Funcionarios y policías del municipio Oaxaca de Juárez, presidido por Oswaldo García Jarquín, han recurrido a los vecinos del Jardín Carbajal, donde se tiene planeado realizar la Acción Informativa y Artística por la Vida y contra los Megaproyectos, para suspenderlo y boicotearlo.

Los mismos vecinos han alertado sobre los acercamientos de los funcionarios de gobierno y las intenciones de boicotear el evento. Es evidente que lo que pretenden es crean una confrontación con los vecinos y los participantes de esta actividad.

Hacemos saber a los vecinos de la ciudad de Oaxaca que no es la primera vez que el gobierno municipal y estatal han mandado a reprimir las acciones autogestivas que viene realizado el Tianguis Autogestivo, Feminista y Discidente. Somos personas que, al no tener empleo y al encontrar una respuesta ineficiente por parte del gobierno para atender la crisis de salud, pero también económica, hacemos uso de los espacios públicos para ejercer el trueque y la venta de nuestros propios productos. Cabe destacar que estos espacios también son usados por las cadenas hoteleras y restauranteras, y el gobierno no les da un trato igual. Por ejemplo, en las calles públicas hay estacionamientos particulares; los corredores del zócalo están ocupados por los restaurantes cuando son un bien público, y las banquetas funcionan como extensión de negocios privados.

Por ello, pedimos a las vecinas y vecinos no caer en los llamados a la violencia y acciones promovidas por el municipio oaxaqueño, toda vez que incitan a la confrontación entre la sociedad civil.

Dejamos claro que realizaremos esta acción, en conjunto con varios participantes de comunidades organizadas de los Valles Centrales y miembros del Congreso Nacional Indígena, en el marco de la Acción Global, contra los Megaproyectos que vienen dejando destrucción y muerte en los pueblos originarios.

Esta acción es meramente informativa y artística por la vida, por lo que también invitamos a los vecinos y vecinas a participar, ya que se tocarán temas que nos aquejan a todos y a todas. Nuestras actividades son pacíficas, artísticas, culturales e informativas. No venimos a causar violencia, venimos a denunciarla.

Responsabilizamos al gobierno municipal de Oswaldo García Jarquín y al gobierno de Alejandro Murat por cualquier agresión u hostigamiento hacia los participantes de esta actividad.

Llamamos a los colectivos y simpatizantes a sumarse, para respaldar esta acción en memoria del asesinato de Samir Flores y contra los proyectos de muerte que vienen despojando a los pueblos originarios.

Atentamente

Comunidades organizadas de los  Valles Centrales de Oaxaca y el Tianguis Autogestivo, Feminista y Disidente

^{Foto de portada por Santiago Navarro F}

Por Ñaní Pinto

Vecinos del el Jardín Carbajal, en la turística ciudad de Oaxaca, han alertado a los participantes que llevarán acabo la Acción Informativa y Artística por la Vida y contra los Megaproyectos, este sábado 20 de febrero, que el gobierno municipal pretende boicotear el evento. Funcionarios del gobierno municipal, presidido por Oswaldo García Jarquín, han visitado a los vecinos para pedirles que se sumen al boicot.

“Es evidente que lo que pretenden es crean una confrontación con los vecinos y los participantes de esta actividad”, han denunciado los activistas que vienen organizando esta acción días atrás.

Esta actividad es parte de diversas acciones que se realizarán en otros estados del país en memoria del asesinato del indígena náhuatl Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado el 20 de febrero del año 2019. Samir se opuso, junto a su pueblo, contra de la puesta en marcha de una termoeléctrica en el Estado de Morelos, el cual hace parte del Proyecto Integral Morelos.

En Oaxaca, el Tianguis Autogestivo, Feminista y Discidente, junto a comunidades del Valle de Oaxaca, organizadas en el Congreso Nacional Indígena, se han sumado a estas acciones.  “Esta acción es meramente informativa y artística por la vida, por lo que también invitamos a los vecinos y vecinas a participar, ya que se tocarán temas que nos aquejan a todos y a todas. Nuestras actividades son pacíficas, artísticas, culturales e informativas. No venimos a causar violencia, venimos a denunciarla”, ha puntualizado los activistas en un comunicado que han emitido.

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Los participantes dejan claro que las actividades autogestivas, como el trueque de cosas, han sido reprimidas más de una vez por funcionarios acompañados de la policía municipal y estatal. “Somos personas que, al no tener empleo y al encontrar una respuesta ineficiente por parte del gobierno para atender la crisis de salud, pero también económica, hacemos uso de los espacios públicos para ejercer el trueque y la venta de nuestros propios productos”, alertan los activistas.

Además, denuncian los activistas, “Cabe destacar que estos espacios también son usados por las cadenas hoteleras y restauranteras, y el gobierno no les da un trato igual. Por ejemplo, en las calles públicas hay estacionamientos particulares; los corredores del zócalo están ocupados por los restaurantes cuando son un bien público, y las banquetas funcionan como extensión de negocios privados”, refiriéndose a los espacios públicos.

El evento programado a partir de las 11am  es meramente informativo y artístico, dónde estarán presentes diversos representantes de los pueblos vecinos de la ciudad de Oaxaca, que viene siendo afectados por proyectos como la minería, compartirán sus problemáticas. “Por ello, pedimos a las vecinas y vecinos no caer en los llamados a la violencia y acciones promovidas por el municipio oaxaqueño, que incitan a la violencia”, anuncian.

Además, agregan los activistas, “responsabilizamos al gobierno municipal de Oswaldo García Jarquín y al gobierno de Alejandro Murat sobre cualquier agresión u hostigamiento hacia los participantes de esta actividad”.

Los participantes de esta acción al mismo tiempo han realizado un llamado abierto para que más colectivos y simpatizantes se puedan sumar para respaldar esta acción en memoria del asesinato de Samir Flores y contra los proyectos.

Comunicado completo →

Comuna de Lautaro, 19 de febrero 2021.- Comunidad Quiñehual 2 inicia recuperación territorial en fundo San Carlos. Esta decisión la toman en conjunto como familias desplazadas de los territorios que ancestralmente habitaron sus antepasados. Se suman así a una serie de recuperaciones territoriales iniciadas en la comuna en apoyo con otras que también han comenzado a recuperar sus tierras.

Entrevista con Alessia Dro del Movimiento de Mujeres del Kurdistán en América Latina ☀️
Es un gusto compartirles que regresamos con los ? Lunes de Lunas ? en la cabina nómada de Radio Zapote !!!!
_ EN VIVO HOY _

https://archive.org/details/movimiento-de-mujeres-del-kurdistan-alessia-dro-lunes-y-lunas-de-radio-zapote

→ Quiénes son los kurdos
→ Qué es el Kurdistán
→ La revolución de Rojava
→ Las mujeres en revolución
→ La invasión turca de 2018
→ Campaña 100 razones para juzgar al dictador Erdogan
→ Jineology y el papel estructural de las mujeres en la sociedades sin Estado
¡Libertad para Abdullah Öcalan!
¡Libertad Nudem Durak!

https://go.ivoox.com/rf/65625596

https://archive.org/details/movimiento-de-mujeres-del-kurdistan-alessia-dro-lunes-y-lunas-de-radio-zapote

La muerte por complicaciones de Covid-19 del último hombre del pueblo Juma, el guerrero Amoim Aruká, es desgarradora. El pueblo Juma ha sufrido innumerables masacres a lo largo de su historia. De 15.000 personas a principios del siglo XX, se redujo a cinco en 2002. Un genocidio probado, pero nunca castigado, que llevó a su pueblo a un exterminio casi total. La última masacre ocurrió en 1964 en el río Assuã, en la cuenca del río Purus, perpetrada por comerciantes de Tapauá interesados en el sorgo y las nueces de Brasil que se encuentran en el territorio Juma. En la masacre fueron asesinadas más de 60 personas, de las que sólo sobrevivieron siete. Los miembros del grupo de exterminio contratado por los comerciantes informaron de que disparaban a los Juma como si lo hicieran a los monos. Los cadáveres de los indígenas fueron vistos por los habitantes de los ríos de la región después de la masacre sirviendo de alimento a los cerdos de monte, con innumerables cabezas decapitadas esparcidas por el suelo del bosque. El autor intelectual del crimen, consciente de lo ocurrido, se jactó de ser el responsable de librar a “Tapauá de esas bestias feroces”. Esta historia no debe olvidarse nunca.

Aruká, uno de los supervivientes, continuó su lucha de resistencia, viendo a su pueblo al borde de la desaparición. Luchó por la demarcación del territorio Juma, que no fue ratificada hasta 2004, la Tierra Indígena Juma (TI). Los supervivientes de Juma, a pesar del riesgo de desaparición, vieron crecer de nuevo su pueblo en la década de 2000, a través de matrimonios con los Uru Eu Wau Wau, un pueblo indígena que también habla tupi-kagwahiva.

Por estar sometidos a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, el pueblo Juma es considerado de contacto reciente y está entre los pueblos a proteger por las Barreras Sanitarias, cuya instalación fue determinada por el Supremo Tribunal Federal a petición de los pueblos indígenas, de los representantes de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), a través de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en el Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental nº 709 (ADPF 709). La solicitud se hizo en julio de 2020 y el juez Luís Roberto Barroso la concedió. Sin embargo, ante las dificultades alegadas por el Gobierno de Bolsonaro, el ministro dio un plazo hasta septiembre de 2020 para la instalación de las barreras en las Tierras Indígenas de Juma. En agosto de 2020, el Gobierno de Bolsonaro dijo que haría la Barrera en el río Assuã, en la REBIO de Tufari, fuera de la Tierra indígena (TI) Juma, sería una Barrera Sanitaria compuesta por la Policía Militar y el DSEI-Humaitá. Sin embargo, en diciembre del mismo año, afirmó que sólo haría un puesto de control de acceso en la Autopista Transamazónica BR 230, pero no demostró su funcionamiento efectivo.

Que el puesto de acceso funcione o no, como venían reclamando los representantes de la COIAB y la APIB desde hace meses en las Salas de Situación con el Gobierno de Bolsonaro, ya no le importa a Aruká. Lo que se sabe, de forma demostrable, es que ahora está muerto. Es tristemente con sus muertos que los pueblos indígenas prueban sus apelaciones. La COIAB y la APIB advirtieron que los pueblos indígenas recientemente contactados corrían un riesgo extremo. El último hombre superviviente del pueblo Juma ha muerto. Una vez más, el gobierno brasileño ha demostrado ser criminalmente negligente e incompetente. El gobierno ha asesinado a Aruká. Al igual que asesinó a sus antepasados, es una pérdida indígena devastadora e irreparable.

Manaus, Amazonas, 17 de febrero de 2021.

Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB)
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)
Opi – Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente

Traducción apoyada en la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Por Francisco Simón Francisco y Nelton Rivera

En un actividad pública, Giammattei volvió a atacar a la prensa: “La lucha contra la corrupción es para nosotros mucho más que un discurso…si bien el esfuerzo que como gobierno estamos haciendo para combatir este flagelo, no ocupa las primeras planas de aquellos diarios interesados en promover falsas informaciones, ni las conversaciones prefabricadas en las redes sociales…” expresó durante su discurso en la presentación del primer informe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC).

Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid que llegaron a cubrir el evento en el Palacio Nacional de la Cultura , denunciaron que los encargados del protocolo de la seguridad de la presidencia les negaron la entrada.

¡El acceso a la información es libre! Expresó el periodista Marvin del Cid, en el momento en el que se les limitó el ingreso en la entrada principal del Palacio Nacional.

La actividad fue presidida por Oscar Miguel Dávila director ejecutivo de la comisión. Con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala CICIG durante el gobierno de Jimmy Morales, Giammattei optó por crear esta comisión que funcionará con Q9 millones 785 mil quetzales para cuatro años, de los cuales Q8 millones 700 mil fueron destinados a gastos personales, según informó Dávila.

De acuerdo a los datos presentados este 16 de febrero hasta la fecha han recibido 137 alertas de corrupción que se cometen en distintas instituciones del ejecutivo, durante un año solamente 5 denuncias fueron presentadas al MP y a la Contraloría General de Cuentas. El gobierno le da una valoración positiva a esta comisión. Mostraron que algunos de estos casos son investigados por el Ministerio Público (MP), una comisión que depende directamente del presidente.

Durante el 2020, fueron registradas 149 agresiones contra la prensa, restricciones como la de hoy fueron cometidas principalmente por funcionarios públicos incluidos el presidente.

ROMPIENDO FRONTERAS
KURDISTAN: Ataques del Estado Turco contra comunidades Kurdas de Irak. Sigue la campaña 100 razones contra Erdogan por Feminicida: Kurdistan America Latina, Comite de Solidaridad con Kurdistan.
DIA MUNDIAL DE LA RADIO 13 de febrero: GUATEMALA Los pueblos originarios de Guatemala tienen derecho a fundar medios de difusión comunitarios. Redtzikin.
ARGENTINA: La Provincia de Chubut sigue resistiendo a la megamineria toxica en sus comundades
Dia MUNDIAL DEL CONDON: Mensaje de Brigada Callejera hablando sobre el desabasto de preservativos para les trabajadores sexuales.
Mensaje de @anatijoux apoyando a las compañeras trabajadoras sexuales de @MargenSomos e ICW Chile en la campaña por el acceso y el uso del condón femenino

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
PUEBLA: Transfeministas y feministas retoman el congreso de puebla, exigiendo se apruebe la ley Agnes.
CdMx: A 4 meses de la #TomaINPI: No nos rendimos, resistimos. Comunidad Otomi residente en CdMx.
CHIAPAS: Agresiones al trabajo colectivo de la comunidad de Nuevo San Gregorio.Informe de la caravana de solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio.
MEXICO: A dos años del asesinato de Samir Flores jornada global contra los Megaproyectos en México.

Müsica:
Juanito Ayala – En memoria de Francisco Martinez
Artistas Unidos por la libertad de expresion- Campaña por Hasel
Autoconvocadxs en Defensa del Bosque

Ocosingo, Chiapas, México.

15 de febrero de 2021

Al pueblo de México

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos

A los medios de comunicación

Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Nosotros, compañeros en resistencia JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ, JOSÉ ALFREDO ESPINOZA PÉREZ, JUAN ESPINOZA PÉREZ, MARIO ESPINOZA PÉREZ, CARLOS HERNANDEZ MÉNDEZ, JUAN RAMON GUTIÉRREZ ESPINOZA Y MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, de las rancherías Jolmuc’ulha y Taquinton, perteneciente al ejido Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, y miembros del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos enérgicamente la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, presos injustamente en el cereso 16 de Ocosingo, llevados a esta instancia por autoridades ejidales, derivado de los hechos que se suscitaron el día 10 de febrero del año en curso, cuando nuestros compañeros antes mencionados junto a Miguel Espinoza Hernández salieron del ejido El Tumbo, municipio de Ocosingo, hacia la ciudad de Palenque en una camioneta Nissan cargada con 25 bultos de café orgánico para su venta, a la altura del crucero Peña Limonar les bloquearon el paso un grupo de cincuenta personas que portaban armas de fuego, palos y machetes, liderados por Manuel López Gutiérrez, Juan Gutiérrez Cruz, Narciso Gutiérrez Pérez y Pedro Hernández Jiménez, presidente del comisariado, concejo de vigilancia, secretario del comisariado y agente auxiliar municipal, valiéndose de una tabla con clavos que atravesaron en el camino obligaron a detener el vehículo en el que viajaban, con lujo de violencia y abuso de autoridad fueron esposados, haciendo uso excesivo de la fuerza los trasladaron al ejido Peña Limonar, donde fueron violentamente agredidos por policías rurales, dichas autoridades abusando de su poder les quitaron su café, dinero y pertenencias, posteriormente fueron remitidos a la cárcel municipal de Ocosingo donde se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.

Este acto totalmente violatorio de los derechos humanos, no es un hecho aislado, es la consecuencia de una constante e ininterrumpida guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia que viene siendo operada desde 1994, pues esta agresión se inscribe a una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a nuestras casas, tala ilegal de árboles, robo de madera, incursiones armadas a nuestros trabajaderos, con la actuación y protección de las autoridades ejidales, que desde hace más de diez años han trastocado la paz y la vida colectiva comunitaria, dichas acciones evidentemente reflejan una agudización de los conflictos y hostilidades hacia las comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que apuntan hacia el despojo de nuestro territorio.

Ante este escenario de violencia, nos manifestamos y hacemos responsables a los tres niveles de los malos gobiernos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, así como la de sus familias y de quienes integramos la organización.

Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, reparación de los daños ocasionados, así como se investigue y castigue a los responsables de tales abusos e injusticias cometidas.

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN TERRITORIOS INDÍGENAS!

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

Por Eugenia López

Entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente al químico cancerígeno. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna. La previsión es de que hasta mayo se tenga un resultado del juicio

“Soy hija del Mekong, del colonialismo y de la guerra, hija de una tierra mágica y envenenada”, resume Tran To Nga en su libro intitulado Mi tierra envenenada. Esta franco-vietnamita de 78 años está a la raíz de un juicio que empezó el 25 de enero pasado en Francia, contra catorce de las empresas – incluyendo a Monsanto (hoy propiedad de Bayer) y Dow Chemical –  responsables de haber fabricado y vendido al gobierno de Estados Unidos el “agente naranja”, un potente químico herbicida utilizado por el ejército estadounidense como parte de su programa de guerra química durante la Guerra de Vietnam.

Se estima que entre 1961 y 1971, 80 millones de litros de herbicidas han sido arrojados al territorio vietnamita, con el objetivo de destruir los bosques donde se refugiaban los combatientes del Viet-Cong, así como destruir los cultivos y dejar hambrientos al pueblo y los rebeldes.

El 20% del suelo de Vietnam del Sur recibió, según estimaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre 170 y 500 kilogramos de dioxina pura, el compuesto químico más peligroso del agente naranja, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como sustancia cancerígena. La molécula, que perdura en los organismos a largo plazo, también es conocida por provocar afecciones cutáneas, digestivas, nerviosas y cardiovasculares, así como diabetes.

Millones de víctimas

Según un estudio publicado en el 2003, entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente al “agente naranja”, además de miles de camboyanos, laosianos, civiles y soldados estadounidenses y sus diversos aliados. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna

El “agente naranja” no sólo devastó la salud de quienes vivieron la guerra, sino también la de sus descendientes: los efectos de la intoxicación se sienten hoy hasta la cuarta generación: al menos 100.000 niños tienen graves anomalías congénitas. “Si pudiera invitar a los jueces y abogados de las empresas a verlos, no tendrían más valor para defender a los delincuentes”, expresó Tran To Nga.

De hecho, ella es una de las víctimas. Sufre de nódulos subcutáneos, así como de diabetes, cloracné, una enfermedad genética de la hemoglobina, y una malformación cardíaca transmisible. Todas estas enfermedades están en la lista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, establecida en 1996, de condiciones asociadas a la exposición al agente naranja. En cuanto a sus hijas y nietas, todas tienen problemas de salud similares y su primera hija murió en 1969 por una malformación cardíaca.

Ecocidio

Además de sus terribles efectos sobre la salud, según datos de la Unesco, el herbicida contaminó a  400 mil hectáreas de tierras agrícolas, 2 millones de hectáreas de bosques y 500 mil hectáreas de manglares, lo que representa el 20% de los bosques de la zona sur del país.

A esto se suma la destrucción de más de un millón de hectáreas de bosque tropical y la desaparición de una abundante fauna: elefantes, tigres, rinocerontes, antílopes, pájaros, serpientes, mariposas y una multitud de insectos. La defoliación de grandes árboles perturbó los complejos ecosistemas, provocando la destrucción de la vegetación. En cambio, el bambú y los pastos altos llamados “pastos americanos”, invadieron los suelos empobrecidos.

Además, como lo argumentó André Bouny en su ensayo Agente Naranja, Apocalipsis Vietnam, estas destrucciones tuvieron un impacto desastroso sobre la población al destrozar su conexión espiritual con la naturaleza: “El doble trauma que sufren las familias es aún más considerable si se toma en cuenta que se enfrentan a una gran pérdida de sentido, ya que los espíritus de los bosques y de los ríos, de las plantas y de los animales sagrados desaparecieron, destruidos por el agente naranja que también destruyó su representación del mundo”.

Impunidad selectiva

En Estados Unidos, las víctimas militares del “agente naranja” ya han sido indemnizadas. En la década de 1980, Monsanto y otras 6 empresas productoras de herbicidas fueron condenadas a pagar 180 millones de dólares a un fondo de compensación destinado a los soldados nacionales. En 1999, cerca de 16.000 veteranos emprendieron acciones legales individuales reclamando el equivalente a 3.400 millones de euros en daños económicos. Sin embargo, cuando, en 2004, víctimas vietnamitas agrupadas en la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja / Dioxina (Vava) decidieron demandar a 11 fabricantes de herbicidas antes los tribunales estadounidenses por Crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra, basándose en el protocolo de Ginebra de 1925, el cual prohíbe el uso de armas químicas, recibieron una serie de decisiones negativas. Los jueces determinaron que un herbicida no era veneno según el derecho internacional.

Una lucha incansable

Las injusticias han alimentado los ánimos de Tran To Nga para luchar por la verdad. A pesar de los años, nunca consideró darse por vencida. “Aunque estoy cansada, sigo luchando por los millones de otras víctimas”, expresó.

Seis años después de que interpusiera su demanda en 2014 ante el tribunal de Evry, su lugar de residencia en Francia – y después de que su audiencia fuera aplazada 19 veces -, el pasado lunes 25 de enero, por fin, pudo enfrentar a algunos de los responsables de la tragedia y su veintena de abogados.

Ese día, las empresas estadounidenses sacaron su armada de abogados para desarrollar sus argumentos durante casi cuatro horas, basando su línea de defensa en tres pilares: primero, impugnar la jurisdicción de los tribunales franceses y solicitar la inmunidad de jurisdicción, luego cuestionar la condición de víctima del “agente naranja” de la denunciante. Finalmente, trataron de demostrar que las empresas solo obedecieron las órdenes del Estado estadounidense en tiempo de guerra.

A principios de la década de 1960, bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos, los fabricantes entregaron cantidades gigantescas de productos al ejército en un corto período de tiempo, descuidando las precauciones destinadas a eliminar las impurezas tóxicas de fabricación.

Sin embargo, existen pruebas de que las decisiones tomadas por los fabricantes fueron en plena libertad y conocimiento de la peligrosidad del producto que estaban vendiendo, como lo demuestra una nota interna confidencial de Dow Chemical del 1965, año del primer uso del “agente naranja” en Vietnam, en la cual viene escrito “esta sustancia es extraordinariamente tóxica y tiene un enorme potencial en términos de generación de cloracné y enfermedades sistémicas”.

Un juicio histórico

Para la abogada francesa Amélie Lefebvre, “este es un juicio histórico, porque la prioridad es obtener una decisión judicial que reconozca por
primera vez la responsabilidad de las empresas estadounidenses hacia las víctimas. Si ganamos esta ronda, podría sentar un precedente legal en el que otras víctimas podrían confiar para iniciar otros procedimientos, en Francia o en otros lugares”.

La decisión del tribunal es esperada para el próximo 10 de mayo. Y cualquiera que sea el veredicto, lo más probable es que de lugar a una apelación, ya sea de las empresas que no pueden permitirse perder, o de Tran To Nga, quien no tiene nada más que perder.

“La pelea acaba de empezar (…) Mi nombre empieza a ser conocido, pero yo solo soy un polvito, hay que hablar de todas las personas que luchan en silencio. Para ganar contra esas empresas millonarias, muy poderosas, necesitamos miles de seguidores. (…) Mi salud es cada vez más frágil, pero vamos avanzando, paso a paso. Sé que después de la audiencia pueden haber solicitudes de peritajes médicos, segundas opiniones, posiblemente apelaciones … Todavía tenemos batallas que librar y me estoy preparando para ellas ”, confiesa la franco-vietnamita.

Con información de Politis, Reporterre y Mediapart.