Los presos políticos de Atenco: la persistencia de la resistencia
Cuando a los padres de Oscar Hernández Pacheco les dijeron que su hijo estaría libre a finales de agosto o inicio de septiembre, no cabían de felicidad. En el penal de Molino de Flores, don Paco y otros parientes de presos políticos que, desde la violenta represión policial en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, enfrentaban la incertidumbre, el miedo y la indignación, ese día celebraban la noticia. “Ya ve, don Paco,” decía el padre de otro joven preso, procedente del poblado de Texcoco, “los muchachos ya pronto van a estar libres, nomás hay que echarle un poquito más de ganas”. “Pues se las festejamos allá en el pueblo”, contestó don Paco.
Pero días después, el 21 de agosto de este año, les dieron la nefanda noticia: su hijo, como los demás presos políticos recluidos en el penal de Molino de Flores, fueron sentenciados a 31 años y 10 meses de prisión bajo la acusación de secuestro equiparado, mientras a Ignacio del Valle le añadían 45 años a los 67 a los que ya había sido previamente condenado.
Cuando doña Francisca supo de la sentencia, estuvo a punto de ser hospitalizada. A los 63 años, tanto ella como su marido sufren de diabetes, condición que se ha agravado durante estos dos años de sufrimiento. “Mis hijos no querían que fuera al penal porque tenían miedo de que me pusiera mal, pero yo fui de todos modos. Estaba más tranquila, pero cuando llegué, sentí que yo ya no era yo. Me sentí muy mal. Al otro día fui al seguro y la doctora me dijo que me tenía que tranquilizar, porque si no me iban a tener que internar. ¿Pero cómo? Él tiene 30 años. Con otros 30, va a tener 60. ¿Cómo es posible que le hagan eso? Y sus hijos tan chiquitos… la niña tiene ocho años, el niño unos tres.”
Como la mayoría de los presos sentenciados, su hijo no participó en los enfrentamientos del 3 de mayo y no formaba siquiera parte del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización que, en 2006, defendía a los floricultores de Texcoco de ser desalojados de su local de trabajo.
En el auditorio municipal de San Salvador Atenco, a un lado de la plaza central, un pequeño grupo de familiares de los presos políticos relatan lo que han vivido estos dos últimos años y su indignación con las sentencias del 21 de agosto, mientras continúan los preparativos para la celebración del día de la Independencia, el 15 de septiembre de 2008, organizada por el FPDT. Continúa doña Francisca:
“El día que lo agarraron él iba a ver a un familiar que estaba muy enfermo. Lo detuvieron en la carretera. Le pegaron, le abrieron la cabeza, la cara. Tenemos una foto donde lo están golpeando, y un policía tiene una mitad de tabicón para pegarle en la cabeza. Yo no sabía, porque ese día él pasó a la casa. Estábamos desayunando pozole, su platillo favorito, y me dijo que iba a recoger a la niña y que más tarde regresaba para echarse un taco. Cuando empezaron a entrar los granaderos, nos encerramos. Como a las tres de la tarde mis hijos ya sabían que lo habían agarrado, pero no me dijeron para que no me pusiera mal. Pero entonces lo vi en las noticias, y fue así que me enteré.”
Algo similar sucedió con Julio César Espinoza Ramos, hijo de Maribel Ramos Rojas. En la época Julio César tenía 18 años y no había siquiera oído hablar del FDPT. Jugaba futbol, se dedicaba al comercio en el poblado de San Pablito Chiconcuac y le ayudaba a su abuela a cuidar el ganado. El 3 de mayo de 2006, Julio César conducía su motoneta por la carretera que pasa al lado de San Salvador Atenco. A la altura de la gasolinera de Tocuila, fue detenido en un retén de la policía federal. Ahí lo golpearon salvajemente, antes de trasladarlo a la procuraduría y, acto seguido, al penal de Santiaguito en Almoloya, Toluca.
Julio César no logra entender por qué le ha sucedido todo esto. ¿Por qué lo condenan a tantos años de cárcel, si él no hizo nada? ¿Por qué esa sentencia, mientras los verdaderos secuestradores, los que mutilan, matan, violan, están en la calle? “Él tenía tantas ilusiones”, dice su madre, “y ahora sus ilusiones se ven truncadas y todos esos sueños se quedan detrás de esos muros de la prisión.”
Juan de Dios Hernández, el abogado del FDPT que defiende la causa de los presos políticos, afirma que la sentencia se hizo sin que existieran pruebas plenas de responsabilidad de los acusados, en un proceso lleno de irregularidades y contradicciones. Inclusive, uno de los familiares atestigua que, al cuestionar al juez sobre la dureza de las sentencias, éste le respondió que él no tenía pleno mando y que la decisión venía de más arriba.
La motivación política de estas sentencias queda evidente en el hecho de que éstas fueron emitidas el mismo día en que se celebraba la muy divulgada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Palacio Nacional, en la que se discutió uno de los temas que más preocupan actualmente a la sociedad: la inseguridad que se vive en el país. Ahí se llegó al Acuerdo Nacional de Seguridad, mediante el cual se fortalecerán las instituciones policiales y de procuración de justicia, enfocándose en el secuestro, lavado de dinero y crimen organizado. Entre otras reformas legales, está la propuesta de una ley general del secuestro. Las sentencias contra los presos políticos de Atenco, justamente por el supuesto delito de secuestro, deben ser leídas como una señal de alarma para la sociedad mexicana pues criminalizan la disidencia y la defensa de los derechos, equiparando el activismo político al crimen organizado. “Estamos indignados”, dice Trinidad Ramírez Velázquez, esposa de Ignacio del Valle. “Cómo es posible que se atrevan a comparar a alguien que defiende la tierra y sus derechos con alguien que secuestra, asesina, mutila, viola y demás.” Una de las propuestas de Felipe Calderón ha sido aplicar la pena de cadena perpetua a los secuestradores. La pena de 112 años para Ignacio del Valle equivale, efectivamente, a cadena perpetua.
Cabe resaltar que, con relación a la inseguridad, a la ola de secuestros que cada vez más son tema de primera plana y a la narcoviolencia que asola el país, la corrupción y la impunidad son dos de los principales responsables. En prácticamente todas las bandas de secuestradores conocidas están involucrados agentes o ex agentes justamente de las fuerzas de seguridad pública que en teoría serían responsables por combatirlas.
Al mismo tiempo, mientras los presos políticos son sentenciados con penas absurdas, los responsables por las gritantes violaciones de derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco han gozado de completa impunidad. Los acontecimientos del 3 y 4 de mayo de 2006 representan uno de los momentos más oscuros de represión y violencia estatal en la historia del México moderno: homicidios, agresiones sexuales multitudinarias a mujeres y hombres, allanamiento de moradas, destrucción de propiedad, golpizas, torturas, humillaciones. La barbarie cometida en Atenco no se trató de la actuación descontrolada de fuerzas policiales mal preparadas, sino de una violencia de estado premeditada para infundir el terror en la población y sentar un precedente que sirviera de ejemplo para otros movimientos sociales. Las condenas del 21 de agosto son un ingrediente más de esta política de terror.
Es difícil describir el sufrimiento de las familias. “Soy madre soltera”, dice Maribel Rojas. “Él es todo lo que tengo y yo soy todo lo que él tiene. Me ha afectado mucho en el trabajo porque he tenido muchas ausencias y me puede costar el empleo, pero no puedo dejarlo solo. También me ha afectado en mi salud porque soy diabética y he estado hospitalizada muchas veces. Y desde luego económicamente, me ha sido muy difícil. Hay que llevarle alimentos, hay muchos gastos, y si no trabajamos, no hay de dónde, sobre todo siendo una persona sola. A mí me duele muchísimo verlo allá. El día que me habló por teléfono después de la sentencia, parecía ser muy fuerte para que yo no me cayera. Pero el día que lo visité era otra persona, totalmente quebrantada.”
Doña Francisca no puede controlar las lágrimas cuando habla de su hijo. “Me siento muy mal cuando no puedo ir a verlo, pero a mí me hace mucho daño ir al penal. Desde que estaba en Toluca, lo iba a ver. Y me siento mal cuando veo a mi hijo así. Por eso él me dice: No vengas, mamá, porque me pongo muy triste cuando te veo llorar. Y lloramos los dos. Pero Dios quiera lo voy a ir a ver y me voy a tranquilizar y no voy a llorar.”
Para don Paco la prisión de su hijo también ha sido devastadora. Él es campesino, planta maíz allá mismo, en Atenco. “Estos dos años han sido muy pesados. En este tiempo hay veces que no puedo verlo, porque tengo que trabajar. No hay dinero. Se le tiene que dejar dinero, comida, y hacemos el esfuerzo para ir y llevarle su encargo. Y ahí son 500, 600 pesos que se gastan nomás en un día. Imagínese, y luego sin dinero. Y nosotros nos estamos tronando los dedos porque yo no puedo trabajo así, en forma.” Doña Francisca explica: don Paco también está enfermo, frecuentemente cae en cama y pasa una o dos semanas sin poder trabajar.
Para Trinidad Ramírez, estos dos años han sido un verdadero calvario. Su hijo César estuvo preso casi dos años. Su hija América se encuentra prófuga. Y su marido Ignacio enfrenta una pena de 112 años en el penal de máxima seguridad de Almoloya. Sin embargo, se le ve fuerte, firme, decidida. “Pienso en ellos”, explica. “En Nacho en la cárcel, siempre tan positivo. Tengo miedo de deprimirme, de caerme y no poderme levantar para seguir luchando. El amor puede tantas cosas.” Cuenta que, a pesar de la sentencia, Ignacio está en pie. “Tiene mucha seguridad en lo que cree, en sus ideales, en su lucha. Por eso cuando digo que Nacho está bien no es que esté bien allá, porque las condiciones en el penal son muy duras, sino porque cree en sus ideales.”
Pero la represión y sobre todo las sentencias, cuya intención es amedrentar y silenciar, tuvieron también otro efecto. Maribel Ramos no sabía del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, nunca había participado en ninguna lucha, nunca había expresado su indignación ante las injusticias que percibe.
“Mi visión ha cambiado mucho”, dice Maribel, “porque antes éramos personas tímidas al expresar lo que está pasando en el país, la represión que sufrimos. Porque es realmente una represión lo que está haciendo el gobierno. Quieren ponernos como un ejemplo y decirle a la gente: si ustedes se rebelan, vean lo que les puede pasar, pueden correr la misma suerte que estas personas. Pero esto, en lugar de intimidarme, me ha hecho más fuerte y creo que es importante expresar mi indignación como madre, defender a mi hijo, porque es una persona totalmente inocente, y denunciar toda la injusticia que estamos viviendo. Es hora de levantar la voz. Si dijeron, ‘Se van a estar quietos’, pues creo que no. No. Tenemos que hacer frente y denunciar y decir lo que está pasando.”
Doña Francisca y don Paco, como otros parientes de presos políticos que nunca habían participado en alguna lucha, también se han acercado al FPDT, uniendo fuerzas para, juntos, exigir su liberación.
Para Trinidad Ramírez, “no hay mal que por bien no venga”. Las sentencias despertaron la indignación y dieron un nuevo impulso a la lucha por la liberación de los presos políticos de Atenco, en México y en el mundo. Este 15 de septiembre, el FPDT organizó en la explanada de San Salvador Atenco un “Grito por la libertad”, y para el 23 de septiembre está planeada una marcha del Ángel a Los Pinos en la ciudad de México. Al mismo tiempo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que se reforzaría el plantón frente al penal de Molino de Flores, convirtiéndolo en un espacio de encuentro de la Otra Campaña, y convocó a la renovación de la campaña nacional e internacional por la liberación de los presos políticos.
Hay, para muchos, una conciencia de que exigir la liberación de los presos de Atenco es una necesidad urgente porque lo que está en juego, además de las vidas de hombres inocentes, es el derecho a la resistencia y a la defensa de los derechos fundamentales. Es, en suma, una lucha por un México con justicia, democracia y libertad.
