Orcao
Chiapas, continúa violencia contra comunidades zapatistas
Por Sare Frabes
Foto de archivo de Avispa Media, por Antony Guerra
“Donde tengo mi parcela me robaron mi elote. Fuimos a sacar evidencia y ahí mismo nos ponían balazos, en la comunidad de San Felipe”, relata una mujer integrante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en la región Moisés Gandhi, municipio oficial de Ocosingo.
Ésta es solo una de las denuncias más recientes sobre agresiones armadas y violencia por parte de miembros de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) contra comunidades pertenecientes al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) de Lucio Cabañas, uno de los municipios que fueron recuperados por el EZLN desde 1994. En estos territorios rebeldes, que anteriormente estaban en manos de hacendados y finqueros, se ejerce el autogobierno a través de consejos autónomos.
En días pasados de este mes de Enero, una caravana de observación y solidaridad integrada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, informaron que el día 12, “alrededor de las 8:30 hrs. un grupo de aproximadamente 30 hombres pertenecientes al grupo opositor llegó cerca de las tierras que se encuentran trabajando las BAEZLN, tomando fotos de las y los integrantes de esta Caravana, como una forma de intimidación para obstaculizar su trabajo”, denunciaron en un comunicado.
Esta Caravana realizó un primer trabajo de documentación en Octubre de 2020. Sumado a este esfuerzo, el 7 de Diciembre del 2020 se realizó la primera Misión Civil de Observación, efectuada por parte de organizaciones pertenecientes a la Red “Todos los derechos para todas y todos”, la cual también recabó diversos testimonios que señalan un aumento de los ataques desde 2019. Se señala como principales responsables a miembros de la ORCAO.
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En la más reciente visita, esta Caravana tiene la tarea de acompañar un nuevo comienzo en la labranza de la tierra y la siembra de trigo en este territorio rebelde.
Los participantes de la Caravana reafirman, “recordamos que la postura de la caravana de observación y solidaridad es y ha sido a favor de la paz, por esa razón exigimos el respeto al derecho a la autonomía y libre autodeterminación zapatista, a sus tierras recuperadas que forman parte de su territorio, así como el respeto y garantía a la integridad, seguridad y la vida de las Bases de Apoyo del E.Z.L.N.”
Ataques a la economía comunitaria
Las mujeres en Moisés Gandhi, región conformada por ocho pueblos, también reclaman que los miembros de la ORCAO fraccionaron y colocaron en venta tierras recuperadas tras el levantamiento zapatista en 1994.
“En la comunidad de San Felipe…fraccionaron terrenos, echaron su alambrado. En la comunidad de Progreso bloquearon la tierra recuperada”, señalan las BAEZLN sobre el despojo violento por parte de miembros armados de la ORCAO.
Aunado a ello, las familias también señalaron la extracción de materiales para la construcción y madera. “Mientras nosotros estamos luchando en la organización y nunca hemos sacado dinero de las tierras recuperadas, (miembros de la ORCAO) tumbaron los ocotales, están talando las maderas. Ahí están con sus balazos, con sus guardias, con sus altos calibres. Ya no podemos ir a la milpa, nos tienen vigilados”, denuncian sobre la presencia de grupos armados.
De acuerdo al Informe de la Caravana de Solidaridad realizada en octubre pasado, “a inicios del 2020 se sumaron a las agresiones los robos de cultivos, destrucción de alambrados y postes, presencia de gente armada y con radios portátiles en la comunidad y montando guardias, amenazas verbales y escritas, intimidaciones y agresiones físicas a BAEZLN, quema y fumigación de sembradíos, robo de las tiendas de las comunidades autónomas, quema de colmenas, destrozos en la Escuela Secundaria Autónoma y detonaciones de armas de fuego”, todas agresiones sucedidas en el ejido de Moisés Gandhi.
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Al mismo tiempo, en la comunidad Nuevo San Gregorio, tierra recuperada con 155 hectáreas en el mismo MAREZ, mediante acciones de intimidación, miembros de la ORCAO impiden el paso a las familias zapatistas hacia los espacios donde realizan trabajos colectivos para fortalecer la economía comunitaria.
“Nosotros queremos trabajar temprano y no podemos realizarlo”, detallan las BAEZLN de Nuevo San Gregorio sobre la imposibilidad de trasladarse a las tierras donde siembran trigo.
Desde Noviembre del 2019, estas tierras se mantuvieron cercadas por el grupo armado de la ORCAO como parte de los hostigamientos que también les ha impedido a las familias el retomar sus trabajos en una cooperativa para la cría de peces, así como el acceso a terrenos para la siembra de hortalizas.
Contrainsurgencia, en aumento
Los ataques a la economía autónoma privan a los pueblos de sus condiciones básicas de vida: agua y alimentos. “El año pasado no pudimos cosechar todo, apenas el 50% se cosechó. De Mayo a Noviembre estamos haciendo un gasto de 80 mil pesos solo para compra de maíz y frijol”, relataron con pesar las familias de Nuevo San Gregorio sobre las acciones de contrainsurgencia, situación que se agrava con la pandemia del Covid-19.
Por ello, durante el último año las BAEZLN resienten la falta de alimentos y la imposibilidad de continuar con trabajos como la siembra para autoconsumo, venta de bordados y de mecapales, así como la elaboración de muebles y carpintería.
Denuncian que “alambraron todo, nuestros animales, nuestros trabajaderos, el agua. Sí, estamos sufriendo mucho”, comparten testimonios de la comunidad de Nuevo San Gregorio, al momento en que muestran los terrenos para la siembra que les fueron despojados violentamente por miembros de la ORCAO.
Los testimonios recabados enfatizan las agresiones acontecidas el 22 de Agosto del 2020, cuando miembros armados de la ORCAO quemaron bodegas de café, el comedor “Compañera Lucha”, además de saquear la tienda colectiva Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, robar el dinero en efectivo y destrozar el lugar.
De acuerdo al informe de la Caravana de Solidaridad, entre los daños de aquel día y agresiones en otros momentos, en total los daños contra las comunidades BAEZLN asciende a casi un millón y medio de pesos mexicanos.
“La tienda era colectiva y nos apoyamos de eso para las comisiones y hasta ahorita no tenemos nada, nos dejaron sin nada. Todo se llevaron, todo el dinero y al compa que estaba vendiendo lo atacaron, lo encerraron y los tuvieron una noche aguantando frío y hambre”,
DENUNCIARON LAS BAEZLN DE LA REGIÓN MOISÉS GANDHI.
Continuar la lucha
“Nosotros no nos rendimos. Para salir adelante empezamos a organizar nuestros trabajos colectivos. Los compañeros jóvenes empezaron con mecapal, aunque no teníamos experiencia, pero así aprendimos. Los compañeros con la carpintería, aunque con un martillo, un serrucho y un cepillo, así estamos saliendo adelante. Nosotras las compañeras empezamos hacer bordados para poder tener un poquito de dinero porque no tenemos nada. Tenemos hijos, piden sus cosas y no tenemos dinero, por eso estamos empezando con eso”, relataron mujeres de las BAEZLN en la comunidad Nuevo San Gregorio.
Además, dicen las Bases de Apoyo del EZLN afirman que mientras se les despoja de estas tierras, inmediatamente el grupo paramilitar las pone a la venta. “Ellos (ORCAO) ya le han dado precio al terreno, que son 100 mil pesos cada hectárea, pero no les vamos a dar gusto para que lo hagan como quieran. Lo vamos a defender, cueste lo que cueste. Nosotros no somos dueños, somos guardianes de la organización. El que es dueño de esta tierra es la organización. El que es dueño de esta tierra son los que dieron su sangre. No solo de nosotros, es de todos”.
El objetivo de la defensa de este territorio liberado, sostiene los campesinos, “es para vivir, no es para hacer negocio. La tierra es para que nos dé de comer, no para hacer negocios. Los árboles son para que nos dé oxígeno, no para hacer negocio. Queremos que les pongan un alto”, exigieron miembros de las BAEZLN de Nuevo San Gregorio durante el recorrido con la Caravana de Solidaridad realizada durante el año 2020.
Según autoridades de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad con sede en Patria Nueva, los miembros de la ORCAO “Ya no son hermanos. Hermanos es cuando te entienden, cuando te escuchan, cuando te siente el dolor, el sufrimiento de los niños, de las mujeres embarazadas”, relatan en los videos de la Caravana Solidaria, pues a pesar de que las BAEZLN han solicitado el diálogo, los miembros de la ORCAO continúan las agresiones armadas.
La gente esta triste pero también con rabia y preocupación. “El coraje y la rabia que tienen mis compañeras, lo tengo también. Hemos dicho: si nos tocan a uno, nos tocan a todos, porque ellos (ORCAO) tienen (tierras) solo para vender, pero nosotros lo estamos cuidando, lo queremos proteger. Porque no solo estamos pensando nada mas por nosotros como pueblos zapatistas, estamos mirando más allá. Nosotros estamos defendiendo la madre tierra porque ahí comemos, ahí vivimos y ahí vamos a seguir resistiendo”, enfatiza una mujer integrante de la JBG del Caracol No. 10 Floreciendo la Semilla Rebelde.
Puedes consultar la serie de videos completos con los testimonios de las familias zapatistas puedes hacerlo ⇒ aquí.
Chiapas: Organizaciones denuncian violencia sistemática y estructural
Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.
Por Sare Frabes
“Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”, denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en Chiapas.
Realizada durante cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
La misión visitó comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas hasta la tortura.
Las comunidades visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.
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Por ello, destacaron “las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.
Sin acceso a la justicia
Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.
En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.
A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.
Hostigamiento a defensores
Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.
“Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.
Hernández compartió también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.
A dicha situación se suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su labor.
Agresiones contra tierras recuperadas
Por su parte, Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.
“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.
“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.
Paramilitares
En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.
El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.
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“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.
