militarización
CODEDI denuncia nuevas agresiones: policía y narcotráfico coludidos
Por Vanessa García Navarro
En portada: Conferencia de prensa realizada por la organización indígena. Foto de Vanessa García Navarro
Este lunes (9) por la mañana, “Día internacional de los pueblos indígenas”, representantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se posicionaron enfrente del templo de Santo Domingo, en Oaxaca, para realizar una nueva acusación sobre un viejo problema, no sólo vigente, sino creciente: agresiones hacia sus miembros por parte del Estado mismo, asociado con el crimen organizado.
Cristóbal Ramírez (actual vocero del CODEDI), procedió a leer el comunicado, en el cual denuncia que el pasado 24 de julio se suscitó la aprehensión injustificada de él y su compañero Josué Sánchez. La policía municipal, abordo de la patrulla con número A-0005, perteneciente a Santa María Huatulco, los detuvó por una presunta denuncia ciudadana por “conducta sospechosa”.
Sin ninguna prueba para imputarles crimen alguno, fueron informados que los trasladarían a la comandancia, a lo cual ellos accedieron; no obstante, los eventos se tornaron viciados, ya que los agentes simplemente los condujeron a otro lugar, poco antes de un punto conocido como “el crucero”. Los interrogaron, los registraron y al no encontrarles armas (tal y como los dos jóvenes les habían indicado), los llevaron a una zona de terracería. Ahí los entregaron a dos personajes vestidos de civil (que claramente no eran miembros del cuerpo policiaco, sino, posiblemente, del crimen organizado) a quienes les encomendaron “trabarlos”.
En manos de estos sujetos, Cristóbal Ramírez y Josué Sánchez fueron amagados y violentados. Finalmente los enviaron al que era su destino original (la agencia policiaca en la cabecera de Santa María Huatulco), en donde la policía los obligó a pagar una multa (también injustificada) y recibieron nuevas amenazas: “Para pasar por Santa María Huatulco, deberían pagar, nadie pasa de forma gratuita”.
Así, este reciente calvario de tres horas se extiende con secuelas. Una amenaza no sólo para los involucrados directos, sino una advertencia descarada de la corrupción e impunidad que rige el municipio de Santa María Huatulco, al estado de Oaxaca, e impacta contra la ciudadanía, especialmente los pueblos originarios.
También, es la oportunidad de exigir justicia por los crímenes que no se olvidan. Ya antes habían acontecido ataques a integrantes del CODEDI, pues el 12 de febrero del 2018 fueron emboscados cuatro integrantes de la organización, siendo el saldo tres asesinados (dos menores de edad y uno de los fundadores). El único sobreviviente, Abraham Ramírez Vásquez, ha sufrido varios intentos de asesinato y hoy en día necesita estar en resguardo.
Por otro lado, Fredy García Ramírez (anteriormente miembro del primer comité general, vocero y cara pública del CODEDI), quien apenas hace dos años era coorganizador del “Tercer Encuentro Nacional de Teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas”, declaraba para Avispa Midia, “nosotros como organización decimos que somos como una piedra en el zapato para el Estado”. Con ello comprueba desde hace casi 24 meses la verdad de sus palabras, ya que desde noviembre del 2019 fue apresado arbitrariamente en el penal de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hoy en día las autoridades, lejos de dar respuesta y solución a su proceso legal, vulneran a García Ramírez, confinándolo apartado de sus compañeros bajo pretexto de la COVID-19.
Quedan muchas irregularidades y perjurios por vencer, lo cual representa un nivel mayor de dificultad, porque de acuerdo a la organización indígena, los antagonistas de los pueblos originarios son el mismo gobierno estatal, federal y la red de narcotráfico. Sin embargo, en palabras de la propia CODEDI, “demandaremos nuestros derechos a vivir en paz, como pueblos originarios, porque no es posible que una pequeña familia con una pequeña tienda en la esquina, el comercio desorganizado en la zozobra del miedo por la pandemia, además de estar viviendo en la precariedad, tiene que soportar a un narco estado que cobra el piso por habitar lo que es nuestro en contubernio con quienes dicen vela por la seguridad”.
Hoy, nuevamente, llaman a los medios y a los defensores de los derechos humanos de México y el mundo a no quitar la vista de ellos, porque ellos no quitaran el dedo del renglón hasta conseguir justicia.
Toka, el software de espionaje israelí se implanta en América Latina
Por Vanessa García Navarro
En portada: Ejecutivos de Toka se fotografían con funcionarios chilenos durante una reunión en Santiago, Chile, en 2020.
Quizás el uso de softwares espías de alta gama para encarrilar asuntos de seguridad cibernética de todo un país se conjeturaba únicamente presente en naciones altamente industrializadas o que bailan a sones bélicos, pero, lo que podría sonar como una situación ajena a Latinoamérica, en realidad está implantándose en Chile.
A mediados del año pasado, el gobierno chileno anunció que, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – entidad que participara, en 2019, en la inversión de 250 millones de dólares para instituciones latinoamericanas- contrataría los servicios de la empresa israelí de software-espía, Toka.
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Para algunos esta noticia tan sólo representaba la oportunidad de reforzar la seguridad cibernética de la república de los confines de sudamericanos; lo conciben como la oportuna satisfacción de una necesidad, sobre todo después de que en mayo del 2018 el banco chileno sufriera un ciberataque. Por otro lado, la relación entre Palestina y Chile le otorga a esta implementación matices diferentes, asoma nuevas tácticas de guerra y sujeción.
En 2019, el Banco Mundial y el Estado israelí llegaron a un acuerdo enfocado a impulsar la ciber-seguridad de países en desarrollo, de modo que puede inferirse que este es el motivo por el cual Toka ha ganado múltiples contratos financiados por el Banco Mundial. Sin embargo, Toka no concursa para proteger los intereses de cualquier nación que quiera contratarla, de hecho, suele prestar sus servicios únicamente a aquellos gobiernos que considera de confianza, como en el caso de la república de Moldova (aliado de Israel).
Con este trasfondo se deduce que no es coincidencia que Toka posara sus ojos en Chile, ya que es el país que alberga a la comunidad más grande de palestinos exiliados fuera de territorio medio oriental, y, por ende, representa un significativo aliado para Palestina e impetuoso punto de resistencia en la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS) dentro de América. En añadidura, en 2020 el congreso chileno creó una ley de boicot a los productos y servicios provenientes de los asentamientos militares ilegales (de acuerdo con el derecho internacional) dentro de territorio palestino, la cual fue finalmente redactada el pasado junio.
Así, lo que pareciera ser un acto de generosidad, una cura para mejorar la economía y seguridad de países en “vías de desarrollo”, en realidad es una metástasis que devora y anula a aquellas resistencias y apoyos a Palestina, que se encontraban fuera de su alcance.
Toka, que fue fundada por expertos en materia militar y política, tiene alcances increíbles, a diferencia del software espía Pegasus, creado por NSO, otra empresa israelí que causó controversia al ser descubierto que espiaba a 50,000 personas que incluían mandatarios políticos y periodistas, a través de sus teléfonos inteligentes. Por su parte, Toka es capaz de compenetrar a través de cualquier dispositivo que se conecte a internet, incluso los asistentes de voz que se instalan en el hogar e incluso automóviles. El alcance de vulneración a la privacidad de los individuos es tremendo, podría entorpecer fácilmente las acciones de las resistencias BDS o cualquier actor a favor de Palestina.
El uso de softwares espías por parte de diversos gobiernos es una realidad sabida desde hace años; no obstante, el conocimiento de esta verdad no le resta poder o incluso peligrosidad al hecho. Por el momento queda fijar los ojos en como Chile se desenvuelve bajo el asesoramiento de la inteligencia de Toka y la repercusión que el uso de un arma tecnológica de dicho calibre podría generar, porque de alguna manera América Latina se ha convertido ya en una extensión de la zona guerra.
