justicia
El Poder Judicial ensañado contra el Pueblo Mapuche
Fuente: Avispa Midia
Los jueces hicieron coincidir las audiencias de las causas contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Winkul Mapu, a las que acusan por “usurpación” en Cuesta del Ternero y Villa Mascardi. Los juicios llegan tras años de persecución y los asesinatos de Rafael Nahuel y Elías Garay. Desde el inicio de este año, otras tres comunidades fueron condenadas o judicializadas bajo la misma acusación para desconocer el derecho sobre sus territorios.
Por Mariángeles Guerrero y Roxana Sposaro
Cobertura colaborativa conjunta de Tierra Viva e Infoterritorial
Una serie de procesos judiciales avanzan contra el Pueblo Mapuche en Río Negro, en Argentina. Esta semana se inició con las audiencias del juicio oral por supuesta usurpación de tierras contra la Lof Quemquemtrew, que cerró su etapa de alegatos este jueves y espera sentencia para el miércoles 2 de octubre. Este jueves también comenzaron las audiencias contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, llevados al banquillo con otra acusación de usurpación, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes. Ambas causas fueron iniciadas tras la recuperación de tierras por parte de las comunidades y en ambos casos lamentaron homicidios: Elías Garay, en 2021 (a manos del empleado de un empresario forestal en Cuesta del Ternero), y Rafael Nahuel, en 2017, a manos de la Prefectura Naval en Villa Mascardi.
(Continuar leyendo…)Hijas de desaparecidos políticos reclaman que Claudia Sheinbaum reconozca el Informe Fue el Estado y de continuidad a la búsqueda de Verdad, Justicia, No Repetición y Reparación Integral a la víctimas
México, a 2 de octubre de 2024.
A quien corresponda:
Nosotras, como hijas de personas desaparecidas y ejecutadas durante la época contrainsurgente en México, hemos participado activamente de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEH). Desde la primavera del 2022, cuando iniciaron las reuniones con comunidades de víctimas, las entonces cinco personas comisionadas anunciaron que investigarían diversas violencias perpetradas por agentes estatales, civiles y militares, en contra de militantes de organizaciones políticas armadas, de movimientos estudiantiles, movilizaciones sindicales, comunidades campesinas y afromexicanas, disidencias político-partidistas, movimientos urbano-populares, periodistas, comunidades LGBT+, personas criminalizadas y marginalizadas, víctimas de la lucha contra el narcotráfico, disidencias religiosas, personas refugiadas guatemaltecas, y personas y grupos que se opusieron a proyectos extractivistas.
Interesadas y comprometidas con el esclarecimiento histórico del período contrainsurgente, en agosto de este año recibimos la colección Fue el Estado,realizado por los equipos de investigación de los comisionados Abel Barrera, Carlos Pérez y David Fernández y de manera reciente conocimos del informe Verdades Innegables, por un México sin impunidad, de la comisionada Eugenia Allier. Verdades Innegables es el único texto proveniente del MEH que se integró al Informe 2024, un resumen que informa de los resultados de los cinco instrumentos (esclarecimiento histórico, búsqueda, justicia, memoria y atención a víctimas) de la COVEH.
Creemos un desacierto rechazar la colección Fue el Estado, de los comisionados Barrera, Pérez y Fernández, desconociendo con ello la mayoría de las comunidades violentadas por el Estado en el pasado reciente, debido a la imposición, desde la Secretaría de Gobernación, de una clasificación de víctimas “políticas” y a una supuesta infracción del mandato. La imposición de una categoría de víctima políticas desconoce las luchas y movilizaciones por la transformación del país que también fueron violentamente reprimidas, como comunidades indígenas, campesinas, obreras, de la diversidad sexual, y miles de comunidades sobre las que la violencia de Estado cayó para controlar y aniquilar cualquier atisbo de insurgencia y resistencia ante el poder autoritario. Desconocer esas luchas y vioencias, significa también borrar, una vez más desde el poder, la diversidad de las memorias.
Apelamos a que la Secretaría de Gobernación reconozca de manera integral los trabajos del MEH y que sea la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales y tribunales quienes determinen la calidad de víctimas y de posibles responsables en las listas integradas a partir de las investigaciones testimoniales y documentales. Exhortamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum a que retome y dé continuidad a este proceso para concretar los derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral para toda víctima de las violaciones graves de derechos humanos del pasado y del presente.
Hoy honramos el recuerdo de nuestras madres y padres pensándoles como personas que lucharon organizadas con y para otras comunidades agraviadas. Y honrar ese recuerdo supone no permitir que se borren o desconozcan a otras personas o comunidades violentadas.
Agradecemos siempre la atención y la consideración. Jamás solos ni solas.
Alejandra Cartagena López, abogada feminista, hija de David Jiménez Sarmiento, ejecutado el 11 de agosto de 1976 y Leticia Galarza Campos, desaparecida el 5 de enero de 1978.
Irma Pineda Santiago, poeta y docente, hija de Victor Pineda Henestrosa, desaparecido el 11 de julio de 1978.
Marakorea Navarro Fierro, periodista, hija de Jorge Varela y Olga Navarro Fierro, desaparecidos el 8 de noviembre de 1977.
Alicia de los Rios Merino, historiadora, hija de Enrique Pérez Mora,, ejecutado el 16 de junio de 1976 y Alicia de los Rios Merino, desaparecida el 5 de enero de 1978.