En portada: Asamblea informativa realizada en Celestún el pasado 15 de julio. Foto de Equipo Indignación
Pueblos mayas de Kinchil, Celestún y San Fernando participaron en distintas asambleas informativas como parte de un proceso de autoconsulta que efectúan para decidir si aceptan o no la operación de granjas porcícolas en sus territorios.
Estas reuniones fueron realizadas los pasados 15 y 16 de julio y se enmarcan en una convocatoria realizada por Consejos mayas “para ejercer el derecho al consentimiento previo de la libre autodeterminación”.
Tras la realización de las asambleas, la autoconsulta pasará a la fase consultiva, a realizarse de manera simultánea en los tres pueblos mayas el próximo domingo (25).
“Ya es hora que el Estado empiece a tomarnos en serio, no somos pueblos de la historia, somos pueblos vivos y el Estado tiene que respetar nuestro derecho a manifestar nuestra decisión como pueblo, por eso le decimos, que nunca más sin nuestro permiso”, enfatizaron organizaciones indígenas mayas mediante convocatoria titulada “Aquí manda el pueblo”.
Entre los convocantes se encuentran los Consejos Mayas del Poniente Chik’in Ja’ – Kinchil y Chik’in Ja’ – Celestún, así como el Colectivo de atención comunitaria U yutzil kaj. Además, cuentan con el acompañamiento de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. para la observación de derechos humanos.
Indígenas zapotecas pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados denuncian que el gobierno del estado de Oaxaca está preparando la represión y despojo de su territorio con el uso de la Guardia Nacional.
Alertan que éste ha sido un acuerdo que se ha firmado con instancias de gobierno, las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero, vecinos de esta comunidad. “El objetivo es tomar el control de estás tierras para explotar tres concesiones mineras, apoderarse del agua y el bosque”, aseveran.
Este 20 de junio, los comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, se trasladaron a la ciudad de Oaxaca con sus pancartas y mapas donde han ubicado las concesiones mineras.
Rueda de prensa realizada por comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados. 20 julio, 2021.
“Desmentimos el posicionamiento de las autoridades de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades de San Pablo Cuatro Venados, que más de una vez nos han tachado de paracaidistas. Nuestros documentos demuestran lo contrario”, denunciaron mediante rueda de prensa en la cual algunos mostraron su credencial de elector y también las actas de posesión de sus tierras.
De acuerdo con estas comunidades, éste ha sido el motivo por el cual han sido atacados en diversas ocasiones, como sucedió el 19 de mayo del 2019, cuando las autoridades de Cuilápam: Pedro Pérez Rojas, Erick Carrasco Vázquez, Maura Silva Fernández y el ex diputado Flavio Sosa Villavicencio, advirtieron que, si el gobierno estatal no aplicaba la ley contra los supuestos invasores, se suscitaría un baño de sangre. “Esto fue una amenaza, porque fuimos atacados brutalmente el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Destruyeron nuestras viviendas, quemaron nuestras cosechas y se robaron lo que pudieron”, sostuvieron los campesinos.
Además, agregaron los campesinos, que, tras estos ataques, “se hicieron las denuncias correspondientes ante la fiscalía y se abrieron seis carpetas de investigación” contra los agresores, en este caso, hacia las autoridades del municipio vecino. Pese a ello, hasta el momento no han sabido qué ocurrió con esta investigación.
Por el contrario, Magdiel Hernández Caballero, representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señaló que se “emitieron medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero” con la denuncia de ataques de los supuestos invasores.
Tras estos supuestos ataques “que ha sufrido la comunidad de Cuilápam”, los comuneros en resistencia afirman que desde el día 5 de julio denunciaron el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero de color rojo y un día después fueron atacados.
“Alrededor de 15 camionetas se internaron en el bosque y gente que los acompañaba nos comenzó́ a disparar. Hecho que también denunciamos mediante un comunicado”.
Los comuneros de estas localidades advierten que se ve venir un nuevo ataque con las declaraciones del gobierno de Oaxaca, pues no se ponen de acuerdo “si hay un problema de límites de tierra o si somos invasores”.
Rueda de prensa realizada por comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados. 20 julio, 2021.
Las declaraciones oficiales del representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuentes Ordaz, es que dará seguimiento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, “a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam”.
Los indígenas pertenecientes a San Pablo Cuatro Venados agregan que se están violentando una serie de derechos con las concesiones mineras y con estas acciones, “como los derechos: a la información, a la participación, a la seguridad, al libre albedrío, a la justicia, a la autodeterminación, a nuestro territorio y como indígenas que somos, están violentando acuerdos y convenios que el Estado Mexicano ha suscrito, como el Convenio 169 de la OIT, y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Publica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como “Acuerdo de Escazú”.
Al final de la conferencia de prensa señalaron al gobierno del estado de Oaxaca, al gobierno federal y a las autoridades de los municipios de Cuilápam y Cuatro Venados como responsables de lo que les pueda suceder como comunidad.
Por Paolina Albani y Carlos Choc. Con información de Elmer Ponce y Nelton Rivera. Edición Héctor Silva / Prensa Comunitaria
En portada: Río Salinas, Sayaxché Petén. Comunidad Pico de Oro. Foto de Nelton Rivera
La fuerte lluvia azota la lancha en la que viajan cinco hombres de mediana edad esta tarde-noche de noviembre de 2020. Intentan llegar al caserío Pico de Oro, una comunidad guatemalteca cerca de la frontera con México, en el selvático departamento de Petén. Los hombres y la lancha pierden el rumbo: la tormenta ha desbordado el río por el que navegan, el Salinas, y no encuentran la orilla. El Salinas, hoy, se extiende unos 500 metros fuera de su cauce en ambas orillas, la guatemalteca y la mexicana.
Después de bregar con las aguas por un buen rato, los hombres logran llegar. Nada está como lo dejaron. Todo está en silencio. Desde la lancha y, en medio de la noche, solo alcanzan a ver las siluetas de los techos de paja y lámina de la escuela comunitaria y de la iglesia. Lo demás está bajo el agua. En menos de 24 horas, la tormenta Eta ha cambiado las vidas de los cinco hombres y de otras 17 familias. Esta es la primera de dos inundaciones: el agua no se retirará de aquí en tres meses.
Pico de Oro es una comunidad de parcelarios que existe desde 1975, habitada por 22 familias. Las primeras se instalaron en la década de los ochenta, atraídas por la fertilidad de la tierra. Cuarenta y seis años después, la comunidad vive sin agua potable, energía eléctrica, teléfonos, tiendas o centros de comercio al alcance. Allí viven y cosechan los productos que venden en los poblados cercanos.
A escasos metros de la comunidad inician los cultivos de palma de aceite de Tikindustrias, S.A., una sociedad anónima fundada en 2004, y se extienden 527 hectáreas a la redonda. Es como si las comunidades estuviesen rodeadas por 380 campos de fútbol. La empresa ha comprado las tierras circundantes a varios comunitarios y ha vedado el paso a los parcelarios que permanecen en el lugar. Sin el permiso de Tikindustrias, nadie puede entrar o salir por tierra: la comunidad ha quedado encerrada por el río y por la plantación.
La solución que los pobladores proponen es sencilla: construir una carretera que les permita conectarse con el mundo. El problema es que las tierras de los palmeros son las únicas disponibles para hacer el proyecto. Un rotundo no ha sido su respuesta. La empresa les ha hecho una contrapropuesta: dar el derecho de paso a cambio de vender sus tierras.
Centro de la comunidad Pico de Oro. Sayaxché Petén. Foto Nelton Rivera
En la madrugada del 18 de noviembre de 2020, César Martínez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Pico de Oro, sale de su vivienda. En ese momento, el río Salinas está calmado y su cauce corre a unos 10 metros de su casa, como normalmente lo hace, pese a que ha llovido ininterrumpidamente por más de 30 días.
Camina bajo la lluvia para tomar una lancha hacia el pueblo “Lo Veremos”, a una hora de distancia de la comunidad. Allí toma un picop que lo lleva hasta el municipio de Sayaxché en un viaje que puede tomar entre 40 minutos o dos horas, dependiendo del estado de la carretera.
Martínez tiene una reunión con la Municipalidad de Sayaxché, a la que pertenece Pico de Oro y con Tikindustrias, que las autoridades han insistido en llamar una “mesa de diálogo”. Esta es la tercera vez en dos años que los comunitarios intentan introducir la idea de un proyecto para una carretera. La espera se ha alargado más de un año por la pandemia de COVID-19.
Más de doce horas después, César Martínez regresa a la comunidad acompañado de los otros miembros del COCODE y encuentra todo lo que conoce bajo de agua. Salta de la lancha hacia la única ventana del segundo nivel de su casa de madera. Baja lentamente los pies y patea el agua mientras camina por la habitación. A pocos pasos está su familia, que ha reunido todo lo que tiene sobre las camas para evitar que se moje. Él, su esposa, padre e hijos, en total 10 personas, permanecerán 22 días encerrados en las dos únicas habitaciones secas.
Los días pasan y la lluvia no para. La inundación aumenta y el agua los alcanza. “Como el río iba creciendo… solamente por una ventana sacamos unos costales de maíz, ya cuando le estaba llegando el agua. Un concuño mío me hizo favor de llevarlos a un montículo, para que no se me fueran a mojar”, cuenta César Martínez. La tormenta ha sido despiadada; cubre los montículos y quienes han llevado allí sus pertenencias para salvarlas las han perdido.
“Como a las 7:00 de la noche empezó una gritazón de la gente que vivía en los lugares donde no había lanchas y no se podían trasladar. Gritaban para que los salvaran. Mucha gente perdió sus animales, sus casas. -La tormenta- se las llevó con todo. Las familias solo se quedaron con la ropa que tenían encima. Fue duro”, cuenta Dorita Estrada, una de las vecinas. “Muchos dicen que hasta lloraron porque perdieron todo. Esperamos que no vuelva otra igual”, agrega.
Las inundaciones no son una novedad para Pico de Oro. Su ubicación geográfica los ha predispuesto a que cada 3 o 4 años ocurra un evento similar, pero el último que había dejado sus casas completamente inundadas fue la tormenta Mitch, en 1998. Desde entonces, las crecidas del río, y de un arroyo llamado San Román, han logrado ser controladas y las pérdidas han sido mínimas debido a su corta duración.
En 23 años, no había pasado nada igual al Mitch. Hasta ahora.
Cesar Martínez. Presidente de la Comunidad Pico de Oro. Foto: Nelton Rivera
“Se perdieron la mayor parte de las cosechas. Perdí siete toneles de frijol, 50 sacos de maíz y abono en bulto. Mucho se perdió. Camas, roperos. Fue de volada. Nos quedamos perdidos en esta desgracia. Menos de vidas. Allí no hubo pérdidas, pero sí de cosas. Estamos y fuimos olvidados”, dice Felipe Estrada Marroquín, uno de los propietarios de las parcelas en Pico de Oro y Secretario del COCODE del lugar.
Apenas un mes después de la inundación, las 22 familias han dejado atrás el albergue improvisado por la Iglesia Benemérito de las Américas, ubicada en el lado mexicano y han regresado a sus casas. El agua todavía no se ha retirado completamente y las personas han tenido que caminar a lo largo de la comunidad con medio cuerpo sumergido.
Felipe Estrada cuenta que regresaron para cuidar sus cosas, pero algunos encontraron que no tenían a dónde regresar; la corriente ha ladeado las construcciones más débiles.
“La motocicleta, mi hijo la puso sobre unas tablas. Le puso unos trozos debajo y se dio vuelta. Allí pasó la inundación. El agua había subido como dos metros o metro y medio. Cuando se escuchó que la segunda inundación sería más grande, entonces conseguí que un amigo me hiciera un viaje hacia Zaragoza, un lugar alto donde no hay inundaciones. Allí mandé a mi familia, a una iglesia evangélica de un pastor que es amigo mío. Allí estuvieron durante la segunda tormenta. Me quedé solito cuidando mi casa porque como dice el dicho: ‘unos con la pena y otros con la repepena”. Porque hay gente que viene de otro lugar en lanchitas y se llevan las cosas de valor. Entonces uno cuida lo poquito que tiene”, comenta César Martínez.
Diálogo de sordos con los palmeros
Pico de Oro es, en realidad, una isla en la tierra. Está limitada al oeste por el río Salinas, como se llama ahí la porción del caudal que viene de la presa Chixoy, en Alta Verapaz, que luego se convierte en el Usumacinta y está rodeado por los demás flancos, por 520 hectáreas de palma de aceite, propiedad de Tikindustrias, que cultiva del lado de Guatemala desde hace 17 años.
La finca en la que la empresa estaba asentada incrementó su extensión original en los últimos cinco años y ahora es 22 veces más grande, según la última actualización de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas, en 2019. De acuerdo a datos de Grepalma, en Guatemala hay 180 mil 612 hectáreas cultivadas con palma de aceite. De ellas, 16 mil 479 hectáreas han sido deforestadas para dar espacio al cultivo.
Todo el comercio y movilidad de quienes aquí viven tiene que ser por agua, porque Tikindustrias no permite a los pobladores utilizar sus terrenos. Eso, en tiempos de tormentas e inundación, puede ser una condena.
Este escenario motivó a que el día de la primera inundación, César Martínez y su comitiva viajaran a Sayaxché para plantear la construcción de la carretera, pero la industria se negó. Pese a la emergencia que ocurriría horas después de aquella reunión, los comunitarios eligieron no solicitar la ayuda de los palmeros con el paso por sus tierras y prefirieron evacuar por lancha con ayuda de las autoridades mexicanas.
La relación entre los comunitarios de Pico de Oro y Tikindustrias se tornó problemática cuando los parcelarios se negaron a vender sus tierras y, más aún, desde que los palmeros se enteraron de las intenciones de la comunidad por construir un camino.
Plantaciones de Palma de aceite. Foto Nelton Rivera
Meses antes, había ocurrido este intercambio con un representante de los palmeros, según contó el presidente de Pico de Oro: “Si alguien pasa por allí y alguien aparece muerto, no vayan a culpar a la palma porque la palma no es responsable de nada”, les dijo un representante de la empresa. Como autoridades, sospechamos y tuvimos miedo. En la comunidad nadie pasa por ese camino”, cuenta César Martínez.
Quienes quedan en Pico de Oro son los vecinos renuentes a vender sus tierras, porque saben lo que valen y no quieren aceptar los dos mil quetzales que la palma les ofrece por parcela, cada una mide aproximadamente 60 metros de ancho y 45 metros de largo.
“Aquí están los patrimonios. Es la vida completa. Si lo hacemos -irse- ¿a dónde vamos?, ¿Qué será de nosotros? Lo que le den a uno por el terreno no es nada. En cambio, el patrimonio es todo el tiempo. De eso vivimos. De eso comemos. Hemos luchado”, explica Felipe Estrada cuando responde a la posibilidad de buscar en otro lugar.
Quienes aquí viven saben que estar cerca del río tiene ventajas: el Salinas puede ponerse bravo, pero sigue dando vida a la comunidad. El río también los cuida.
“Si no lo tuviéramos estaríamos tronados. Ya nos hubieran sacado los de la palma. Han intentado, pero no pueden porque tenemos al río”, asegura Felipe Estrada.
“Es una bendición tener el río cerca. El agua no nos hace falta”, señala Dorita Estrada.
Las reuniones con los palmeros han sido infructuosas hasta ahora. Tikindustrias propuso a la comunidad tres alternativas que los dejan igualmente afectados: permitirles el paso de un solo vehículo, darles una lancha acuática para trasladar a las familias hasta la comunidad de Lo Veremos o vender sus terrenos y mudarse a un área más segura.
La municipalidad actúa como mediador en este proceso, pero pasa por alto ofrecer otras soluciones que favorezcan a Pico de Oro como: un nuevo lugar para vivir.
A mediados de mayo, las autoridades del COCODE propusieron justamente eso: que el Estado guatemalteco les compre una caballería que se encuentra a 3 kilómetros de distancia de la comunidad. Un terreno que es lo suficientemente amplio para dar cabida a las 22 familias y que se encuentra a una altura superior a su comunidad.
“Allí no habría necesidad de construir una calle porque ya hay una”, asegura Felipe Estrada.
La propuesta surgió en un momento de tensión en la comunidad, pues César Martínez decidió abandonar la presidencia del COCODE para dedicarse a su salud. Hace 10 años sufrió un accidente que lo dejó inconsciente por más de un mes y, desde entonces, sufre las secuelas. Algunos miembros de la comunidad tienen miedo de que este alejamiento sea producto de la influencia de Tikindustrias sobre su líder, pero él aseguró que no es así y que pretende regresar cuando se restablezca.
Pico de Oro, además, tiene otro problema: no es reconocido por la municipalidad como caserío y la falta de nombramiento legal representa un impedimento para que puedan gestionar cualquier proyecto como la instalación de la red de cableado eléctrico.
Tikindustrias sigue sin pronunciarse. Se les contactó a un número que aparece en el directorio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), a la que están asociados, pero al momento de llamar se identificaron con el nombre de otra empresa. La mujer que atendió la llamada proporcionó otro número de celular en donde respondería el responsable de Tikindustrias, pero en ese teléfono nunca atendieron la llamada.
Lo cierto es que la industria se ha vuelto hermética desde 2012, cuando la empresa productora de Palma de aceite, Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA) derramó Plaguicida Malatión en el río La Pasión y provocó el ecocidio de miles de peces, cangrejos, tortugas, entre otros animales marinos. A la empresa se le abrió un proceso legal, pero nunca llegó a nada.
A pesar de esto, la industria no necesitó abrirse para ser bien acogida por las autoridades guatemaltecas. El 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente le entregó un reconocimiento “por su compromiso y trayectoria en el manejo y conservación de la fauna silvestre reconocido públicamente”.
Comunidad Pico de Oro. Previo a la asamblea informativa. Foto Nelton Rivera
Tan lejos del Estado
Pico de Oro está mucho más cerca de sus vecinos mexicanos que del Estado guatemalteco, que nada hizo para atender la devastación que aquí dejaron las tormentas del año pasado.
Los pobladores de Pico de Oro se dedican a la siembra de maíz, frijol, ayote, chile y pepitoria. Son pocas las familias que tienen lanchas. La de César Martínez era una de ellas, pero la perdió con el paso de las tormentas Eta y Iota. Las lanchas, cayucos y ferris juegan un papel importante, no solo en el desarrollo económico de la comunidad, sino como única alternativa de transporte y comercio hacia los poblados vecinos.
El poblado solo cuenta con una escuela primaria en la que enseña un maestro mexicano y una iglesia evangélica que es el centro de la comunidad. Pico de Oro no tiene centro de salud, tiendas, servicio de agua potable o una conexión a la red de energía eléctrica nacional. Por eso, los pobladores acuden a México para ser atendidos por un médico, beben agua de un pozo comunitario y quienes tienen energía es gracias a unos paneles solares que les fueron donados años atrás.
“Tuvimos la oportunidad de contactarnos con el Alcalde de Pico de Oro. Fuimos a supervisar la zona y cómo estaban de afectados. Nos comentaron que allí no estaba llegando ayuda. Los habitantes de esta comunidad estaban aislados en algunos lugares altos. Un día llegamos con unos hermanos de la iglesia”, relata Jesús Sánchez Hernández, pastor de una iglesia evangélica de la comunidad Benemérito de las Américas, un poblado mexicano ubicado a unos 30 kilómetros de distancia.
“Nos preocupó mucho Pico de Oro. Cuando pasaban dando ayuda -las autoridades mexicanas-, les pedían credenciales. Si tenían credenciales mexicanas les daban alguna despensa. Nosotros nos dimos a la tarea de llevarles ropa, despensas y agua potable. El gobierno de su país no les había proporcionado ninguna ayuda. Estaban tristes y preocupados porque cómo le iba a hacer para cuando regresaran. Ya no iban a tener nada”, refirió Jesús.
El pastor mexicano resume bien la actitud del Estado guatemalteco hacia los habitantes de Pico de Oro: “Las familias están confiando, están esperando, que sí les llegue alguna ayuda. Cuando menos sería bueno que supieran que existen estas comunidades. Para su gobierno no existen. Que sepan que están desolados y desatendidos. Ellos están resignados. Solo se enfocan en salir adelante”.
Así han vivido siempre, como una isla independiente. Las únicas veces que el Estado guatemalteco se ha hecho presente es en la época electoral. Después de las tormentas, los comunitarios mostraron su molestia por el abandono. Aseguraron que están hartos de los ofrecimientos de los políticos que los seducen con promesas proyectos y desarrollo, pero siempre los olvidan. Esta vez, dicen, ya no se dejarán engañar.
“Estábamos contentos porque había una bonita cosecha de maíz. Estábamos esperando que secara para poder cosechar y venderlo”, cuenta el presidente del COCODE. “Estábamos esperando a que bajara la lluvia, para poder tener un mejor precio y para que los maíces llegaran a punto. En eso se presentó la primera tormenta que fue la Eta. Lamentablemente, solo algunas personas lograron sacar los sacos de maíz para sustento. Unos nos quedamos sin maíz, sin gasto y mucho menos para sacar a la familia adelante”, añadió.
La respuesta del Estado no fue eficiente. El Ministerio de Agricultura y CONRED llegaron a la comunidad para registrar las pérdidas, llevar semillas y una que otra bolsa humanitaria, además de colchones. CONRED, específicamente, revisó la condición en la que las viviendas quedaron tras la inundación de tres meses e identificó que solo cuatro de ellas quedaron con daños severos y que podrían ser reconstruidas. Para el proyecto de reconstrucción el Gobierno ha dicho que destinará 385.8 millones de quetzales.
Las casas de Pico de Oro aparecen en el listado de las 2 mil 696 viviendas con daños severos que serían priorizadas para la reconstrucción, de acuerdo a información de CONRED. Falta saber si el Ministerio de Comunicaciones cumplirá con la reconstrucción en la comunidad, ya que cada familia deberá de llenar una serie de requisitos como tener título de propiedad y que el terreno esté en un área libre de riesgos, de acuerdo a lo indicado por Carlos Armendáriz, viceministro de vivienda. Además, los alcaldes de cada municipio deberán crear un expediente por cada comunidad para que el Gobierno proceda.
El modelo de las casas nuevas consistiría en dos habitaciones, un baño y un ambiente compartido para sala, comedor y cocina en un espacio de 32 metros cuadrados. Las viviendas serán construidas con block y lámina y cada una tendrá un costo de 35 mil quetzales. Las familias podrán elegir entre un terreno o una casa, pero la reubicación, en caso de elegir un terreno, dependerá de la disponibilidad de lotes y que estos sean evaluados como seguros, indicó Armendáriz.
Mientras tanto, en el Congreso se libra una batalla totalmente distinta, que también tiene que ver con lo que pasa en Pico de Oro. Esta batalla legislativa nada tiene que ver con la protección de las comunidades, sino de los recursos naturales y, enfrenta a los diputados conservadores y a los liberales. Los últimos proponen a través de la iniciativa 5843 que reformaría la Ley Forestal, que se prohíba la deforestación de hectáreas de bosque para sembrar palma de aceite sin contar con una licencia extendida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y, que quienes incumplan la normativa serían sancionados con prisión de cinco a diez años o con multas de medio millón a un millón de quetzales.
En Pico de Oro, el 90 % de los comunitarios permanecerá en la misma casa que las tormentas casi se llevaron. Eso sí las cuatro familias consiguen que sus viviendas sean reconstruidas por el Gobierno.
Comunidad Pico de Oro. Foto Nelton Rivera
La casa de César Martínez conserva un fuerte olor a lodo. En las paredes de madera todavía es visible la marca que el agua dejó como un recordatorio de lo vivido. Los pilares quedaron al descubierto, algunos de ellos están podridos y no podrán soportar el peso por mucho más tiempo. El resto de la estructura también está dañada. Su casa, que construyó con sus propias manos después del Mitch, no será una de las elegidas para ser reconstruida. Para esta comunidad, no hay desastre natural ni emergencia que haya valido para que el Estado solucione el encierro y abandono en el que viven por el Salinas y la industria palmera.
Pronunciamiento conjunto Preocupación por seguridad del Padre Marcelo Pérez Párroco de Simojovel y defensor de derechos humanos
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR México), manifestamos nuestra preocupación por los actos de criminalización hacia el Padre Marcelo Pérez Pérez, por su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.
El Padre Marcelo Pérez Pérez es un reconocido defensor de derechos humanos que como párroco de Simojovel y Coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ha realizado innumerables acciones de defensa de derechos humanos.
En este sentido, ha venido trabajando con los pueblos tsotsiles, tseltales, zoques y mestizos, acompañando procesos de defensa de la tierra y territorio, mediando en conflictos y acompañando comunidades desplazadas. A su vez, el Padre acompaña a personas migrantes, así como a personas defensoras que han sido criminalizadas por su trabajo de defensa de derechos humanos.
Por su actividad de defensa de derechos humanos, el Padre Marcelo ha sido víctima de deslegitimaciones, difamaciones y descredito constante; desde el inicio de este año las agresiones se han intensificado, prueba de ello son las declaraciones y señalamientos que ha realizado un funcionario público municipal recientemente electo.
La situación de riesgo del Padre Marcelo por su actividad de defensa de derechos humanos se ve reflejada en el otorgamiento de las medidas cautelares número MC-506-14 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016; dichas medidas siguen vigentes actualmente, siendo imprescindibles, aunque no suficientes para que él pueda continuar con su actividad de defensa en un entorno seguro.
En efecto, la propia CIDH ha afirmado que las declaraciones públicas que deslegitiman y desacreditan el trabajo de personas defensoras de derechos humanos, como el Padre Marcelo, los hace más vulnerables y es obligación del Estado reconocer públicamente que el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos es un acto legítimo.
El Frayba y SweFOR México deseamos llamar la atención al gobierno mexicano sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y solicitamos reconozcan la labor de defensa de derechos humanos y construcción de paz en Chiapas del Padre Marcelo Pérez Pérez, solicitamos que se evite cualquier acto de autoridad que ponga en riesgo a su persona y a las que él acompaña.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Movimiento Sueco por la Reconciliación – México
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de julio de 2021
Solicitud de entrada en territorio francés de una delegación de comunidades de pueblos autóctonos de México, principalmente zapatistas
Paris, 13 de julio de 2021
A la atención de M. Darmanin
Ministro de Interior
Place Beauvau 75008 Paris
M. Le Drian
Ministro de Europa y Asuntos Internacionales
37 Quai d’Orsay, 75007 Paris
Copie a M. Jean-Pierre Asvazadourian
Embajador de Francia en Mexico
El 13 de julio de 2021
Señor,
Una delegación de ciento sesenta nacionales de México, principalmente de comunidades de pueblos indígenas autóctonos zapatistas de Chiapas, se ha estado preparando durante meses para venir a Europa y reunirse con colectivos solidarios, asociaciones culturales, grupos artísticos, sindicatos, ONGs, y entidades de defensa de los Derechos humanos.
Entre julio y septiembre están previstos numerosos eventos en los que su presencia es fundamental para intercambiar sobre temas de salud, educación, ecología, justicia, derechos sociales y derechos humanos.
Más de 800 organizaciones, instituciones y personalidades, han firmado la declaración Esperando al Barco por la Vida (https://viajezapatista.eu/es/esperando-al-barco-por-la-vida/) en la que puede leerse: “Desde nuestras geografías, territorios y espacios, les reiteramos la invitación a llegar a Europa, a visitarnos, a encontrarnos en estas tierras que no son solo las del capital salvaje y transnacional, sino que es el lugar desde donde luchamos para conseguir que la vida, y por lo tanto, el mundo, sea un lugar digno donde vivir”.
Ante la actual situación de shock planetario, las comunidades originarias y en especial el movimiento zapatista, viene a Europa a “Realizar encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida”, como se señala en el texto titulado o Una Declaración por la Vida.
Quienes les hemos invitado a venir para realizar esos encuentros e intercambios, consideramos que la lucha por la vida es un asunto de vital importancia, un asunto imperioso; si no luchamos por la vida, no habrá futuro.
Y como consideramos que para el Gobierno Francés, esta lucha por la vida también debiera ser prioritaria, entendemos que la administración pública francesa debería admitir este motivo como uno de los motivos imperiosos para entrar en el país, porque el viaje es para la reconstrucción de un tejido de esperanza y libertad.
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Hermanas y hermanos:
La organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal hoy levantamos nuevamente nuestra voz y decir claramente de lo que sucedió en nuestro municipio de san pedro Chenalhó. Los sobrevivientes de la masacre de Acteal se encuentran reunidos en la sede de Las Abejas para realizar la jornada de oración para no permitir nuevamente el derramamiento de la sangre. Alzamos nuestra voz porque hoy aproximadamente entre las 7:30 y ocho de la mañana la guardia nacional y el ejército mexicano entraron en las comunidades para realizar un operativo en la búsqueda de las armas como: Pechiquil, tzajal uk’um, majom pepentic. Majomut y Polho. Hoy hacemos un llamado ante la opinión pública que la actuación de los soldados no estamos conforme porque vemos que muchos de nuestros integrantes de las abejas se encuentran preocupados y muchos de ellos se enferman por la tristeza. Estas actuaciones de los soldados los sobrevivientes recuerdan de como sufrieron en el año de 1997, que los paramilitares fueron acompañados por la seguridad pública del estado.
Este día queremos aclarar que en la sede de las abejas y en las comunidades abejas ubicadas en los tres municipios como Pantelhó, Simojovel y Chenalhó no permitimos ni permitiremos acceso a soldados y la guardia nacional porque nosotros no contamos con armas porque nuestra lucha es pacífica y no violenta. También queremos decir que no solo las abejas sufren si no que sufren las diferentes comunidades de Chenalhó y muchos de ellos han abandonado sus comunidades y son desplazados en algunos campamentos de Chenalhó. Le pedimos a los tres niveles de gobierno a que no permita a que los soldados entren en los campamentos de los desplazados, como Tsajal Ch’en, Acteal Abejas, Acteal base, majomut, tzajal ukúm, Yabteclum y cabecera Chenalhó porque muchos hombres, mujeres niños e niñas y más a las mujeres embarazadas tienen miedo y corren riesgo al ver las armas.
Si los soldados entran a catear personas en las casas están violando la ley de la seguridad nacional, además es una violación de los derechos humanos. Hoy Exigimos al presidente de la republica al Lic. Andrés Manuel López obrador a que no permita acceso a soldados en los campamentos por la paz.
ATENTAMENTE
La mesa directiva de la organización sociedad civil de las abejas de Acteal
La estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas, además, profundiza el miedo y el terror de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno a raíz de la violencia generalizada causada por el crimen organizado. Estas acciones se enmarcan en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales, la cual ha dejado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México. Hacemos un llamado al gobierno federal para que las fuerzas armadas respeten y garanticen los derechos humanos de la población de la región.
A l@s adherentes a La Declaración por la Vida:
A la Europa de Abajo y a la Izquierda:
A la Sexta Nacional e Internacional:
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno:
A las Redes en Resistencia y Rebeldía:
Al Colectivo “Llegó la Hora de los Pueblos”:
Del: Subcomandante Insurgente Moisés.
Compañeras, compañeroas, compañeros:
Hermanas, hermanoas, y hermanos:
Les saludo a nombre de los niños, mujeres, otroas, ancianos y hombres de las comunidades zapatistas, y les comunico lo siguiente:
Primero.- Ya tenemos lista una compañía zapatista aerotransportada fuerte en 177 zapatistas. Está integrada en su totalidad por originarios de raíz maya, de las lenguas cho´ol, tzotzil, tzeltal, tojolabal y castilla. Somos nacidos en la geografía que llaman México. Nuestros ancestros nacieron y murieron en estas tierras. Como el Estado Mexicano no reconoce nuestra identidad y origen, y nos dice que somos “extemporáneos” (así dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, que somos mexicanos “extemporáneos”), hemos decidido bautizar a esta unidad de Escucha y Palabra como “La Extemporánea”.
Según vimos en los diccionarios, “extemporáneo” quiere decir “que es inoportuno, inconveniente”, o “que es impropio del tiempo en que sucede”. O sea que somos inoportunos, inconvenientes e impropios.
Nunca antes nos habían definido tan adecuadamente. Estamos felices de que al fin el Estado Mexicano reconozca que así es como considera a los pueblos originarios de esta geografía llamada México. Creo que así es como lamenta el que no nos haya aniquilado… todavía; y que nuestra existencia contradiga el discurso oficial sobre la “conquista”. Ahora se entiende que la demanda del gobierno de México al de España, exigiéndole que pida perdón, es por no habernos exterminado.
De l@s 177 delegad@s, 62 de nosotr@s no tenemos aún el pasaporte. La Secretaría de Relaciones Exteriores está trincada en la “inconveniencia” que representamos. A pesar de que hemos demostrado identidad y origen, sigue exigiendo más y más papeles. Sólo falta que pida que los gobiernos de Centroamérica digan que no somos ciudadanos de esos países.
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LA RED NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN
A LAS REDES DE REBELDÍA Y RESISTENCIA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Todos mienten, todos solapan la muerte de los pueblos
y la destrucción de la Madre Tierra… Nosotras y
nosotros, no olvidamos.
16 JULIO DE 2021
El pasado 30 de abril de 2021 hicimos un llamado a la VERDAD y a la JUSTICIA, los niños y niñas de nuestras comunidades salieron a demandar vida y no muerte. Usted en vez de hablar de las causas que orillan a una comunidad a tomar las armas, se dedicó a atacarnos, a decir que el que a hierro mata, a hierro muere, como una amenaza para nosotros y nosotras. Hoy que visita Guerrero, sabemos que pasará de largo las verdaderas problemáticas de nuestro estado.
No nos confunda señor, nosotros como pueblos originarios pertenecientes al CIPOG-EZ no
luchamos por cargos públicos, no somos financiados por ningún partido político para hablar mal de usted, ni mucho menos luchamos por despensas o programas de “Bienestar”, motivo
por el que viene a Guerrero; nosotros luchamos por la vida, porque grupos narcoparamilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Sí, así es, de los 3 niveles de gobierno y eso lo incluye, por complicidad y silencio, porque hemos pasado por autoridades federales, estatales, municipales, oficio tras oficio firmado, reuniones logradas
y reuniones canceladas, acuerdos incumplidos una y otra vez por cada uno de los funcionarios, para ustedes nuestra palabra no vale, quizás porque no pertenecemos a un grupo de poder, o porque no nos vendemos.
No nos trate de engañar, que nuestros dolores y demandas no están para sus juegos, sabemos que los programas sociales que una y otra vez va presentando en nuestras comunidades siguen siendo limosnas, creyendo que nos logran comprar y silenciar con su Sembrando vida, 60 y más, Jóvenes escribiendo el futuro, Crédito ganadero a la palabra, Jóvenes construyendo el futuro y otros tantos más.
Nosotras y nosotros no entendemos cómo los gobiernos de cualquier partido político, incluyendo al actual, pretenden resolver los problemas del país a través de la repartición de migajas, cómo quieren resolverlos desde su lógica del dos pájaros de un tiro: reparten migas y se aseguran votos para permanecer en el poder, pues claramente los programas sociales han sido y son la base del clientelismo que sostiene a los partidos políticos. Son el gancho con el cual amenazan y extorsionan a sus votantes, funcionan como herramientas para legitimar su poder. Su mal gobierno, su mala política de arriba y su mala democracia no funcionan, han sido sostenidos por programas sociales que históricamente han
desmovilizado a la población y usted lo sabe, lo mismo hizo el PRI, el PAN y ahora Morena.
Y por si no fuera suficiente, vienen y promocionan sus programas sociales sin saber el contexto ni nuestras verdaderas necesidades, solo se ha encargado de repartir y usar estas“ visitas” como propaganda para mantener su poder, para la foto, para simular que hacenp ara nosotros y nosotras, cuando bien sabemos que lo que hacen es para ustedes.
Reparten lo que desde su cabeza es importante, pero no escuchan las verdaderas demandas de los pueblos ¿Cuándo realmente nos va a escuchar? Y no sólo eso ¿cuándo habrá verdad y justicia para nuestras hermanas y hermanos asesinados, torturados,
desaparecidos, desplazados?
Sabemos que hay problemas que ha decidido no ver, rechazar con el argumento de que México va bien ¿le parece que va bien cuando en Guerrero como en otros estados del país hay miles de desplazados por la proliferación del crimen organizado? ¿que va bien cuando
en México en lo que va de su sexenio (no en los anteriores, en el suyo), han sido asesinados 56 defensores de derechos humanos, de la tierra y la vida? ¿De qué nos sirve un programa social si a la vuelta están los criminales acechando para extorsionarnos o asesinarnos?
Porque vemos que se habla con total naturalidad de desplazados, asesinados, torturados, desaparecidos, tanta naturalidad que se convierten en cifras, en pasado no vivo, en heridas cicatrizadas, al menos para usted y su gobierno, porque acá abajo, entre los pueblos, no son cifras, sino nombres, no son pasado sino reflejo del presente y heridas abiertas que sangran y a usted parece tenerlo sin cuidado.
“Usted viene a dar zapatos a los niños pobres”, a silenciar el dolor y la muerte que recorre nuestro estado desde varios años atrás. Y claro que podría argumentar que fueron los gobiernos anteriores, pero no podrá negar que es en su gobierno donde se ha agudizado
la violencia y los desplazamientos forzados; tampoco negará que le hemos dicho claramente quienes matan, quienes torturan y desaparecen, le hemos dicho lugar, hechos y nombres.
Hoy venimos a recordarle que ya son mas de 10 mil desplazados por la violencia en los municipios de Chilapa, Zitlala, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Apaxtla, Ajuchitlan del Progreso, Tecpan, Petatlan, Iguala, Cocula, entre otros municipios; Guerrero
es el estado más violento de México, por encima de Morelos, Sinaloa y Michoacán y uno de los estados donde quien gobierna, literalmente, es el narco, ahí están los grupos narcoparamilitares “Los Ardillos” y “Los Rojos”, que tanta muerte han causado a nuestrospueblos.
Usted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido quiénes matan, quiénes son los
asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejarán de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejarán de
despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas.
Nuestros derechos de salud, educación, trabajo, alimentación, libre tránsito han sido gravemente violados y la razón ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla.
Atentamente:
Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata