A nuestras hermanas naciones indígenas nahuas, poqomanes, chortís, lencas, xincas y chorotegas,
que forman parte del actual Estado Plurinacional de El Salvador.
A las comunidades zapatistas.
A los pueblos indígenas de Abya Yala y Cemanáhuac.
A los pueblos del mundo.

Desde el corazón del territorio indígena Kushkatan queremos expresar nuestra solidaridad, a nombre del Concejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), con las comunidades indígenas de Chiapas, por lo que endosamos las exigencias presentadas por el Congreso Nacional
Indígena de México, que son las siguientes:

1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera.

2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo.

3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares.

4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas.

¡Qué vivan los Pueblos Indígenas!
¡Qué vivan quienes luchan por la vida!
Kushkatan, 3 de junio de 2023.

Fuente: Avispa Midia

Por Nolan Peltz

^{Familiares de Miguel Peralta exigen cese a la persecución política en su contra, y libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón}

La libertad de Miguel Peralta Betanzos pende de un hilo. Indígena mazateco, defensor comunitario, anarquista, Peralta es uno de los treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón que han enfrentado persecución política y/o encarcelamiento tras violencia en el municipio indígena mazateco en 2014.

El 14 de diciembre de ese año, una campaña de represión y terror caciquil llegó a su punto culminante cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado mientras se reunía para elegir a una autoridad municipal en el centro del pueblo. La violencia subsiguiente dejó varios heridos y, poco después, una persona fue declarada muerta en circunstancias inciertas.

La represión siguió inmediatamente. Treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria fueron acusados de diferentes delitos relacionados con los acontecimientos de ese día. Los cargos no corresponden a los responsables de la violencia, sino que señalan a quienes han participado activamente en la asamblea comunitaria, resistiendo la influencia caciquil y de los partidos políticos en la comunidad, luchando por la autonomía y la toma de decisiones en colectivo.

Actualmente, ocho integrantes de la asamblea comunitaria permanecen encarcelados en diferentes prisiones del estado de Oaxaca: Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Francisco Durán, Marcelino Miramón y Paul Reyes, la mayoría de los cuales lleva años sin sentencia. Además, permanecen activas trece órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea comunitaria, incluyendo una contra Miguel Peralta, quien ya tiene una sentencia condenatoria pendiente en su contra de cincuenta años.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Pueblos y organizaciones sociales y de trabajadores de Perú han anunciado que van a reanudar las protestas en los próximos meses de junio y julio. Una muestra fue que el 30 de mayo hubo una paralización de 24 horas en rechazo al gobierno de la presidente Dina Boluarte en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia.

Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas donde miles de personas salieron a protestar a las calles desde aquel momento y hasta marzo de 2023.

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Las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban. De acuerdo con el informe de la Amnistía Internacional Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, entre diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida.

Según el informe, muchas de las víctimas eran menores de 21 años, y entre los casos documentados había seis niños.

Las comunidades aimaras y quechuas anunciaron que el 7 de junio, en el Día de la Bandera, no permitirán que ni la policía ni los militares enarbolen la bandera nacional. Informaron que se ha acordado de manera unánime que las comunidades portarán banderas negras en señal de duelo por los puneños caídos por la represión durante el gobierno de Dina Boluarte.

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Pueblos y organizaciones al sur del país, donde se encuentra mayoría indígena, anunciaron que el 19 y 20 de junio habrá un paro de 48 horas, y reiteraron la ‘Tercera toma de Lima’ para realizarse en julio.

Mientras tanto, el gobierno de Perú dio a conocer que autorizó el ingreso a su territorio de más de un millar de militares de Estados Unidos, así como medios aéreos y náuticos, con la finalidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reportó Telesur.

La autorización se oficializó a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. En ellas se precisa que los militares estadounidenses realizarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec).

Además, ejecutarán actividades con las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.

Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.

Los militares estadounidenses llegarán al país en diversos grupos, en fechas comprendidas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año. El mayor de ellos lo integrarán 970 efectivos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales que, además de sus armas reglamentarias, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida.

Racismo letal

El estudio de Amnistía Internacional fue realizado en las localidades de
Lima, Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno) y Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), las regiones con el mayor número de protestas sociales y muertes. Uno de los hallazgos es que “hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas” debido a que “el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”.

De acuerdo con el informe, aunque estas regiones sólo representan el 13% de la población total de Perú, tienen un alto porcentaje de personas que se autoidentifican como indígenas y concentran el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. En Lima, la capital de Perú, se produjeron protestas similares, pero solo hubo un muerto.

Es decir, hubo una “sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”, señala el informe.

Otro punto destacado por Amnistía Internacional es que la presidenta de la República y la presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército.

Además, denuncia que “las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación”.

En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).

Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.

Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.

Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.

¿Se prepara otro crimen de Estado?

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Pronunciamiento en solidaridad con las Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ) por las agresiones que el compañero Gilberto López Santiz sufrió a manos de los grupos paramilitares de la ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo)

 A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

La comunidad nahua de Santa María Ostula expresamos nuestra solidaridad c on las comunidades Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ), las cuales, en su caminar por la construcción y fortalecimiento de la autonomía han sido constantemente atacadas por distintos grupos armados paramilitares. En este caso se trató de la ORCAO, quienes el pasado 22 de mayo, atacaron impunemente la comunidad Moises y Gandhi, perteneciente al Municipio Autónomo Lucio Cabañas.

En este ataque, según los reportes hechos públicos, el compañero tseltal Gilberto López Santiz fue herido con armas de grueso calibre y su estado de salud se reporta como grave.

Expresamos también nuestra preocupación por la escalada de violencia en el territorio zapatista y en todo el estado de Chiapas. Particularmente queremos sumarnos a las denuncias en contra de la organización ORCAO, quien en los últimos años, ya bajo el control de MORENA ha hostigado y violentado a las comunidades zapatistas en total impunidad.

Por parte del gobierno federal o de otras instancias correspondientes no ha habido ninguna atención a las denuncias hechas ante esta situación de complicidad entre el gobierno estatal, el paramilitarismo y el crimen organizado.

Gracias a la historia de lucha en defensa de nuestro territorio en la sierra-costa michoacana conocemos muy bien el rostro de la guerra y cómo se presenta disfrazado de gobierno o de supuestas organizaciones legítimas. Nuestra historia de sangre nos ha enseñado a identificar bien a los enemigos y en este, entendemos muy bien todas las denuncias que las comunidades zapatistas han hecho, para frenar pacificamente esta situación.

Por eso exigimos se garantice la atención médica necesaria para el compañero Gilberto López Santiz, así como el cese total de los ataques armados y de cualquier otra forma en contra de las Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ). Exigimos también que se hagan las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades necesarias y que este ataque no quede impune, para que se castiguen a los responsables y se haga justicia.

Finalmente, queremos informar que nos sumaremos a las acciones dislocadas a las que se convoque desde el Congreso Nacional Indígena (CNI), no dejaremos de alzar la voz para denunciar la violencia que viene desde el Estado y exigiremos siempre el alto a la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México.

SANTA MARIA OSTULA, A 29 DE MAYO DE 2023.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Fuente: Avispa Midia

Pronunciamiento

Repudiamos el último ataque perpetrado por la organización paramilitar ORCAO en contra de la comunidad Autónoma Zapatista de Moisés y Gandhi, Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10. Exigimos alto a la guerra prolongada de desgaste en Chiapas y a la impunidad y complicidad de todos los niveles de gobierno involucrados.

Al Estado y al Gobierno Mexicano
A la sociedad civil local, nacional e internacional
A los organismos defensores de derechos humanos
A la prensa local, nacional e internacional
A los movimientos, luchas dignas y rebeldes

Planeta Tierra, 25 de mayo de 2023

Los y las abajo firmantes nos pronunciamos desde diferentes lugares de América Latina, el Caribe, EE.UU, Europa y allende los mares, ante la terrible información que nos ha llegado sobre el ataque armado perpetrado por el grupo paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) hacia las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) la noche del 22 de mayo del presente año (2023). Para quienes no estén informados les compartimos lo que redes de defensoras de derechos humanos enraizadas en Chiapas nos comparten. Se trató de:

…un ataque armado de horas y desde donde se dispararon cientos de balas. Resultando herido de gravedad nuestro compañero BAEZLN [Base de Apoyo] del EZLN Gilberto López Sántiz.

[El ataque fue perpetrado por] la organización criminal de la ORCAO. Grupo armado que no ha cesado en violentar, amedrentar, hostigar, secuestrar, torturar, robar, destruir y pretender despojar de las tierras recuperadas a los pueblos del EZLN.

Como Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ junto con otras organizaciones, colectivxs e individuxs hemos realizado Caravanas y visitas de observación desde octubre del 2020 para documentar, comunicar, difundir y denunciar las acciones criminales de dicho grupo paramilitar. Recogiendo puntualmente los testimonios de hombres, ancianos, mujeres, jóvenxs y niñxs desde el 2019.  Estas agresiones empezaron con cercos y loteos en los trabajaderos de las tierras recuperadas, así como daños y destrucción de los sembradíos colectivos.

A inicios del 2020 se sumaron a las agresiones los robos de cultivos, destrucción de alambrados y postes, presencia de gente armada y con radios portátiles en la comunidad y montando guardias, amenazas verbales y escritas, intimidaciones y agresiones físicas a compas BAEZLN, quema y fumigación de sembradíos, robo de las tiendas de las comunidades autónomas, quema de colmenas, destrozos en la Escuela Secundaria Autónoma y detonaciones de armas de fuego.

Desde agosto del 2020 se hizo pública la quema y destrucción del Comedor de las compañeras zapatistas y la Tienda Regional el Arcoiris por parte de la ORCAO en el crucero Cuxuljá. Mismo lugar que hoy está en control de este grupo paramilitar. Seguido de ataques y disparos de armas de fuego de distintos calibres al interior de las comunidades autónomas, poniendo en riesgo a hombres, mujeres, niños, niñas, abuelas y abuelos que tienen que buscar refugio de las balas, o tirarse en el lodo en plena madrugada ya que se han dado ataques durante noches y días enteros (Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ, tomado de https://radiozapatista.org/?p=45174).

La guerra contrainsurgente como respuesta a las demandas del movimiento zapatista acompaña la historia de los últimos 30 años de vida de Chiapas y México. La guerra no empezó ahí, venía desde un pasado lejano como apunta la Primera Declaración de la Selva Lacandona pero, en 1994, se vuelve contrainsurgente con el Plan Chiapas así como con una estrategia para combatir lo que los think tanks del Imperio norteamericano llamaron Zapatista Social Netwar (la guerra de redes sociales zapatista). Desde entonces hasta la fecha existe una amplia documentación (periodística, académica y de organismos de derechos humanos) de cómo ha operado eso que hoy nombramos “guerra prolongada de desgaste” emergente en medio de unos acuerdos de paz traicionados y una reforma constitucional de 2001 que solo reconoce una autonomía con derechos acotados en el ámbito comunitario.

Las formas de combatir y exterminar al zapatismo han sido permanentes, múltiples y diversas. En esa historia destacan las formas de cooptación económica a las organizaciones campesinas e indígenas de Chiapas. Ella se ha dado independientemente del color de partido o gobierno en el poder. Esas estrategias se han sostenido vía la administración clientelar de los programas sociales gubernamentales, la compra de votos, la compra de líderes antes independientes y autónomos. Hasta llegar a tener -luego de 30 años de esas acciones y de más que acá no mencionamos-, organizaciones campesinas e indígenas que se han merecido el título de “paramilitares”. Tal es el caso de la ORCAO, agresora sistemática de las bases de apoyo zapatistas. Lo que sucedió este 22 de mayo de 2023 es, por desgracia, resultado de una estrategia mayor, permanente y constante. Sus resultados son parte ya de una memoria colectiva de agravio en las comunidades zapatistas y nos muestra un rostro de la(s) guerra(s) vigente(s) en Chiapas. Ella(s) tiene(n) responsables concretos en el Estado mexicano y sus diferentes niveles de gobierno.

Ante lo anterior nos pronunciamos colectivamente y con contundencia de la siguiente manera:

1.- Los y las abajo firmantes estamos desde diferentes geografías siguiendo de cerca los acontecimientos, difundiendo la situación a través de nuestros medios libres y nuestros espacios híbridos de academia-otra, activismos y movimientos.

2.- Reiteramos que desde nuestras geografías estamos atentas a la grave situación de salud del compañero base de apoyo zapatista: Gilberto López Sántiz. Abonamos nuestra energía para su pronta recuperación.

3.- Reiteramos por este medio nuestra solidaridad con el EZLN y nuestro repudio total a lo acontecido y exigimos al Estado mexicano y a todos los niveles de gobierno, la intervención inmediata para poner fin y cesar las mil formas de violencia que se ejercen contra las comunidades zapatistas y las comunidades en resistencia que caminan la autonomía de facto y que vimos desplegarse en la Caravana El Sur Resiste organizada recientemente por el Congreso Nacional Indígena.

¡Exigimos alto a la guerra en Chiapas!
¡Alto total a la impunidad y complicidad de todos los niveles de gobierno involucrados!
 ¡Lxs zapatistas no están solxs!
¡Lxs miembros del Congreso Nacional Indígena
y de la Caravana El Sur Resiste, no están solxs!

Firmas personales

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