Campesinos de los estados de Sergipe y Bahía, localizados en el noreste de Brasil, denuncian contaminación genética de semillas criollas de maíz, frijol y cacahuate por transgénicos en distintos territorios de los dos estados.
El Movimiento Campesino Popular (MCP), en cooperación con instituciones científicas del país, como el Instituto Federal de Sergipe (IFS), ha trabajado en la región hace una década para promover sistemas sustentables de producción de alimentos, basado en la agrobiodiversidad.
Las familias producen semillas criollas, principalmente de maíz, frijol y cacahuate, para consumo propio, pero también las comercializan. De acuerdo con el MCP, en total, ya fueron comercializadas 110 toneladas de semillas criollas. Además de semillas, han comercializado harina de maíz y frijoles criollos, sobretodo en el periodo de la pandemia.
El movimiento denuncia que todo este trabajo de recuperación y reproducción de las semillas criollas está amenazado por el avance de los transgénicos y la uniformización de variedades cultivadas alrededor de sus territorios. “Se ha provocado contaminación genética de las semillas criollas, colocando en riesgo nuestro patrimonio genético, responsable por toda la diversidad de variedades agrícolas, fundamentales para afrontar los cambios climáticos y garantizar la producción diversificada de alimentos”, sostiene el MCP en un informe.
Desde 2018, los campesinos, junto con el Instituto Federal de Sergipe, han realizado pruebas para verificar si sus cultivos están siendo contaminados por especies transgénicas. “Esta rutina permitió verificar que las contaminaciones han alcanzado índices cada vez mayores. En la cosecha de 2023, llegamos a un porcentaje alarmante. El 68% de las 40 muestras (9 variedades de maíz) están contaminadas por transgénicos. Nos provoca mucha preocupación en relación al futuro de la producción de las variedades criollas”, señalan los campesinos.
Las muestras analizadas fueron colectadas directamente en las plantaciones, en los stocks individuales y también en los bancos de semillas comunitarios. Las pruebas también incluyeron la producción en comunidades indígenas y quilombolas de la región.
La contaminación ha ocurrido a pesar de que las familias han implementado técnicas que buscan proteger las semillas. “Se ha implementado estrategias de prevención a la contaminación, como la utilización de instrumentos para detener el viento, la siembra en periodos distintos, realización de limpieza de los equipos de siembra, cosecha y procesamiento de las semillas, entre otras”, afirman.
Las estrategias no “han sido suficientes para contener los procesos de contaminación genética que avanzan cada día sobre nuestros territorios; por eso sostenemos que las contaminaciones imponen a los campesinos prejuicios productivos, económicos, culturales, ambientales y alimentarios”.
Protección
En el estado de Sergipe se aprobó en 2016 una ley que instituye el concepto de semillas criollas y el incentivo a la conservación de la diversidad de cultivos en el estado. La ley define: “Considerase área de protección de la agrobiodiversidad las áreas/terrenos/regiones/territorios donde hay producción de semillas locales, tradicionales o criollas, quedando prohibido el cultivo de cualquier material genético (semillas transgénicas e híbridas) que amenace las características fenotípicas y genotípicas de las semillas locales, tradicionales o criollas”.
Sin embargo, todavía no existe una reglamentación para que la ley pueda ser realmente implementada.El MCP hace una serie de exigencias al gobierno brasileño. Entre ellas que revise y aplique los protocolos normativos de distanciamiento entre la siembra del maíz transgénico y del maíz criollo y que imponga a los sembradores de transgénicos la obligación de implementar medidas de seguridad. Además, que establezca medidas de protección como áreas de uso de conservación de la agrobiodiversidad, áreas libres de transgénicos y áreas libres de agrotóxicos.
La Teia dos Povos (Tejido de los Pueblos) es una gran red de autonomías en Brasil que articula las luchas de los pueblos originarios, afrodescendiente y de abajo, del campo y la ciudad. Como explica Joelson Ferreira, uno de los idealizadores de la Teia:
Entendemos que vivimos un momento histórico muy difícil, que el mundo pasa por una enorme transición a una gran velocidad, y que tenemos la responsabilidad de asumir esa alianza. Porque tenemos muy claro que ni los pueblos originarios, ni los pueblos sin tierra, ni los pequeños propietarios, ni los pueblos quilombolas, ya sea en el campo o en la ciudad, pueden enfrentar esa lucha solos.
Desde 2012, la Teia dos Povos ha organizado las Jornadas de Agroecología de Bahía, grandes comparticiones donde representantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y populares del campo y la ciudad se dan cita para reflexionar sobre cómo enfrentar el sistema de muerte que vivimos, fortaleciendo las autonomías y creando espacios de vida articulados en red.
Este año, la VIII Jornada de Agroecología se llevará a cabo en la ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía, en enero de 2024, con el tema “Alianza Campo y Ciudad para el Combate al Hambre y la Pobreza”. A este encuentro invitan a quienes luchan en los diversos territorios de la Teia, pero también a quienes luchamos en otras geografías, con la intención de romper las fronteras de la resistencias.
Enseguida, la invitación lanzada por el Colectivo de Comunicación de la Teia dos Povos (en portugués aquí):
En portada: Ednilson Silva, 18 años, es miembro del Quilombo de Cumbe, en el estado de Ceará, comunidad que resiste a la presión de la empresa CPFL Renováveis que hace 15 años instaló un parque eólico con 67 aerogeneradores. Foto: Galba Nogueira/BrasildoFato
El hidrógeno verde es propagandeado por los órganos internacionales, empresas y Estados en el proceso llamado de “transición energética” como el combustible del futuro, una fuente energética para sustituir los combustibles de origen fósil, por ejemplo, en los automóviles.
Alemania ocupa un papel central en la política de expansión de la producción de este combustible a nivel mundial, de acuerdo con el estudioEn nombre del clima, mapeo crítico: transición energética y financerización de la naturaleza, realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, de Brasil, y el Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
La demanda de hidrógeno verde para la “transición energética” de Alemania es estimada en 20 millones de toneladas, de los cuales 10 millones deberán ser producidas internamente y las demás serán importadas, acorde a una de las investigadoras que hicieron parte del estudio, Karin Pecis Valenti.
Alemania, por ser uno de los actores centrales en la definición de la agenda de la Unión Europea (UE), presiona los otros miembros, advierte la investigadora, principalmente Francia, Italia, España y Portugal, a destinar parte de sus fondos para desarrollar este tipo de combustible.
Solo en 2024, la UE planea invertir 3,8 billones de euros en la industria del hidrógeno verde. El objetivo es que el hidrógeno represente “al menos 5,7% de los combustibles hasta 2030, año en que 50% de la industria debe adoptarlo, subiendo para 70% en 2035”, sostiene Valenti en el estudio.
Lo que se busca es “construir una agenda de política externa que garantice la consolidación de una producción mundial del hidrógeno verde”. De esta manera, se busca firmar acuerdos con países donde existan buenas condiciones para la producción del combustible, es decir “países en desarrollo, ricos en sol y viento”.
Están en esta agenda, según la investigadora, principalmente el sur del Cáucaso, países del Golfo Pérsico, Marruecos y Namibia. En América Latina, Chile, Argentina Colombia, Uruguay, México y Brasil.
Brasil, en la mira
El mercado de hidrogeno verde lanza una mirada especial al territorio brasileño, afirma Valenti. La intención de la UE, anunciada en 2023, es invertir 2 billones de euros, en 2024, en la producción de dicho combustible en el país.
De acuerdo con una de las organizadoras del estudio, Elisangela Soldateli Paim, de la Fundación Rosa Luxemburgo, en el estado de Rio Grande del Sur, sur del país, ya fueron firmados nueve memorandos de intención de producción de hidrógeno verde. En el estado de Ceará, nordeste de Brasil, ya son más de 30 memorandos firmados entre empresas y gobierno del Estado. “Las empresas europeas tiene un papel importante”, sostiene Paim durante la presentación del estudio.
Uno de los motivos para el interés europeo es que el país posee un gran potencial de producción energética a partir de fuentes consideradas renovables, lo que hoy representa 85% de su matriz.
La llamada energía verde es un punto fundamental para la industria del hidrógeno verde. Eso porque el hidrógeno puede ser obtenido por medio del proceso de electrólisis del agua – se rompe la molécula del agua (H2O) en hidrógeno (H2) y oxígeno (O) –, y se garantiza que sea un combustible verde porque la energía utilizada para la división de la molécula del agua se da a partir de fuentes consideradas renovables.
Justamente para sostener las plantas de producción de este tipo de combustible se está llevando a cabo una oleada de proyectos de producción de energía eólica, principalmente con complejos en altar mar en los estados de Ceará y Rio Grande del Sul.
En Brasil ha aumentado los emprendimientos de energías renovables tanto en tierra firme como en alta mar.
En julio de 2023, constaba en las bases de datos del gobierno de Brasil, 78 proyectos de producción de energía eólica en alta mar en proceso de licenciamiento junto a los órganos ambientales, según datos averiguados por Júlio Holanda, uno de los investigadores que hizo parte del estudio, siendo que 24 de ellos están localizados en el Rio Grande del Sur, y 23 en el Ceará.
Hoy existen alrededor de mil centrales eólicas onshore (en tierra firme) instaladas en el país, sumando más de 10 mil aerogeneradores en operación. Alrededor de 90% de ellos están localizados en la región nordeste de Brasil, acorde a Holanda. Otras 491 centrales están proyectadas, pero todavía no se ha iniciado la construcción, y 145 complejos ya están en proceso de construcción.
Brasil ocupa, según Paim, el sexto lugar en el ranking de capacidad instalada de energía eólica en el mundo. En 2012, ocupaba la posición 15. “Las eólicas son la segunda fuente de participación en la matriz eléctrica de Brasil, atrás solamente de las hidroeléctricas”, informa.
Rio Grande del sur también se suma a los planes para instalar proyectos de hidrógeno verde.“Ceará, la casa del hidrógeno verde en Brasil”El potencial del Centro Verde de Hidrógeno de Ceará se presenta a la Comisión Especial del Senado brasileño.
La integrante de Rosa Luxemburgo en Brasil sostiene que estos proyectos están siendo presentados, incluso por los medios de comunicación hegemónicos, como parte de la llamada “transición energética”, pero alerta el hecho de que “estos proyectos están siendo pautados básicamente por el sector privado, poco espacio ha habido para discutir lo qué está pasando en los territorios frente a toda la expansión de estos proyectos”.
“Transición energética”, mayor extractivismo
Brasil está jugando el papel de “proveedor de recursos naturales, en un marco de profundización de extractivismo”, afirma.
Además, sostiene, una central eólica en tierra requiere nueve veces mas recursos minerales que una termoeléctrica a gas, mientras un carro eléctrico requiere seis veces mas minerales que un carro convencional. Eso significa la expansión del extractivismo mineral.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la demanda por litio, esencial para la construcción de baterías responsables por el almacenamiento de energía, se triplicó entre 2017 y 2022. Se estima que la extracción aumentará mundialmente en mas de 8,000% en los próximos años. Entre 2022 y 2050, esta demanda está directamente asociada con los vehículos eléctricos.
En Brasil, durante el primer semestre de 2023, se registró un aumento de 11,5% del consumo del aluminio por el sector eléctrico brasileño, demandado, sobretodo, por instalaciones eólicas y solares. El país es el cuarto productor mundial de aluminio.
Además del aumento del extractivismo, estos proyectos considerados parte de la “transición energética” han implicado a las comunidades tradicionales que viven, por ejemplo, del mar en el estado de Ceará, la pérdida de sus territorios.
Quilombo de Cumbe, en el estado de Ceará, comunidad que resiste a la presión de la empresa CPFL Renováveis que hace 15 años instaló un parque eólico con 67 aerogeneradores. Foto: Galba Nogueira/BrasildoFato
“Pérdida de sus territorios para la reproducción tradicional de sus vidas, de sus trabajos, de la agricultura comunitaria, de los espacios de convivencia, de religiosidad. Los territorios están siendo privatizados. En Ceará, comunidades quilombolas tienen que pedir permiso a la empresa para llegar hasta el mar. Sin hablar de los cambios ambientales y los riesgos que implican la instalación de estos proyectos”, señala Fabrina Pontes Furtado, profesora del CPDA y también organizadora del estudio.
Todas estas informaciones “nos llevan a cuestionar esta ‘transición energética’ tan pautada en diferentes espacios; de ninguna manera defendemos que la producción de energía sea a través de fuentes fósiles, pero es necesario desmitificar lo que es que está por detrás de este proceso que se ha llamado ‘transición energética”, alerta Paim, y que se está llevando a cabo en todo el mundo.
“El sur global continúa a ser considerado como frontera a ser explotada, pero ahora alrededor de un consenso: la “salvación” de la humanidad a través de la ‘descarbonización’, legitimando proyectos de biocombustibles, hidrógeno verde, complejos eólicos y extractivismo minero en una lógica de capitalización de la naturaleza y explotación de los bienes naturales”, sostienen las organizadoras en la presentación del estudio.
En portada: Asistentes al velatorio de la lideresa Maria Fátima Muniz de Andrade condenaron el ataque de ruralistas contra poblaciones indígenas en el sur de Bahía. Foto: Leo Otero.
Este domingo (21), un ataque de terratenientes y ruralistas -promotores del agronegocio en Brasil- provocó la muerte de la indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, quien se desempeñaba como majé (chamán femenina) en su comunidad Pataxó Hã-hã-hãe.
El crimen ocurrió en el municipio de Potiraguá, en el territorio indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, reivindicado por el pueblo Pataxó. En el lugar se reportó la detención de dos hacendados por la portación ilegal de un arma; ambos son sospechosos de haber matado a tiros a Muniz de Andrade.
En el 30 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido, la Teia dos Povos (Tejido de los Pueblos) de Bahía, Brasil, manda este saludo para el EZLN.
Las mujeres en Rojava, en el noreste de Siria, luchan contra el sexismo y el patriarcado con prácticas revolucionarias, que deberían ser conocidas por todo el mundo, dijo el domingo la bailarina y actriz brasileña Rojda Dendara.
Dendara viajó a Rojava hace un año para explorar la revolución de las mujeres y compartir su conocimiento artístico. Se sintió atraída por la democracia y el federalismo de Rojava, que investigó exhaustivamente antes de decidir mudarse allí, según una entrevista brindada a JINHA.
Dendara se ha involucrado en actividades artísticas que sirven a la revolución de Rojava, al combinar la danza folclórica con la contemporánea. Además, promueve el teatro para crear un lenguaje artístico único con la gente de Kurdistán.
“Soy bailarina y también hago danza expresionista y teatro. Cuando estuve en Brasil, en 2017, investigué a las mujeres rusas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Un amigo actor me preguntó: ‘¿Por qué no investigas a las mujeres kurdas?’. En ese momento, no sabía nada sobre la Revolución de Rojava”, dijo la artista brasileña.
La Revolución de Rojava, liderada por las ideas del líder kurdo Abdullah Öcalan, ha inspirado a muchos luchadores internacionalistas y anticapitalistas de todo el mundo a unirse a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), el Batallón de Libertad Internacionalista y las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ) en la lucha contra ISIS. Otros llegaron a la región para compartir sus conocimientos artísticos.
Dendara ha participado en muchos proyectos en Rojava, incluida una obra de teatro y un video musical titulado “PKK Epic”, en el que contribuye con bailes. A pesar de las dificultades de adaptarse a una nueva cultura, Dendara ha encontrado la experiencia rica y satisfactoria.
Ahora, la actriz y bailarina espera llevar lo que aprendió a Brasil y presentar la Revolución de Rojava a su gente.
“Las mujeres han dado una gran lucha en Rojava, y están trabajando con el corazón y el alma para eliminar la mentalidad sexista y patriarcal –remarcó-. Mi esperanza es que no solo el pueblo brasileño, sino todos, se familiaricen con esta lucha y respeten la Revolución del Kurdistán de Rojava”.
Armados de palas y azadones, mujeres y hombres se dirigen a la tierra donde se plantará el nuevo cafetal con técnicas agroecológicas. Otro grupo se reúne en el vivero, donde se preparan los almácigos y se siembran las semillas en colectivo. Un tercer grupo camina por la vereda hacia el ojo de agua que alimenta las tierras con el líquido vital, para aprender sobre el manejo responsable del agua en este territorio del semiárido bahiano. En todos estos espacios, las pláticas combinan explicaciones técnicas con análisis sistémicos que van revelando el sentido profundo de crear alternativas reales ante la destrucción provocada por el sistema-mundo actual.
Estamos en la Hacienda Flor de Café, que a partir de este momento se transforma en Territorio de los Pueblos: un nuevo núcleo de la Teia dos Povos (Tejido de los Pueblos), una gran articulación de pueblos indígenas, negros y urbanos en constante crecimiento y que hasta el momento actúa en diez estados de Brasil. Y este evento, originalmente concebido como un tequio, se convierte en el primer curso vivencial de la incipiente Escuela de las Aguas Nacientes.
La Teia dos Povos nació en 2012. En la época, el enfoque era la transición agroecológica que se llevaba a cabo en el asentamiento Terra Vista: más de 900 hectáreas de una antigua hacienda ocupada en 1992 por 360 familias del Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra (MST). Desde entonces, Terra Vista se ha convertido en un importante experimento agroforestal en constante expansión y ejemplo de que es posible producir y vivir de la tierra con consciencia ecológica y política.
Pero en 2012, quienes participaban del proceso entendieron que para lograr un cambio substancial, sistémico —o sea, para enfrentar el sistema de muerte que vivimos—, sería necesario crear una gran articulación entre los pueblos indígenas, negros y de abajo tanto del campo como de la ciudad, con una perspectiva de autonomía y recuperación de los territorios.
Durante el evento en la Escuela de las Aguas Nacientes, hablamos con Joelson Ferreira, uno de los idealizadores de la Teia dos Povos. Mestre Joelson, como se le conoce cariñosamente, participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT) y fue dirigente estatal y nacional del MST.
Joelson cuenta que en 2012 organizaron la 1ª Jornada de Agroecología de Bahía, junto con pueblos indígenas Tupinambá y Pataxó Hã Hã Hãe, grupos quilombolas (cimarrones) y movimientos campesinos. Fue en esa Jornada que decidieron crear la Teia dos Povos.
“Entendimos que quien debería organizar esa gran articulación era el MST, un movimiento nacional e internacional de gran alcance y muy respetado. Pero hasta ahora me parece que el MST no entendió la importancia de esa gran alianza.” Ante esa ausencia, la Teia dos Povos decidió asumir la tarea.
“Entendemos que vivimos un momento histórico muy difícil, que el mundo pasa por una enorme transición a una gran velocidad, y que tenemos la responsabilidad de asumir esa alianza. Porque tenemos muy claro que ni los pueblos originarios, ni los pueblos sin tierra, ni los pequeños propietarios, ni los pueblos quilombolas, ya sea en el campo o en la ciudad, pueden enfrentar esa lucha solos.”
La Teia dos Povos concibe la lucha como “jornada”, “caminatas” y “pasos”. La jornada es la visión de largo alcance: la lucha contra el racismo, el capitalismo y el patriarcado. Las caminatas son las diversas etapas, más tangibles, en esa gran jornada: soberanía hídrica, alimentar, educativa, energética, económica, de autodefensa, por ejemplo. Y los pasos son las tareas específicas necesarias en cada caminata.
Al mismo tiempo, la construcción de esa gran jornada se concibe de una forma que encuentra fuertes resonancias con las propuestas de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Por un lado, la construcción, manutención y crecimiento de núcleos de base: territorios organizados donde se practica la autonomía, como el asentamiento Terra Vista y tantos otros a lo largo y ancho del país. Por otro lado, los eslabonesdel tejido (Elos da Teia): organizaciones, colectivos e individuos sin un territorio propio, pero que sirven de apoyo y vinculación entre los diferentes núcleos de base, siempre respetando la autonomía y los modos de cada núcleo. En muchos sentidos, podríamos decir que la Teia dos Povos es zapatismo práctico en tierras brasileñas.
“Sabemos que la lucha es larga y hay que tener paciencia histórica. Debemos avanzar poco a poco a partir de la lucha por la tierra y el territorio, por la soberanía alimentaria, por la transición agroecológica. Y debemos preparar militantes, sobre todo jóvenes y mujeres. Al mismo tiempo, no debemos querer asumir la lucha total, sino preparar y sumar alianzas, para unir a los pueblos no en las cosas pequeñas, sino en las grandes: la lucha contra la minería, las eólicas, en defensa del agua, por la democratización de los créditos, que ahora se entregan a la agroindustria. Y creo que sólo la movilización popular podrá vencer en esa guerra tan profunda. Pero para eso los pueblos deben asumir esa responsabilidad.”
En todo esto, la lucha urbana es fundamental. “Creo que los cambios dependerán de nuestra capacidad de convencer a los pueblos urbanos a reaccionar. Si no lo logramos, seguiremos resistiendo en el campo, pero sabemos que la resistencia en el campo no es suficiente.”
Hasta el momento, la Teia dos Povos tiene núcleos de base, alianzas y articulaciones en los estados de Bahía, Maranhão, Río Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Sergipe, Ceará y Rondônia.
Soberanía pedagógica
Uno de los principales obstáculos para la construcción de otros mundos posibles es el desencanto de la juventud con los territorios y la ambición de inclusión individualista en el mundo del capital. De ahí que una educación autónoma otra sea fundamental para la Teia dos Povos. La propuesta de soberanía pedagógica pasa por la construcción de escuelas donde el sentido de la formación es la construcción y fortalecimiento de los territorios autónomos, el pensamiento crítico, una visión política amplia y compleja, la preservación de los saberes y prácticas del pueblo, sin dejar de lado el conocimiento científico.
La Escuela de las Aguas Nacientes es parte de esa visión. Brígida Salgado, dueña de la Hacienda Flor de Café, ahora Territorio de los Pueblos, y residente en el territorio de Malhada de Areia desde hace 25 años, cuenta que el sueño de una escuela en ese territorio nació hace más de 20 años, cuando conoció a João Pedro Stédile y a Joelson Ferreira, entonces coordinador del MST en Bahía. Durante la última Jornada de Agroecología en febrero de este año, la asamblea decidió crear la Escuela, a la que se le bautizó como “de las Aguas Nacientes” en honor a la diosa africana de las aguas Iemanjá, cuyo día es el 2 de febrero.
La escuela es parte de un proyecto más amplio de educación autónoma de la Teia dos Povos. Uno de sus fundamentos es que los maestros son gente del pueblo con conocimientos ancestrales, en conjunto con otras personas que aportan conocimientos científicos y académicos. Pero la formación no es sólo técnica, sino también política. Así, el proceso involucra un despertar en el sentido de una comprensión sistémica de nuestro mundo y de la urgencia de crear nuevos sistemas basados en la harmonía con la naturaleza y relaciones sociales otras. Finalmente, la autonomía pedagógica se fundamenta en la práctica, no sólo ni sobre todo en la reflexión teórica.
Combatir el individualismo destructivo de la lógica capitalista con la construcción de otra vida posible: esa es la meta de esa otra educación, fincada en la práctica. “Debemos volver a ser colibrís” para construir el paraíso en la tierra que queremos, dijo el maestro Rosalvo, un anciano de 86 años, en la inauguración del evento. No por nada los colibrís, para los pueblos mayas, son lo que nos conecta con los ancestros.
Una alianza internacional
Para el maestro Joelson, es urgentísimo construir una alianza internacional basada en los principios de la solidaridad y la pluralidad, respetando los modos y formas de cada territorio. Una alianza que vincule pueblos originarios, pueblos africanos y afrodescendientes, pueblos trabajadores del campo y la ciudad. Una alianza de los pueblos, no de los Estados; una alianza desde abajo y no desde arriba.
Para que dicha alianza no sea vacía, debe trabajar también por una autonomía económica por medio de redes de producción y consumo solidarios. Se trata, por lo tanto, de un intercambio de saberes, experiencias, construcciones y resistencias, pero también de un intercambio de bienes materiales que permitan avanzar hacia una autonomía cada vez más plena.
Al mismo tiempo, Joelson advierte sobre la importancia de proteger los secretos de los pueblos de la ambición del capital. “No me refiero sólo a los minerales, sino a la biodiversidad, a los alimentos, a una serie de riquezas y saberes que debemos proteger guardando el secreto. Esa alianza de los pueblos depende de un secreto muy fuerte,” concluye Joelson.
Ese día, Radio Zapatista y el colectivo Urucum Artes Colaborativas ofrecen una plática sobre la construcción de la educación autónoma zapatista y las muchas iniciativas rumbo al despertar de la conciencia crítica, tanto al interior como hacia afuera de las comunidades zapatistas. Animadas y animados por las coincidencias de las miradas, por el compartir de experiencias y los largos caminos aún por andar, las y los participantes se dirigen esa tarde al territorio indígena Tapuya, para continuar construyendo el despertar colectivo en esta naciente Escuela de las Aguas Nacientes.
Por Colectivo CrimethInc. / Traducción por A Planeta.
En portada: Partidarios del derrotado ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asaltan edificios gubernamentales en Brasili.
El 8 de enero de 2023, partidarios de extrema derecha del derrotado ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en Brasilia, aparentemente en una grotesca imitación del fiasco en el que los partidarios de Donald Trump hicieron lo mismo en Washington, DC el 6 de enero de 2021. En el siguiente informe, nuestros camaradas en Brasil detallan la trayectoria que condujo a estos acontecimientos y discuten los enigmas que los opositores al fascismo enfrentan en Brasil como consecuencia.
La incursión de la extrema derecha plantea cuestiones que los anarquistas y otros antifascistas deben afrontar en todo el mundo.
¿Quién está impulsando los esfuerzos de la extrema derecha para intensificar el conflicto civil y transformar las instituciones del Estado en un campo de batalla? Mientras que muchos en los Estados Unidos han sugerido la participación de Steve Bannon, Brasil y América Latina en general tienen una larga historia de golpes de Estado dirigidos por fuerzas militares y de derecha locales y apoyados por centristas, así como por conservadores dentro del gobierno de los Estados Unidos. A diferencia de Trump, el propio Bolsonaro estaba ausente de Brasil durante el asalto a los edificios, habiendo huido antes de que terminara su mandato presidencial. Probablemente sea un error reducir estos acontecimientos a las maquinaciones de unos pocos autócratas.
Quienquiera que estuviera detrás de la incursión, ¿por qué la debacle del 6 de enero de 2021 se consideró lo suficientemente exitosa como para merecer repetirse? ¿Era el objetivo de los participantes tomar el poder, ejercer presión sobre la administración entrante o provocarla para que reaccionara de forma exagerada, legitimar tácticas extralegales como un paso hacia la construcción de un movimiento fascista? ¿O no hay aquí ningún objetivo racional, sino sólo los efectos secundarios de las estrategias de campaña de los demagogos de extrema derecha, la creciente polarización de una sociedad fragmentada y la irresistible atracción de las tácticas meméticas?
¿Cómo pueden las poblaciones marginadas que son objetivo de los movimientos fascistas movilizarse para defenderse sin legitimar las mismas instituciones del Estado que tanto fascistas como centristas emplean contra ellas? ¿Cómo pueden los anarquistas y otras personas comprometidas con un cambio social profundo evitar que los “rebeldes” de extrema derecha monopolicen la forma en que el público en general ve las tácticas que nosotros también tendremos que utilizar, aunque sea en pos de la liberación?
Esperamos que la siguiente contribución ayude a nuestras y nuestros camaradas a reflexionar sobre estas cuestiones.
Las elecciones no detienen al fascismo
Desde la derrota de Jair Bolsonaro y la victoria de Luís Inácio Lula da Silva por un margen de menos del 2% en las elecciones presidenciales brasileñas del 30 de octubre de 2022, las movilizaciones de la extrema derecha han ido escalando tanto en tamaño como en violencia. Poco después del anuncio de la victoria de Lula, los manifestantes acamparon alrededor de cuarteles del ejército y bloquearon carreteras, impugnando los resultados electorales y pidiendo la intervención militar. Muchos de estos campamentos estaban equipados con baños químicos, tiendas de campaña y cocinas; estaban financiados por empresarios y políticos afines al bolsonarismo y a la extrema derecha. En noviembre, el Tribunal Superior Federal ordenó que se bloquearan las cuentas de algunos de los financiadores, firmando órdenes de registro y embargo.
Como documentamos, camioneros organizados por grupos patronales bloquearon cientos de carreteras en todo el país, beneficiándose de la indulgencia de la Policía Federal de Carreteras (PRF). Cuando estos bloqueos fueron derrotados, el impulso pasó a los movimientos bolsonaristas urbanos, especialmente los campamentos frente a los cuarteles militares. Los campamentos que habían comenzado con un carácter más diverso, incluyendo ancianos y niños, se convirtieron en predominantemente masculinos, con los participantes más dispuestos a utilizar la fuerza. Los linchamientos de personas que intentaban cruzar los bloqueos, secuestros e incluso torturas de quienes discrepaban de sus tácticas o puntos de vista se convirtieron en algo habitual.
Una ocupación pro-Bolsonaro. Los intereses de clase de los participantes son bastante claros.
En la noche del 12 de diciembre, durante el reconocimiento formal del presidente Lula y su vicepresidente Geraldo Alckmin como ganadores de las elecciones, la base callejera radicalizada del bolsonarismo avanzó un paso más en un ensayo general para los acontecimientos del 8 de enero. Grupos acampados en Brasilia atacaron una comisaría y la sede de la Policía Federal. Los partidarios de Bolsonaro incendiaron cinco autobuses y tres coches en respuesta a la detención de un indígena llamado Serere Xavante, pastor evangélico y bolsonarista. Xavante fue acusado de organizarse para dar un golpe de Estado, proferir amenazas y promover atentados contra el Estado democrático de derecho; el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó su detención.
El Supremo Tribunal Federal ordenó la detención de decenas de personas implicadas en las manifestaciones pro-Bolsonaro y en la financiación de los campamentos. La izquierda continuó apostando a que la represión institucional bastaría para frenar a los bolsonaristas. Contar con leyes e instituciones que no habían hecho nada para disminuir el ímpetu de la extrema derecha dejó las calles abiertas a la organización fascista. En general, a pesar de las detenciones mencionadas, la policía y otras autoridades siguieron tratando con permisividad al movimiento bolsonarista.
La imagen de un autobús en llamas -anteriormente un símbolo de la lucha contra la represión estatal y la explotación capitalista, visto en las protestas contra la subida del billete de autobús en 2013, la Copa Mundial de la FIFA en 2014, y la violencia policial en la periferia urbana- se asocia ahora con el “terrorismo de derechas”. La izquierda legalista e institucional, representada por el gobierno entrante, adopta el papel de “defensora de la ley y el orden.”
Incapaz de soportar la derrota electoral, Bolsonaro dejó que sus partidarios lucharan solos por su sueño golpista. El 30 de diciembre, partió hacia Orlando, Florida, en el avión presidencial con su séquito y familiares; el dinero público lo pagó todo. Su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, se convirtió en presidente interino, haciendo una declaración elogiando “la alternancia de poder en una democracia”.
La extrema derecha ve ahora tanto a Bolsonaro como a Mourão como traidores. Pero sin Bolsonaro, los Bolsonaristas sólo se volvieron más enfurecidos e impredecibles.
En la Nochebuena de 2022, el conductor de un camión de combustible encontró un artefacto explosivo en el vehículo y alertó a la policía. El autor del intento de atentado, George Washington de Sousa, fue detenido y confesó que pretendía hacer estallar el vehículo cerca del aeropuerto de Brasilia antes de la investidura de Lula, con la esperanza de obligar al todavía presidente Bolsonaro a establecer el estado de sitio. Las autoridades descubrieron un considerable stock de armas en el apartamento de Washington de Sousa; él afirmó haberlas adquirido a lo largo de los años, motivado por los discursos de Bolsonaro. Esto llamó la atención de las autoridades, incluido el gobierno entrante de Lula, sobre las formas en que las ocupaciones bolsonaristas estaban reclutando y radicalizando a la extrema derecha.
El 1 de enero de 2023, Lula juró el cargo bajo fuertes medidas de seguridad. Esto le convirtió en el único presidente elegido tres veces por votación democrática en Brasil, y a Bolsonaro en el primer presidente que no logra ser reelegido, así como en el primer presidente de la era democrática que se niega a pasar la banda presidencial en una ceremonia de investidura. Las imágenes de representantes de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de los negros, de los discapacitados y de los excluidos pasando la bandera a Lula circularon por todo el mundo, significando optimismo, aunque las medidas paliativas para una sociedad capitalista en evidente declive probablemente no ofrecerán mucho más que una breve mejora superficial antes del colapso.
8 de enero de 2023, Brasilia.
En cualquier caso, la sensación de calma tras la “derrota del fascismo en las urnas” no duró ni una semana.
La revuelta de los escoltados por la policía
Aunque la participación disminuyó después de que Lula asumiera el poder, las protestas y acampadas de extrema derecha continuaron. En los primeros días de enero, los partidarios de Bolsonaro convocaron una manifestación para el domingo 8 de enero. Aproximadamente 4000 personas que habían estado protestando a las puertas de los cuarteles en varias ciudades de Brasil tomaron autobuses fletados hasta la capital, Brasilia, uniendo fuerzas para una manifestación masiva de repudio a la toma de posesión de Lula como presidente. La multitud incluía un gran número de funcionarios, empleados de representantes parlamentarios e incluso tenientes de alcalde de ciudades más pequeñas. Afirmaban que las elecciones estaban amañadas y que Lula era el jefe de una banda criminal que pretendía malversar el dinero de Brasil para financiar el “comunismo”.
Cuando llegaron los autobuses a la capital, los fascistas vestidos con las camisetas de la selección brasileña de fútbol marcharon a primera hora de la tarde, sin sufrir interferencias ni acoso policial en un lugar que suele estar fuertemente vigilado y ser de difícil acceso. Se acercaron a los edificios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palácio do Planalto (el palacio presidencial). Estas son las sedes de los tres poderes federales de Brasil: legislativo, judicial y ejecutivo. Los manifestantes asaltaron los edificios, destruyeron ventanas, equipos y mobiliario y dañaron y robaron objetos históricos y obras de arte raras de Candido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti y Victor Brecheret valoradas en millones de dólares. Robaron documentos y armas de la Oficina de Seguridad Institucional, situada en la planta baja del Palacio del Planalto, lo que sugiere la posibilidad de que algunos de ellos tuvieran acceso previo a información sobre la ubicación de las mismas.
Al igual que en los sucesos ocurridos en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, los manifestantes filmaron ellos mismos todo lo que hicieron, mostrando sus rostros y publicando las imágenes en directo en las redes sociales sin preocuparse por el riesgo. Irónicamente, llevaron a cabo una acción desafiando a los mismos poderes que mucha gente había confiado en que bastarían para librar a la sociedad del fascismo tras la elección de un gobierno progresista de izquierdas.
Los invasores contaron con el apoyo tácito de la Policía Militar del Distrito Federal, comandada por el gobernador Ibaneis Rocha; no sufrieron oposición ni represión policial durante al menos tres horas. La policía les permitió entrar en los edificios. Sólo a las 18h la policía consiguió tomar la iniciativa y rodear los edificios. Varios vídeos muestran a agentes de policía tomándose selfies y riéndose mientras los manifestantes invadían el Congreso; otros muestran a agentes de policía confraternizando con los Bolsonaristas dentro de los edificios invadidos.
8 de enero de 2023, Brasilia.
Sólo después de las 8 de la tarde la policía, incluida la Fuerza Nacional -que suele estar tan ansiosa por atacar a profesores, estudiantes, e indígenas– consiguió “contener” pacíficamente la protesta, deteniendo a unas 200 personas. En los vídeos vemos a la policía desalojando pacíficamente a los Bolsonaristas, sin heridos ni muertos, a pesar de que la policía brasileña es posiblemente la más letal del mundo.
Esta reacción institucional sólo comenzó cuando Lula, que se encontraba en una ciudad del interior de São Paulo, emitió un decreto de Intervención Federal en la Seguridad Pública del Distrito Federal, nombrando al Secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, como interventor hasta el 31 de enero de 2023. En la práctica, esto significa retirar a la policía del gobierno del caso (la Policía Militar y la Policía Civil) y entregar el caso a la policía del gobierno federal (la Fuerza de Seguridad Nacional y la Policía Federal). En la noche del 8 de enero, el ministro de Justicia y Seguridad Pública hizo una declaración en la que afirmaba que se habían abierto investigaciones, se había identificado a los financiadores de los autobuses y se había detenido a unas 200 personas.
También habló el ministro de Justicia, Flávio Dino, ex juez y ex gobernador del estado de Maranhão, con un discurso mesurado en el que trató de salvaguardar la legitimidad de las instituciones de gobierno, describiendo a los participantes en las manifestaciones pro-Bolsonaro como radicales aislados que serían tratados como criminales, vaciando así el evento de contenido político al tiempo que lo describía como un intento de golpe de Estado. El ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, activo durante todo el gobierno de Bolsonaro como “guardián del orden institucional democrático”, también ordenó la destitución del gobernador del Distrito Federal, conocido partidario del bolsonarismo.
Un día después de los hechos, la situación sigue siendo desconcertante para la prensa y las autoridades, a pesar de que la manifestación estaba anunciada desde hacía meses en las redes bolsonaristas.
Una manifestación local de una ola fascista global
Hay muchas similitudes entre los acontecimientos del 8 de enero de 2023 en Brasil y los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en Washington, DC. Pero también hay diferencias significativas, empezando por el liderazgo político de los fascistas.
Jair Bolsonaro siempre se ha posicionado como partidario de Donald Trump, alineándose con movimientos globales de extrema derecha, como los de Polonia y Hungría. Bolsonaro tiene conexiones con Steve Bannon, de quien fue mentor a los hijos de Jair Bolsonaro para la campaña presidencial de 2018 y en 2022 afirmó que la elección de Jair Bolsonaro era la segunda más importante para su movimiento. Tras la derrota, Bannon y Trump aconsejaron a Bolsonaro impugnar el resultado electoral. Aun así, no se puede afirmar que haya una injerencia directa de Bannon o de la extrema derecha internacional.
La motivación de las dos invasiones de edificios gubernamentales también es similar en el contenido de la supuesta conspiración: los partidarios de Bolsonaro alegan que las elecciones fueron amañadas a favor de una élite globalista simpatizante del comunismo y China, con el objetivo de desestabilizar a los gobiernos nacionalistas para difundir lo que llaman “ideología de género”, fomentar el consumo de drogas y promover los intereses de los cárteles criminales internacionales. Siguiendo el ejemplo de la alt-right (izquierda alternativa) en otras partes del mundo, se declaran liberales en su programa económico y conservadores en su programa cultural. Así, afirman defender la familia cristiana tradicional como medio para difundir la supremacía blanca, el odio a las personas LGBTQI+ y la ansiedad por una supuesta amenaza comunista.
Tanto el 6 de enero de 2021 como el 8 de enero de 2023, una turba fascista que dice ser la verdadera representante del pueblo y se niega a reconocer la legitimidad del proceso electoral que derrotó a su candidato invadió las sedes físicas de los poderes constituidos para generar el caos con la esperanza de suspender el resultado de las elecciones.
Después de décadas de gestión democrática, durante las cuales prácticamente todos los partidos aceptaron que era la única forma posible de hacer política en la era de la globalización capitalista, la extrema derecha ha vuelto a situar la política en el terreno de la disputa y el enfrentamiento. Cada vez está más claro que el consenso construido en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en torno a la fórmula capitalismo + democracia liberal + derechos humanos, que ignoraba las contradicciones y desigualdades inherentes al sistema capitalista y estatal, se ha roto. Significativamente, es la derecha la que apuesta por esta ruptura, avalando explícitamente la guerra civil, mientras que la mayor parte de la izquierda sigue aferrada a las instituciones democráticas y a la gestión de una paz cada vez más precaria.
Los acontecimientos en Brasil difieren de los de Estados Unidos en que los bolsonaristas se cohesionaron en torno a algo más antiguo que el culto a Trump, algo específico de la historia política brasileña: la nostalgia de la dictadura instaurada por un golpe cívico-militar con la ayuda de Estados Unidos en 1964 y la lealtad a todos los aspectos de la dictadura que persisten en la sociedad brasileña.
En la formulación del psicoanalista Tales Ab’Sáber: “¿Qué queda de la dictadura en Brasil? Todo, excepto la dictadura”.
Partidarios de Bolsonaro aprovechando la indulgencia de la policía para presentarse como rebeldes.
A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos tras la elección de Biden, las Fuerzas Armadas brasileñas -compuestas por oficiales formados en escuelas militares impregnadas por el discurso anticomunista del contexto de la Guerra Fría y por el revisionismo histórico que denomina al golpe civil militar “Revolución del 64”- son parte fundamental de los movimientos golpistas. El bolsonarismo social y electoral involucra a numerosos oficiales de reserva del ejército, la marina y la fuerza aérea. Los oficiales en servicio activo apenas disimulan su apoyo a los manifestantes pro-Bolsonaro; desde 2014, han hecho declaraciones públicas expresando su oposición a los partidos y candidatos de izquierda. La prueba más evidente del apoyo de las Fuerzas Armadas a los movimientos golpistas es su tolerancia con las acampadas frente a sus cuarteles, que sin duda no habrían sido aceptadas si el contenido de las manifestaciones hubiera sido diferente.
Con la esperanza de lograr un acercamiento dentro de las instituciones, la coalición liderada por la izquierda institucional que ganó las elecciones de octubre nombró a José Múcio para el Ministerio de Defensa, un político de derechas amigo de los militares, cuyo partido (el Partido Trabalhista Brasileiro) utilizaba el lema “Dios, Familia, Patria y Libertad”. En su declaración sobre las manifestaciones, Lula admitió que el ministro de Defensa no había actuado para desalojar las ocupaciones en torno a los cuarteles.
Marcha del 9 de enero de 2023 en Belo Horizonte contra la amenaza del fascismo en Brasil. Los participantes corean “¡Atrás fascistas, el poder popular está en las calles!”
Lo que está ocurriendo hoy en Brasil muestra la fuerza que la extrema derecha ha adquirido en la última década, capitalizando un difuso fascismo social que siempre ha existido en la sociedad brasileña. Las instituciones democráticas que se introdujeron con la Constitución brasileña de 1988 no supieron defenderse de ello, o no quisieron hacerlo. Podemos ver esto desde el principio, en la participación de los militares en el proceso de reintroducción de las elecciones democráticas en la década de 1980 y el “papel constitucional” de los militares como garantes del poder del Estado.
La mayor vergüenza para la izquierda en su conjunto -y especialmente para aquellos que se consideran radicales- es que el gobierno de Jair Bolsonaro y sus milicias ha reorganizado toda la estructura del Estado, desmantelando la salud pública, la educación y las protecciones medioambientales, al tiempo que ha atacado a las personas negras e indígenas, a las mujeres y a las personas LGBTQI+, todo ello en medio de una pandemia global que mató a más personas en Brasil que la media per cápita mundial. Sin embargo, no fuimos capaces de responder a esos acontecimientos, ni con una huelga general, ni cerrando ciudades y carreteras, ni invadiendo el palacio presidencial.
Ahora todas esas acciones, que deberíamos haber emprendido para defendernos de la extrema derecha, se asocian a la extrema derecha. Esto contribuye a un discurso que nos paralizará, haciendo imposible ejercer la influencia que necesitamos contra los fascistas tanto fuera como dentro de las instituciones del Estado, por no hablar de los otros partidos que también utilizarán las instituciones del gobierno para seguir imponiéndonos los peores efectos del capitalismo.
Anarquistas y otros antifascistas marchan el 9 de enero de 2023 en Belo Horizonte contra la amenaza del fascismo en Brasil.
Necesitamos fomentar una revuelta popular que incluya a todos los sectores de la sociedad privados de derechos, a todos los que son objetivo de los fascistas, a todos los que sufren bajo el capitalismo incluso cuando lo gestiona un gobierno progresista. No debemos deslegitimar la insurrección cuando el aparato del Estado está en manos del centro-izquierda mientras las calles siguen en manos de los fascistas y las fuerzas de seguridad. Debemos encontrar formas de resistir, rechazando el chantaje de quienes afirman que lo más importante es mantener el orden, con su eterno moralismo en defensa de la propiedad privada y el poder del Estado.
En portada: Una de las alertas más importantes que han hecho los pueblos en las movilizaciones es que el proyecto de ley 191 permitirá la explotación minera en territorio indígena.
Este lunes (26), un tribunal federal confirmó la suspensión de la licencia ambiental para lo que sería la mayor mina de oro a cielo abierto en la selva amazónica en Brasil, un proyecto de la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp.
En una votación de 3-0, el tribunal mantuvo su sentencia anterior. Como lo hizo en 2017, la empresa minera había apelado la sentencia la cual consideró que la consulta de la empresa con los pueblos indígenas locales y el estudio sobre los impactos socioambientales del proyecto no cumplían los criterios exigidos por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).
Volta Grande es el nombre de la mina que se mantiene suspendida y que pretende operar a orillas del río Xingu, en el estado de Pará. El proyecto abarca 2,400 hectáreas para extraer oro, a solo 20 kilómetros de distancia de la central hidroeléctrica de Belo Monte.
El cauce del río Xingu ya fue alterado por la construcción de Belo Monte hace más de una década. A la reducción de su caudal y la afectación a la reproducción de los peces, ahora los pueblos Xipaya y Kuruaya, amenazados por el proyecto Volta Grande, temen el envenenamiento de las aguas y tierras.
La población indígena y ribereña de Pará ya sufre los impactos socioambientales causados por la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu. (Foto: Cícero Pedrosa Neto/Amazonia Real)
“Mi comunidad no fue consultada sobre el proyecto de Belo Sun”, sostuvo Lorena Curuaia, líder de la aldea Iawa. “Belo Monte ya ha tenido un gran impacto en el Xingu. Un segundo proyecto podría significar la muerte de los pueblos locales”.
Por su parte, Belo Sun ha argumentado que, pese a que la comunidad más cercana está a más de 10 km de distancia, ya consultó a los pueblos indígenas.
Tal como durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica, los pueblos dicen que no fueron consultados sobre el nuevo emprendimiento minero, denuncia que es corroborada por el Ministerio Público Federal (MPF).
Dicho organismo afirma que la empresa sólo tuvo en cuenta las áreas oficialmente demarcadas, y que las comunidades indígenas que se encuentran fuera de estos lugares también deberían ser tomadas en cuenta.
Casas abandonadas en la comunidad de Vila da Ressaca, cuya población ribereña también está afectada por el proyecto Belo Sun y no fue consultada (Foto: Cícero Pedrosa Neto/Amazônia Real)
Lorena Curuaia, de la comunidad Iawá, también se queja de que, después de ocho años, siguen siendo ignorados, pues fue desde 2014 cuando la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Semas) concedió a Belo Sun una licencia preliminar para el proyecto.
Belo Sun puede apelar la decisión ante un tribunal superior. En el contexto de la posible aprobación del proyecto de ley 191/2020, que libera la actividad minera en territorios indígenas, las decisiones de tribunales pueden sentar un precedente para definir las normas sobre cómo deben realizarse las consultas con pueblos tradicionales.
Portada: Líderes Apurinã en la zona quemada. Foto: Antonio José Apurinã
Desde las trágicas imágenes de la Amazonía brasileña envuelta en llamas del año 2019, los incendios que han ganado visibilidad mundial, lejos de apagarse, se multiplican y con ello también el avance del acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades indígenas, tradicionales y quilombolas de sus territorios.
Existe un patrón que indica el uso criminal de los incendios, cuyo objetivo es deforestar territorios para después convertirlos en espacios para la expansión del agronegocio e incluso la minería.
“Los incendios no terminaron. Es la casa de estas comunidades que continúa quemándose”, señaló Carolina Motoki, integrante de la Articulación El Agro es el fuego, durante la presentación del informe que reúne análisis y denuncias de los impactos y conflictos por tierras producidos por los incendios, los cuales además de la devastación ambiental, también contribuyen al incremento de otros problemas sociales como el hambre.
Fuego
Como evidencian en los materiales de la Articulación El Agro es el fuego, el uso del fuego para expandir al agro negocio es una práctica recurrente en zonas de enorme importancia natural, tales como el Pantanal, el humedal más grande del mundo, así como en Tierras Indígenas (TI) en regiones como la Amazonía y la ecorregión del Cerrado, afectando también a comunidades tradicionales y quilombolas.
