¿De los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas? ¿De las autoridades educativas que tienen la obligación de supervisar, autorizar y garantizar la seguridad de quienes integran las comunidades escolares?

Si las autoridades tenían conocimiento de la llegada de militares y exmilitares vinculados a las Fuerzas de Defensa de Israel a escuelas públicas de Chiapas, ¿por qué no actuaron? ¿Quién autorizó su ingreso? ¿Qué mecanismos de revisión se aplicaron? ¿Quién permitió que estas personas realizaran actividades con niñas y niños?

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No es aceptable que ahora se pretenda trasladar la responsabilidad a las madres y padres de familia o a las autoridades de cada escuela. La SEP y las instancias responsables de la educación pública tienen obligaciones institucionales que no pueden eludir ni delegar. No basta con deslindarse: es necesario esclarecer quién tomó las decisiones, qué funcionarios intervinieron y por qué fallaron los mecanismos de supervisión.

Nuestra preocupación como sociedad civil es legítima y merece una respuesta pública, clara y documentada. No se trata de una cuestión menor ni de una sospecha sin fundamento: hablamos de quién decide qué personas ingresan a los espacios educativos y bajo qué criterios se les permite convivir con nuestras infancias.

Nos preocupa especialmente la presencia de personas vinculadas a las Fuerzas de Defensa de Israel, institución señalada por graves violaciones al derecho internacional humanitario y crímenes de guerra contra la población palestina. Mientras las infancias palestinas enfrentan la muerte, el desplazamiento y la destrucción de sus escuelas y comunidades, resulta profundamente grave que personas vinculadas a esas fuerzas tengan acceso a espacios educativos en nuestro país.

Por eso seguiremos reuniendo firmas. Más de 13 mil voces se han sumado a esta exigencia ciudadana. No vamos a aceptar que el silencio institucional sustituya las explicaciones que merecemos.

Nuestras escuelas no son espacios para la propaganda militar. La protección de las infancias exige transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

¿Quién los invitó? ¿Quién los autorizó? ¿Quién debe responder?

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