Las organizaciones que estamos trabajando en frontera sur, queremos señalar que lo que está ocurriendo en este momento y de lo cual somos testigos, no tiene precedente alguno. Si bien el paso de personas migrantes es un hecho que viene ocurriendo desde hace muchos años, lo cierto es que, desde los años 80, no habíamos tenido noticia de un evento de esta magnitud en el cual miles de personas están buscando, de manera desesperada, ingresar a México con la finalidad de buscar protección. La diferencia sustancial entre lo ocurrido con las personas refugiadas guatemaltecas en la frontera con Campeche y esto que ocurre hoy en Tapachula, radica en que hasta el momento ningún país centroamericano se encuentra en “conflicto armado”. Reiteramos que el origen de la Caravana responde a un contexto de violencia y pobreza generalizada en donde las condiciones mínimas de vida digna y respeto a los derechos humanos no han sido garantizadas, lo que obliga a miles de personas a desplazamientos forzados, como los que estamos presenciando.

Desde el día que nos enteramos de éste éxodo, nos encontramos monitoreando las acciones implementadas por el Estado mexicano para responder a la emergencia humanitaria derivada de la migración forzada a la que se han visto obligadas cientos de persona hondureñas y de otros países de la región. Hemos observado y documentado diversas violaciones a derechos humanos, cometidas por parte de autoridades mexicanas en contra de las personas que han estado arribando a México con necesidad de protección internacional.

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de policías federal, estatal y municipal, contrario a la información oficial que ha circulado, han obstaculizado el acceso a territorio mexicano bajo diversos medios y gestionando únicamente el ingreso bajo la condición de someterse a una detención migratoria.

Por otra parte, no existe coordinación de los distintos órdenes de gobierno a través de diferentes autoridades de acuerdo a sus funciones para dar una respuesta integral y regional a la situación; sino que observamos por parte de las autoridades mexicanas la reacción de confrontación contra las personas.

Hoy al momento en que las personas se movilizaron de Ciudad Hidalgo a Tapachula, en el Puente de Guatemala- México, se mantuvieron otros cientos de personas, esperando a que les dejen entrar desde el pasado 19 de Octubre, sin asistencia humanitaria, a la intemperie, sin acceso a las condiciones mínimas de subsistencia, con la incertidumbre del tiempo que tendrán que esperar para la atención de las autoridades, ante la reducción de la respuesta por parte de INM y sin otras alternativas de recepción en Ciudad Hidalgo por el cierre del Albergue Temporal.

Durante el avance de este éxodo, la respuesta del Estado sigue siendo de un enfoque militarista al mando de la Policía Federal, que durante el recorrido hasta Tapachula, de manera sistemática y permanente, ha tenido el objetivo de bloquear el paso e incluso en varios momentos la clara amenaza de reprimir a las personas, intimidando con el sobrevuelo a baja altura de un helicóptero de la Policía Federal; causando confusión y terror entre las personas.

Esta respuesta tiene graves afectaciones en las personas, que también sufren el impacto provocado por las condiciones en la que realizan el recorrido sin ninguna asistencia humanitaria y atención a la salud. El cansancio, la debilidad y las condiciones climáticas extremas van rezagando grupos de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas que sufren alguna discapacidad o enfermedad.