COMUNICADO DEL CNI-CIG Y EL EZLN ANTE EL COBARDE SECUESTRO Y ASESINATO DE LOS COMPAÑEROS DEL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA.

El Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con dolor e indignación, condenamos el secuestro y asesinato del compañero concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno José Lucio Bartolo Faustino y del delegado del Congreso Nacional Indígena Modesto Verales Sebastián, de las comunidades indígenas nahuas de Xicotlán y Buenavista respectivamente, ambos promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata, organización miembro del CNI-CIG. Crimen cometido a manos de grupos narco paramilitares que operan en el municipio de Chilapa de Álvarez y que cuentan con la protección descarada del Ejército Federal Mexicano y las policías estatales y municipales.

El día de ayer 4 de mayo alrededor de las 15:00 horas, nuestros compañeros participaron en una reunión con otros miembros del CIPOG- EZ en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. En el camino de regreso a sus comunidades fueron secuestrados y asesinados por grupos narco paramilitares que operan en la región con la complicidad y protección de los tres niveles del mal gobierno, que con desprecio y mentiras simulan atender las demandas de seguridad y justicia de las comunidades indígenas, las cuales resistiendo, denunciaron reiteradamente ante el gobierno federal la impunidad con la que el criminal Celso Ortega lleva la violencia a sus comunidades. Es importante señalar que nuestros compañeros asesinados y sus comunidades llevan años organizando su Policía Comunitaria para resistir la violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de la amapola por parte de dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Rojos, quienes controlan las presidencias municipales de la región, cuentan con la complicidad del Ejército Mexicano y de las Policías estatales y municipales e incluso lograron imponer, en algún momento, a uno de sus líderes como presidente del Congreso del estado de Guerrero.

Responsabilizamos de este cobarde crimen a los tres niveles del mal gobierno por ser cómplices de la represión hacia la organización de los pueblos en la defensa de sus territorios; también los responzabilizamos de la seguridad e integridad de nuestros hermanos del CIPOG-EZ.

A los familiares y compañeros de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián enviamos el abrazo solidario del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como también nuestra convicción de seguir los caminos de autonomía y dignidad que ellos, nuestros compañeros que hoy nos faltan, nos señalan con su luz y su ejemplo.

Denunciamos la agudización de la represión neoliberal en contra de los pueblos, naciones y tribus originarias que no estamos de acuerdo con sus proyectos de muerte en Guerrero y en todo México, ni con la violencia de la que se sirven para imponerlos y reprimir, secuestrar, desaparecer y asesinar a los que decidimos sembrar un mundo nuevo desde las geografías indígenas que somos

Exigimos verdad y justicia para nuestros compañeros.

Atentamente
Mayo de 2019

Por la Reconstitución  Integral de Nuestros Pueblos
Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Fuente: Enlace Zapatista.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) denunciaron ayer la desaparición forzada del Concejal Nahua del CIG José lucio Bartolo Faustino y del delegado del CNI Modesto Verales Sebastián en el estado de Guerrero. Ambos viajaron a la ciudad de Chilpancingo para asistir a una reunión con otros miembros de la organización CIPOG-EZ, a la cual pertenecen. A su regreso a su comunidad fueron emboscados y desaparecidos. El CNI reporta que el vehículo en el que viajaban fue encontrado con disparos de arma de fuego y que se están organizando brigadas de búsqueda. Reportan también que, en tiempos recientes, las comunidades que los eligieron como concejal del CIG-CNI y como delegado del CNI han estado bajo el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno.

Durante la noche del pasado 17 de febrero arribaron a las puertas del Palacio Nacional en la CDMX aproximadamente 400 personas desplazadas del estado de Guerrero, entre estas, se calculan unos 40 niños menores de 8 años.  Las familias desplazadas montaron un campamento con la intención de solicitar audiencia con Andrés Manuel López Obrador; después de 13 días de intentar ser escuchados, el viernes 1 de marzo un representante del Gobierno Federal acudió al campamento para escuchar las demandas, mismas que se reducen a una sola, poder vivir dignamente en su comunidad.

De acuerdo con los testimonios de los desplazados; el 11 de noviembre del 2018 a la 1 de la tarde, aproximadamente 3000 hombres fuertemente armados vestidos de comunitarios arribaron a 9 comunidades. A punta de pistola tomaron el territorio y despojaron a los pobladores de todo, desde una gallina, hasta su propia casa.

Desde el 11 de noviembre del 2018, las familias desplazas se refugiaron en la cabecera municipal de Chichihualco Guerrero, lugar en donde solicitaron apoyo y solución al conflicto. Después de 3 meses de esperar y de no recibir ayuda alguna del gobernador de estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, los desplazados decidieron marchar hacia la CDMX.

Según explica uno de los desplazados, el problema de la violencia y ahora el desplazamiento de las comunidades en Guerrero tiene más de tres años. En un inicio se decía que el aumento de la violencia era por:

“… el control del territorio, trasiego de drogas y el control del campesino para ocuparlos como sembradores, pero desgraciadamente no es así… es un problema fuerte, es un problema nacional…por que vienen de intereses fuertes, por que son zonas mineras extranjeras quienes han estado ocupando a la delincuencia organizada para poder desplazar gente, para poder quedarse con propiedades y seguir extendiéndose”.

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Este martes 12 de febrero, alrededor de las 7:40 de la mañana, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro abordaron un taxi colectivo en el tramo carretero Tierra Colorada-Ocotito, como parte de su trayecto hacia a Chilpancingo; sin embargo, no llegaron a su destino. Esa fue la última ubicación que se dio a conocer y se señaló que compañeros vieron como abordaron el taxi, sin que se sepan qué sucedió en el camino.

Obtilia Eugenio Manuel es defensora de derechos humanos y dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), apoyó a Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en su proceso de denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo a finales del año pasado que fuera nombrada parte del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla elegido por usos y costumbres. Derivado del acompañamiento en el caso de Inés Fernández Ortega la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales desde el 2009, las que actualmente sigue vigentes.

En noviembre del año pasado ella denunció públicamente que estaba recibiendo amenazas vía telefónica (1), en donde le decían que sería ella quien respondería por el Consejo y le daban señas de cómo iba vestida y por donde andaba, para hacerle saber que estaba vigilada. El motivo que en ese momento identificó la señora Eugenio de esas llamadas fue una estrategia para destruir el nuevo sistema comunitario, ya que se buscaría atacar la corrupción de las autoridades y tener un sistema de asamblea y de escucha al pueblo, lo que probablemente provocó a grupos del crimen organizado.

Se tiene conocimiento que derivado de las amenazas se interpuso una denuncia en la Fiscalía del Estado, siendo parte de las acciones que se habían implementado para su seguridad ir acompañada de un elemento de seguridad quien es quien la acompañaba y ahora se encuentra desaparecido el señor Hilario Cornelio Castro.

Como Espacio OSC hemos reconocido a Guerrero como uno de los Estados más peligrosos para ejercer la labor de defensa y el periodismo(2). Como mujer defensora indígena, aparte del riesgo adicional que pueda sufrir, su desaparición representa un atentado más al derecho a la  vida y seguridad de los que siguen marcando al Estado como un foco rojo para la protección de las personas defensoras que se enfrentan a un contexto de violencia muy alto y donde las autoridades son omisas.

Es muy preocupante que aún con medidas provisionales de la Corte Interamericana no se haya brindado la protección adecuada y que ahora nos enfrentemos a un hecho de desaparición. Exigimos al Presidente de la República, la Secretaria de Gobernación, el Subsecretario de Derechos Humanos, la Comisionada Nacional de Búsqueda y el Gobernador del Estado que realicen las acciones de búsqueda inmediata, mismas que impliquen entre otras cosas movilizar a fuerzas de seguridad a la zona para garantizar la presentación con vida de la señora Eugenio Manuel y el señor Cornelio Castro.

Tenemos claro que en caso de escalar estos hechos a un estado de mayor gravedad el Estado mexicano estará enfrentándose a la responsabilidad internacional por no garantizar la protección de la señora Eugenio.

Las organizaciones que integran el Espacio OSC:
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional – México

1. Para mayor información: https://suracapulco.mx/impreso/2/la-amenazan-a-ella-y-a-otros-integrantes-del-concejo-municipal-de-ayutla-obtilia-eugenio/
2. Para mayor información: http://espacio.osc.mx/la-deuda-del-estado-mexicano/

Suljaa’, Guerrero, 12 de enero de 2018.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria se moviliza en San Luis Acatlán, Ayutla y Tlapa para exigir justicia para los comunitarios ejecutados por policías ministeriales y estatales, así como libertad para los comunitarios detenidos el pasado 8 de enero en la comunidad de La Concepción, bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

En entrevista Sabas, vocero de la CRAC – PC, manifestó que las movilizaciones son para “repudiar las acciones del gobierno del estado, respaldado por el gobierno federal en contra de la CRAC – PC y del CECOP.” Así mismo exigen respeto al sistema jurídico de las comunidades indígenas en donde los policías comunitarios “son nombrados en asamblea, están para defender los pueblos, están para defender los territorios y los recursos naturales, contrario a lo que hacen los policías del gobierno estatal y del gobierno federal.”

Por su parte Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que fueron detenidas 38 personas, de los cuales 23 son del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), 11 de la CRAC y otros dos que estaban en reeducación, todos acusados de homicidio calificado. Durante las detenciones se cometieron violaciones graves de derechos humanos como el uso excesivo de la fuerza, el uso de la fuerza letal, refiriendo las ejecuciones extrajudiciales contra dos policías, lo que “es gravísimo para un gobierno que se dice democrático”, así como la tortura, tratos crueles e inhumanos cometidos contra Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP.

Fuente: Radio Ñomndaa

Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICÍA COMUNITARIA
COMUNICADO DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. Enero 8 de 2018.

Escucha aquí:

A los pueblos y comunidades del Sistema Comunitario de la CRAC PC.
Al pueblo en general.
A los medios de comunicación.
A las organizaciones fraternas.

Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora el protector y parte de la misma delincuencia.

La incursión violenta de las policías estatales y ministeriales, así como del Ejército y la Marina a la comunidad de La Concepción, asesinando a 5 y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades, nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y que ha sido agente del gobierno para provocar y generar represión contra nuestro Sistema Comunitario.

Iván Soriano Leal, quien también se presenta con otros nombres, fue detenido en días recientes en La Concepción, por policías comunitarios de ese Comité de Enlace, acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP y a algunos compañeros de la policía comunitaria. Es el mismo personaje con quien se alió en 2013 el nefasto Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, para cometer un fraude a la organización y que derivó en una grave crisis interna en la CRAC, al inmiscuirse el gobierno de Angel Aguirre Rivero a favor de Eliseo Villar y sus cómplices.

Precisamente el día que se da la incursión policiaca a La Concepción, se había previsto el traslado de dicho delincuente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno valiéndose de sus policías lograron liberarlo.

Las declaraciones oficiales del vocero de seguridad Álvarez Heredia, así como las del Gobernador Héctor Astudillo, con las que pretenden justificar este acto de barbarie genocida, son totalmente falsas, cínicas y demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente. Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria? Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga en los detenidos?

Esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.

Lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, tal como lo propusimos en nuestra Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas, congelando nuestra iniciativa en el Congreso Local por la mayoría de diputados priistas, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro y su intención, asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios.

Hoy queda más claro que nunca, la distinción que el gobierno hace de nuestro Sistema Comunitario. Hoy que arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio; nos preguntamos, ¿porque no actúo el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de que se dejó libres a esos asesinos?.

La agresión a nuestro Sistema Comunitario, tiene responsables: el General Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Javier Olea Peláez, fiscal general del estado y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, son los autores intelectuales y autoridades que dieron la orden a sus subordinados para cometer tal acto de salvajismo y lesa humanidad. Por ello, exigimos su renuncia y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales, a los estudiantes, maestros, etc., a unificarnos en esta exigencia y defendernos de esta clase política asesina.

Estos lamentables hechos deben servir al pueblo para hacer análisis y reflexionar, precisamente en este año electoral, si queremos mantener en el poder a un gobierno que asesina, que encarcela, que defiende y es parte de la delincuencia, que crea leyes en perjuicio del pueblo, que niega toda oportunidad de desarrollo a la gente.

Llamamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos e intervenir para la documentación y denuncia a nivel internacional de estos hechos que lastiman, no solo a nuestro sistema comunitario, sino al pueblo de Guerrero y de México.

Pedimos la intervención de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, para integrar las investigaciones correspondientes por las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros, por la violación flagrante a los derechos colectivos de los pueblos organizados en el sistema comunitario, por la violación flagrante a la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.

Exigimos la intervención del Congreso del Estado a través de las comisiones de asuntos indígenas, de seguridad, de justicia y de derechos humanos, para documentar la actuación de los agentes policiacos y sus jefes que dieron la orden de asesinar y detener a servidores comunitarios que estaban cumpliendo cabalmente con sus funciones de seguridad y justicia en favor de sus comunidades.

Exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros detenidos. Exigimos el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros policías comunitarios. Exigimos la salida del ejército y la marina, así como de las policías estatal y ministerial del territorio comunitario. Exigimos la renuncia inmediata de Pedro Almazán Cervantes, Javier Olea Peláez y Héctor Astudillo Flores, culpables y responsables de tanta muerte e injusticia en nuestro estado de Guerrero.

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”
Coordinadores, Consejeros y Comandantes Regionales
del Sistema Comunitario de la CRAC PC.

Casas de Justicia: Matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso.
Comités de Enlace: Tecoanapa, Tixtla, Cacahuatepec, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos, Comunidades de la Región Amuzga.

Padecen mujeres y niñas de la Montaña de Guerrero violencia y discriminación institucionalizada

• Impunidad e incapacidad del Estado mexicano para impartir justicia obstaculiza el ejercicio del derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
• Urgente prevenir, investigar y sancionar debidamente los feminicidios.
• Operadores de justicia obligados a realizar una correcta valoración en los casos en que la mujer es acusada por sus agresores en contextos de violencia de género.

La Montaña de Guerrero a 25 de noviembre de 2016.- Al conmemorar un año más del día internacional para erradicar la violencia contra la mujer, mujeres y niñas de la región de la Montaña de Guerrero siguen padeciendo la falta de garantías para acceder a una vida libre de violencia. La falta de atención especializada en casos de violencia contra la mujer y la impunidad en los casos denunciados han sido aliciente para que la violencia contra ellas escale a un nivel feminicida.

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Por Camila Fuentes

15 y 16 de octubre de 2016, Atotonilco de Horcasitas, San Luis Acatlán, Gro.

A 21 años de impartición de seguridad y justicia de las Policías Comunitarias, de dar un servicio a sus comunidades, la situación actual que viven los pueblos de Guerrero se encuentra incrustado en un azar de acontecimientos por parte de las autoridades de gobierno, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios- Policia Comunitaria (CRAC-PC) desde su nacimiento ha pasado por un proceso interno y externo en la medida en que la política de nuestro país México, ha cambiado. No podemos ignorar que la delincuencia se ha fortalecido y se ha camuflajeado con las instancias del estado, provocando división, generando problemas en el desarrollo económico, social y cultural en los pueblos de Guerrero.

La participación de diversas organizaciones es importante en este aniversario, porque más allá de las divisiones en las estrategias políticas a lo interno de la CRAC, las reformas neoliberales son el impedimento para buscar la autonomía y bajo esta situación, la reforma a la ley 701 le afectan no solo a la estructura o a ciertas estructuras de la CRAC; afecta y es un golpe regresivo colonizador para los pueblos indígenas, ancestrales, para los pueblos afro mexicanos de nuestro país. 21 años y los problemas no cesan así como no se detiene el proceso de resistencia.

El respeto es uno de los ejes que da dirección a lo largo de este evento, es la expresión de las relaciones dadas en estas comunidades, donde existen diversas formas de convivencia, la cual no es descifrable quizá para los (as) que observamos de lejos y desde fuera a este sistema comunitario, pero que en suma, no es más que darnos cuenta que son parte de nuestra realidad, en la cual debemos tener participación como seres pensantes en busca del bien de nuestras comunidades.

Crónica desde las montañas del Estado de Guerrero

Aprendiendo de la experiencia de estos procesos organizativos que han tomado la decisión de buscar la autonomía, sobre esta misión se da el contexto de México en una lucha incesante de los pueblos ancestrales en resistencia a las políticas neoliberales. Las consignas principales de la CRAC se basan en dos principios elementales; el primero es: que  “el respeto a nuestros derechos es la justicia” y el segundo: “solo el pueblo defiende al pueblo”, estos principios son los que se extienden a otros pueblos donde el terror domina y la gente se decide integrar al proyecto comunitario y cesar la violencia.

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