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Encuentro de Mujeres Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno

A 30 años de que las compañeras zapatistas lograron la aprobación de su Ley Revolucionaria de mujeres que les ha permitido llevar a la práctica cotidiana un mundo libre de machismo y de violencia y junto con los compañeros, en la autonomía, participar en la construcción de una vida digna, que es fuente de inspiración para nuestro caminar de lucha en nuestros territorios, los días 5 y 6 de agosto 2023, nos reunimos, en el Primer Encuentro Interno de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, en el edificio recuperado por la Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México y convertido en la “Casa de los Pueblos y comunidades indígenas Samir Flores Soberanes” 181 mujeres delegadas y concejalas del CIG-CNI, 27 niñas y niños de 1 a 12 años, 14 compañeras y 7 compañeros de apoyo.

Participamos de los pueblos afromestizo, afroamexicano, binni zaa, chol, chontal, coca, kora, guarijío, kumiai, maya, mazahua, mazateca, mepha, mestizo, na savi, nahua, nayerí, nuntajiyi, ñhañhu, odame, otomi, purépecha, rarámuri, tojolabal, totonaco, tzotzil, tzeltal, wixárika, yaqui y yoreme de los estados de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Somos las mujeres que luchamos que nos organizamos, que aprendemos a decir NO al maltrato, NO al silencio, NO a la guerra; aprendemos a cuidarnos, a respetarnos entre mujeres, a motivarnos; nos invitamos a participar en la lucha por la defensa del territorio y de la vida toda. Nos nombramos esperanza porque tomamos como responsabilidad asegurar un mañana para las futuras generaciones.

Ofrendamos nuestras energías a los cuatro puntos cósmicos, recordamos nuestra historia como mujeres del CNI y reconocimos el sistema de poder patriarcal capitalista, racista y colonial en los megaproyectos, en las concesiones mineras, en la tala de árboles, en la represión, en la sobreexplotación del agua, en la contaminación, en la persecución. Cuando llegan los militares, los cárteles, las empresas de los megaproyectos como el corredor interoceánico, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos que vienen acompañados de múltiples formas de despojo de ejidos y bienes comunales, destrucción de la vida y los territorios con parques industriales, polos de desarrollo, basureros toxicos y proyectos energéticos como gasoductos; explotación de hidrocarburos a nuestros territorios. Con ello perdemos la paz,  aumenta la violencia contra nosotras, contra nuestras hijas y nuestros hijos, contra las personas de la diversidad sexual y contra nuestros compañeros; nos convierten en objeto sexual, nos faltan al respeto, nos secuestran, nos venden, nos violan, nos golpean, nos matan. A las defensoras de la madre naturaleza y de los derechos de nuestros pueblos que nos enfrentamos a estos megaproyectos, nos criminalizan, nos hostigan, nos desprestigian, nos calumnian, nos encarcelan, nos torturan, nos asesinan.

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Grieta.org.mx

Foro nacional “Del horror de la guerra a la resistencia por la vida”

Por Colectivo Grieta

Ciudad de México, 2 de agosto de 2023.- Convocadas por la Coordinación Nacional “Alto ala guerra contra los pueblos zapatistas”, más de cien de personas acudieron al Foro Nacional “Del horror a la guerra a la resistencia por la vida”, en el que se denunciaron diversas agresiones que han sufrido las comunidades indígenas zapatistas por parte los tres niveles de gobierno. Reunidos en el Centro de Derechos Humanos Pro Juarez, en Serapio Rendón #57, en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México escucharon testimonios y reflexiones desde el México de abajo.

El foro estuvo organizado en cuatro mesas que abordaron los temas de Violencia (mesa 1), Justicia (mesa 2), Paz (mesa 3) y Arte (Mesa 4). En ellas participaron concejales del Concejo Indígena de Gobierno, delegados del Congreso Nacional Indígena, defensores de derechos humanos, profesoras, buscadoras de desaparecidos, y artistas que practican diferentes artes.

En la primera mesa, con el tema de “Violencia” Jesús Plácido del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata habló sobre la lucha de las comunidades Ñuu Savi por la construcción de la autonomía en la región de la Montaña en Guerrero y explicó la forma en la que los grupos del crimen organizado, coludidos con los tres diferentes niveles de gobierno y con la protección por parte del ejército, agreden las comunidades mediante desapariciones, asesinatos y ataques con drones. Pero inisistió en que no van a dejar de construir autonomía. Gilberto López y Rivas del colectivo “Llegó la hora de los pueblos” denunció la estrategia de guerra irregular del gobierno federal mediante grupos paramilitares por parte del ejército mexicano contra las comunidades zapatistas de Chiapas y la continuidad de esas agresiones desde 1999 hasta la fecha, mientras el actual ejecutivo federal insiste en una defensa a ultranza del ejército represor. En su oportunidad, Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de las Casas documentó el proceso de violencia reciente contra las comunidades zapatistas en Chiapas y como la violencia en este caso está marcada por el racismo y la desigualdad estructural y a partir del gobierno de la 4T está asociada al saqueo de recursos naturales y a los objetivos capitalistas del desarrollo industrial. Por último Volga de Pina del Observatorio sobre desaparición e impunidad comentó sobre las continuidades y discontinuidades en la violencia contra los pueblos así como en la resistencia de lo mismos.

En la segunda mesa, con el tema de “Justicia”, la compañera Myrna Valencia, concejala del CIG por el pueblo Mayo-Yoreme habló de cómo los pueblos indígenas de México han vivido en la pelea por justicia y en defena de sus tierras y de cómo esa historia ha persistido a través la narración oral. Posteriormente Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y parte de la Comisión Jurídica del CNI, reflexionó sobre las formas de resistir y luchar por la justicia durante la IV Guerra mundial, en la que el capital busca conquistar los territorios de los pueblos, especialmente en la escalada del despojo violento por parte de la política de la llamada Cuarta transformación. María Herrera, de la Brigada Nacional de Búsqueda de desaparecidos habló de cómo frente la injusticia por parte del Estado es necesaria la unión y la organización como sociedad para poder vivir en paz, pues de otro modo desde del Estado solo llega injusticia, que intenta esconderse tras las migajas de los programas sociales. Finalmente, Giovanna Gasparello, del INAH, hizo un comentario sobre las intervenciones y el hecho de que el despojo y los ataques contra el territorio, si bien se originaron hace mucho, en la actualidad, presentan una forma brutal en la acción coordinada del Estado y el crimen organizado; de ahí que el Estado ha dejado de ser un espacio para buscar justicia.

En la tercera mesa cuyo tema era “Paz”, Carlos González, del Congreso Nacional Indígena, reflexionó sobre cómo lamentablemente no podemos pensar la paz sin hablar sobre la guerra que recorre nuestro país además de apuntar cómo hay un nuevo tipo de mezcla entre organizaciones paramilitares y cárteles de crimen organizado que se está generalizando en nuestro territorio; Araceli Osorio, madre de Lesby, afirmó lo importante que era hablar sobre la paz que queremos y no tenemos, porque solo a partir de imaginarla y discutirla podremos empezar a construirla; Dolores González de SERAPAZ, reflexionó sobre lo específico del momento de acumulación del capital y del muy particular lugar que ocupa México en la geopolítica global, así como el fenómeno actual de la economía criminal.

Durante la cuarta mesa, dedicada al “Arte” como una otra forma de resistencia y lucha, una otra mirada y experiencia sobre lo que acontece, Hugo Molina bailarín, presentó una coreografía inspirada en el texto En (auto)defensa de las jirafas; la compañera Libertad Hernández, nos presentó una coreografía de Argelia Guerrero sobre la pieza “La ‘Esperanza’ es zapatista” con música de Víctor Jara; Arturo Torres cantó canciones rebeldes con su guitarra y armónica; Jesús Peredo platicó y cantó corridos revolucionarios; y el grupo La revuelta de las Semillas nos invitó a bailar con sus ritmos fusión.

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Avispa Midia

En una semana se agota tiempo para que Justicia Federal atraiga el caso de Samir Flores

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familiares, organizaciones y abogados informaron que a cuatro años del asesinato de Samir Flores Soberanes, la Fiscalía de Morelos sigue operando de manera omisa para resolver el caso.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTA-MPT) lanzó una petición en la cual exige que el caso del asesinato del indígena nahua, Samir Flores Soberanes, sea atraído por la justicia federal. Exige que la Fiscalía Especial en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) investigue el caso.

El 20 de febrero del 2019, Samir Flores, defensor del territorio y comunicador comunitario de la radio comunitaria Amiltizinko, fue asesinado en la puerta de su casa, en la comunidad de Amilcingo, Morelos, México. Samir tenía 7 años luchando junto a su comunidad y el Frente de Pueblos contra el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos. Después de 4 años y 6 meses, su asesinato sigue impune.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos que, durante estos años, “no ha investigado con seriedad las diferentes líneas de investigación, principalmente las relacionadas con sus actividades como defensor del territorio y comunicador comunitario, tratando de minimizar su asesinato a una acción aislada de la delincuencia organizada”, señala el Frente de Pueblos.

Sostiene además que la Fiscalía Estatal ha generado una “dinámica de obstrucción de la justicia,anunciado como avances en el acceso a la justicia la detención de una persona que ya estaba detenida desde hacía un año atrás sin tener los suficientes sustentos jurídicos para sostener su acusación, ha construido una explicación de los hechos concentrándose sólo en los autores materiales más no los intelectuales,desligando la relación entre el asesinato de Samir y el evidente contexto de conflicto social en el que se desarrolló”.

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El 30 de marzo de 2023, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera señaló qué el caso de Samir sería atraído por la Fiscalía General de la República, sin embargo esto no ha acontecido.

La Feadle ya ha determinado la facultad de atracción del caso de Samir Flores por su calidad de comunicador indígena. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Morelos se ha negado a que el caso sea atraído por la Federación y esto llevó a la Feadle a solicitar una audiencia, en la que un juez de control federal decidirá conocer o no el caso atraído por la Feadle.

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Desde el 4 de julio se está esperando que se designe al juez de control federal y la fecha para que se lleve a cabo la audiencia. Sin embargo, esto no ha sucedido. De no ocurrir en próximos días, el 11 de agosto del 2023 se celebrará audiencia por parte del Poder Judicial del estado de Morelos para iniciar el juicio contra el presunto homicida, “lo que complica las condiciones jurídicas en que pueda investigarse y llegar a la verdad sobre los verdaderos homicidas”, advierte el Frente de Pueblos.

Es por ello que “estamos solicitando que se realice la audiencia en la prontitud posible y que se resuelva el proceso de atracción por parte de la justicia federal del caso del comunicador indígena y defensor del territorio Samir Flores”.

 

 

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Avispa Midia

México paga los efectos del fin de la política del Título 42 de los Estados Unidos

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: En primer bimestre de 2023 aumentó 54.6% llegada de migrantes a México. Foto: Christian Torres.

Mujeres, niños, familias enteras entran diariamente por la frontera entre México y Guatemala. Como un enjambre, se concentran en los puestos del Instituto Nacional de Migración (INM) a la espera de un permiso para solicitar asilo y poder llegar a la frontera con Estados Unidos (EEUU). Aunque el documento no necesariamente les facilita la circulación por territorio mexicano, ya se comienza a notar la concentración de migrantes en el transcurso de las carreteras y en las principales ciudades del país.

Sofocado, con mareos y náuseas, un migrante se doblega a merced de la sombra de un árbol en la carretera 190, que conecta al Istmo de Tehuantepec con la ciudad de Oaxaca. Un golpe de calor debilita a Fabián Gómez, un joven de 28 años que lleva casi mes y medio viajando desde Barranquilla, Colombia, junto a otros tres jóvenes que cruzaron la selva del Darién hasta llegar a Tapachula donde solicitaron el permiso que emite el Instituto Nacional de Migración (INM), pero no lograron. Así que decidieron avanzar hacia ciudad de México para solicitarlo, pero al avanzar aproximadamente 100 kilómetros en un transporte público, los regresaron nuevamente hasta Tapachula.

Al igual que el resto de migrantes, decidieron continuar nuevamente por trechos, en moto taxis, en taxis colectivos, pero principalmente caminando. Gómez ya llevaba dos días caminando por la ruta 190 esperanzado a encontrar una población con atención médica, pero se desvaneció. Así que su hermana de 22 años, que viaja con él y otros dos amigos suyos, se alertaron y decidieron pedir ayuda a los vehículos que por ahí cruzaban, pero sin respuesta alguna. Al final alguien los acercó al poblado más próximo.

Gómez ha corrido con suerte esta vez, pero su historia se repite cientos de veces por estas rutas.  El 9 de julio, en el kilómetro 33 de la carretera Panamericana, nueve personas originarias de Burkina Faso y Guinea, quienes tampoco obtuvieron el permiso, circulaban en dos mototaxis y fueron embestidos por una camioneta.

Personal de Grupos Beta Ixtepec llegaron al sitio de accidente, quienes brindaron atención a los heridos y posteriormente fueron trasladados a un hospital, en coordinación con la Guardia Nacional, fiscalía y policía municipal. Tras estos acontecimientos el INM en su comunicado 59/23, anunció que se les emitiría la tarjeta de visitante por razones humanitarias a este grupo de personas heridas.

Como ellos, cientos de personas avanzan sin saber a ciencia cierta cuál es su destino final; se han enfrentado a estafadores, asaltantes, a las olas de calor, a la trata y trabajo esclavo, y a los riesgos de viajar en aventón en camiones que deciden echarles una mano.

Los efectos del fin del Título 42

En marzo pasado, EEUU dio fin al llamado Título 42 que, entre otras implicaciones, impide el derecho de solicitar asilo y fue reemplazada por el Título 8, que autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos cinco años con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos.

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Posterior a la finalización de la política del Título 42, se registró un menor ingreso de migrantes a EEUU, no obstante, en México se formó un efecto de cuello de botella reteniendo, sin capacidad de atención humanitaria, a miles de migrantes. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, anunció que sólo durante el mes de junio detuvieron a 58 mil 97 personas migrantes, las cuales fueron deportadas. Desde el primer mes del fin del Título 42 el aumento fue del 45 por ciento.

El 32 por ciento de las personas detenidas en el mes de junio provienen de Venezuela, seguida de ciudadanos de Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kirguistán y Uzbekistán de donde aumentó más del doble su flujo, mientras que Nicaragua aumentó más del triple, según el Boletín mensual de estadísticas migratorias presentadas por el INM.

Asilo a 1,250 personas

Bajo presión de distintas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de EEUU anunció que aceptará peticiones de asilo sólo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense.

El anuncio ha provocado una desesperación de los migrantes que aún se encuentran en el sur de México y se apresuran para llegar a la frontera norte.

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El anuncio es fruto de un acuerdo con el gobierno mexicano y EEUU, indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Aunque la única vía para solicitar el asilo en EEUU es a través de una aplicación móvil llamada “CBP One”, que aparte de que sólo permite acceso a quienes acrediten que ya están en México, la aplicación solo ofrece 1,250 citas diarias, un anuncio que está agudizando un mayor flujo de migrantes por México.

Tras el nuevo convenio migratorio, el gobierno de México, aseguró Sullivan, va crear un “espacio internacional multipropósito” en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en territorio mexicano, pero no detalla de que se trata este espacio.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pueblo Creyente de San Juan Cancuc exige la libertad de sus compañeros

San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 03 de agosto de 2023

Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA  HIJOS DE DIOS

DENUNCIA PUBLICA

a los 14 meses de detención, encarcelamiento y condena de 15 años de cárcel, el dia  01 de agosto de 2023 se llevaría a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar la cual se canceló porque alguno de los magistrados no estaba presente.

Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la fiscalía y la jueza Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados: por ejemplo la contradicción de los testigos acusatorios, la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano, y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.

Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.

Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos.

Exigimos a los magistrados la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la conclusión con los jueces.

Pueblo Creyente de San Juan Cancuc

Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Carta de los defensores de San Juan Cancuc injustamente presos en el CERSS No. 5

1 de agosto del 2023

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Al publico en general

A los medios de comunicación

Al grupo de trabajo sobre la defensa arbitraria

Al pueblo creyente

Somos los presos de San Juan Cancuc estamos detenidos injustamente 15 meses preso estamos sentenciados 25 años de prisión injustamente estamos detenidos injustamente:

Por la guardia nacional, ejercito mexicano, y la fabrico el delito de portación de droga y después el homicidio calificado aquí seguimos resistiendo la injusticia y vamos a seguir luchando la libertad.

A la diosis de San Cristóbal

A los derechos humanos

Pueblos creyentes – caritas

y nuestros familiares,

Que no nos dejan solo que siguen luchando por nosotros

Por todo exigimos nuestra inmediata libertad

Respetuosamente

Agustín Pérez Domínguez

Agustín Pérez Velásquez

Juan Velasco Aguilar

Martín Pérez Domínguez

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 17

Denunciamos ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos

  • Presentamos ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias los casos de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN y los 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que posicionamos dos casos que ejemplifican que en Chiapas existe un patrón de fabricación de culpables para criminalizar a defensores de derechos humanos de pueblos originarios.

El primero de ellos es el de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien permanece Privado Arbitrariamente de la Libertad (PAL) desde diciembre de 2020. Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente.

De acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén (JBG Nueva Jerusalén), la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista. A más de dos años y medio de su detención es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años.

El segundo caso presentado son las detenciones de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio. Los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio que no cometieron. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización.

La documentación del Frayba confirma el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas entre cuyas características se encuentra: participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL), detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN), un Poder Judicial cómplice sin acción judicial en su conjunto son detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.

Para el Frayba, la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia  intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.

Llamamos la atención hacia el Estado mexicano a través de la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU, con el objetivo de censen las patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que se han resarcidos los derechos humanos bajo los ms altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta.

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Avispa Midia

Un régimen policializado contra la protesta popular en Lima

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En portada: Participantes de las manifestaciones en la denominada “Toma de Lima”. Fotos de Lucha

Las protestas contra la dictadura de Dina Boluarte se reactivaron en la mayoría de regiones del Perú. En la capital, donde las jornadas de la denominada toma de Lima fueron masivas, se desplegaron 8,000 policías. En el resto del país se movilizan más de 21,000 agentes armados.

En vísperas de las fiestas patrias, se registraron manifestaciones en 59 provincias y bloqueos de vías en 64, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Hasta el 29 de julio, las marchas en el Centro de Lima dejaron decenas de heridos y detenidos. Las detenciones con formas de secuestros, por parte de policías sin uniforme y en vehículos particulares, se han normalizado. Cuatro periodistas recibieron disparos de perdigones y otros dos comunicadores fueron intervenidos.

Crédito: Fotos de Lucha

Durante el discurso a la nación de Boluarte, el 28 de julio, las movilizaciones en los alrededores de las sedes del Ejecutivo y el Congreso fueron reprimidas. “Estamos planteando el cambio de Constitución, es lo fundamental. Hay poderes detrás de esta dictadura, no solamente es la oligarquía nacional, está Estados Unidos, por eso es que el Ejecutivo y Legislativo permiten la presencia de soldados norteamericanos”, declaró un manifestante de Puno.

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Un activista de Lima norte señaló el vínculo de la “dictadura pactada entre el Congreso y la presidencia” con el poder económico de las actividades extractivas: “No queremos ser un país extractor. Se quiere entregar nuestros recursos a los países que financian a Keiko Fujimori y los políticos que entregan el país”.

Desde un gobierno de facto policializado, el terrorismo de Estado apunta a intimidar las protestas en Lima bajo la amenaza de cárcel. Es el mensaje implícito en el caso del joven brigadista Óscar Bellido, detenido durante cinco días en condiciones contra sus derechos fundamentales, sindicado sin pruebas de escribir “Dina asesina” en una pared, para quien la fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva y una posible pena de hasta ocho años de cárcel. El estudiante fue liberado por el Poder Judicial.

Distinta es la represalia contra Vladimir Molina, también brigadista, a quien lo registraron cuando lanzó una bengala a los policías. La Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva contra él. De esta manera, el régimen criminaliza tanto la protesta pacífica como acciones a las que, en otras circunstancias, se aplican medidas menos severas.

Las delegaciones de todas las localidades peruanas, principalmente del sur andino, continúan llegando a la ciudad bastión de la dictadura cívico-militar-empresarial que es responsable del asesinato de 50 personas. La Policía hostiga a las comitivas durante los trayectos y en los locales de acogida. La fuerza contra las comitivas quechuas y aymaras se ejecutó, como en meses pasados, con mayor violencia. La imagen de mujeres indígenas empujadas y arrojadas al suelo por policías en el Centro de Lima grafican la represión racializada.

Discursos y prácticas de intimidación

Las demandas del pueblo movilizado son la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y el cambio de Constitución. La liberación y restitución de Pedro Castillo en la presidencia es una consigna firme en las provincias andinas y amazónicas, pero desestimada por la organización regional más representativa del sur peruano.

Crédito: Fotos de Lucha

“Es una agenda nacional, pedimos de inmediato las elecciones generales, también una consulta popular para hacer una asamblea constituyente mediante un referéndum, para una nueva Constitución, no pedimos la restitución de Pedro Castillo desde la Macrosur”, señaló a este medio un dirigente por Cusco de la Macrorregión Sur, que reúne a siete regiones del país.

Un régimen autoritario, con niveles de rechazo de más del 80%, desconoce la voz del 80% de la población que respalda el adelanto de elecciones y un 70% que está a favor de una asamblea constituyente, reclamos que aún estigmatizan y que reprimieron con violencia letal en diciembre y enero últimos.

“Cusco tiene gas de Camisea, oro, cobre, plata, y no se beneficia con nada, todavía la población sigue siendo pobre y hay extrema pobreza, por eso estamos en lucha. La situación económica y alimentaria están en crisis”, añadió el representante cusqueño. Un ciudadano de Puno subrayó la posición de los pueblos ante el modelo económico que expropia recursos y territorios: “El litio de Puno tiene que salir transformado, no solo extraerlo. Es considerado como soberanía de los pueblos originarios, quechuas, aymaras y amazónicos. Queremos que todos los minerales e hidrocarburos sean declarados patrimonio soberano de los pueblos”.

La dictadura insiste en acusar terrorismo detrás de la legítima protesta popular. Desde Boluarte a la cúpula policial y militar, la criminalización es el único discurso, a pesar de ser expuestos en sus mentiras. Las comunidades andinas y amazónicas fueron, precisamente, las que contuvieron a Sendero Luminoso y las que más sufrieron la represión contrainsurgente. En Puno, epicentro de la oposición, la organización subversiva nunca ganó terreno durante los años de la guerra interna.

Allí las manifestaciones se retomaron con medidas de fuerza: el puente de Ilave, en la frontera con Bolivia, fue bloqueado por días. En la región Huancavelica, en el sur andino, hubo enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.

En su discurso a la nación, Boluarte mintió al incluir entre las víctimas del estallido detonado por su gobierno ilegítimo al policía asesinado en Juliaca (región Puno) por sus compañeros, quienes quemaron el cadáver al interior de un patrullero y atribuyeron el crimen a manifestantes. También contó a los siete policías asesinados por narcotraficantes en venganza por robos de mercadería, en zona de emergencia.

Además de los bonos a policías y presupuestos privilegiados para el Ministerio del Interior (Mininter), otra señal del poder de la institución dentro del régimen es la propuesta del Ejecutivo de la creación de la Policía del orden y seguridad, que constaría de efectivos con un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armados, para “prevención y cuidado de las calles, en la ciudad y las zonas rurales, como las comunidades nativas”, de acuerdo al Mininter.

En el papel, una  nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP); en la práctica, se apunta a una suerte de escuadrón armado paralelo, pues el Estado y los mandos policiales no tendrían responsabilidad penal por su accionar. El Congreso, a la cabeza del gobierno de facto en alianza con el Ejecutivo, tiene un plazo de 120 días para aprobar la propuesta. Todo indica que la iniciativa pasará y que el próximo año, con una breve instrucción y armas, serán cientos los nuevos agentes que actuarán sin una cadena de mando que obedezca a la PNP y el Mininter. Desde las organizaciones sociales se prevé que el cuerpo policial será militarizado y usado con fines políticos, para intimidar y perseguir a las poblaciones estigmatizadas, tanto en protestas como en cualquier escenario.

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Avispa Midia

Exigen suspensión de obras de Tren Maya tras sentencia de Tribunal Internacional

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Aldo Santiago

El tren maya, proyecto estrella del gobierno federal, viola los derechos de la naturaleza y de comunidades mayas en el sur de México, concretando un ecocidio y etnocidio del cual es responsable el Estado mexicano.

Esta es la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, quien urgió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la suspensión inmediata de las obras del tren para detener la devastación ambiental y la violación de derechos de las comunidades indígenas.

El veredicto, difundido el pasado miércoles (26), destaca el papel de los pueblos mayas, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. En contraste, “las obras del tren, algunas ejecutadas por el Ejército mexicano, lesionan derechos al agua, a la salud integral y a estar libres de contaminación”, remarca el veredicto.

La sentencia exige el cese al despojo de tierras ejidales, así como “terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación contra las personas defensoras de la naturaleza”. El Tribunal también urgió al gobierno tomar medidas para la desmilitarización de todos los territorios indígenas donde se construye el proyecto.

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La sentencia del Tribunal es resultado de la audiencia realizada en Valladolid, Yucatán, entre el 9 y 12 de marzo de este año, mediante la cual se vertieron testimonios y evidencias científicas que consideran “de modo irrefutable” las afectaciones contra la naturaleza y comunidades derivadas de las obras del tren.

El veredicto está firmado por 23 jueces honorarios de varios países del mundo. Entre los integrantes del Tribunal se encuentran juristas, economistas y ambientalistas internacionales, quienes concluyeron que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.

Razones

En el informe presentado para sustentar el veredicto, el Tribunal asevera que las obras de construcción del tren resultaron en la tala de miles de hectáreas de selva, además de que ambientalistas alertaron por daños a la biodiversidad de la región.

Entre otras consecuencias negativas resaltan la contaminación de acuíferos, la extinción de flora y fauna, así como la destrucción de cenotes.

En torno a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denunció la falta de consulta para que el tren atraviese sus territorios, aunado a la militarización de la región para supervisar el proyecto.

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Desde el inicio de las obras, diversas organizaciones ambientalistas promovieron amparos contra el proyecto, el cual modificó distintas veces su trazado original, sin que se hayan presentado ni comprobado el cumplimiento de estudios de impacto ambiental.

Ante los amparos, AMLO declaró el tren, así como otros proyectos en el sureste mexicano, como de seguridad nacional, con lo cual ocultó información de las obras y bloqueó investigaciones sobre irregularidades. Además, emitió un decreto para acelerar los trámites y permisos que debía conceder la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El proyecto contempla 1,554 kilómetros de vía para el recorrido de un tren de carga, turístico y de pasajeros. El tren pretende atravesar los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Al cierre del primer trimestre del 2023, presentaba un avance de 58%, con un costo hasta ahora de 359 mil 863 millones de pesos, 130% más del monto estimado en 2020.

Denuncias

Russell Pebá Ocampo, integrante de la Asamblea de Defensores Maya Múuch’ Xíinbal, denunció la realización de una “falsa consulta”, e indicó que se violentaron leyes al no presentar estudios de impacto ambiental a las comunidades mayas, previo al inicio de las obras.

“Este proyecto no es solamente un tren y mucho menos, como dije al principio, es maya. Para nosotros, este megaproyecto es un tren militar”, acusó el integrante de la Asamblea. “Nosotros los pueblos vamos a tener absolutamente ningún beneficio de este megaproyecto”, enfatizó.

Raúl Vera, ex obispo de Saltillo e integrante del Tribunal, señaló que la negativa de presentar el Plan Maestro del proyecto obedece a que las autoridades “están escondiendo la destrucción directa contra la naturaleza y atentan contra el pueblo que protege la naturaleza”.

El presidente López Obrador se ha negado de manera reiterada a admitir que el Tren Maya provoque daños ecológicos, y a los expertos que critican la obra los ha acusado de “ingenuos” y de estar manipulados por “intereses conservadores”, aunque nunca ha especificado a qué se refiere con esa formulación, señaló el sacerdote.

A su vez, Pedro Regalado Uc Be, también integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, celebró la sentencia. “Hoy sentimos una pequeña luz en nuestro corazón, una luz de esperanza con este veredicto”, expresó.

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es una institución creada para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales alrededor del mundo.

Como parte del veredicto, el Tribunal solicitó al Estado mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra. También instruye “reparar y restaurar integralmente” todos los ecosistemas afectados por la ejecución del proyecto y sus instalaciones colaterales, así como “todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios”.

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FUNDAR.org.mx

Organizaciones respaldan informe del GIEI y se solidarizan con las madres y padres de los 43

https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2023/07/Posicionamiento_organizaciones_resplado_GIEI-y-familias-43_270723.pdf

México, 27 de julio de 2023.- El pasado martes 25 de julio se presentó el Sexto y último Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa: Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes. Ante ello, refrendamos nuestra solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y reconocemos los ya casi nueve años de lucha para conocer el paradero de sus hijos.

El informe es una recopilación de todo lo que se ha podido conocer del caso y contiene recomendaciones precisas de lo que tendría que hacer el gobierno si quiere continuar con su compromiso de esclarecerlo.

Resalta, en ese sentido, que el GIEI reconoce la existencia de información generada por las instituciones del Estado, particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, la cual contiene datos clave sobre el paradero de los estudiantes y que no fue entregada ni a este grupo de expertos independientes, ni a las autoridades federales que investigan el caso.

Con este informe concluye el mandato del Grupo, creado en seguimiento a la medida cautelar 409/2014 de la COmisión Interamericana de Derechos Humanos, como un grupo de apoyo técnico independiente para el esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que, a pesar de toda la fuerza institucional puesta para su esclarecimiento, continúa en la impunidad. Ante la conclusión del mandato del GIEI y sus últimos hallazgos, las organizaciones firmantes comunicamos lo siguiente;

1. Expresamos nuestra solidaridad y reconocimiento a las madres y a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Su impulos, tenacidad y digna lucha han sido las que, junto con las organizaciones acompañantes y el GIEI, han logrado que el aparato institucional de impunidad para la desparición en este país se movilice. Su lucha, que acompaña a la de cientos de miles de víctimas de desaparición en México, ha enviado un contundente mensaje de nunca más, que el Estado ha elegido desoir.

2. Respaldamos los hallazgos presentados en este último informe y lamentamos que el GIEI deba salir del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación. Dichos hallazgos muestran cómo ha habido un ocultamiento sistemático de la información que explica el papel de todas las corporaciones de seguridad -más allá de las municipales- en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La opacidad y manipulación de información sobre la implicación del Ejército y la MArina hacen inviable la colaboración con el Estado Mexicano para el esclarecimiento del caso. Eston no sólo desestima el trabajo del GIEI y las organizaciones acompañantes, sino que además muestra que la Comisión Presidencial para la Verdad y e Acceso a la Justicia (COVAJ), creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, no ha logrado que las Fuerzas Armadas colaboren para el acceso a la verdad y la justicia. Por lo que, a todas luces, la voluntad política de las instituciones civies se queda corta frente al poder castrense del Estado Mexicano.

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