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En México, pueblos indígenas sin reconocimiento al derecho al agua
Por Renata Bessi
En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X
La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.
Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.
No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.
Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.
El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.
La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.
Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.
Concesiones, por mayoreo
La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto. Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.
A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.
Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.
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La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.
CODEDI denuncia nuevas agresiones: policía y narcotráfico coludidos
Por Vanessa García Navarro
En portada: Conferencia de prensa realizada por la organización indígena. Foto de Vanessa García Navarro
Este lunes (9) por la mañana, “Día internacional de los pueblos indígenas”, representantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se posicionaron enfrente del templo de Santo Domingo, en Oaxaca, para realizar una nueva acusación sobre un viejo problema, no sólo vigente, sino creciente: agresiones hacia sus miembros por parte del Estado mismo, asociado con el crimen organizado.
Cristóbal Ramírez (actual vocero del CODEDI), procedió a leer el comunicado, en el cual denuncia que el pasado 24 de julio se suscitó la aprehensión injustificada de él y su compañero Josué Sánchez. La policía municipal, abordo de la patrulla con número A-0005, perteneciente a Santa María Huatulco, los detuvó por una presunta denuncia ciudadana por “conducta sospechosa”.
Sin ninguna prueba para imputarles crimen alguno, fueron informados que los trasladarían a la comandancia, a lo cual ellos accedieron; no obstante, los eventos se tornaron viciados, ya que los agentes simplemente los condujeron a otro lugar, poco antes de un punto conocido como “el crucero”. Los interrogaron, los registraron y al no encontrarles armas (tal y como los dos jóvenes les habían indicado), los llevaron a una zona de terracería. Ahí los entregaron a dos personajes vestidos de civil (que claramente no eran miembros del cuerpo policiaco, sino, posiblemente, del crimen organizado) a quienes les encomendaron “trabarlos”.
En manos de estos sujetos, Cristóbal Ramírez y Josué Sánchez fueron amagados y violentados. Finalmente los enviaron al que era su destino original (la agencia policiaca en la cabecera de Santa María Huatulco), en donde la policía los obligó a pagar una multa (también injustificada) y recibieron nuevas amenazas: “Para pasar por Santa María Huatulco, deberían pagar, nadie pasa de forma gratuita”.
Así, este reciente calvario de tres horas se extiende con secuelas. Una amenaza no sólo para los involucrados directos, sino una advertencia descarada de la corrupción e impunidad que rige el municipio de Santa María Huatulco, al estado de Oaxaca, e impacta contra la ciudadanía, especialmente los pueblos originarios.
También, es la oportunidad de exigir justicia por los crímenes que no se olvidan. Ya antes habían acontecido ataques a integrantes del CODEDI, pues el 12 de febrero del 2018 fueron emboscados cuatro integrantes de la organización, siendo el saldo tres asesinados (dos menores de edad y uno de los fundadores). El único sobreviviente, Abraham Ramírez Vásquez, ha sufrido varios intentos de asesinato y hoy en día necesita estar en resguardo.
Por otro lado, Fredy García Ramírez (anteriormente miembro del primer comité general, vocero y cara pública del CODEDI), quien apenas hace dos años era coorganizador del “Tercer Encuentro Nacional de Teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas”, declaraba para Avispa Midia, “nosotros como organización decimos que somos como una piedra en el zapato para el Estado”. Con ello comprueba desde hace casi 24 meses la verdad de sus palabras, ya que desde noviembre del 2019 fue apresado arbitrariamente en el penal de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hoy en día las autoridades, lejos de dar respuesta y solución a su proceso legal, vulneran a García Ramírez, confinándolo apartado de sus compañeros bajo pretexto de la COVID-19.
Quedan muchas irregularidades y perjurios por vencer, lo cual representa un nivel mayor de dificultad, porque de acuerdo a la organización indígena, los antagonistas de los pueblos originarios son el mismo gobierno estatal, federal y la red de narcotráfico. Sin embargo, en palabras de la propia CODEDI, “demandaremos nuestros derechos a vivir en paz, como pueblos originarios, porque no es posible que una pequeña familia con una pequeña tienda en la esquina, el comercio desorganizado en la zozobra del miedo por la pandemia, además de estar viviendo en la precariedad, tiene que soportar a un narco estado que cobra el piso por habitar lo que es nuestro en contubernio con quienes dicen vela por la seguridad”.
Hoy, nuevamente, llaman a los medios y a los defensores de los derechos humanos de México y el mundo a no quitar la vista de ellos, porque ellos no quitaran el dedo del renglón hasta conseguir justicia.