MANIFIESTO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA EL PUEBLO MAPUCHE

Ante el asesinato de Luis Marileo Cariqueo (24 años) y Patricio González Guajardo (23 años), el brutal allanamiento policial que sufrieron niños y niñas de la Escuela G-816 de Temucuicui (Región de la Araucanía, Chile) el día 14 de junio de 2017 y frente a la violencia policial sistemática contra comunidades mapuche que impulsan procesos de recuperación y defensa territorial, los profesores y profesoras, estudiantes, activistas, profesionales e integrantes de organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto internacional venimos a expresar lo siguiente:

1. Rechazamos enérgicamente que el crimen de Luis Marileo y Patricio González sea calificado como acción de “legítima defensa” frente a supuestos actos “delictuales” o “terroristas” mapuche. El asesinato debe ser contextualizado en la incapacidad que el Estado chileno, la clase política y los gobiernos democráticos han tenido en generar las condiciones para una resolución política a las legítimas demandas del pueblo mapuche por recuperar su territorio y derecho a la autodeterminación. De igual forma, la llamada “legítima defensa” y “paz” que pregonan organizaciones de latifundistas en la Región de la Araucanía, lo que busca es cercenar derechos al pueblo mapuche y acentuar la violencia contra líderes, comunidades y organizaciones que protagonizan procesos de reclamación territorial en el marco de la construcción de autonomías y reparaciones históricas frente al despojo.
2. Repudiamos con indignación la violencia policial que sufrieron los niños y niñas de la Escuela G-816 de Temucuicui, quienes producto de los gases lacrimógenos expulsados por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, debieron huir del lugar asfixiados y atemorizados. Estos acontecimientos no constituyen efectos colaterales del actuar policial, por el contrario, son parte de una estrategia política estatal que mediante la violencia focalizada hacia niños, jóvenes, mujeres y ancianos, pretende infundir terror y desmovilizar a actores que son fundamentales para la reproducción y proyección autónoma de la vida social, política y cultural mapuche.

Esta estrategia de golpear, amedrentar y violentar a niños y niñas, es común en el despliegue de las Guerras de Baja Intensidad (GBI), pero también representa la continuidad de los castigos, la violencia simbólica y los secuestros vividos por generaciones mapuche en las escuelas misionales, estatales e internados durante el siglo XX, como parte de una política estatal de exterminio legitimada en las ideas de “progreso” y “civilización”. La continuidad de esta violencia en nuestros días, justificada en discursos de seguridad nacional, no hace más que aumentar la rabia acumulada producto de una historia larga de violencia y despojos coloniales.

3. Los asesinatos de Alex Lemún (2002), Julio Huentecura (2004), Zenón Díaz Necul (2005), José Huenante (2005), Matías Catrileo (2008), Jaime Mendoza Collío (2009), Rodrigo Melinao Lican (2013), Macarena Valdés (2016) Luis Marileo y Patricio González (2017), así como la sistemática criminalización y violación de los derechos humanos mapuche durante el contexto democrático post-dictatorial chileno, no constituyen eventos aislados. Se explican por un Estado de Ocupación Colonial que se forjó a raíz de la ocupación militar de la Araucanía y la violenta colonización de la Fütawillimapu en los siglos XIX y XX. Esta estructura colonial profunda, instalada en la organización política del Estado, los procesos territoriales, la economía, la desigualdad estructural en Chile y enquistada en las prácticas cotidianas mediadas por el racismo, en el actual contexto neoliberal se agrava con la violencia que el capital extractivo (forestal, minero, acuícola, hidroeléctrico, etc.) y la economía de activos ejerce sobre el territorio histórico mapuche, las vidas humanas y no humanas que en éste habitan. Es por ello que la defensa mapuche del territorio, es ante todo una defensa y lucha por la vida de todas y todos.
4. La violencia que vive el pueblo mapuche en la actualidad, al no restringirse a una coyuntura exclusiva de los gobiernos democráticos, sino a un problema histórico de profunda complejidad que permea distintos campos de la vida, entre ellos la academia, los trabajadores, los estudiantes, pobladores, inmigrantes y organizaciones sociales diversas, requiere de pronunciamientos y alianzas para generar un cambio estructural de las relaciones de poder en Chile.
5. Consideramos que las posibilidades de resolución del conflicto que el Estado y el gran capital mantiene con el pueblo mapuche, necesariamente deberán considerar la complejidad y magnitud de los procesos históricos, socioeconómicos, políticos e ideológicos que connotan el Estado de Ocupación Colonial. Para ello, el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, la restitución territorial, el freno al capital extractivo, la desmilitarización de las comunidades, la libertad a los presos políticos, el cese a la criminalización, así como la justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y el presente contra el pueblo mapuche, debieran situarse como parte de una plataforma básica desde la cual establecer una negociación política.

Junio de 2017