A 432 kilómetros de la capital de Chiapas se encuentra Benemérito de las Américas, un territorio fronterizo avasallado por los megaproyectos, el crimen organizado, los feminicidios y el olvido institucional que afecta la vida de la mitad de la población: las mujeres.
El 49.9% de los 23 mil 603 habitantes son mujeres que enfrentan diferentes violencias, una de las más graves viene del personal del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar), en Benemérito, que ofrece servicios de salud a otros seis municipios – Márques de Comillas, Ocosingo, Palenque, Chilón, Salto de Agua y Tumbalá -, donde están los pueblos chol, tzeltal, maya, lacandón y zoque.
En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al municipio con el director del IMSS, Zoé Robledo, que se comprometió a brindar atención de calidad. En esta misma visita, los directivos dijeron que en los primeros seis meses de 2019 habían atendido 400 partos.
En 2020, después de un embarazo mal atendido y una cesárea llena de negligencias, Gabina Mar Pérez, de 37 años, dedicó un año a buscar las causas de constantes y fuertes dolencias, también, mal diagnosticadas por el médico Marco “M”.
En agosto de 2020, Gabina acudió al servicio médico del IMSS-Bienestar con síntomas de parto. Primero le dijeron que su hija nacería en parto normal y después que sería cesárea. “Me pusieron anestesia general, cuando desperté me sentía débil y miraba manchas de colores”, dijo a Avispa Midia.
Desde el primer momento Gabina sintió una anormalidad en su cuerpo. “Le dije a las enfermeras”, y cuenta que el médico le puso una inyección, “nadie se quería hacer cargo de mí”, a pesar del cambio de turno del personal médico.
Los malestares incrementaron tras el efecto de los medicamentos. Los médicos de guardia la obligaron a caminar soportando los dolores, aun cuando no tenía fuerza en las piernas.
“El doctor me decía: ‘es que tienes que caminar, eso es normal, es la anestesia que está trabajando; apenas se está quitando’. Le dije, no doctor, lo que yo siento no es normal. Sí, me dice él, ‘así son todas las mujeres’”.
Gabina fue dada de alta tres días después de la cesárea. Aunque estaba en casa, no tenía fuerzas ni para cargar a su bebé, a quien tampoco pudo amamantar, “mi esposo se hizo cargo porque me sentía muy mal”. Para entonces la tuvieron que regresar al hospital donde el mismo doctor la recibió. “‘¿Y ahora qué le pasó?’, me preguntó”, y al escuchar los reclamos del esposo de Yesica agregó el médico, según relato de Yesica: “‘no les puse una pistola para que aceptaran la cesárea’”.
Estuvo internada por varios días sin un diagnóstico certero. Le dijeron que tenía una infección en el estómago, retención de líquidos, perforación de intestinos y luego la programaron para otra operación que no aceptaron por falta de argumentos médicos.
Gabina entró y salió varias veces del mismo hospital. Le sacaron innumerables estudios, incluso fue atendida en Palenque y Villahermosa, Tabasco. Tras un año de calvario para la familia, en agosto de 2021 descubrieron que en la cesárea olvidaron sacar una compresa del cuerpo de Gabina.
“‘Es una compresa’. ¡Cómo que una compresa! ‘La bola estaba así’, me dijo una enfermera. ‘Estaba enorme’, dice”, pero el objeto que sacaron del cuerpo de Gabina no le fue entregado.
Acudió a Derechos Humanos municipal para ser atendida a cabalidad en la institución de salud pública responsable de su condición médica. La Fiscalía tomó el registró de atención 0042-114-0903-2021, pero a la fecha no hay respuestas.
Gabina y su esposo dejaron de trabajar como comerciantes, “él me acompañaba a mis estudios y cuando estuve internada”, vendieron la mayoría de sus bienes materiales y animales de traspatio.
Ahora pide al Instituto Mexicano del Seguro Social que haga responsable al médico Marco “M” y le regresen el dinero que gastó por un año de atención médica por su negligencia.
“El tiempo con mi bebé no me lo pueden devolver, pero sí un poco de tranquilidad porque esa situación nos dejó sin nada”.
Denuncias
El caso de Gabina se suma a otros casos de negligencia médica en Benemérito, como de otra mujer, cuya identidad se reserva por seguridad, que tuvo su parto en la jardinera del mismo IMSS, además de cobros por servicios que los médicos no deberían cobrar.
Las autoridades ejidales de Benemérito enviaron varios escritos al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la situación, pero hasta hoy no tienen respuestas diferentes al discurso de ‘no pasa nada’.
“Actualmente sufrimos un déficit de atención médica y negligencias”, señalan autoridades ejidales de Benemérito, en entrevista a Avispa Midia.
En la inauguración del IMSS en Benemérito representantes del Estado se comprometieron a crear el Centro Médico de la Selva Lacandona, con equipos modernos, personal capacitado y especialistas de forma permanente. Pero nunca se concretó.
Las autoridades agregan que, al igual que el crimen organizado en la zona, la mafia del personal médico no permite la renovación de trabajadores que señalan, incluso, de sustraer el equipo del hospital.
En un acta de acuerdos firmada por los Comisariados Ejidales que componen el municipio de Benemérito, “porque el Ayuntamiento no está con el pueblo”, dicen las autoridades ejidales, exigieron el cambio inmediato del personal involucrado en actos negligentes.
Denunciaron instalaciones insalubres, mala atención de algunos trabajadores, seguridad incompetente e irresponsable, cobros extras y excesivos por servicios que deberían ser gratuitos.
“Exigimos que los médicos, que tengan farmacias o laboratorios, no trabajen en el hospital IMSS Bienestar porque elevan los precios de los medicamentos que no encontramos en la derechohabiencia [los derechos a los servicios de la institución de salud]”, sostienen las autoridades.
La violencia obstétrica puede darse de manera psicológica por medio de burlas, humillaciones, discriminación, mal información o comentarios alusivos a la sexualidad de las mujeres; y de manera física cuando se realizan prácticas invasivas, se suministran medicamentos injustificadamente, se niega la atención, se maltrata físicamente o se realizan esterilizaciones forzadas.
La Fiscalía General de Chiapas sólo tiene registro de tres casos de violencia obstétrica denunciados desde el 2019, a pesar de ser una violencia recurrente que no solo deja secuelas físicas, también emocionales.
Más allá
En el 2012, en el Hospital Zona 2 del IMSS, ubicado en la capital de Chiapas, Diana acudió el 6 de diciembre con dolores de parto. El médico de la guardia nocturna la mandó a caminar y a que regresara al siguiente día.
Diana regresó el viernes y tampoco la ingresaron hasta las 23 horas con dolores insoportables que se prolongaron hasta el amanecer del sábado 8 de diciembre. Antes del cambio de guardia llegó el médico a inducir la salida del líquido amniótico y se fue.
La enfermera del siguiente turno le preguntó si el médico avisó del contenido del líquido, “respondí que no”. Había meconio (la primera evacuación de un bebé) y nadie se hizo responsable, “el médico de guardia se fue sin decirme nada aun cuando sabe lo que podía pasarle a mi hijo”.
Ese mismo día, Diana recuerda que los médicos internos se quedaron a cargo de las mujeres en labor de parto, “a una señora que tenía 8 centímetros de dilatación, de tanto que un joven le hizo el tacto, sacó el cordón umbilical de su bebé, a ella también la tuvieron que operar”.
En el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 44 recomendaciones fueron dirigidas al IMSS en 2021. La institución también encabeza la lista de 132 recomendaciones en trámite.
En las 217 quejas en expedientes relacionados con violencia de género, la CNDH sólo tiene el registro de seis que corresponden a violencia obstétrica a nivel nacional.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Chiapas, no proporcionó información y respondió que por ahora atienden el informe de actividades y no pueden atender solicitudes de medios de comunicación.
El pasado 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes generales de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de reconocer a la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. Ahora se esperan sus efectos constitucionales.
En portada: El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.
La degradación de los bosques está acompañada de la discriminación contra los pueblos y una tendencia a la descriminalización de numerosas actividades empresariales destructivas.
“Los gobiernos siguen promoviendo destructivos sistemas de colonización, y la ley, incluyendo la ley sobre los derechos a la tierra, sigue utilizándose como un arma para apropiarse de recursos relacionados con los bosques”, afirma el informe Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible.
El documento elaborado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) hace hincapié en las alianzas entre empresas y Estados responsables por la deforestación, un problema que se agrava con el paso de los años.
Con ello aborda las principales causas subyacentes que vinculan al sistema capitalista-racista-patriarcal y el legado colonialista: desde la definición de bosque de la FAO hasta la biopiratería, entre el conservacionismo, acuerdos comerciales y el robo legalizado de tierras.
De acuerdo al estudio de la WRM, en la década de los 80’s, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) formuló el Plan de Acción Forestal Tropical (TFAP, por su sigla en inglés) junto al Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO).
Entre sus planes estaba la reforestación, denominación que usó como ‘eufemismo’ para expandir las plantaciones industriales de monocultivos de árboles. “El TFAP no sólo fracasó” tampoco abordó las causas tácitas de la destrucción de los bosques.
Los pinos y eucaliptos consumen entre 20 a 40 litros diarios de agua. Cada vez que las plantaciones de las forestales se acercan a zonas habitadas acaban con el agua produciendo sequía. Fotografía: Santiago Navarro F
“Una de las principales razones de la fundación del WRM en 1986 fue cuestionar el falso entendimiento de las causas de la deforestación”.
En 1999 el proyecto colaborativo del WRM con el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF) de las Naciones Unidas , documentó el proceso real de la degradación en 145 páginas bajo el título Abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques: casos de estudio, análisis y recomendaciones políticas.
“Lo que más sorprende” de la investigación, cita la WRM, es que la perspectiva continúa siendo pertinente en la actualidad, pues las causas identificadas no fueron abordadas verdaderamente, “hoy siguen siendo tan importantes como siempre”.
20 años después del primer estudio
El informe actual, está basado en las conclusiones de ese proyecto de 1999; y en 20 puntos, la organización explica que el contexto se agrava con la falta de reconocimiento adecuado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otros defensores de los bosques.
En este tenor, el documento sostiene que la definición de bosque de la FAO se reduce a cualquier superficie cubierta de árboles, “con ello descarta otras formas de vida, así como la diversidad biológica, cíclica y cultural que define a un bosque en su permanente interconexión con las comunidades que dependen de él”.
Menciona el ejemplo de los agresivos programas estatales para instalar ‘desarrollo comercial’ en los espacios sagrados que son manifiestos desde India hasta Brasil: según cifras oficiales, en 2019 alcanzó su tasa más alta de deforestación en la Amazonia desde 2008.
En general, a las causas se le suman los métodos militarizados para tomar el control de las zonas, por ello la agroindustria es considerada tan destructiva como lo era hace 20 años.
“Los grandes proyectos de desarrollo o infraestructura, como las represas, las carreteras y los sistemas de minería y extracción de petróleo, siguen causando estragos”. Asimismo, el empobrecimiento de los defensores de los bosques, los modelos de inversión, el endeudamiento, las políticas macroeconómicas, los flujos mundiales de mercancías y las relaciones comerciales.
“Más verdes” que el petróleo
“Irónicamente, lo que quizás las ha agravado más es la forma en que se han expandido y reinventado para resaltar nuevas dimensiones supuestamente ‘verdes’, ‘democráticas’ o ‘participativas’”, señala el estudio del WRM.
Como las plantaciones destructoras de bosques destinadas a la producción de aceite comestible, azúcar o celulosa y destinadas a la producción de “bioenergía” para el suministro de combustibles para electricidad, la aviación o las industrias automotrices.
“Se anuncian como ‘más verdes’ que el petróleo, el carbón o el gas. Debido a que se requieren enormes volúmenes de madera y otros materiales bióticos para generar la misma cantidad de energía que los combustibles fósiles, el impacto en los bosques es inmenso y creciente”.
El estudio del Movimiento Mundial por los Bosques considera que, en la actualidad, el control sobre las tierras de bosque está siendo centralizado no solo para facilitar la máxima producción de madera, minerales o energía hidroeléctrica, también para permitir el turismo de naturaleza o para avanzar en la “conservación de la naturaleza”.
Fiscalización autónoma de la Tierra Indígena Munduruku para detener la deforestación por la industria minera. Foto: Equipo de comunicación Munduruku
Cita que muchas de las mismas instituciones colonialistas que fueron responsables del daño a los bosques causado por la conservación tradicional de “bosques sin gente” se están posicionando para entrar de nuevo, en alianza con nuevos intereses comerciales.
“Han proliferado nuevos sellos y procedimientos que ofrecen una imagen más verde o democrática a los viejos agentes de la deforestación. La burocracia de la certificación del siglo XX, conocida como el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) (establecido en 1993), anunciado como capaz de hacer que la extracción industrial de madera sea amigable con el medio ambiente, ahora ve numerosas iniciativas similares, como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) (2003)”.
Al igual, otras organizaciones han desacreditado por completo a la RSPO, pero también hay una Mesa Redonda para la Soja Sostenible (2006); una Mesa Redonda para una Economía Cacaotera Sostenible (2007); una “Iniciativa para mejorar la caña de azúcar” llamada Bonsucro (2008), por mencionar algunas.
Mientras, “los esfuerzos post-2000 de los economistas ambientales para poner un precio a más y más aspectos de la naturaleza han tendido principalmente a reforzar la dinámica”, lo cual hace que los bosques sean intercambiables, descartables y compensables.
El informe hace mención de innumerables organismos destinados a “tranquilizar al público sobre las credenciales de conservación” de empresas trasnacionales como Unilever, Cargill, Walmart y Starbucks, que no interrumpen ni interfieren en la dinámica de destrucción.
“El Estado también ha aprendido a infiltrarse en las bases con otras formas nuevas que ayudan a perpetuar la deforestación. Mientras tanto, la industria de las compensaciones de carbono exhibe continuamente sus propias etiquetas que afirman que sus productos dañinos de hecho son benignos”, dice el WRM.
Las nuevas y muy publicitadas políticas de la “economía verde” tienden a funcionar de la misma manera destructiva que las viejas políticas “no verdes”.
Por otro lado, explica que intentan contener a los movimientos feministas mediante el establecimiento de “políticas de género”, pero tales medidas simplemente le dan un color diferente al patriarcado subyacente, agregado a la explotación de la mano de obra forestal.
A menudo, este panorama dificulta aún más las luchas de los pueblos locales contra los principales agentes de deforestación.
Décadas de negaciones
Las negociaciones internacionales sobre el clima no exploran cómo enfrentar la mecanización del trabajo humano basada en los combustibles fósiles, cita el WRM, tampoco analizan la relación entre la deforestación y la exploración de petróleo, carbón y gas. “De lo que actualmente dependen las ganancias de las empresas”.
Un ejemplo son los 25 años de negociaciones mundiales sobre el clima, mientras las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron a un promedio de 1,6 por ciento anual entre 2008 y 2017 y “no hay señales de que hayan alcanzado el punto máximo”.
En 2017 alcanzaron el récord de 53,5 gigatoneladas de CO2 y sus equivalentes, más del doble de la cifra de 2000 que fue de 25 gigatoneladas.
En este contexto, científicos se sorprendieron recientemente al descubrir que en las próximas décadas, alrededor del 40 por ciento de las especies de insectos del mundo pueden extinguirse, amenazando por igual la agricultura y la regeneración de los bosques.
De la misma forma que con el TFAP, en la actualidad la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no tiene un plan para analizar o abordar los históricos agentes políticos y económicos de la extracción y el uso de combustibles fósiles. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, señala que la CMNUCC adoptó una metodología que oculta sistemáticamente las causas subyacentes de la deforestación y el cambio climático, “no hay señales de que esta tendencia cambie”.
Uno de los motores de la deforestación de la amazonía es la industria minera
El 3 de diciembre de 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo resolvió que debería haber objetivos de biodiversidad “jurídicamente vinculantes” a escala mundial y de la Unión Europea (UE) para garantizar que para 2030, el 30 por ciento de las áreas naturales estén conservadas y que se restauren el 30 por ciento de los ecosistemas degradados.
Pero, “una vez más, la resolución no fue acompañada de un análisis serio sobre lo que estaba causando la pérdida de biodiversidad, o lo que podría detener su pérdida”.
En 2021, una nueva iniciativa de la UE surgió de la misma forma, para una nueva norma con “reglas obligatorias” para garantizar que solo los productos libres de deforestación de ciertas cadenas de suministro ingresen al mercado europeo, “ambas propuestas simplemente respaldan un mayor crecimiento económico”.
“En los dos últimos años se ha realizado una increíble cantidad de reuniones de alto nivel así como innumerables declaraciones internacionales sobre la pérdida de bosques, que son muy similares. Por un lado, dan la voz de alarma sobre la crisis. Por otro lado, o no tienen ni idea al respecto o simplemente eligen ignorar las causas subyacentes de la deforestación y cómo abordarlas. Lo que hacen es seguir promoviendo tales causas. Las políticas resultantes no solo están condenadas al fracaso sino que fomentan aún más la deforestación”.
Informe sobre tortura y Pueblos Indígenas en América Latina revela actos de tortura sistemáticos en su contra.
Cada día los pueblos indígenas en América Latina son sometidos a distintas formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así se señala en el informe de recién publicación el dia de hoy por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y 7 organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Tortura y Pueblos Indígenas en la región del Abya Yala.
El informe “¡…Pues Es Tortura!. La tortura contra los pueblos indígenas: una realidad invisibilizada”: Análisis de las violencias constitutivas de tortura y malos tratos de los pueblos indígenas en América Latina, es el primero que se realiza sobre esta temática en la región. Con ejemplos desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, el informe muestra situaciones que atraviesan a toda la región: la criminalización o la privación de la libertad de lideresas y líderes indígenas; las masacres y los asesinatos; la militarización y el despojo de sus tierras; el desplazamiento forzado y la necesidad de abordar estas vulneraciones de derechos humanos desde una mirada colectiva que ponga énfasis en los efectos colectivos que tienen en los pueblos indígenas, visibilizando el daño y sufrimiento que producen, los cuales pueden ser considerados actos constitutivos de tortura.
A pesar de que los derechos de las personas indígenas se hayan reconocido en casi todas las Constituciones latinoamericanas, un común denominador regional sigue siendo la falta de materialización en la práctica de este reconocimiento. Las personas y comunidades indígenas ven vulnerada su integridad personal y colectiva de forma rutinaria y con total impunidad, especialmente en los cinco patrones identificados en el informe: 1) en el contexto de los desalojos y el desplazamiento forzado, 2) en el contexto de la protesta social pacífica, 3) a través de la criminalización y las amenazas, 4) durante la privación de libertad y 5) con violencia sexual y en base al género.
El informe presenta una sección con testimonios de personas indígenas sobre su visión y sus experiencias de tortura. Algunos de las y los participantes entrevistados manifestaron en relación a la criminalización de los líderes y lideresas y las condiciones de detención en los siete países: “como seres humanos, en la medida que nos están martirizando paulatinamente eso es tortura, al ver que no nos damos por vencidas y vencidos, ordenan girar orden de captura una y otra vez, a líderes y lideresas que alzan la voz para denunciar todo atropello en contra de los derechos colectivos como lo es la defensa del territorio… pues es tortura”.
En definitiva, el informe pone el foco en la importancia de abordar la tortura respecto a los sujetos colectivos y sostiene que el derecho internacional de los derechos humanos aún debe desarrollar e interpretar la prohibición absoluta de la tortura de tal manera que se incorporen las experiencias, significados e impactos colectivos que los malos tratos desencadenan en contra de los pueblos indígenas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de marzo de 2022 Acción urgente No. 04
Niña de 9 años resulta herida durante los ataques con arma de fuego hacia las comunidades del municipio de Aldama
Se intensifica el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tsotsiles de las comunidades de Aldama.
Estado mexicano cómplice del exterminio.
El día de hoy 25 de marzo de 2022, alrededor de las 15:25 horas fue herida una niña de 9 años de edad por un impacto de arma de fuego en la cabeza ; originaria de la comunidad de Tabac, municipio de Aldama, Chiapas, actualmente se debate entre la vida y la muerte. Los disparos se realizaron desde algunos puntos de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó. En lo que va del mes de marzo, se han registrado 291 ataques dirigidos hacia las comunidades de Aldama.
El pasado 03 de marzo de 2022, los tres niveles de gobierno del Estado mexicano anunciaban la entrega de tierras para las comunidades de Aldama, una medida que simula la paz. El Estado mexicano olvida los puntos de atención que ha puesto sobre la mesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 23 de abril de 2021.
En dicha resolución la CIDH reconoció el ciclo de violencia que viven las comunidades de Aldama por los constantes ataques armados, mencionó la importancia de la delimitación de los territorios indígenas que den certeza a sus habitantes; el desarme y la desarticulación del grupo agresor; abordar la conformación, estructura y financiamiento de las personas armadas mediante procesos de investigación, sanción, reparación y justicia.
El Estado mexicano solamente reconoce una disputa agraria, sin atender los otros elementos del conflicto, lo que ha impedido soluciones integrales que atiendan realmente la problemática y generen una paz verdadera. Las instancias gubernamentales atienden a los heridos pero no toman medidas preventivas para salvaguardar sus vidas, su integridad física y psicológica, además no han tomado ninguna medida eficaz para evitar estas situaciones.
Hacemos un enérgico llamado urgente al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones e intervenga inmediatamente para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes tsotsiles de las comunidades de Aldama e implemente las medidas precautorias y cautelares para evitar actos de difícil reparación.
Llamamos a la solidaridad y convocamos a la comunidad nacional e internacional que envíen sus expresiones de repudio frente a la omisión del Estado mexicano y el aumento de la violencia en el municipio de Aldama, Chiapas, a:
– Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México.
Palacio Nacional-Plaza de la Constitución s/n. – 2° Piso. Col. Centro. Delegación Cuauhtémoc. Cd. de México CP: 06066. Fax. (+52) 55 5093-4800, 55 5093-5300 Exts. 4103/4882.800-080-1127 Atención Ciudadana. Correo: amlo@presidencia.gob.mx y gobmx@funcionpublica.gob.mx
Twitter: @lopezobrador_
– Lic. Adan Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México.
Bucareli 99, Edificio Cobian. 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México. C.P.06600. Fax: (+52) 55 5093 34 14. Correo: secretario@segob.gob.mx
– Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
Bucareli 99, Edificio Cobian. 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México. Fax: (+52) 55 5128-0000 Ext. 33077Correo: ajencinas@segob.gob.mx y projasm@segob.gob.mx
Twiter: @A_Encinas_R
– Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.Delegación Álvaro Obregón. Ciudad de México. C.P. 01040. Fax: (+52) 0155 36 68 07 67. Correo: correo@cndh.org.mx
Twitter: @CNDH.
– Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P.29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Fax: +52 961 61 88088, + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122.Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
Twitter: @RutilioEscandon
– Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas. Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: (961) 61 8 7460 Ext. 20003.Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com
– Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 TuxtlaGutiérrez,Chiapas. Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42Fax:(961) 60 2 57 84.Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
– Dr. Alejandro Gertz Manero. Fiscal General de la República. Av. Insurgentes 20 de la Glorieta de Insurgentes, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. Correo: atencionfgr@fgr.org.mx
– Dr. Olaf Gómez Hernández. Fiscal General del estado de Chiapas. Libramiento Norte y Rosa del Oriente número 2010 colonia El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29049, (961) 61-72-300, Ext. 17258. Twiter: @FGEChiapas Correo: staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx
En el cuarto día del recorrido por la región de los volcanes en Puebla, seguimos documentando con asombro la devastación ambiental que capitalistas y malos gobiernos han generado en la zona. La cita ahora fue primero en el basurero tóxico en San Juan Tlautla, actualmente mal gobernado por el PAN, esta empresa privada tiene el permiso del gobierno y que a través de procesos irregulares se impuso en medio de milpas fértiles afectando a los campesinos y habitantes de la región. La calidad de la tierra de temporal ha ido perdiéndose, el mal olor inunda la zona y los escurrimientos de agua contaminada generada por los desechos se vierte por los campos de cultivo. La obra es un ejemplo de como el mal gobierno trabaja para el capital, despojando y despreciando a las comunidades. Pues si bien la basura es un problema que generamos todas y todos, hay unos más culpables que otros por la responsabilidad y de un sistema injusto que no consulta ni toma en cuenta la opinión de las comunidades afectadas.
Exigimos al Estado mexicano el cumplimiento de la opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU
Libertad inmediata a Marcelino, Abraham y Germán, indígenas tsotsiles.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) desde hace tres años ha conocido las situaciones de injusticia de los señores Marcelino Ruíz Gómez (Marcelino), Abraham López Montejo (Abraham) y Germán López Montejo (Germán), quienes se encuentran recluidos de manera arbitraria en las cárceles de Chiapas. Ellos son parte de la lucha digna y legítima que junto a Juan de la Cruz Ruiz (Juan) y Adrián Gómez Jiménez (Adrián) -ambos en libertad por su persistente lucha y la de sus madres y hermanas- decidieron enfrentar al sistema de justicia mexicano que les ha robado su proyecto de vida.
En el Frayba somos testigos de la acción radical donde estuvieron al borde la muerte los señores: Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián, al irse a huelga de hambre por 130 días en búsqueda de la libertad; a través de su palabra han sustentado su exigencia de justicia, denunciado a sus perpetradores. La respuesta de los gobiernos federal y estatal ha sido la de administrar las peticiones y mantener el pacto de impunidad.
Después de que realizamos desde el Frayba una revisión escrupulosa de los expedientes penales, podemos argumentar que los procedimientos están cubiertos de violaciones al debido proceso, consistente en las lamentables diligencias judiciales que van desde la falta de traductor, presunción de inocencia, defensa adecuada, además de ser víctimas y sobrevivientes de tortura, discriminación, donde se constituye las actuaciones de impunidad, bajo la consideración de tratarse de personas que son parte de un pueblo originario. Así también se suma un retardo judicial injustificable.
A la par, los presos injustamente presos han padecido el sistema carcelario que representa el lugar de exterminio social, zonas de constante riesgo a la integridad personal y a la vida, entre otras graves violaciones a los derechos humanos que son incontables y que Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián han sufrido y sufren las personas que aun se encuentran injustamente privadas de su libertad con el acompañamiento incansable de sus familias en estos largos años de agonía, pero con gran esperanza por obtener la libertad de sus compañeros en lucha.
Por tal razón nos sumamos a la exigencia de los presos injustamente y de sus familiares para que el Estado mexicano cumpla con la opinión 43/2021 que emitió el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas quien refiere que la privación de la libertad de los presos indígenas fue arbitraria, exigiendo una investigación exhaustiva e independiente de los hechos y se castigue a los responsables de la violación de sus derechos. Sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado e invitamos a todas las personas, colectivos, organizaciones a sumarse por el clamor de libertad, así también a escuchar la propia palabra de Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián, la voz que desde su alta dignidad exigen Libertad y Justicia.
Por último, en este marco internacional del derecho a la Verdad, evocamos a quienes con su persistente lucha y defensa radical de los derechos humanos continúan obstinadamente por la Memoria, Verdad y Justicia.
Verdad y Justicia para Acteal,
Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona Norte de Chiapas,
Verdad y Justicia por las víctimas de la Masacre de Viejo Velasco,
Verdad y Justicia para los miles de personas desaparecidas de este país,
Verdad y Justicia por las presas y presos en resistencia…
Durante los primeros días del mes de diciembre de 2021, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, en un vídeo institucional, propuso declarar Área Natural Protegida (ANP) donde sería el proyecto del aeropuerto de Texcoco, con una extensión de 14 mil hectáreas. De ellas 10 mil hectáreas son zona federal y 4 mil son zonas ejidales, fértiles y productivas para autoconsumo y también para el comercio regional con otras poblaciones.
El polígono del ANP comprende los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Atenco y Ecatepec.
Además de contemplar el ANP, se alude a otro proyecto dentro de la misma que corresponde al llamado Parque Ecológico del Lago de Texcoco (PELT), un parque recreativo y no de conservación.
La declaratoria oficial del ANP programada para el pasado 24 de febrero de 2022 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta el 22 de marzo de 2022. Durante los meses de enero y febrero, grupos de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) apoyados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han recorrido la zona promoviendo la ANP y el PELT, cuando por el periodo electoral no está permitido.
Violaciones
Para la declaración de ANP se necesita la consulta previa e informada a pueblos y comunidades originarias, misma que no se ha llevado a cabo, lo que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido y ratificado por el propio Estado Mexicano.
El gobierno federal pretende hacer pasar las reuniones informativas a ejidatarios como consultas públicas. Sin embargo la región Chimalhuacán-Atenco-Texcoco se define como pueblos originarios.
Además, las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) pasan a ser contempladas como parte de la Federación, de manera que el territorio ejidal que pasa a ser parte del ANP perde autonomía en el uso de suelo. Los ejidatarios y ejidatarias, si desean continuar produciendo en sus tierras, tendrán que pagar para hacer modificaciones en el suelo.
Tampoco hay un peritaje sociológico y antropológico sobre los impactos socioculturales que causarían el ANP y el PELT, principalmente en este último porque se suscribe como un parque de recreación que ofrece servicios como zonas deportivas, de entretenimiento, comida, es decir, un proceso de gentrificación disfrazado de ecológico.
La disputa por el territorio
El discurso del Gobierno Federal, y de la gestoría del actual Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), es que con el ANP se recupera el agua y se evita la especulación inmobiliaria en la zona ejidal, puesto que grupos como Antorcha Campesina, de extracción priísta, podrían hacer negocios. En la región es conocido uno de los operadores de la mencionada organización paramilitar y de choque, Alejandro Santiago López, alias el “Oaxaco”.
Por otro lado, está la gestoría del actual Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra afines a la 4T y de gente ligada a su líder, Ignacio del Valle Medina, promotores del Área Natural Protegida y autonombrados “representantes” de las comunidades.
Entre ese fuego cruzado por la disputa territorial y de poder entre la 4T y el priísmo, hay otras versiones de los hechos, reflejadas en las voces de la Unión de Ejidos y de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México (CPOOEM) que, lejos de la polarización, han llamado a los pueblos y ejidos a tener una voz propia y crítica ante esos dos grupos y sus proyectos que, en el fondo, representan lo mismo, sea gentrificación por inmobiliarias o gentrificación en lo que algunos expertos, como el maestro Carlos Taibo, denomina ecofascismo, es decir, hacer pasar el concepto de lo ecológico sin un sentido humano, cultural y social. Ambas narrativas buscan el control del territorio por sus medios.
En una conferencia de prensa realizada el 17 de marzo de 2022 con la participación de ejidatarios de las comunidades de Nexquipayac Acuexcomac de la ribera del lago de Texcoco, con miembros de CPOOEM junto con los pueblos afectados de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Atenco, Ecatepec, Zumpango, Tultepec y Tecámac, se hicieron presentes cuatro planteamientos.
El primero, las organizaciones y los ejidatarios hacen el deslinde de los afectados y afectadas de las dos facciones en disputa por el agua y el territorio. “Cabe aclarar que nos deslindamos de Alejandro Santiago López -alias “El Oaxaco”- y de Andrés Ruíz Méndez priístas relacionados con el grupo de choque paramilitar “antorcha campesina”; y de Ignacio Del Valle Medina que hoy denigra y explota como franquicia el nombre de aquél Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que hace 20 años con dignidad y fuera de los partidos políticos defendieron” el territorio contra la construcción de un aeropuerto, dijeron en un comunicado.
El segundo, el mensaje contundente hacia la administración de la 4T y los grupos de interés: “Desde aquí le decimos al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y a sus instituciones como la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural): ¡Ni PRI-antorcha! ¡Ni Morena-FPDT! Los pueblos, comunidades, barrios, ejidos, parajes y colonias de la Zona Oriente de la Cuenca del Valle de México NO tenemos representantes, cada uno tiene voz propia”.
El tercer planteamiento fue sobre la interconexión de los diferentes proyectos en la región como “el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el proyecto de Declaratoria de Área Natural Protegida del lago de Texcoco, el Parque Urbano y Turístico, mal llamado ecológico, y la Autopista Tuxpan-México en su tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco, entre otros”, que responden a una sola línea, el despojo del territorio y del agua.
Finalmente, el último planteamiento se refiere al manejo sesgado y con falta de contexto por parte de medios de comunicación que han dado cobertura y espacio al grupo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y sus señalamientos de que aquellas personas que se oponen a la ANP y al PELT pertenecen al PRI, dejando fuera otras versiones y narrativas que, en la misma problemática, velan por el agua, el territorio, la vida y la cultura.
Los pueblos ejidales iniciarán un juicio de amparo contra el gobierno de la 4T y su ANP-PELT, lo que fue expresado por un equipo jurídico de abogados solidarios con los ejidos.
César Godínez Meneses. Licenciado en Comunicación y Periodismo por parte de la FES-Aragón UNAM, ha colaborado en medios populares-comunitarios como Subversiones, La Voladora, Grieta y en la Revista Mexicana de Comunicación. Sus líneas de trabajo son educación, cultura, derechos humanos y medios populares-comunitarios, ha dado seguimiento al movimiento zapatista, al Congreso Nacional Indígena y luchas por la defensa del territorio. Participa de colectivos dedicados a la cultura y apoyo a movimientos sociales, uno de ellos en Nezahualcóyotl.
23 de marzo 2022, Región de los volcanes Puebla; El recorrido inicio muy temprano en una fila de autos, un autobús y un tractor que llevaban a las y los caravaneros mientras un par de bocinas compartían la información de la resistencia de los Pueblos Unidos junto a los objetivos del recorrido. La primera parada fue en el centro de Cuanala del municipio de Juan C Bonilla, donde de frente al palacio de gobierno se llevó a cabo un mitin donde denunciaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno de ser cómplices de la devastación ambiental, la contaminación y el saqueo del agua en la región; los acusaron de ser permisivos y aliados de las grandes empresas saqueadoras y contaminadoras como Bonafont-Danone. Tras ello encaminaron hacia la Junta Auxiliar de Santa Barbara Almoloya donde mostraron como uno de los Ameyales se había recuperado su nivel de agua tras casi un año del cierre de Bonafont, también hablaron del trabajo comunitario de mujeres que han rescatado un espacio de lavaderos comunitarios donde el agua es para toda la población y es un espacio para reunirse en comunidad. Después de esta actividad siguieron su ruta hacia la Comunidad de Coronango donde se expuso la fuerte contaminación de la tierra por empresas como la metalúrgica HYLSA ha tapizado de ceniza tóxica los campos de cultivo y casas habitación que lo rodean. Junto a este monstruo capitalista existen dos pozos que hizo el gobierno y que a colaborado a secar los ríos y ameyales donde antes tomaban agua para cultivo y hasta para la recreación de los pobladores.
Al final se llevo a cabo una recorrido para que los medios de comunicación vieran la devastación ambiental, al lado de una montaña de jales hecha con desechos tóxicos que no dejaba de emitir sus contaminantes al aire, las tierras de cultivo y la propia gente que vive y labora en la zona. Al pasar al lado de la empresa HYLSA pudimos constatar como sus desechos son arrojados al medio ambiente sin ninguna medida de seguridad. Así entre consignas, discursos y música camino la caravana por el Agua y la Vida en su segundo día de recorrido. Cabe destacar que una de las consignas principales es: el agua volvió. Pues los pueblos notaron que el agua regreso a sus pozos, ameyales y ríos tras casi una año de cerrar por medio de la movilización popular a la empresa saqueadora de agua Bonafont del corporativo francés Danone.
En nuestra cuenta de facebook y pronto en youtube puedes encontrar los discursos y dinámicas de esta importante iniciativa política que ha sumado a decenas de organizaciones para encontrarse y buscar fuerza en lo colectivo.
El pasado fin de semana, 18 y 19 de marzo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emprendió la gira número 28 por el tercer estado más pobre de México, Oaxaca. Uno de sus objetivos fue supervisar los avances del Tren Transístmico y de los parques industriales en el Istmo de Tehuantepec. Fue recibido, al menos, por tres protestas y un autobús incendiado.
Mientras AMLO, acompañado del gobernado de Oaxaca, Alejandro Murat, supervisaba las instalaciones del Tren Transístmico, en la comunidad de Donají, municipio de Matías Romero Avendaño, integrantes de la Unidad de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) se movilizaron. Realizaron pintas y lanzaron consignas para exigir la renuncia de funcionarios, “por actos de corrupción y opacidad, en detrimento de los campesinos de la región”, denunciaron en el mitin que realizaron.
Mientras tanto, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, donde se pretende construir un parque industrial, lanzó un comunicado junto con otras organizaciones y comunidades señalando que mantenían un bloqueo carretero en el kilómetro 185 de la carretera Panamericana. “Esta acción se enmarca en el marco de la gira 28 a la región del Istmo de Tehuantepec por parte del Ejecutivo Federal, con motivo de supervisar su magno Megaproyecto de despojo, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, puntualizaron en el comunicado.
En portada: Mujeres del plantón en La Puya reciben apoyo y solidaridad de colectivos y organizaciones feministas de Centroamérica. Foto: Radio Victoria
Este mes de marzo marcó el cumplimiento de una década en la lucha de las comunidades integrantes de la resistencia pacífica de La Puya, en Guatemala. Fue el día 2 de marzo del 2012, cuando habitantes de las comunidades pertenecientes a los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, al atestiguar el tránsito de maquinaria pesada por su territorio, se enteraron de las actividades del proyecto minero Progreso VII Derivada, a ser explotado por una filial de la norteamericana Kappes, Cassiday y Asociados (KCA).
Ante ello, una a una, las personas se congregaron con el afán de proteger sus fuentes de agua, tierras y el medioambiente. Para detener las operaciones extractivas, instalaron un plantón permanente, el cual, pese a reiterados ataques, ha bloqueado efectivamente el acceso a la mina de oro por más de una década.
“Nuestra preocupación fue tan grande que nos indujo a que hicieramos esa acción, la cual fue sujeto de una serie de intimidaciones de parte de la empresa y también con apoyo de las autoridades de Guatemala”, relata para Avispa Midia José Ángel Llamas, integrante del movimiento que se ha caracterizado por su resistencia no violenta.
