El día 17 de junio de 2014, a las 2.00 hrs, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) instruyó un aparatoso operativo para detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organización campesina que desde hace más de diez años, se encuentra en resistencia contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica “La Parota”, en defensa de sus tierras comunales en el afluente del río papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero.

A las 9.00hrs., al salir de su domicilio, Marco Antonio Suástegui fue interceptado por más 15 Policías Ministeriales cuando transitaba en su vehículo por la calle Bora Bora, esquina con Rodrigo de Triana, Colonia Fraccionamiento Lomas de Magallanes, en el municipio de Acapulco. Con lujo de violencia los Policías Ministeriales lo bajaron de su vehículo, sin presentarle alguna orden de aprehensión; una vez que lo sometieron le espetaron que si oponía resistencia lo iban a matar. En el trayecto recibió varios golpes y amenazas, diciéndole que eso le pasaba por “andar de revoltoso”. Posteriormente lo trasladaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces en Acapulco,sin permitirle que pudiera comunicarse con sus representantes legales o con sus familiares.

Alrededor de las 10hrs. personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, quienes han acompañado en la defensa legal del CECOP, arribaron al Cereso para solicitar información a las autoridades penitenciaras y judiciales respecto de la detención del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui. El Juez Décimo en Materia Penal de Primera Instancia, Adolfo Vanmeeter Roque manifestó quetomaría la declaración preparatoria del detenido por la tarde.

A las 14.00hrs., el Juez informó que el líder del CECOP había sido trasladado al Centro de Readaptación Social de La Unión de Isidoro Montes de Oca, ubicado en la Costa Grande de Guerrero; esto a pesar de que este funcionario tenía el deber de analizar exhaustivamente la legalidad de la orden de traslado, violentando los derechos del procesado, toda vez que es responsable de la libertad personal de Marco Antonio Suástegui.

Posteriormente, desacatandoladecisión de suspensión para efectos de no ser trasladado a un penal federal,concedida por la Jueza Tercera de Distrito con sede en Acapulco, la Lic. Lilia Maribel Maya Delgado, dentro del amparo número 649/2014 –I; las autoridades responsables, actuando con perversidad y total hermetismo, trasladaron a Marco Antonio Suástegui al Centro Federal de Readaptación Social número 04 Noroeste en Tepic, Nayarit, dándole un trato de delincuente de alta peligrosidad. Es evidente que dicho mecanismo se ha utilizado para castigar y reprimir al dirigente del CECOP, dadas las condiciones en que se ha realizado.

El traslado al Penal Federal es una grave afectación al derecho a una defensa adecuada, que reconoce el artículo 20 de la Constitución, pues en los hechos deja al detenido sin poder tener una comunicación fluida y constante con sus defensores. Es importante mencionar que dicho mecanismo ha sido utilizado en los últimos meses por el Gobierno del Estado de Guerrero en contra de otros líderes de movimientos sociales, desnaturalizando la misma finalidad de los centros federales de seguridad media y máxima, pues estos terminan siendo usados no para recluir a los presuntos delincuentes que más dañan a la sociedad, sino para dirigentes de movimientos sociales.

La detención del dirigente del CECOP, tiene como claro objetivo debilitar el movimiento de dicha organización campesina, que por más de una década se ha opuesto a la imposición del Proyecto Hidroeléctico “ La Parota”; el cual, cabe recordar, ha sido incluido en el nuevo plan de reconstrucción del estado del Ejecutivo Federal denominado “Nuevo Guerrero” y se suma a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero.

Firma y exige la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui; que se garantice su integridad física y psicológica; que se revoque el traslado ilegal y violatorio a los derechos humanos del estado de Guerrero; que se respete su defensa adecuada y se ponga fin a la persecución y criminalización contra otros dirigentes del CECOP.

**Acción urgente emitida por el Centro de Derecho Humanos de la Montaña Tlachinollan**