Voces de las madres de las madres en busca de sus 43 hijos en la XXIX Acción Global por Ayotzinapa

Por Camila Fuentes

Veintinueve meses han pasado desde que el estado desapareció a cuarenta y tres estudiantes  de la escuela rural Raúl Isidro Burgos. Las madres han desafiado el temor a hablar en público por sus hijos  y denunciar ampliamente la impunidad en la que se hunde cada vez más el sistema político del país. – “estamos cansadas, pero no por el cansancio, sino por tanta mentira que nos ha dicho el gobierno” es lo que expresa una de las voces de una madre de familia que se escuchó en el hemiciclo a Juárez, lugar donde concluyo la marcha que inició del anti monumento a los 43.

Y esto refleja,  las circunstancias por las que está atravesado este caso de lesa humanidad;  las mentiras con las que ha actuado el gobierno mexicano, la PGR  en cada una de las etapas de la investigación, desde que inicio y la violación al cumplimiento de las recomendaciones de la comisión interamericana. Las madres en pie de lucha lo dicen una y otra vez este 26 de febrero del entrante año 2017: – ” les arrancaremos a nuestro hijos de sus manos”

Un alumno de la escuela normal de Ayotzinapa representa la voz de los estudiantes y un delegado de la quinta convención nacional popular presenta la declaración política a la que han llegado 282 delegados  de 2i puntos de la república mexicana reunidos por los padres y madres de Ayotzinapa.

Te invitamos a escuchar su voz en los siguientes enlaces:

Doña Joaquina, madre de Martín Getsemany Sanchez García:

Doña María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes:

Doña Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa:

Doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio:

Alumno de Ayotzinapa en la XXIX acción global por Ayotzinapa:

Declaración política de la 5° convención nacional popular:

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICHOACAN

17 DE FEBRERO DE 2017

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS LIBRES
A LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES

Durante años hemos denunciado la complicidad que las fuerzas armadas represivas del mal gobierno han sostenido con el crimen en la Sierra-Costa de Michoacán.

En mayo de 2010 alrededor de mil elementos federales entre marinos, ejército, policía federal y hasta agentes estadounidenses catearon casas de la comunidad en busca de armas para dejar libre el camino a un grupo de 150 narcoparamilitares que en plena luz del día ingresaron a la comunidad para tratar de secuestrar e intimidar a los comuneros.

En diciembre de 2011, pese a estar cercanos al sitio donde emboscaron al compañero Trinidad de la Cruz Crisóstomo (Don Trino) y a un grupo de observadores y periodistas
que lo acompañaban, la Marina fue omisa a los disparos de arma de fuego realizados por los sicarios que perpetraron el ataque, siendo cómplices de la tortura y asesinato del compañero, a lo que siguió el saqueo de minerales, maderas preciosas y narcotráfico que sometió a la comunidad en dos años de terror.

En junio 2015, las fuerzas armadas del mal gobierno, intentando detener la resistencia de la comunidad y así abrir campo a la delincuencia organizada, asesinaron al niño Hidelberto Reyes García, cuando dispararon en contra de los comuneros de Ostula, mientras se realizaba una protesta pacífica por la detención del comandante de la policía comunitaria Cemeí Verdía Zepeda.

El pasado 5 de febrero cinco compañeros, policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, municipio de Aquila, fueron secuestrados por elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), así como los dos comunitarios que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación.

Como se anunció en el comunicado fechado el 8 de febrero, fueron liberados, pero la comunidad desconoce las condiciones y acuerdos a los que se haya llegado con los delincuentes. Denunciamos que no han sido detenidos ninguno de los responsables materiales e intelectuales de este nuevo atentado, ni ha sido esclarecido el vínculo y la complicidad entre estos y los elementos de la Secretaría de Marina.

Por lo anterior la comunidad de Ostula mantendrá un bloqueo en la carretera federal 200, mientras no se cumplan las siguientes exigencias:

1. Que se realice de manera urgente un operativo dirigido a la detención de los líderes templarios Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), así como la desarticulación verdadera de dicho cártel y de su estructura política y económica.

2. Cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de integrantes de nuestra guardia comunal y de los otros grupos de policías comunitarios de la región
Sierra-Costa.

3. Desmilitarización de la región de la Sierra-Costa de Michoacán, el castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policiacas que asesinaron al niño Hidelberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ostula, así como la reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad y la devolución de los siguientes artículos: cuatro radios de comunicación, el sello e identificaciones del consejo de vigilancia, una pistola con
registro y cuatro juegos de llaves.

4. El respeto y otorgamiento de garantías para la operación y funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán.

5. Presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 34 comuneros pertenecientes la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos ocho años.

6. Alto a la desinformación y la creación de grupos de choque en el pueblo nahua.

7. Respeto al territorio comunal de Santa María Ostula y solución integral al conflicto agrario con pequeños propietarios de La Placita.

8. Que se resuelva favorablemente la solicitud del presidente municipal de Aquila respecto a la instalación de una Base de Operaciones Mixtas en la localidad de Huahua, ubicada al sureste del municipio y que esté articulada en torno a la policía municipal de Aquila.

Pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los organismos internacionales, a estar atentos a lo que pase en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de las comunidades de la región. Apoyos y donativos para la continuación de la lucha de la comunidad indígena de Santa María Ostula:

Cuenta de Banco Número: 813411733
CLABE: 062090008134117330
Banco Afirme
A nombre de Diego Domínguez Mercado

Para apoyos en especie solicitamos estar al pendiente de los puntos de acopio que se establezcan con los equipos de apoyo a la comunidad (Ciudad de México y Guadalajara) o con colectivos y organizaciones solidarias.

A T E N T A M E N T E
COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
“NOSOTROS LUCHAMOS POR LA VIDA Y LA PAZ, NO LUCHAMOS POR EL PODER Y MENOS POR LA MUERTE”
“NUNCA MAS, UN MÉXICO SIN NOSOTROS”

En este NotiFrayba compartimos esta problemática, un poco de su contexto local a través de Gloria Flores, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Traemos a la memoria las violaciones de derechos humanos focalizadas a las mujeres en un contexto de contrainsurgencia, a través de la ventana de Minerva Guadalupe Pérez Torres y la Masacre de Acteal, a 20 años de distancia:

•  Que hagan una búsqueda hasta encontrar a nuestro padre Alonso López Luna
•  Que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado que venimos sufriendo y que haya justicia de todos los responsables.
•  Generar condiciones para el retorno inmediato y definitivo de nuestras familias en Banavil, actualmente somos 21 personas, que nos garanticen seguridad en el momento del retorno y después del retorno, así mismo que nos garantice el estado mexicano que esto no se va a repetir.
•  Cancelación de las órdenes de aprehensión contra Antonio y Pedro López Girón
• Reparación de daño por el tiempo que hemos estado en desplazamiento y todos los bienes que hemos perdido en Banavil.
• También exigimos la presentación de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, entre otras hermanas y hermanos que están luchando por la justicia y verdad por la desaparición forzada.
• Justicia para Acteal.

Por Kau Sirenio

Las cuerdas chillantes del violín hacen que la noche sea más triste de lo normal en San Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan, mientras que las mujeres y hombres apurados tejen sus cintas de palma; frente al violinista yacen dos ataúdes, uno de color azul tenue y el otro de blanco. Son los cuerpos mortales de las dos jornaleras que fallecieron en Jalisco en un accidente automovilístico.

Al olor de copal y flores, ante el altar que la familia montó para despedir a Fresnia Juárez Domínguez y Diana Juárez Villegas. Lo acompañan las luces titilantes de las velas que dibujan un funeral de campesinas que murieron en los campos agrícolas para no morir de hambre en su pueblo donde la miseria se asoma todos los días.

Los papás, hermanos, cuñadas y cuñados se abrazan entre ellos para darse ánimo para no desmayar por el dolor que los acompaña desde el viernes cuando se enteraron del accidente en que viajaban sus familiares.

«Mi hija salió temprano el viernes a las seis de la mañana al corte de tomate pero ya no regresó, nos avisaron que la camioneta que las trasladaban se accidentó, así que dejamos nuestros quehaceres y nos fuimos a preguntar qué fue lo que pasó con nuestra familia», contó Isaac Juárez Carlos, papá de Diana.

El jornalero habló de su vivencia en Jalisco donde trabajaba en el corte de caña, mientras que su esposa e hija lo hacían en el corte de tomate por una paga de 15 pesos por arpilla, «en la jornada cuando mucho alcanzaban cortar cinco o siete arpilla».

Durante la plática, del interior de la casa sale el sonido del violín y la guitarra que van formando en el oído el canto del más allá de los nahuas de Guerrero, su música fúnebre que se combina con el religioso.

En la casa de la familia Juárez Villegas y Juárez Domínguez los vecinos llegan con la ayuda, maíz y despensas son depositados ante el altar; de ahí lo toman las mujeres que apoyan en la cocina para preparar la cena y el almuerzo.

La población de esta comunidad habla el náhuatl, lengua que aún conservan a pesar de la fuerte movilidad social hacia los campos agrícolas donde se va la familia completa a trabajar en temporadas de otoño-invierno en el corte de chile, tomate, caña, aguacate, angú, espárrago o zarzamora. Otras familias se van a las ciudades turísticas a ofrecer las artesanías que elaboran.

La mayoría de los habitantes de las comunidades asentadas en la ribera del río Balsas, son jornaleros agrícolas, quienes se van por temporadas a los campos agrícolas de los estados de Morelos, Michoacán, Colima, Jalisco, Sinaloa y Baja California, toda la familia. Y también emigran a los Estados Unidos.

Para los trabajadores agrícolas, el peligro que enfrentan cada vez que salen de su pueblo se hizo costumbre: «nuestro panteón está lleno de paisanos que han muerto en los surcos de los campos agrícolas», señala Melquiades García Ríos, comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla.

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Tecpatán despierta. La resistencia zoque frente a los proyectos de muerte en Chiapas

Por Dos Puntos

La tarde del lunes 13 de febrero del presente año, comenzaron a circular en redes sociales y periódicos digitales de Chiapas, fotos y videos de la quema de la alcaldía de Tecpatán, cabecera del municipio homónimo, ubicado en territorio zoque, en la zona oriental de dicha entidad. La información vertida en las notas, no ayuda a aclarar la dinámica de los acontecimientos. En algunas, se habla del hartazgo de la población que reclama servicios de agua, alumbrado, drenaje, recolección de basura y seguridad. Un grupo de pobladores se habría reunido frente a la alcaldía y, al no ser atendido por el presidente Armando Pastrana Jiménez, bloquea la presidencia y quema el interior del inmueble. En otras, el edil amenaza a los inconformes con demandarlos por secuestro, argumenta que en la cabecera la gente no votó por él y por eso no tiene ninguna obligación de cumplirles y responde a las acusaciones con gas lacrimógeno y balazos.

Muchas preguntas quedan en el aire. ¿Qué fue lo que pasó realmente en Tecpatán? ¿Quién es Armando Pastrana Jiménez? Si la gente de la cabecera no votó por él, ¿quién lo hizo? Y sobretodo, ¿por qué los acontecimientos del lunes tienen relevancia si, como lo define un diario local, Tecpatán es sólo “otro municipio Chiapaneco fuera de control”?

***

El 6 de septiembre de 2016 los habitantes de Tecpatán se enteraron que en su poblado estaba a punto de celebrarse una reunión a puerta cerrada sobre la extracción de hidrocarburos en la región. “Ya eran como las 8 de la noche y no nos dio tiempo para organizarnos”, recuerda un poblador, “pero el día siguiente, a las 9 de la mañana, ya había como sesenta o setenta mujeres del pueblo –porque los hombres se fueron a trabajar— que querían ver qué estaba pasando y al mediodía ya eran más de cien, y también estaban una treintena de hombres”.

Esta presión hizo que una comisión de ciudadanos de la cabecera lograra asistir a dicha reunión, que tuvo lugar el mismo día en la sede de la Asociación Ganadera “Los Volcanes” y en la cual estaban presentes funcionarios de la Secretaría General del Estado de Chiapas; de la Secretaría de Energía (Sener) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); de la Agencia de Seguridad Industrial Energía y Ambiente(ASEA); además de los representantes de varias agencias y ejidos del municipio de Tecpatán. “De esta manera nos enteramos que se estaba planeando la extracción y explotación de hidrocarburos en tierras del municipio y que nosotros, por no ser considerados indígenas, no habíamos sido avisados y ni teníamos derecho a la consulta”.

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Febrero de 2017.

A los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo de México
A los colectivos y activistas
A la sociedad civil

Los que integramos la Red Europea de Colectivos por México vemos con profunda preocupación la inminente aprobación de la Ley de seguridad Interior. Esta iniciativa de ley vulnera no sólo nuestras garantías individuales, hasta ahora protegidas por nuestra Constitución, sino que otorga total poder de acción y decisión al Ejecutivo y a las fuerzas armadas de nuestro país. La propuesta ley neutraliza al Congreso en la aprobación de decisiones tomadas por el Presidente y no prevé ningún filtro que garantice el respeto a nuestra Constitución y a nuestros derechos.

Hemos visto y sabemos de primera mano que las medidas ejercidas para disminuir la violencia (la militarización sistemática que se ha venido dando desde 1994 y que vio su punto más álgido en el sexenio de Calderón), no ha logrado su objetivo. Al contrario, el ambiente de inseguridad e impunidad que recorre nuestro país es cada día más grande. El excesivo uso de las fuerzas militares ha llevado a México a una crisis de Derechos Humanos. Ahora nos enfrentamos además con la creación de fuerzas paramilitares que actúan allá, dónde el ejercito aún no ha podido actuar. Nuestro pueblo vive en medio de una guerra por el control del tráfico de drogas.
Las reformas que se discuten ahora en el Congreso, creadas y apoyadas por el PAN-PRI-PRD, están fuera de las facultades que pueden ejercer los diputados y senadores. Es decir, el Congreso no está legalmente autorizado para tomar decisiones en materia de seguridad interior. Sin embargo, la discusión e inminente aprobación de la propuesta Ley de seguridad Interior sigue adelante.

Según lo estipulado en el artículo 21 de nuestra Constitución, la seguridad pública está a cargo de autoridades civiles. Esto significa que, al ser aprobada dicha iniciativa de ley, se estaría otorgando competencias civiles a las fuerzas militares. Se les estaría dando luz verde para el pleno uso de tácticas y métodos militares con el fin de llevar a cabo investigaciones que deberían ser realizadas por el poder judicial. Esto resulta altamente preocupante porque desgraciadamente ha habido actividades del ejército en el pasado que han sido acusadas de mostrar una sistemática violación a los derechos humanos. Ninguno de esos casos han sido aclarados satisfactoriamente. Los militares no han tenido que responder por sus actos. La propuesta Ley de Seguridad Interior abre una brecha para que ese tipo de acciones ocurran en futuro incluso dentro de un marco legal.

Aunado a esto, se pretende reformar la Ley reglamentaria del artículo 29. De esta forma se pretende dotar al Ejecutivo del poder para suspender las garantías individuales de manera que el ejercito pueda actuar libremente (Estado de Excepción), siendo posible prorrogar el tiempo de actuación de dicha medida por periodos indeterminados, según el ejecutivo lo considere necesario. Además de debilitar al Congreso y al Poder Judicial, la iniciativa de ley bloquea la vigilancia y la actuación ante cualquier posible violación a los D.D.H.H.

Frente a esto, Los colectivos abajo firmantes EXIGIMOS A LOS DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DESESTIMAR COMPLETAMENTE LAS REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y DECIR NO AL ESTADO DE EXCEPCIÓN. Les recordamos que juraron representar los intereses del pueblo. En su lugar proponemos la creación de un plan de mejoramiento del aparato judicial del Estado, con instituciones más fuertes y capaces, libres de corrupción, así como el fortalecimiento del poder legislativo para hacer frente a este tipo de iniciativas que alejan al país de la democracia. También les EXIGIMOS seguir las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de los D.D.H.H. en México sobre la desmilitarización paulatina del territorio nacional. El territorio nacional al PUEBLO MEXICANO.

¡No a la Ley Golpista!
¡Alto a la Militarización del territorio Nacional!
¡Por una Democracia Real!

#Nomilitarizacion #Noalaleygolpista #defendamosnuestrasgarantiasindividuales

Red Europea de Colectivos por México.
ACTIVISTAS INTERNACIONALES EUROPA-MEXICO (AIEM) (Euskal Herria, Catalunya, Paris, Oakland, Chiapas, Belgica.)
SHEFFIELD MEXICO SOLIDARITY (Reino Unido)
MANCHESTER FOR AYOTZINAPA (Reino Unido)
BORDAMOS POR LA PAZ-PARIS (Francia).
¡ALERTA! LATEINAMERIKA GRUPPE DÜSSELDORF (Alemania)
SMX COLLECTIVE (Paises Bajos)
SOLIDARIDAD CON AYOTZINAPA (Suecia)
NODO MXM (Madrid, España)
COCHEHUA-COLECTIVO DESPERTAR (Suiza)

Adrián Gómez Jiménez:

Me llamo Adrían Gómez Jiménez, nací el 5 de marzo del año 1981 en Paraje Romerillo, municipio de San Juan Chamula. Mis padres se llamaron: Domingo Gómez Hernández y Rosa Jiménez Hernández . Mis padres fueron a vivir a San Cristóbal de las Casas (Chiapas) en donde crecí y trabajé como obrero.

En 1994 fallece mi querida madre, y cuatro años más tarde mi padre fallece en un accidente automovilístico. Así que a los 17 años me quedé huérfano de padre y madre y así que tuve que sostenerme por mi propia cuenta y con la ayuda de mis hermanos salimos adelante.

Pero a los 22 años me incriminan en una participación de un secuestro, permítanme contarles como pasó:

Como trabajador en la obra conocí a Felipe en una obra de construcción, hicimos amistad y convivíamos. Pero cierto día un martes 3 de febrero del año 2004, cuando yo regresaba de mi trabajo, siendo las cuatro de la tarde me tope con Felipe, me invitó y me pidió de favor que le acompañara a el y a Agustín López Pérez a una comunidad llamada Zaclamantón, municipio de San Juán Chamula por motivo de que Agustín estaba enferma su mamá y Felipe conoce un curandero que tiene experiencia en curar enfermedades graves y yo les acepté su invitación e hicieron la parada de un taxi marca Wolsvagen conocido como “vocho”, servicio público, y le preguntaron cuento cobraría por un viaje redondo a Zaclamantón y el conductor del taxi dijo que iba a cobrar cien pesos, les pareció bien el precio así que nos fuimos, llegando a ese lugar Felipe bajó del taxi. Fue a ver al curandero, pero el curandero no está a esa hora (como a las 5 p.m.) y le dimos tiempo al ver que no llegaba el señor (entre 15 y 20 minutos). Al ver que no llegaba el señor Felipe sugirió regresar a Sam Cristóbal y volver otro día. Cuando nos subíamos al taxi, de pronto, se atraviesa un centra color plateado nos bajan del taxi y los señores nos interrogan que hacíamos ahí. Se explicó el motivo, pero los señores nos achacan de mentirosos y nos involucran en la desaparición de un tal señor que lo habían encontrado su coche precisamente dónde andábamos en Zaclamantón, nos arrestan, nos trasladan en San Juan Chamula, en donde nos interrogan y nos torturan con golpes.

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Columna 1