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Chiapas | Pobladores enfrentan grupos criminales; miles desplazados por violencia
Por Sare Frabes
En portada: Familias del municipio de Pantelhó abandonan sus hogares ante el incremento de la violencia en la región. Foto por CDH Frayba
Desde el pasado miércoles (7) se han suscitado enfrentamientos armados entre grupos de autodefensas comunitarias y células del crimen organizado en la cabecera municipal de Pantelhó, informó la asociación civil Cáritas, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
Así mismo, denunció que las balaceras se han extendido en la región de los Altos de Chiapas hacia comunidades del municipio vecino de Chenalhó, enmarcadas en la espiral de violencia que azota la región desde ya varios años.
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“Se habla de 26 muertos, 40 heridos, lo cierto es que la Cabecera de Pantelhó ha permanecido incomunicada, y un número indeterminado de desplazados de ambos municipios que podrían llegar hasta más de 2,000”, contextualiza Cáritas sobre el saldo de los enfrentamientos.
De acuerdo al comunicado de la asociación religiosa, las familias desplazadas se han trasladado a distintos puntos de la región, entre ellos la ciudad de San Cristóbal de las Casas, aunque la mayoría se ha refugiado en comunidades de los municipios vecinos y en la parroquia de Chenalhó, donde existen cinco centros de atención a desplazados.
Por su parte, mediante pronunciamiento conjunto, personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional exigieron justicia para Simón Pedro Pérez López, expresidente de la Mesa Directiva de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal e integrante del Congreso Nacional Indígena, quien fuera asesinado el pasado lunes (5).
En dicho pronunciamiento, las organizaciones denuncian que las incursiones del grupo criminal han sido acompañadas por elementos de la policía municipal y estatal. A su vez, reafirman que la operación del grupo criminal en Pantelhó forma parte de las estructuras del poder municipal y actualmente están vinculados al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que gobierna el municipio.
“Por su parte la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) tiene conocimiento de la situación, ya que varios pobladores del municipio de Pantelhó han presentado denuncias por hechos de violencia perpetrados por grupos criminales y su vínculo con las autoridades del municipio. La Fiscalía ha sido omisa y poco diligente para realizar las investigaciones y acercar la justicia a las víctimas de esta violencia”.
Un ejemplo de la complicidad de las autoridades con la estructura criminal es la denuncia de que el pasado 6 de junio, durante la jornada electoral, testimonios denunciaron que los vehículos de la Guardia Nacional fueron conducidos por integrantes del grupo delictivo.
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La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas también ha denunciado la reactivación de “las fuerzas que mutaron de paramilitares a crimen organizado aliados al narco gobierno que han invadido nuestro estado para controlar la resistencia de los pueblos organizados que defienden su autonomía”.
Actualmente son al menos 19 comunidades de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó las cuales se encuentran en un nivel máximo de riesgo ante la operación del grupo criminal.
“Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror debido a la amenaza que han recibido por parte de las personas vinculadas al crimen. La vida de quienes denuncian está en riesgo”, señala el pronunciamiento difundido la tarde de este jueves (8).
En el mismo documento explican que, debido a la nula actuación de los gobiernos federal y estatal para garantizar y proteger la vida, seguridad e integridad personal de la población, grupos de pobladores se organizaron para la defensa de la población atacada por la estructura criminal.
También enfatizaron la criminalización de dicho grupo, denominado Defensores del Pueblo, pues han sido señalados por la prensa local y nacional como otro grupo delincuencial renombrado como “los Ciriles”.
Según su documentación, el grupo criminal apoyado por la estructura municipal y policiaca “ha crecido en poder basado en los pactos de impunidad institucionales de los gobiernos, aunado a la complicidad y omisión, lo que configura aquiescencia del Estado perpetrando violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, denuncia el pronunciamiento.
Cabe resaltar que el día martes (6) se encontraron dos artefactos explosivos de manufactura casera en la comunidad Nuevo Israelita, población donde vivía Simón Pedro Pérez López.
Según testimonios de los pobladores, las casas donde encontraron los explosivos pertenecían al grupo criminal señalado como responsable por el asesinato del defensor e integrante de Las Abejas de Acteal. Acorde a la denuncia del pronunciamiento, hasta la tarde del jueves (8) dichos artefactos no habían sido desactivados, lo cual representa un riesgo para la población local.
Por último, las organizaciones señalan que cuentan con información de actos de intimidación, vigilancia y amenazas del grupo criminal “a personas que no se han quedado calladas ante esta situación, como lo son las y los integrantes de la Organización de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, así como las servidoras y servidores de la Parroquia de Santa Catarina Pantelhó, que abarca comunidades de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó, por lo que tememos por su vida, integridad y seguridad personal. Hacemos responsable al Estado mexicano de cualquier agresión hacia ellas y ellos”.
México: 14 indígenas defensor@s de derechos asesinados en 2021
Por Sare Frabes
Al cierre de esta edición, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó sobre la presencia del crimen organizado y el inminente riesgo de un ataque armado contra 120 personas desplazadas, integrantes de Las Abejas de Acteal, quienes se encuentran refugiadas en la sede de dicha organización.
En México, durante la primera mitad del 2021, 14 personas indígenas han sido asesinadas como represalia por su participación en procesos para la defensa de sus derechos, tierra y territorios.
De acuerdo a registros de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos crímenes han ocurrido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.
Mediante pronunciamiento público, las organizaciones que forman parte de la iniciativa recalcaron que las consecuencias de dicha violencia en comunidades indígenas tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, sino a las comunidades en su conjunto.
“La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello”, enfatiza el pronunciamiento.
También señalaron la inacción de los diferentes niveles del Estado mexicano, lo cual impide la realización de investigaciones sobre los responsables de las agresiones, así como la falta de justicia y la implementación de medidas de no repetición hacia l@s sobrevivientes, las familias y comunidades.
El caso más reciente es el asesinato del ex presidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, ocurrido el pasado lunes (5) en el municipio de Simojovel.
Chiapas, violencia desbordada
Recientemente, debido a su trabajo como defensor de derechos humanos, Pérez López había participado como enlace para realizar denuncias sobre la operación de grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico en el municipio de Pantelhó y en los Altos de Chiapas.
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En entrevista para medios locales, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, detalló que debido al activismo de Pérez López, los pobladores de Pantelhó le solicitaron su colaboración para realizar un llamado de auxilio a las autoridades estatales con la finalidad de detener el acoso y violencia de los grupos criminales.
Por ello, el 26 de junio se entregó un documento a la la Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, donde se detalla la denuncia de los pobladores de Pantelhó quienes señalan existen vínculos entre las autoridades municipales, tanto actuales como electas recientemente, con los grupos armados que participan en la distribución de drogas, venta de armas y otras actividades ilícitas.
En la carta, se denuncia a los responsables de los grupos armados y su relación con Raquel Trujillo Morales, recién electo para ocupar la presidencia municipal con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Además, el documento señala que durante los últimos tres años dichos grupos criminales son responsables por el asesinato de 11 personas, así como también por el desplazamiento de familias de mas de 10 comunidades del municipio.
Nueve días después, Simón Pedro Pérez López fue asesinado.
“La muerte de Simón Pedro es consecuencia de la injusticia, del narcoayuntamiento, del narcotráfico, del crimen organizado en Pantelhó”, sentenció el párroco Marcelo Pérez durante la ceremonia de velación de su cuerpo.
Desde la mañana de este miércoles (7) se han registrado hechos violentos en múltiples puntos de Pantelhó. Reportes en redes sociales mencionan el actuar de grupos con armas de grueso calibre y explosivos quienes tomaron caminos y catearon viviendas en la cabecera municipal y en distintas comunidades del municipio.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas informó sobre ocho efectivos policiacos y militares lesionados en una emboscada la mañana de este jueves (8).
Agresiones sistemáticas
La denuncia de los grupos integrantes de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas contextualiza también casos de asesinatos registrados en otras geografías de México.
Es el caso de Oaxaca, donde el 23 de marzo fue asesinado Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna y quien fuera parte del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde (COPUDEVER), organización que defiende su territorio desde hace más de una década contra la construcción de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.
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Debido a la organización contra dicho proyecto, en solo un periodo de tres meses fueron asesinados cinco defensores indígenas. Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal, así como Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes son las víctimas en una comunidad de apenas 500 habitantes.
Por otra parte, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, han ocurrido cinco homicidios. Las personas asesinadas formaban parte de cinco comunidades que han decidido ejercer su derecho a la Autonomía ante la amenaza de la violencia por parte del crimen organizado en la región.
María Eufemia Reyes Esquivel fue asesinada el 4 de diciembre de 2020. El 17 de enero de 2021, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón fueron asesinados mientras actuaban como parte de la ronda comunitaria.
Hasta la actualidad, ningún oficial gubernamental acudió al lugar de los hechos para documentar las agresiones.
“Para el gobierno del estado de Michoacán, estas muertes no han sido si quiera registradas, mucho menos investigadas. A ese escenario de ignominia, se suma el asesinato del joven Manuel Carmona Esquivel el 17 de febrero. Todas estas muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en el territorio”, detalla la Iniciativa.
Por último, también se menciona el caso de desaparición del vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia, ocurrido el pasado 27 de mayo, en el sur de Sonora.
“Días más tarde, el 21 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó en un comunicado público que habían encontrado su cuerpo sin vida. A este terrible hecho se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio. Indigenous Peoples Rights International tiene información de diversas fuentes de la región, que reportan de más de 20 personas indígenas yaquis desaparecidas. El pueblo Yaqui ha sido uno de los grandes referentes de las luchas de los pueblos indígenas en México por la defensa de sus derechos colectivos como pueblos indígenas y desde hace varios años enfrenta una situación de violencia cada vez más delicada”, denuncian las organizaciones de derechos humanos.
