulgación, nuestros derechos a la salud, alimentación, trabajo, educación y vivienda, son letra muerta.
Señor@s de los medios de comunicación, no sabemos si en otro día habrá la oportunidad de decirlo, por lo que hoy queremos reiterar lo siguiente: el Art, 2. Constitucional, párrafo 4º, señala que: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Esto, no sucede en la CDMX.
Sr. Andres Manuel López Obrador y Sr. Martí Batres Guadarrama, porqué no cumplen con este precepto constitucional?, qué les ha impedido resolver la demanda de vivienda de esta comunidad Otomí?, porqué nos ignoran?, porqué nos desprecian?, porqué nos discrimina?, porqué nos criminalizan?, porqué no hay congruencia en sus discursos y los hechos?, nuestra demanda vine de más de 25 años atrás; porqué ésta adminitración de la Cuarta Tranformación resultó igual que las anteriores?, será que solo se ha cambiado al Capatáz pero el Finquero sigue siendo el mismo?.
Ante tantos años de oídos sordos y ante tanta discriminación, hoy hecha, política pública de gobierno, apelamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de las normas internacionales relativas a los Pueblos Indígenas como lo es, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes No. 169; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo realativo a vivienda, alimentación, educación, salud, agua y propiedad intelectual; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niñ@.
Hacemos un llamado URGENTE, porque miramos que en medio del cambio de gobierno, más allá de resolver nuestras demandas y en espacial la de vivienda; más allá de continuar con las Mesa de Diálogo que por cierto no se avanzó en nada; más allá de habernos cortado la luz desde el pasado 20 de junio, sin importales las condiciones de vida de nuestros niños recién nacid@s y nuestr@s adult@s mayores, como un acto de represión; más allá de quedarnos sin agua y con un problema serio del bombeo de las aguas negras, porque nos dicen: “que la Comisión Federal de Electricidad” no quiere reconectar la luz. Nosotros anticipamos que muy seguramente se esta preparando una salida violenta “al conflicto” como ellos le llaman. Es decir, el Traidor de los Pueblos Adelfo Regino Montes está en la antesala para hacer entrega de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues como han de recordar, a dos años de la creación del INPI en 2018, sus instalaciones centrales le fueron tomadas, es decir; de 6 años como titular del INPI, sólo tuvo la gloria de despachar dos años, el resto lo hizo en el exilio.
Resulta sorpredente que en casi 4 años de la Toma del INPI, no hayan tenido la capacidad de resolver las demandas de la Comunidad Otomí, mejor dicho, no quisieron resolverlas.
La pregunta es, ¿En qué condiciones Adelfo Regino, hará entrega de las Instalaciones del INPI a la nueva adminitración?. Aquí señalamos el fondo de nuestra denuncia…
Muy seguramente se prepara la entrega del inmueble a la siguiente administración con Carpetas de Investigación, con órdenes de aprehención, no solo criminalizando la lucha de la Comunidad Otomí, sino incluso judicializando la denuncia por despojo agravado y muy seguramente, con una acción de desalojo violento, como la única vía para acabar con “el conflicto”. Pues mietras en esto se prepara la clase política, en contraste, y con premeditada simulación, las mesas de diálogo están establecidas y el gobierno definió un calendario, el 17 de junio nos recibieron en las oficinas del gobierno central sin avances significativos; la siguientre cita está programada para el día 1 de julio y su propuesta es, que el día 15 de agosto sea la fecha en la que la Comunidad deberá entregar el edificio que hoy ocupa la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. Obviamente, no les importa si se resolvieron o no, las demanda de la comunidad. Es suma, estan haciendo una limpieza, de los conflictos, para la siguiente administración.
A pesar de la tormenta en la que nos organizamos y resistimos, anunciamos públicamente, que ya no tenemos nada que perder, asi que seguiremos en el bloqueo de la Av. México-Coyoacán hasta a la reconexión de la luz y hasta el cabal del cumplimiento a nuestras legítimas demandas, como unica garantía para acabar con “el conflicto” que tando dolor de cabeza les ha ocasionado”.
Y para que quede contancia públiaca de nuestra propuesta que entregmos a Martí Batres Guadarrama el pasado 12 de febrero del presente año, como la única ruta de solución a las demandas de la Comunidad, la hacemos de su conocimiento:
- Ante la justificación del gobierno respecto a la imposibilidad de expropiar Londres 7/ Roma 18, ofrecieron comprar a través el INVI, un terreno de 3000 m2 a cambio del predio de referencia. Por lo que exigimos el cumplimeinto de ese acuerdo.
- Exigimos la inmediata desocupación e inicio de las obras para 40 departamentos en el predio de Zacatecas 74, que de paso recordamos, este inmueble fue expropoiado el 17 de junio de 2021.
- Exigimos retomar la construcción de las obras suspendidas en Vícvtor Hugo 126, Juan Escutia 10, Certificados 6, e iniciar la obra en Antropólogos 56. De igual forma acelerar los procesos de expropiacion de Independencia 12 y Cuauhtemoc 73.
- Exigimos el reconocimiento institucional a los 19 titulares que asignó la Comunidad Otomí como beneficiarios en el inmueble ubicado en la calle de Zacatecas 74, Col. Roma.
- Solicitamos el otorgamiento de la ayuda de renta social a los beneficiaro titulares de Zacatecas 74, tal y como lo establecen las Reglas de Operación del INVI, para inmuebles en alto riesgo estructural.
- Exigimos una Mesa de trabajo con Adelfo Regino Montes y/o quien asigen para solicitar el desistimiento de las denuncias penales en contra de la Comunidad Indígena Otomí y en contra de nuestro compañero Diego García, que por más de treinta años ha caminado con nuestra comunidad. De igual forma demandamos una reunión urgente con la Fiscalía la CDMX y la Fiscalía General de la República para exigir un alto total a la judicialización de la Toma INPI.
- Respecto al predio de Londres 7/Roma 18, hace unos años le propusimos a Martí Batres, que no sólo queriamos hacer vivienda en el predio, sino que pretendiamos rescatar la Memoria Hitórca de lo que fue la sede de la resistencia española en México durante la epoca del del Franquismo. Celebró nuestra visión y mencionó que el mayor reconocimiento a la Comunidad Otomí, por resgurdar durante más de dos décadas dicho inmueble, sería que ahí tambien se quedara la comunidad Otomí. Sin embargo, el anuncio que hizo Martí Batres, hace unos días respecto al mismo predio, demuestra que no solamente nos negaron el derecho a vivir en Roma 18, sino que hicieron suya nuetra prouesta. Acambio, ofrecieron, que en el proyecto que desarrolle en dicho lugar, se asignará un espacio cultural para la Comunidad Otomí, en donde pueda desarrollar sus actividades. Por lo que exigimo el cumplimiento a su palabra.
- Exigimos que los inmuebles ubicados en Independencia 68 y Cafetal 369, deberán de adquirirse y fideicomitirse a través del INVI, dichos inmuebles, tienen contrato de compraventa desde 2016 y 2017. Todo un sexenio sin la voluntad de compra, al menos para la organización social UPREZ Benito Juáez.
- Que la salida, desocupación o entrega de la Casa de los Pueblos, será posible, SI Y SOLO SÍ, se adquiere y fideicomite a traves del INVI, el inmueble ubicado en la calle de Independencia 12, Col. Zacahuizco, con una superficie de 3000 m2. Dicho inmuebel debará pasar al patrimonio de la Comunidad Otomí y de la Organización Social UPREZ Benito Juárez, no sólo para construir vivienda digna de interés social, sino para construir halgo más simple y algo más sensillo, es decir, un “Centro Cultural Comunitario”, donde se levante la nueva sede de la “Casa de los Pueblos y Comuniades Indígenas, ´Samir Flores Soberanes´”. Este proyecto integral deberá contar con vivienda digna, con estacionamiento, con una sala amplia de usos multiples, con un comedor, con una cocina comunitaria, con dormitorios, baños y regaderas, con una escuelita autónoma, con una radio comunitarias, con un centro de medicina alternativa, con un temazcal, con el adecuado aprobechamiento y reciclamiento de aguas pluviales, servicios complementarios o accesorias para la elaboración y venta de artesanías, una azotea adecuada para la composta y el desarrollo de huertos urbanos, un espacio para producción de pan y elaboración de torillas, un un taller amplio para la producción de “Ar Lele”, la muñeva rebelde y un espacio asignado al aire libre para es esparcimiento de la comunidad y el desarrollo de muy diversas actividades.
Señores de los medios de comunicación, esta es la propuesta que presentamos a Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la CDMX; a Erasto Ensástiga, Subsecretario de Gobierno CDMX; a Tania Libertad Argumedo Chávez, Coordinadora Ejevcutiva de Seguimienro Institucioanl del INVI; a Inti Muñoz, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, comisionado para encabezar las Mesas de Diálogo con la Comunidad Otomí y la Organización Social UPREZ Benito Juárez y, su tarea, encontrar una solución integral a lo que ell@s llaman “el conflicto”. ENTONCES PREGUNTAMOS ¿DE QUÉ LADO ESTÁ LA SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD?
Dejamos entonces ante Ustedes, la ruta que hemos planteado para encontrar una solución justa y digna a nuestras demandas, y por ende, a nuestra digna lucha de Resistencia y Rebeldía.
No nos vendemos, No claudicamos y No traicionamos
Atentamente
¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!
¡Tener Techo, es un Derecho!
¡Vivienda pagada, no regalada!
¡Por el Derecho a la Ciudad!
¡Nunca más una Ciudad sin su pueblos y comunidades indígenas!
¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas!
¡Viva el CNI, Viva el CIG, Viva el EZLN!
Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX
UPREZ Benito Juárez