EXIGIMOS LA LIBERTAD DEL COMPAÑERO FRANCISCO MORENO HERNANDEZ Y SE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ, MIEMBROS DEL CNI

A los pueblos de México y el mundo
A los organismo y colectivos defensores de derechos humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s frimantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes.
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A los medios libres e independientes
A quienes caminan la palabra de la vida

14 de febrero de 2026

Previo al desalojo de la familia Moreno Hernández en el ejido de Jotolá, Mpo. Chilón el pasado 12 de febrero de este año, fue detenido a las 8 am el compañero Francisco Moreno Hernández, quien con su familia es miembro del Congreso Nacional Indígena en Chiapas, acusado injustamente del delito de despojo agravado de las tierras que ancestralmente posee su familia.

En el año de 1994 como resultado del levantamiento del EZLN, se recuperaron las tierras que estaban en manos del hacendado que mantenía por generaciones como esclavos a la familia Moreno y miembros de la comunidad, siendo liberadas las tierras para quien las trabaja. Posteriormente se constituyó el ejido de Jotola, donde el padre de Francisco, Manuel Moreno Pérez fue reconocido como ejidatario y desde entonces, él y su familia han trabajado de manera pacífica, continua y pública una superficie aproximada de 5 hectáreas.

Sin embargo cuando llegaron los señores Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, Rogelio Cruz Méndez y Guadalupe Cruz Méndez (Los Cruces) procedentes del Ejido de Montelibano, municipio de Oconcingo, de donde fueron expulsados por presuntos delitos como homicidios, secuestros, intentos de homicidio y presuntos vínculos con la delincuencia organizada, comenzaron a tomar el control del ejido provocando la intranquilidad, conflictos sociales y hechos violentos en la comunidad, siendo Juan Cruz Méndez dirigente regional de la organización paramiliar ORCAO, quienes desde entonces han agredido a la familia Moreno Hernández que han resistido bajo los principios zapatistas en esta zona, formando parte del CNI.

Es entonces que sin mostrar orden de desalojo, alrededor de las 11 horaas del 12 de febrero, aproximadamente 30 policías de la Guardia Estatal, personal encapuchado del INPI y del Tribunal Agrario acompañados de más de 50 ejidatarios comandados por “Los Cruces” de la ORCAO, se juntaron para sacar a los 30 miembros de la familia Moreno Hernández, comenzando a golpear y robar los celulares de quien grababa, asfixiando al hijo de Francisco hasta dejarlo inconsciente y ser esposado por los judiciales, aun cuando no tenía orden de aprehensión. Deteniendo a su mamá y esposa de Francisco, Maria de Jesus Sánchez Gómez, mientras sus niños pequeños con capacidades especiales gritaban de miedo e impotencia. Después de ser detenida María de Jesus fue golpeada, sobajada y asfixiada con la rodilla por la policía de la Fiscalía Indígena de Yajalón, para después amenazarla con que la iban a desaparecer, al decirle, “tu eres la que se pone mas pendeja”.

Los integrantes de la ORCAO bajo el resguardo y protección de la Guardia Estatal, un activo de la Guardia Nacional encapuchado y vestido de civil de nombre José Moreno Sánchez (hijo del actual comisariado ejidal de Jotola), y un exmilitar cesado por su mal comportamiento, comenzaron a destrozar con marros las 5 casas de las 8 familias Moreno Hernández, sacando y quemando sus pertenencias, tirando los techos de lamina y matando a los animales que, con mucho esfuerzo han criado por años la familia, así como su cosecha de maíz, café, plantas y robando dinero que tenían ahorrado. Quedándo los niños inocentes con daños psicológicos irreparables, sin casa y sin derechos. Agradeciendo Juan Cruz en redes sociales al Gobernador que por fin se llevó acabo lo que tanto esperaban.

En la audiencia inicial fue liberada bajo la medida cautelar de firma periodica la compañera María de Jesus al argumentar la defensora de oficio que dependen de ella dos niños con capacidades especiales, sin embargo el compañero Francisco Moreno Hernández quedó detenido hasta que se defina la audiencia de vinculación a proceso el próximo martes 17 de febrero a las 9 am, al argumentar la Fiscalía que el es el líder del despojo montado por “Los Cruces”. Encontrándose con orden de aprehensión 8 miembros más de la familia Moreno Hernández, quienes han perdido todas sus pertenencias y se encuentran resguardados por temor a ser detenidos.

La resistencia, trabajo y dignidad que por años ha caminado la familia Moreno Hernández, quienes levantaron sus casas, animales y trabajo del campo sin ayuda del gobierno y en común, es atacada por el cacicazgo e impunidad de quienes, con el patrocinio del mal gobierno, pretenden acabar con la lucha de los compañeros del Congreso Nacional Indigena.

EXIGIMOS:

• LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE FRANCISCO MORENO HERNANDEZ
• CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE APREHENSIÓN
• CESE DE LAS AGRESIONES A LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ
• SE RESPETE Y RESTITUYA DE SU TIERRA Y VIVIENDA A LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ
• CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA ORCAO Y POLICIA DE LA GUARDIA ESTATAL DE CHIAPAS

¡POR LA RECONSTITUICION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!
CONGRESO NACIONAL INDIGENA 

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO MARCOS AGUILAR ROJAS COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN

Denunciamos con indignación, rabia y profunda preocupación el asesinato del compañero Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, así como las lesiones por arma de fuego infligidas a su hermano Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena. El ataque fue perpetrado este 26 de noviembre de 2025 por los agresores Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, todos ellos vinculados a los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, Jalisco, quienes huyeron en un automóvil gris en dirección a Villa Guerrero o Mezquitic.

El cobarde ataque ocurrió en el predio comunal El Caracol, territorio que la comunidad de Azqueltán ha defendido colectivamente frente a los intentos de despojo de estas mismas personas, quienes han actuado amparados por la impunidad sistemática que les otorgan el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado de Jalisco. Estas instituciones, una y otra vez, han protegido a quienes violentan, amenazan y atacan a la comunidad indígena, profundizando la violencia con su omisión, su silencio y su complicidad.

Responsabilizamos al gobierno federal por negar el reconocimiento agrario de la comunidad indígena de Azqueltán; al gobierno del estado de Jalisco por la impunidad que garantiza a los criminales que históricamente han atacado a la comunidad; y directamente a los asesinos Manuel y Esteban Aguilar Herrera y Victor Hugo Pérez cuyos actos forman parte de una estrategia permanente de despojo y agresión contra los pueblos originarios.

Hoy, como Congreso Nacional Indígena, decimos claro y fuerte: la violencia contra Azqueltán no es un hecho aislado, sino parte de un patrón nacional mediante el cual el poder —sea gubernamental, económico o criminal— ataca a las comunidades indígenas cuando defienden su territorio y su vida. No aceptaremos que el asesinato de nuestro compañero quede impune, ni permitiremos que la dignidad de Azqueltán sea pisoteada por los intereses de caciques, empresas, gobiernos o delincuencia organizada.

Exigimos justicia plena, castigo inmediato a los responsables materiales e intelectuales, y garantías reales de seguridad para la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán.

Desde la rabia y dolor que hacemos propia abrazamos a la comunidad y a su familia.

¡Nunca más un México sin nosotros!
Congreso Nacional Indígena

El pasado 5 de septiembre del 2023, con absurdo uso de la fuerza, el gobierno de la Ciudad de México reprimió a quienes, de manera solidaria, se hicieron presentes en la alcaldía de Xochimilco en apoyo a la compañera Hortensia Telésforo, criminalizada por participar en la recuperación de la biblioteca comunitaria de San Gregorio Atlapulco, hoy convertida en Tlamachtiloyan (Casa del pueblo). Un grupo de choque con palos, armas punzocortantes y de fuego, agredieron indiscriminadamente a quienes asistieron a la manifestación, 5 compañeras y compañeros fueron desaparecidos por horas y posteriormente presentados en el Ministerio Público para fabricarles delitos, más tarde la represión se agravó en las instalaciones de la fiscalía de Tlalpan donde fueron golpeados brutalmente más de una veintena de personas.

Esta violencia es la verdadera cara de este gobierno.

Desde entonces no han cesado las amenazas y el asedio a nuestras y nuestros compañeros, ensañándose particularmente con nuestro hermano Max Emiliano Negrete, quien ha demostrado ser congruente con sus principios en defensa de su pueblo y por ello ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones a través de perfiles falsos en redes sociales.

Si fueron capaces de repetir uno de los momentos más lamentables de la historia de México: el halconazo, sabemos que son capaces de cualquier cosa, el uso de grupos de choque por parte de la Alcaldía de Xochimilco es una práctica criminal recurrente que debe parar.

Ante las reiteradas y cobardes amenazas a en contra de Max Emiliano Negrete, integrante de la Asamblea General Permanente del pueblo de San Gregorio Atlapulco, comunicador comunitario y defensor del agua, la vida y la autonomía, como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio hacemos directamente responsables a los tres niveles de gobierno, particularmente al gobierno de la Ciudad de México de cualquier altercado a la integridad de nuestro compañero.

Son ya responsables de mantenerlo en un estado de alerta por las amenazas.

Como Asamblea respaldamos su labor en defensa de la vida y la autonomía y hacemos saber a los malos gobiernos que:

MAX EMILIANO NEGRETE NO ESTÁ SOLO

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

Foto de portada: Cuartoscuro

A LOS PUEBLOS, COMUNIDADES, BARRIOS, TRIBUS Y NACIONES QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA,
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL,
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA,
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL,
A LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES FIRMANTES DE UNA DECLARACION POR LA VIDA,
A LAS REDES DE LA EUROPA INSUMISA, DIGNA Y REBELDE.

Rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI) declaramos que nuestra lucha es por la vida, hoy más que nunca, cuando el capitalismo, los gobiernos, las empresas, las organizaciones criminales y el patriarcado intentan desmantelar los espacios organizativos de nuestros pueblos.

El día de hoy, quince de noviembre de 2025, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI nos reunimos para acordar y determinar sus siguientes pasos. En este contexto fuimos informados de una serie de comunicados y testimonios que nos dan la certeza de que algunos integrantes del CNI han violentado, de manera sistemática y reiterada, los principios con los que hemos acordado caminar. Su actuar ha sido el de la suplantación: sirviéndose de nuestros espacios y nuestras luchas, así como de las redes de solidaridad que en más de treinta años han acompañado a nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todo esto para fines ajenos a los propósitos del CNI.

Después de analizar y discutir, desde esta Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena hemos resuelto por consenso que MARIO CASTILLO QUINTERO, LUCILA BETTINA CRUZ VELAZQUEZ y NISAGUIE FLORES CRUZ, integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, HAN DEJADO DE PERTENECER AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA POR VIOLENTAR EN FORMA GRAVE Y REITERADA SUS PRINCIPIOS.

Es nuestra determinación seguir en la lucha por la vida, son nuestra guía los siete principios del mandar obedeciendo, no admitiremos que sean nuestros caídos moneda de cambio de este sistema de destrucción, que sean nuestras luchas uno más de los despojos en la larga historia de traición a nuestros pueblos.

ATENTAMENTE
POR LA RECONSTITUCIÓN  INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

[podcast]https://archive.org/download/noticiasdeabajo_12_11_2025/noticiasdeabajo_12_11_2025.mp3[/podcast]

ROMPIENDO FRONTERAS

PELMAPU ARGENTINA, PRESXS POLÍTICOS: Represión en territorio Mapuche, detienen a Eusebio Antieco y la werken Susana Martin, comuneros en defensa del territorio ancestral. Fuente: Agencia de Noticias Red Acción

Brasil: Falsas soluciones, contracumbres y protestas en el marco de una maltrecha COP30. #AntiCOP. Reporte de la situación desde Brasil por el compa Evo. Fuentes: Noticias de abajo, Radio Temblor

ECUADOR: Llaman a decir No en la consulta que prepara el mal gobierno de Noboa, pretende cambiar la constitución para militarizar la región y hacer un territorio servil a los Estados Unidos. (AUDIO). Fuente: La Voz de la Confenaie

WALLMAPU CHILE: Un año sin Julia ChuÑil, compañera mapuche desaparecida por defender el bosque ancestral contra los capitalistas ganaderos y forestales. Peritajes sacaron a la luz que Julia fue quemada por su defensa medioambiental. (AUDIO). Fuente: Noticias de Abajo

DESDE EL OMBLIGO DEL MOUNSTRO

REPRESIÓN: Estigmatización y calumnias contra de Carlos Gonzales, abogado miembro del Congreso Nacional Indígena, los señalamientos fueron hechos por parte de una persona del gobierno de Morena, sus declaraciones abonan a un clima de violencia contra los luchadores sociales en México. Fuente: Front Line Defenders, Avispa Midia

CDMX PRESXS POlÍTICOS: Situación del preso politico anarquista Jorge Esquivel El Yorch. Jorge Esquivel, nuestro compa el Yorch se encuentra en graves problemas de salud. Fuentes: Cruz Negra Anarquista Mexico, Okupa Che.

Zona TecnoAcrata: Consejos para el resguardo digital en protestas ante las experiencias de represión en Ecuador y Perú. Fuente: Derechos digitales.

DEFENDER LA VIDA, A LOS PUEBLOS Y A QUIENES LOS DEFIENDEN.

Como investigadorxs comprometidxs con el pensamiento crítico, la defensa de los pueblos y la documentación rigurosa de los procesos emancipatorios contemporáneos compartimos esta reflexión sobre los comunicados emitidos por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en los primeros días de noviembre de 2025.

Punto 1. Violencia sistemática y continuidad de la guerra contra los pueblos. 

El comunicado conjunto del CNI y el EZLN denuncia el ataque armado del 31 de octubre del año en curso contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Este hecho, perpetrado por el grupo criminal Los Ardillos, se enmarca en una estrategia prolongada de violencia narco-paramilitar y despojo territorial que afecta a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. El texto responsabiliza a los tres niveles de gobierno por su complicidad e impunidad, aludiendo a la continuidad de la guerra contra los pueblos originarios, ahora bajo el discurso de la Cuarta Transformación. Durante la última década, 66 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados y 23 están desaparecidos, evidenciando una ofensiva sistemática que busca destruir la autonomía indígena y castigar la organización comunitaria que defiende la vida.

Punto 2. Criminalización de defensores y deslegitimación institucional. 

El segundo comunicado, difundido por el periódico Desinformémonos y respaldado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denuncia las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia (del partido de Morena) contra el abogado y defensor del territorio Carlos González García, asesor jurídico del CNI, a quien calificó como ‘enemigo histórico’. El Frayba señala que tales expresiones, pronunciadas desde un espacio institucional, constituyen una forma de criminalización discursiva que pone en riesgo la integridad de quienes sostienen la defensa colectiva de los pueblos. El comunicado reivindica la trayectoria de González como jurista comprometido con la libre determinación y la justicia comunitaria, y exige el cese inmediato de los discursos de hostigamiento y deslegitimación hacia los defensores.

Ambos comunicados revelan un mismo patrón estructural: la violencia física y paramilitar contra comunidades organizadas, la estigmatización institucional y mediática de sus defensores, y el despojo territorial como parte de una reorganización neoliberal del espacio. Frente a ello, los pueblos y las organizaciones reafirman su compromiso ético con la vida y la autonomía, sosteniendo que la dignidad y la palabra no serán silenciadas.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias reconocemos en estas luchas la continuidad del horizonte emancipador latinoamericano que busca reconstituir lo común frente a la violencia del capital y la destrucción de los territorios.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a las amenazas, difamaciones y actos de criminalización cometidos contra el abogado y defensor de los pueblos Carlos González García, integrante fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

Carlos González García ha acompañado procesos agrarios, autonómicos y jurídicos en Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca y Chiapas; ha defendido el agua, la tierra, la educación comunitaria y la organización autónoma. Su ejercicio del derecho no responde al poder, sino al mandar obedeciendo, caminando junto a los pueblos que deciden por la autonomía y la vida.

Nos solidarizamos con Carlos González García y con todos los pueblos que defienden sus territorios frente al capital extractivista y las políticas que, bajo discursos progresistas, y humanistas profundizan el despojo y la militarización.

Exigimos:

• Garantías de seguridad y libertad plena para Carlos González García.
• Cese inmediato de la criminalización a defensoras y defensores de derechos colectivos.
• Respeto irrestricto a la autonomía de los pueblos originarios y a sus decisiones sobre sus territorios.
• Que las instituciones del Estado investiguen y sancionen las declaraciones amenazantes de la diputada Judith Vanegas Tapia.

La historia latinoamericana nos recuerda que la defensa del territorio es defensa de la vida. En Brasil, en Palestina, en Sudán o en México, el necrocapitalismo se expresa con distintas máscaras: masacres, despojos, hostigamientos. Pero en todas partes los pueblos resisten.

Reafirmamos que el derecho a la vida y al territorio no se mendiga: se ejerce y se defiende.

¡Todo nuestro respaldo y solidaridad con Carlos González García!

¡Alto a la persecución contra quienes defienden la tierra y la vida!

¡Contra el necrocapitalismo y la criminalización, los pueblos siguen caminando la dignidad!

Planeta tierra
10 de noviembre de 2025
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias

Al pueblo de México,
A los pueblos originarios y comunidades en defensa de la vida y el territorio
Al Congreso Nacional Indigena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las organizaciones, colectivos y medios libres.

Desde la Sierra Mazateca a través del Movimiento de Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC) expresamos nuestro respaldo, respeto y solidaridad con el licenciado Carlos González García, ante las amenazas y señalamientos públicos realizados por la diputada Judith Vanegas Tapia el pasado 30 de octubre de 2025, durante una mesa de trabajo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

En dicho espacio, la diputada Vanegas utilizó su posición pública para criminalizar, difamar y amenazar al abogado Carlos González, tergiversando su papel como defensor del territorio y acusándolo de “levantar a los pueblos” en oposición al gobierno.

Estas declaraciones, cargadas de odio y desprecio hacia los pueblos originarios, ponen en riesgo la seguridad, la vida y la integridad de nuestro compañero, así como la de quienes luchan por sus derechos colectivos.

El licenciado Carlos González García es abogado especialista en derecho agrario y miembro y fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI–CIG).

A lo largo de más de tres décadas, ha acompañado procesos de defensa territorial, agraria y autonómica en diversas regiones del país, desde una práctica del derecho militante, caminando junto a los pueblos, no por encima de ellos.

Su labor ha sido clave en la defensa jurídica y política frente a los abusos del poder, acompañando a comunidades de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca, Chiapas y otros territorios donde los malos gobiernos, sin distinción de partido, han intentado imponer megaproyectos, despojos e intervenciones autoritarias.

Desde su compromiso ético con los pueblos, el compañero Carlos González ha sostenido que el derecho debe ponerse al servicio de la vida, y ha actuado siempre respetando las formas propias de organización, los tiempos, las decisiones y los procesos de cada comunidad.

Ha acompañado la resistencia de pueblos en defensa del agua, la tierra, la educación comunitaria y la autonomía. Entre ellos, los procesos legales de los pueblos de Milpa Alta contra la perforación ilegal de pozos, la construcción de obras impuestas y la imposición del Programa General de Ordenamiento Territorial de la CDMX, así como múltiples acciones en defensa de los bienes comunales, ejidales y colectivos en distintas regiones del país.

Además, su trayectoria está profundamente ligada al movimiento indígena y campesino  nacional, y ha sido solidaria con los esfuerzos de construcción autonómica del Ejército  Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena, del cual forma  parte desde su fundación. Por ello, los ataques en su contra no son solo personales: son ataques contra las luchas colectivas que defienden la autonomía, la tierra y la vida.

Denunciamos que las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia, integrante de  la llamada Cuarta Transformación, reproducen la vieja práctica del Estado mexicano de  criminalizar a quienes acompañan las luchas por la autodeterminación, mientras se protege  a los verdaderos responsables del despojo.

El odio, la mentira y la persecución política no pueden ser parte del discurso de una supuesta transformación.

Desde MAPOC hacemos responsable a la diputada Judith Vanegas Tapia y a las autoridades  de todos los niveles de cualquier agresión, daño o acto de hostigamiento que sufra el compañero Carlos González García, así como las comunidades y pueblos que él acompaña.

Reafirmamos que defender el territorio no es delito, y que los pueblos no necesitan ser “levantados” por nadie: se levantan por sí mismos, con dignidad, con historia y con conciencia  de que la vida no se mendiga, se defiende.

¡Todo nuestro RESPALDO Y SOLIDARIDAD al compañero Carlos González García!
¡Alto a la persecución a las y los defensores de la tierra y la vida!
¡Basta de criminalizar las luchas autonómicas!
¡El derecho al territorio y a la vida se defiende, no se persigue!

Movimiento de Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC) Sierra
Mazateca, Oaxaca.
4 de noviembre de 2025

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA
A LAS ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, ASAMBLEAS Y PUEBLOS QUE RESISTEN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS FIRMANTES DE UNA DECLARACIÓN POR LA VIDA EN LOS CINCO CONTINENTES
A LA EUROPA INSUMISA, DIGNA Y REBELDE
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES
AL PUEBLO DE GUERRERO, DE MÉXICO Y DEL MUNDO

4 de noviembre de 2025

Desde el corazón de la Montaña Baja de Guerrero sentimos y agradecemos la solidaridad de nuestros compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena y de nuestros hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su reclamo firme ante la injusticia que viven nuestros pueblos y comunidades indígenas de Guerrero y del país. Compañeros y compañeras sus palabras y ejemplo nos llenan de fuerza y convicción y nos impulsan a seguir caminando en defensa de la vida, la autodeterminación y autonomía de nuestros pueblos. Nuestro pueblo digno y firme no se arrodilla ante este sistema capitalista de muerte, la manipulación y colusión de los gobiernos ni el terror inhumano de los grupos narco-paramilitares que cobardemente atentan contra nuestras hermanas, hermanos, mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos y nuestra Madre Tierra en un intento por quebrar nuestra dignidad y resistencia.

Aunque nos asesinan, emboscan, desaparezcan y amenazan no callaremos nuestra voz ni dejaremos nuestra digna resistencia y exigiremos la justicia. Con cada asesinato, desaparición y compañero y compañera herida nos llenan de más indignación y engrandecen nuestro compromiso de restaurar la seguridad y la dignidad a nuestros pueblos y realizar el sueño de justicia de todos nuestros compañeros y compañeras que han dado sus vidas en esta lucha por la vida y la Madre Tierra.

Son muchos los compañeros y compañeras defensores y defensoras que han sido asesinados y desaparecidos en nuestro estado de Guerrero. Pero su lucha y su voz siguen resonando en cada paso de nuestro caminar.

Cómo autoridades comunitarias y comunidades de Guerrero, pertenecientes al Consejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata aprovechamos este comunicado para también expresar nuestra profunda indignación y rechazo ante los recientes señalamientos y ataques emitidos por la diputada local Judith Venegas Tapia, quien el pasado 30 de octubre, en la Mesa de Trabajo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva en el Congreso de la Ciudad de México, utilizó su posición pública para difundir odio, mentiras y amenazas contra el compañero Carlos González García, abogado del Congreso Nacional Indígena (CNI-CIG) y defensor histórico de los pueblos y comunidades indígenas de México, que por años ha acompañado nuestros pueblos y asambleas y brindado asesoramiento jurídico que nos ha fortalecido en nuestra lucha.

Las palabras de la diputada forman parte de una estrategia de criminalización y desprestigio hacia quienes, desde la autonomía y la organización, defendemos la tierra, el territorio y la vida y ponen en riesgo la integridad física y seguridad de nuestro compañero Carlos González.

Así también, denunciamos el hostigamiento y amenazas que han vivido compañeros y compañeras de la Misión Civil de Observación – Sexta, donde miembros de grupos del crimen organizado han llegado directamente a sus casas, tocando sus puertas, preguntando por nosotros, en un intento de intimidarlos por su labor en defensa de los derechos humanos y por acompañar a nuestros pueblos y asambleas comunitarias. A pesar de esto, se han aferrado a seguir pronunciándose y caminando en defensa de la vida sin doblegarse o tomar un paso atrás. Compañeras y compañeros de la Misión Civil de e Observación – Sexta siguen recorriendo nuestros pueblos y comunidades y acompañándonos en este camino de lucha.

También nos solidarizamos con los medios de comunicación que han difundido la palabra y denuncia de nuestros pueblos durante años y que hoy también viven la criminalización, represión y amenazas, como Sergio Ocampo Arista de La Jornada y sus compañeros, por su compromiso con la difusión de la verdad que vivimos en Guerrero por el Estado y el crimen organizado.

Somos muchos compañeros y compañeras que en diferentes trincheras estamos y seguiremos resistiendo por nuestro pueblo y Madre Tierra.

¡NO NOS RENDIMOS!
¡NO NOS VENDEMOS!
¡NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE

Autoridades y comunidades pertenecientes a la CRAC-PC-PF
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)
Autoridades y comunidades de la Montaña Alta, Montaña Baja y Costa Chica de Guerrero

A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.

A 533 años del inicio de la guerra contra nuestros pueblos y la invasión de nuestros territorios, los pueblos originarios de lo que hoy se conoce como México, le decimos al mundo que aquí seguimos firmes, levantando la resistencia y la rebeldía. Construyendo la vida, en medio de la muerte capitalista. Hoy seguimos pensando en las siguientes generaciones y es la larga trenza de saberes y resistencia que han labrado nuestros ancestros, el camino donde renovamos la fuerza para seguir existiendo.

Hoy el estado mexicano quiere sujetar nuestra existencia como pueblos indígenas al registro en un catálogo, pero nuestro existir tiene un arraigo mucho más profundo, anclado a los territorios que habitamos desde hace siglos, en donde nos reproducimos como pueblos, naciones, tribus y barrios.

Es la resistencia de nuestros pueblos la que nos ha mantenido en la vida, no las promesas recicladas de tantos gobiernos que hemos visto pasar. Es el cultivo del maíz lo que nos alimenta, no la simulación de la siembra impuesta desde los programas sociales. Son nuestros montes, sierras, bosques, valles y aguas —elementos tangibles de nuestro territorio y de la Madre Tierra— los verdaderos pilares de nuestra existencia como pueblos, no los megaproyectos que se han impuesto con cooptación, represión y mentira.

Nos sostiene la certeza de que nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión y nuestras culturas no van a ser arrancadas de los pueblos que las gestamos. Florecen y resisten nuestras lenguas en los nombres, alimentos y lugares que habitamos, con ellas miramos, pensamos, sentimos y compartimos nuestros sueños.

Son nuestros esfuerzos colectivos –las asambleas, las fiestas y los trabajos comunitarios– de donde nace la libre voluntad de nuestros pueblos, no de la palabra de quienes buscan subir en lugar de bajar, y suplantan el interés colectivo con su ambición personal. Lo que se nombra autonomía no es otra cosa que la libertad que nuestros pueblos tienen y han tenido desde siempre para decidir como se organizan y como se gobiernan, para soñar y construir su presente y su futuro. El mentiroso discurso indigenista de los actuales gobiernos nos quiere hacer creer que la autonomía es una dádiva que ellos nos otorgan a través del reconocimiento constitucional de los llamados autogobiernos indígenas, de los gobiernos de usos y costumbres y del ejercicio del presupuesto directo.

La autonomía de nuestros pueblos es algo que hemos construido y cuidado durante siglos. La reforma constitucional en materia indígena aprobada el año pasado por el congreso de la unión ha sido presentada por el indigenismo oficial como un hecho histórico en el reconocimiento de nuestros derechos y como la concreción de los Acuerdos de San Andrés, omitiendo deliberadamente que dichos Acuerdos quedaron totalmente desfasados desde hace muchos años y que la reforma constitucional antes señalada olvida completamente el reconocimiento y la protección de nuestros territorios, en tanto que la motivación profunda de la llamada 4T es de continuidad neoliberal, siendo el despojo de nuestros territorios y la explotación despiadada de la Madre Tierra parte medular de esa continuidad. La 4T, nos queda claro, implicó un cambio de régimen y de gobierno para seguir garantizando la explotación, el despojo y la represión consustanciales al capitalismo. Como dicen nuestros hermanos zapatistas: la 4T significó un cambio de capataces y la continuidad de los amos.

Más allá de los discursos demagógicos y la simulación que nacen de la 4T, los pueblos vivimos de forma cruda la existencia del capitalismo; su voracidad ambiciona y necesita de nuestros territorios para reproducirse. Busca extraer minerales aunque eso signifique la destrucción de montañas completas. Succiona hidrocarburos en el mar y la tierra, aunque eso acabe con todo lo que ahí habita. Construye gasoductos sentenciando a muerte a comunidades enteras.

El capitalismo ambiciona y acapara el agua para seguir produciendo en sus parques industriales, en las minas y en los grandes agronegocios exportadores; para la especulación inmobiliaria y el crecimiento urbano gentrificado; para convertirla en mercancía envasada y amasar ganancias multimillonarias; para derramar en ella sus desechos y amasar todavía más ganancias. El capitalismo, en su delirante y actual curso, se apropia de la lluvia, de las aguas subterráneas y de las que nacen del deshielo; amenaza con reducir y destruir el agua para uso humano que existe en el planeta hasta hacer inviable la vida misma.

El capitalismo no tiene límites: busca adueñarse del viento y convertirlo en parques eólicos, a la par que impone cuotas y sumisión a los pueblos que lanzan su voz al viento en radios comunitarias.

La expansión del capitalismo avanza sobre la selva a modo de trenes, de siembra de soya, de carreteras, de desarrollos turísticos. Avanza sobre los bosques talados para la expansión de la agroindustria que siembra aguacates, agave, berries y sequía. Avanza sobre pueblos convertidos en basureros, en donde ríos subterrâneos crecen con el veneno que escurre de los desechos de las grandes ciudades y corredores industriales. Saquea fuentes de energía, pero también plantas, semillas y seres vivos, que son medicina, alimento y dadores de vida.

A fuerza de la militarización legalizada, de grupos paramilitares, de grupos criminales organizados en cárteles, el capitalismo garantiza el control de los territorios. Son sus aparatos jurídicos quienes persiguen a quienes se organizan, son sus fuerzas armadas legales e ilegales, las que desaparecen y asesinan a quienes viven en los territorios que codicia, es su ilimitada ambición la que destruye a nuestra Madre Tierra y a la humanidad. Hoy el capitalismo pretende reordenar y repartir nuestros territorios, para ello impone guerras y con ellas se reproduce.

Y a pesar de todo eso, los pueblos indígenas y originarios, seguiremos existiendo y resistiendo. Seguimos viéndonos en los espejos que llamamos resistencias en México y el Mundo, especialmente hoy, en el digno pueblo Palestino.

Hoy asistimos a este encuentro una delegación de muchas lenguas, muchas culturas y multitud de colores, somos, junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena fundado en 1996; caminamos reconociendo en nuestras hermanas y hermanos zapatistas la fuerza, la organización y la esperanza para la construcción de otro mundo.

Como Congreso Nacional Indígena, y siguiendo el ejemplo de nuestros ancestros, queremos compartir con ustedes los espejos de vida que venimos construyendo desde diversas geografías y calendarios. A continuación, escucharemos la palabra viva de nuestras resistencias y nuestras rebeldías.

ATENTAMENTE
AGOSTO DE 2025
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Como reportamos recientemente, los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Todo esto, con la participación activa de un grupo criminal denominado “Karma”, que itene vínculos tanto con ayuntamiento que durante años estuvo asentado ilegalmente en tierras ejidales, como con el grupo paramilitar Paz y Justicia que aterrorizó a la población en la segunda mitad de la década de 1990, como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado para destruir al EZLN.

Como denunciamos en junio de 2024, tanto el Estado como los medios de comunicación han hecho caso omiso de la historia de lucha por la tierra y territorio, así como el despojo y la violencia criminales orquestradas desde hace décadas por el mismo Estado contra el pueblo chol de Tila.

En un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena, el pueblo chol de Tila hace un recorrido histórico de dicha lucha, y exige el cumplimiento de las resoluciones legales a favor de los ejidatarios y el cese inmediato a la represión y criminalización.

A seguir, un resumen de la lucha histórica del Ejido Tila:

Antecedentes Históricos (1900–1936)

• 1900: El pueblo chol sufre su primer despojo de tierras por la finca Pensilvania Company Plantation, propiedad del finquero Maximiliano Rodemberg.
• 1910–1918: Con la Revolución Mexicana, los choles comienzan a organizarse políticamente y recuperan tierras. La gripe española de 1918 provoca la muerte de sus líderes.
• 1922–1934: El gobierno federal otorga resoluciones presidenciales, reconociendo el ejido de Tila con una superficie total de 5,405 hectáreas (2,938 hectáreas de terrenos nacionales y 2,466 de la finca Pensilvania).
• 1936: Se realiza el reparto oficial a 836 ejidatarios, con reconocimiento legal conforme al artículo 27 constitucional.

Intentos de Despojo y Conflictos con el Municipio (1943–1980)

• Desde 1943, el ayuntamiento municipal de Tila comienza a registrar casas y solares, invadiendo terrenos ejidales.
• En 1966, el gobierno local intenta crear un “fundo legal” de 130 hectáreas dentro del ejido. Esto se formaliza con el Decreto Expropiatorio N.º 72 (1980).
• Ejidatarios impugnan el decreto, lo consideran una expropiación fraudulenta.

Conflictos Agrarios y Represión (1980–2000)

• En 1981, los caciques locales y autoridades estatales retoman el poder mediante violencia y conflictos armados, despojando más tierras.
• Represión constante: Arrestos arbitrarios, destrucción del patrimonio ejidal, instalación de mercados sin permiso y apropiación de espacios ejidales.
• Entre 1990 y 2000, líderes ejidales, activistas y comunidades enfrentan hostigamiento, detenciones y amenazas.

Paramilitarismo y Manipulación Institucional (1994–2015)

• El grupo Paz y Justicia y otros grupos paramilitares son usados para controlar el territorio y reprimir a los ejidatarios.
• Autoridades locales manipulan elecciones de comisariados y falsifican documentos para legitimar su control sobre el ejido.
• Se intentan imponer proyectos sin el consentimiento de la asamblea (subestaciones, auditorios, mercados, etc.).

Resistencia Legal y Sentencias de Amparo (2008–2018)

• En 2008, se presenta el amparo 259, y en 2018, la Suprema Corte determina que:
  • Nunca existió legalmente un fundo legal en Tila.
  • Las 130 hectáreas son parte del ejido y pertenecen a los 836 ejidatarios.
  • El Decreto 72 de 1980 fue inconstitucional y se declara insubsistente en 2019 por el gobernador Rutilio Escandón.

Corrupción, Falsificación y Violencia (2018–2023)

• Autoridades estatales y federales en complicidad con el grupo paramilitar “Karma” y líderes corruptos intentan desconocer las resoluciones judiciales.
• Se falsifican firmas y se nombra ilegalmente a comisariados como Miguel Vázquez Gutiérrez.
• Bloqueos, enfrentamientos armados y asesinatos ocurren, especialmente en 2020 (3 muertos), con impunidad total para los responsables.

Persecución Reciente y Violaciones a Derechos (2021–2023)

• Continúa la persecución armada contra líderes y habitantes del ejido.
• Se identifican agresores armados relacionados con el grupo “Karma”.
• El 13–14 de julio de 2023, se documenta el ingreso del gobierno estatal con el grupo armado, violando múltiples artículos constitucionales y de la Ley Agraria.
• Se denuncian órdenes de aprehensión fabricadas contra inocentes y nula acción contra los agresores.

Demandas del Ejido

• Cumplimiento íntegro del amparo ganado en 2018.
• Cancelación del decreto expropiatorio y todo acto derivado del “fundo legal”.
• Respeto a la autonomía del pueblo chol, reconocido por la Constitución (art. 2 y 39), convenios internacionales (OIT 169), y por la Suprema Corte.
• Cese inmediato a la represión y criminalización de ejidatarios.