En este reportaje, salimos a la mega-marcha de estudiantes y trabajadores en Santiago de Chile el 14 de julio 2011, para escuchar las voces de los manifestantes en su lucha contra el neoliberalismo y por la democracia y la educación pública. También hablamos con un activista de Santiago sobre la historia de la privatización de la educación para entender mejor el cómo y porqué de la lucha actual en Chile.

Desde Tapachula, Chiapas, activistas de derechos humanos comentan sobre la situación del compañero Cristóbal Sánchez, en huelga de hambre desde el día 17 de julio.

Más información aquí.

El sábado, Cristóbal Sánchez, estudiante, defensor de derechos humanos y coordinador de la caravana “Paso a paso hacia la Paz” salió libre después de pagar 31.000 pesos de fianza, después de ser detenido ilegalmente en Tapachula el pasado jueves. El domingo en la mañana, se declaró en huelga de hambre para exigir la destitución y castigo de los policías estatales y de migración que le agredieron y golpearon tras su detención.

El sábado por la tarde alcanzó su libertad bajo caución y dio a conocer en conferencia de prensa que no levantará la protesta hasta que las autoridades de Chiapas no castiguen a sus agresores. Desde las diez de la mañana, Cristóbal se instaló frente a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes del gobierno de Chiapas, en donde dijo que “en Chiapas se habla de apoyar a los migrantes y se utiliza a la fiscalía de inmigrantes para detenerlos, encarcelarlos y deportarlos. Creemos que el espíritu de esa fiscalía no era para apoyar cacerías de migrantes. Ahora se encuentra bajo el mando del Instituto Nacional de Migración”.

Cristóbal también aprovechó para pedir a los relatores de la ONU y OEA que en breve recorrerán, cada uno por su cuenta, algunos estados de la república mexicana que no se dejen engañar por las autoridades estatales de Chiapas y que investiguen por su cuenta, la verdadera realidad de lxs migrantes.

“Es urgente y necesario que investiguen las irregularidades que se cometen en la estación migratoria, Siglo XXI de Tapachula. Es una cárcel, no un centro de aseguramiento. De igual forma demandó a los representes de esos organismos de derechos humanos, que visiten Frontera Comalapa, Suchiate y Huixtla considerados como los principales centros de explotación sexual y laboral de menores de edad.”

Esto contrasta con la imagen que continúa tratando de dar el gobierno de Juan Sabines allí donde tenga la oportunidad. Mientras estas instancias golpeaban y despojaban de su equipo de trabajo a Cristóbal Sánchez, Sabines participaba en un foro sobre migración donde pusieron al estado como punta de lanza en el tema migratorio y dijeron que “sus avances en políticas públicas al respecto como la creación de una Fiscalía Especial de Atención al Migrante, y la existencia de la Secretaría de la Frontera Sur son una muestra patente de este compromiso del gobierno del estado de Chiapas con la protección de los migrantes”.

Espacio de Noticias de la Ké Huelga Radio, en donde encontrarás, entre otros temas:

• Avance contra el fuero militar
• Y mientras, los militares piden impunidad
• Sigue el terror
• Chiapas: Sigue la ofensiva contra las comunidades en resistencia grabada
• En defensa de Mexicana
• Tlaxcala: Sandak se da a la huida
• Manzanillo: huelga de hambre contra maltrato laboral
• Cuando el destino nos alcanzó: hambruna en el Cuerno de África

Saludos compas,

Desde El Barrio, Nueva York, el pueblo migrante del Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York, les enviamos saludos y abrazos cariñosos.

Aqui les enviamos el primer videomensaje de parte de Movimiento por Justicia del Barrio para San Sebastián Bachajón.

El 23 de junio del 2011, en San Sebastián Bachajón, Chiapas, l@s ejidatarios se juntaron en una asamblea especial sobre las acciones que se han organizado al nivel mundial en apoyo a su digna lucha y por la liberación de sus cinco presos políticos.

Durante ese día se compartieron todas las cronicas, fotos y la declaración mundial en apoyo a Bachajón.

Esa noche también se volvió a romper la frontera neoliberal con la presentación del primer videomensaje de parte de Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York para San Sebastián Bachajón. Este videomensaje es una respuesta a tres videomensajes que l@s ejidatarios han enviado.

Yasmín Guadalupe Hernández Núñez, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en Tonalá, Zona Costa de Chiapas, habla sobre la situación de hostigamiento al director del centro Nataniel Hernández y a su famlia, la criminalización de la defensa de los derechos humanos en el país y la Campaña Nacional e Internacional contra el Hostigamiento Judicial y la Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y Luchadores Sociales en México.

COMUNICADO SOBRE LA VIOLENCIA EJERCIDA EN CONTRA DE CRISTOBAL SÁNCHEZ

Ciudad Ixtepec, a 15 de julio de 2011 – El Albergue Hermanos en el Camino y defensores de derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, se pronuncian en contra de los actos violatorios de derechos humanos cometidos el día 14 de julio de 2011 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en contra de Cristobal Sánchez Sánchez -estudiante de licenciatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), defensor de derechos humanos y organizador de la Caravana Paso a Paso hacia la Paz.

Alrededor de las 17:30 horas, Cristobal Sánchez Sánchez en compañía de Zuleyma Edain Ramos Valdéz y una persona migrante, se encontraban en el centro botanero “El Palomar” realizando investigación de campo, sobre el tema de explotación sexual, para la tesis de licentciatura. Aproximadamente, a las 18:00 horas, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes (FEDCCI) y la Policía Estatal Fronteriza, irrumpieron en el lugar para efectuar un redada. Una persona pidió a Cristobal Sánchez y a sus compañeros que le mostraran sus identificaciones. Estos las mostraron y salieron del lugar.

Posteriormente, mientras se disponían a retirarse, un vehículo de migración pasó a lado de Cristobal Sánchez y sus compañeros. Un oficial de migración –a quien le apodan “El Chino“ quien ya ha sido señalado por corrupción- comenzó a insultarlos; ya que los compañeros de Cristobal comenzaron a tomar fotos con su teléfono celular.

A los pocos segundos, a bordo de una camioneta, llegaron elementos de la Policía Estatal Fronteriza y el ministerio público del fuero común. Estos agentes, representantes del orden público y la justicia en Chiapas, bajaron del vehículo y, mediante el uso desproporcionado de la fuerza, detuvieron ilegalmente a Cristobal Sánchez y lo obligaron a subirse a la camioneta. Simultáneamente, Zuleyma Edain forcejeaba con los agentes federales de migración, quienes intentaban arrebatarle su teléfono celular. En esos mismos momentos, los miembros de la Policía Estatal Fronteriza se llevaron a Cristobal Sánchez, rumbo a las instalaciones de la FEDCCI, mientras, en el trayecto, lo golpeaban brutalmente entre varios agentes.

Ya en ese lugar -en el que estuvo más de dos horas completamente incomunicado y sin que se le informaran sus derechos- un policía adscrito a dicha Fiscalía encargada de la protección a personas migrantes, golpeó y amenazó con una pistola a Cristobal Sánchez Sánchez. Finalmente, fue trasladado a la Procuraduría General de la República en calidad de detenido, en donde, además de lo sucedido, se le levantaron cargos por daños, lesiones y resistencia de particulares.

Hasta el día de hoy, Cristobal continúa en calidad de detenido y severamente golpeado. Estos actos reprobables fueron documentados tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Desde el Albergue Hermanos en el Camino, defensores y miembros de la sociedad civil, comunicamos lo siguiente:

Lamentamos y condenamos las serias violaciones a derechos humanos cometidas en contra de nuestro colega Cristobal Sánchez Sánchez.

Observamos con desconcierto e indignación la deplorable actuación del personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes y la soltura con la que incurrieron en abusos de autoridad y violaciones a las garantías individuales de Cristobal Sánchez, contenidas en nuestra Constitución y tratados internacionales.

Exigimos como miembros de la sociedad civil, que las instancias encargadas de impartición de justicia en Chiapas, respeten los derechos consagrados en las leyes y castiguen a las autoridades que los violenten.

Reprobamos las declaraciones hechas por el Instituto Nacional de Migración que continúa desprestigiando de manera sistemática, y como medio de defensa, a cualquier defensor, civil o persona migrante que cuestione sus actuaciones.

Señalamos el historial de represión en contra de personas migrantes, característico de la delegada de migración en Chiapas, Maria de las Mercedes Gómez Mont, por lo que no nos sorprende que encubra los abusos de sus agentes y ponga en peligro la vida de los defensores de derechos humanos.

Finalmente, reiteramos nuestra preocupación con respecto a la violencia sistemática con la que actúan las autoridades en las redadas realizadas en contra de migrantes y nos indigna la represión violencia ejercida en contra de defensores de derechos humanos.

Entrevista a miembros del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherente de la otra campaña, quienes explican la criminazalición y persecución, por parte del Estado Mexicano, al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en particular a su director Nataniel Hernández Núñez. La entrevista fue realizada en el marco de una columna de radio que se realiza semanalmente, por internet, en Radio Teocelo (Veracruz) desde Barcelona, España. En esta ocasión, la entrevista consistió en una conexión entre Barcelona, Chiapas y Radio Teocelo, Veracruz.(Descarga aquí)  

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Organizaciones sociales advertían del interés gubernamental de aprobar en el anterior periodo vacacional, la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que ahonda en el establecimiento de un estado policiaco-militar que abre la vía militar a la represión de movimientos sociales.

Tratan de hacerlo ahora, nuevamente aprovechando otro periodo vacacional y en medio de la faramalla de la liga de fútbol. El Frente Plural Ciudadano y Centro Pastoral de Chihuahua advierten del “peligro del proceso de aprobación inminente a las Reformas a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Laboral.
Tenemos conocimiento de que existen intenciones de aprobar estas Reforma en este periodo extraordinario de sesiones del Congreso.

La aprobación de las Reformas a estas dos leyes -que se hacen otra vez a espaldas del pueblo, sin consultas públicas y abiertas, sin debates abiertos y públicos- sería un golpe devastador para nuestra sociedad.” En una carta invitación para organizar una jornada nacional contra ambas reformas se dirigen a lxs firmantes del Pacto de Juárez el 10 de junio, a organizaciones sociales y políticas y a mexicanxs, recordando que en uno de los puntos del Pacto Ciudadano se señlaba que ”exigimos que no se apruebe ninguna iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional por el contrario emplazamos al poder legislativo a que elabore conjuntamente con la sociedad una ley de seguridad social y ciudadana”, además de rechazar totalmente la Reforma Laboral en ciernes.

Mientras, la SCJN, la que libera paramilitares de Acteal, dice que los militares podrán ser juzgados en tribunales civiles cuando violen derechos humanos, cosa que no garantiza que se vaya a hacer justicia.

En el marco de las discusiones sobre la LSN, la SCJN que, no olvidamos, contribuyó en el pasado a avalar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública, siendo corresponsable de la situación de impunidad prevaleciente en la actualidad, aprobó este 12 de julio restringir el fuero militar, basándose en la sentencia de la CIDH.

La Corte Interamericana determinó en cuatro decisiones, que militares habían cometido graves violaciones de derechos humanos contra civiles. Además del caso Radilla, en agosto de 2010, estableció que Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas de Guerrero, habían sido violadas y torturadas por miembros del Ejército en 2002. En diciembre de 2010, el tribunal determinó que los militares habían detenido y torturado a dos campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. La Corte Interamericana ha manifestado, en reiteradas oportunidades, que la jurisdicción militar no debería aplicarse a violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles. México no ha cumplido aún con este requisito.

El primer caso, excepcional, con castigo a militares, es el de Castaños. El 11 de julio de 2006, 14 mujeres que trabajaban en un bar en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, fueron atacadas sexualmente por al menos 20 militares.

Ahora se espera que se resuelva el amparo para continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que sólo tres de los violadores están en la cárcel, mientras que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Para Raúl Vera, obispo de Salitllo, a pesar de que el juicio de los militares fue un parteaguas en América Latina, hubo un retroceso en el sexenio de Felipe Calderón. El ejemplo más evidente del repliegue en esta materia es el caso de la compañera indígena Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, que fue violada por militares en 2007, aunque su caso no llegó a los juzgados civiles.“Ese caso es paradigmático de cómo el señor presidente Calderón empezó a manejar al Ejército”.

Recordamos también algunos casos de violación por parte de militares en el estado de Chiapas que continúan impunes; como es el caso de las tres hermanas tseltales violadas y torturadas por militares. Otras violaciones que se mantienen en la impunidad, como la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez en 1995; ; o la desaparición forzada en 1999 de José Hidalgo también por parte de militares; o la detención y tortura en 2007 de Roberto Encino, estudiante tseltal, por parte de elementos del ejército. Casos documentados por el Frayba.