Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”. Es también el testimonio de cómo el gobierno desarticuló el área encargada de investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas
El viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gertz Manero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, a su oficina.
–Omar –cuenta Gómez Trejo que le dijo el fiscal–, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes.
El abogado de 43 años, barba canosa y brazos tatuados, especializado en temas de derechos humanos, llevaba tres años al frente de la más extensa, compleja y ardua investigación judicial de la historia reciente mexicana: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Gómez Trejo no lo sabía, pero a ese desayuno también asistirían el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar, y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa, y provocarían su salida del país.
Ajeno a lo que se desataría, ese viernes de verano, en el piso 25 del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Trejo le dijo a su jefe que sí, que manos a la obra.
Años de terror
Alrededor de las 17:30 horas del 26 de septiembre de 2014, dos autobuses con estudiantes salieron de Ayotzinapa. Llevaban días intentando conseguir camiones para organizar una caravana con alumnos de las normales rurales del país que viajarían desde Ayotzinapa a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.
Entre las 19:30 y las 20:00 horas, los dos autobuses se separaron; uno se quedó en el cruce de Huitzuco, un lugar conocido como Rancho del Cura, y el otro se dirigió a la caseta de cobro de Iguala. Los estudiantes no sabían que habían sido infiltrados e identificados, y que eran monitoreados por elementos de inteligencia militar. Tampoco tenían cómo saberlo, pero los comandantes de los dos batallones del Ejército en Iguala, el 27 y el 41, y muchos de sus subordinados, formaban parte de una empresa ilegal conocida como Guerreros Unidos, que traficaba heroína desde las montañas de Guerrero hasta los barrios de Chicago.
Los normalistas tomaron tres camiones más y salieron hacia la carretera por dos rutas distintas. Policías de Iguala los persiguieron y atacaron a balazos, parando los cinco autobuses en dos lugares distintos. Llegaron policías de Huitzuco y Cocula, policías estatales y ministeriales, policías federales y soldados en diferentes momentos para apoyar u observar. Ninguno intervino en favor de los estudiantes. Los policías sometieron y se llevaron a los normalistas de dos de los cinco camiones.
En portada: Funcionarios del gobierno estatal junto a representantes del sector privado y el embajador de EEUU en el anuncio de la “Iniciativa Oaxaca”
Acompañados del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, el pasado miércoles (20), se firmó la llamada “Iniciativa Oaxaca” entre el gobernador de esta entidad, Salomón Jara, y el Consejo Coordinador Empresarial, máximo órgano de representación del sector privado en México, representado por 14 organizaciones líderes.
“Ellos están aquí porque ven grandes oportunidades en Oaxaca”, destacó Jara haciendo alusión a los llamados “proyectos estratégicos” del gobierno federal, entre ellos el Corredor Interoceánico, establecido en el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz.
En la presentación de esta iniciativa, se señaló que uno de los principales objetivos es fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte, permitiendo aprovechar más ampliamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Resaltaron que el Corredor Interoceánico será un centro logístico que, hasta el momento, conecta con 50 mercados a través de 15 acuerdos comerciales internacionales con EEUU, Asia y Europa.
Ken Salazar, embajador de los EEUU en México
El gobernador oaxaqueño hizo énfasis en que su gobierno es un aliado de los inversionistas y que serán respaldados por la gobernabilidad, la seguridad y la paz que se ofrece en su mandato en Oaxaca. “El proyecto que hoy firmamos es una muestra más de que vamos por la ruta correcta, el desarrollo, la justicia y el bienestar que espera y merece el estado de Oaxaca”, dijo Jara, quien presentó al embajador como un testigo de honor de este acuerdo.
Salazar por su parte anunció que el sur-sureste de México es una prioridad para ellos, por tanto “desde la Embajada de los Estados Unidos hemos impulsado esta agenda con socios del sector privado, principalmente de la American Chamber of Commerce (AmCham), así como con las autoridades mexicanas”, puntualizó, recordando que el año pasado (2022), en la Casa Blanca, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador destacaron que las inversiones en puertos, aeropuertos y el Interoceánico potencializarán las economías de ambos países.
Continuidad
En septiembre del 2022, el embajador de EEUU, junto a empresas como Visa, Amazon, Facebook, AT&T, META, Google, Mercado Libre, FEMSA y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, realizaron el sexto encuentro de gobernadores del sur-sureste de México, puntualizando que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los más importantes. Jara, quien apenas iba a suceder a Murat, dijo que iba a dar continuidad, “vamos a trabajar para que nuestro estado sea motor del desarrollo nacional y del sur del país”.
También, la AmCham, la federación empresarial más grande del mundo, que ha participado en diversas reuniones que abordan los proyectos estratégicos desde 2021, anunció que invertirán más de 600 millones de pesos en la región, declaró el embajador el pasado mes de abril.
En portada: Habitantes del municipio de Motozintla se han manifestado contra el aumento de la violencia y la omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En los últimos tres días han circulado, mediante redes sociales, imágenes de caravanas de camionetas blindadas, adaptadas como tanquetas de guerra, con hombres fuertemente armados. Esto ocurrió en carreteras de Motozintla y en la localidad de Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, zona fronteriza entre México y Guatemala, en una clara señal de que la disputa entre cárteles en el estado solo se está recrudeciendo.
Personas formadas en filas, en las orillas de la carretera, aparecen gritando¡Puro Sinaloa!, en alusión al Cartel de Sinaloa, en un mensaje de guerra dirigido al cártel opuesto, el Jalisco Nueva Generación.
Las ejecuciones también se han recrudecido en la región tras las caravanas, denuncian habitantes de la zona.
La disputa, que se intensificó en los últimos meses, ha transformado en territorio de guerra principalmente a los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.
En la conferencia de prensa matutina de este lunes, 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de minimizar los hechos que han ocurrido en Chiapas, diciendo que ha habido mucha “propaganda” y que las críticas recientes obedecen a “motivos políticos”.
El presidente de México minimizó la violencia del crimen organizado en Chiapas
“Sacaron un video donde hay gentes recibiéndolos y sí pueden ser bases de apoyo porque les entregan despensas o por miedo, pero no es un asunto general y ya se está atendiendo y está la Guardia Nacional”, dijo el mandatario.
El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también del partido Morena, ha evadido pronunciarse sobre la violencia que se ha extendido en la región sur del estado chiapaneco. Tampoco ha mencionado posibles acciones del gobierno del Estado para interferir en la situación.
Medios chiapanecos registran la movilización de 800 elementos del ejército hacia la región de Frontera Comalapa.
Escandón fue invitado por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de este mismo lunes. Sin embargo, el tema abordado por el mandatario estatal fue la construcción del megaproyecto Tren Maya. “En Chiapas estamos muy contentos con la obra del Tren Maya, porque ha fortalecido la economía y el desarrollo del estado”, dijo el gobernador en sus redes sociales, sin mencionar la situación crítica que ha vivido la población de Chiapas.
Durante la conferencia de prensa, López Obrador evitó que el gobernador de Chiapas contestara preguntas de los periodistas sobre la disputa del territorio por los cárteles. Cuando Escandón fue cuestionado sobre los hechos del final de semana, el presidente contestó, “yo les voy a contestar esto, nada más”.
Mientras los mandatarios, estatal y federal, utilizan la estrategia del silencio o simplemente minimizan la situación, la sociedad civil y comunidades han denunciando hace meses la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales.
El mismo sábado, 23 de septiembre, cuando empezaron a circular los videos, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas lanzó un comunicado titulado Chiapas desgarrado por el crimen organizado. “Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, sostiene.
Calles vacías en la cabecera municipal de Frontera Comalapa debido a la actuación de grupos del crimen organizado.
Entre las violencias señaladas por la Diócesis están: la presión y el control social, político y psicológico para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal; el desabasto de alimentos, granos básicos y la falta de atención médica y medicamentos, debido a la continua violencia; los reclutamientos forzados, “dejando a las familias destrozadas”; el control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera; y cobro por “derecho de piso” y “de paso”.
El silencio de las autoridades “demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”, dice el comunicado.
La imagen muestra a Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia la mañana del día en que desaparecieron. Aunque el análisis de la fotografía podría contribuir a establecer su paradero e identificar a los culpables del delito, según especialistas, la FGR se niega a integrarla a la investigación y a hacer un peritaje del celular de uno de los detenidos
Por Analy Nuño para A dónde van los desaparecidos
Horas antes de su desaparición, el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el profesor y líder comunal Antonio Díaz Valencia fueron fotografiados en Aquila mientras desayunaban. Tres días después, sus familiares vieron por accidente en la pantalla del celular de un funcionario esa imagen, que podría ser la última de los defensores.
La fotografía fue tomada el domingo 15 de enero de 2023, alrededor de las nueve horas, en el comedor de la casa de un comunero. En el desayuno estuvieron también presentes Uriel Gutiérrez de la Cruz, de 37 años, minero de profesión, quien el pasado 20 de septiembre fue elegido presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la localidad michoacana, y Luis Zapién Meraz, de ocupación fontanero, junto con su familia; ambos pertenecían al grupo de comuneros, propietarios de tierras concesionadas a la minera Las Encinas, que lideraba el profesor.
En la imagen es posible observar cómo iban vestidos Lagunes Gasca y Díaz Valencia el día en que fueron interceptados, secuestrados y desaparecidos por un comando armado en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, cuando se dirigían a Colima después de participar en una asamblea comunal en Aquila. Ambos defensores mantenían una lucha social y legal contra la trasnacional Ternium, que opera la mina.
Aunque se desconoce la finalidad con que fue tomada, se presume que la fotografía fue enviada a los perpetradores. “Esa foto fue captada en la mañana del día en que los desaparecieron. Pensamos que era para los halcones, para que los ubicaran”, señala una fuente cercana al caso que, al igual que otras dos personas consultadas para este trabajo, pidieron no ser nombradas por razones de seguridad.
En la foto se ve al abogado vestido con una camisa de rayas rojas y blancas, y una chamarra negra. Está sentado, desayunando. Al fondo se observa inclinado al profesor nahua, vestido con un pantalón gris, camisa clara y sombrero. Ninguno mira hacia la cámara.
La fotografía, que por el ángulo podría haber sido tomada por una persona sentada frente a Lagunes Gasca, estaba en poder del fiscal especializado en Desaparición de Personas de Colima, Héctor Javier Peña Meza, quien no informó sobre su existencia ni la presentó como prueba para incorporarla a la carpeta de investigación.
La foto del líder nahua y el abogado fue tomada la mañana del día en que desaparecieron, cuando desayunaban en la casa de un comunero. (Especial)
Al CCRI-CG del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A los pueblos afrodescendientes y originarios del Abya Yala
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A todas las personas del mundo que luchan contra el capitalismo
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
Herman@s Tod@s.
Con fundamento en el artículo 4º constitucional, que establece que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”; y, tomando en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en julio de 2010, adoptó una resolución histórica que reconoce «el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos»; desde la “Asamblea Nacional por el Agua y la Vida”…
ALERTAMOS, QUE EN CONTRASTE CON ESTAS DECLARACIONES, MÉXICO VIVE UNA CRISIS IRREVERSIBLE DEL AGUA Y, RESPONSABILIZAMOS A CONAGUA, POR SER OMISA Y COMPLICE EN EL DESPOJO Y SAQUEO DEL AGUA A NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES.
Frente a esta grave situación, y como parte de los acuerdos alcanzado en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, pueblos originarios y comunidades indígenas integrantes del CNI-CIG, así como organizaciones sociales, colectivos, rede e individu@s, anunciamos que el día de hoy 25 de septiembre, arrancamos aquí en la instalaciones de CONAGUA, con una “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida” para denunciar la explotación, el despojo, la represión y el desprecio de la Cuarta Transformación en contra de quienes defendemos el agua, es decir la vida. Así mismo, para exigir un alto total a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Compañer@s, llamamos a realizar una Acción Dislocada en defensa del Agua y la Vida, frente a las oficinas centrales de CONAGUA, para denunciar:
Que, CONAGUA, en la víspera de cumplir 35 años de su nacimiento, ha dejado 115 acuíferos sobreexplotados de los 653 que existen, 99 de ellos tienen la presencia de alguna empresa, particular o asociación acaparadora. Pero no sólo eso, CONAGUA abre la puerta para un mercado internacional del agua otorgando concesiones a bancos como BBVA que tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac cerca de Guadalajara. Banco Azteca, 2.2 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Zona Metropolitana, de la cuenca de México.
En portada: Monocultivos de pino de la multinacional Arauco en la provincia de Misiones, norte de Argentina. Foto: Greenpeace
Crónica desde la comunidad indígena Puente Quemado 2, que exige la devolución de territorios y que se retire la multinacional Arauco. “El monocultivo de pinos es una tragedia y vamos a luchar para recuperar el monte”, afirma el cacique Mbya. En pleno siglo XXI, no cuentan con agua ni electricidad. La complicidad del Gobierno, la vulneración de derechos y el extractivismo.
La construcción es de madera, de unos diez metros de largo por unos siete de ancho. Color blanco y celeste ya desgastados. Es la escuela de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2, a 150 kilómetros de la capital de Misiones. Techo de chapa, un pizarrón verde muy pequeño y media docena de mesas. Todo muy humilde. Y, en pleno siglo XXI, no cuenta con agua potable ni energía eléctrica , pero —eso sí— dice presente un mástil prolijo y alto para que flameen las banderas de Argentina y de Misiones. Como un mal chiste del poder: que no falte el emblema patrio a pesar del mar de necesidades y violación de derechos.
Es viernes a la mañana. Atrás quedaron cinco días de lluvia. Salió el sol y hace “frío” para el clima misionero, unos 15 grados. El punto de partida es Aristóbulo del Valle. La camioneta zigzaguea mientras esquiva charcos de agua y una variedad de pozos que pueden hacer despistar. El “Vasco” Baigorri, comunicador del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y con larga trayectoria con comunidades indígenas, pisa el acelerador, quizá va más rápido de lo conveniente, pero tiene a su favor que conoce los caminos misioneros.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 23 de septiembre de 2023.
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL LIBRE Y ALTERNATIVOS
A LAS-LOS PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO NACIONAL POR LA PAZ
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
CHIAPAS DESGARRADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO
En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas estamos sufirendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo. Los grupos delicuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia.
De frente a esta realidad tan dolorosa, la iglesia promotora de la dignidad de la persona, servidora de la vida del ser humano y defensora de sus derechos, predica su liberación, una liberación que tiene, por encima de todo, el respeto a la dignidad de la persona, la promoción del bien común del pueblo y la trascendencia a que mira ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su esperanza y su fortaleza.
Como iglesia diocesana y sociedad civil se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales, sin embargo no ha habido respuesta para los pueblos, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delicuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal.
La omisión del estado de frente a esta realidad mantiene a los pueblos en la incertidumbre total. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro Estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo.
Denunciamos:
– Amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil.
– La presión y control social, político y psicológico de diferentes grupos para que el pueblo tomen partido por uno o por otro grupo criminal.
– La manipulación política que se ejerce para brindar atención desde los servicios básicos hasta otros, a los que el pueblo tiene derecho.
– El despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y su trabajo.
– El desabasto de alimentos, granos básicos y otros enseres, así como la falta de atención médica y medicamentos debido a la continua violencia.
– La falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a las demandas del pueblo.
– Los reclutamientos forzados, dejando a las familias destrozadas.
– El control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y “de paso (extorsión) violentando los derechos humanos y comunitarios.
– El ingreso de personas armadas en nuestras comunidades y pueblos.
Responsabilizamos de los hechos ocurridos a los tres niveles de gobierno que han hechos caso omiso a las denuncias de la sociedad civil, y exigimos:
– La atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que esta destruyendo la vida de nuestros pueblos.
– Atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delicuenciales.
– Que se respeten los centros educativos, libres de violencia.
– Restablecer el orden social sin vulnerar a la sociedad civil.
– Que se haga valer el estado de derecho para nuestros pueblos.
Animamos el corazón de las familias de nuestras comunidades y pueblos que sufren en carne propia esta realidad,, nos unimos y solidarizamos con las víctimas. Que el Espíritu de Dios presente y actuante en el caminar de su pueblo sea nuestra esperanza y fortaleza en estos momentos de crisis y de profundo dolor.
En portada: Doña Lupe y su nieto recorren un área de su comunidad, El Bosque, donde yacían una escuela y casas. Ahora, solo quedan ruinas debido al avance del mar que amenaza con desaparecer totalmente al poblado pesquero ubicado en las costas de Tabasco. Foto: Aldo Santiago
Los objetivos que han asumido los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y corporaciones transnacionales, enmarcados en el Acuerdo de París como hoja de ruta a seguir para detener el aumento de la temperatura planetaria a 1.5 grados centígrados (°C) por encima de los niveles preindustriales, no se están cumpliendo advierte Naciones Unidas.
Con el Acuerdo de París se trazó como principal objetivo un proceso de descarbonización de la economía, entendido como la sustitución de los combustibles fósiles por nueva tecnología que emitiera menos gases de efecto invernadero, responsable del cambio climático, según la ONU.
Desde entonces, países y empresas han desarrollado acciones que las han llamado “transición energética” que, llevadas a cabo, deberían limitar, según el acuerdo, el calentamiento global a 1,5 °C, esto implica reducir las emisiones a casi la mitad en 2030 y alcanzar el cero neto en el año 2050.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas advierte, en su informe 175 de Análisis Económico publicado este mes de septiembre, que no se están alcanzando los objetivos planeados. Incluso, ha proyectado sobre un escenario de temperaturas mundiales de 2 °C, 2,6 °C y hasta 3°C por encima de los niveles preindustriales. En este escenario se avisora una caída de hasta el 18% de la producción mundial de bienes y servicios reflejada en el Producto Interno Bruto munidal (PIB).
En entrevista para Avispa Mídia la ingeniera industrial Beatriz Olivera señala que esa advertencia es preocupante ya que supone que, “el mundo de alguna manera sigue anclado en los combustibles fósiles y es muy probable que no haya cambios en el corto plazo”, por tanto, no se estaría cumpliendo con el Acuerdo de París y tampoco con los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable enmarcados en la Agenda 2030 de la ONU.
Además de la posible caída en la producción mundial de bienes y servicios, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que este contexto podría sumir en la pobreza a 100 millones de personas más de aquí a 2030, si no se adoptan medidas de adaptación al cambio climático y mitigación adecuadas. Aunque en 2019 las cifras ya destacaban un crecimiento de al menos 1300 millones de seres humanos en estas condiciones.
Gente en situación de calle, Sao Paulo Brasil. Foto por Santiago Navarro F.
La ingeniera mexicana, quien participó en una investigación llamada Minerales críticos para la transición energética, arremete diciendo que, “deberíamos estar muy preocupados porque países como el nuestro (México) serán de los más impactados”, advirtiendo que las comunidades más vulnerables de este país ya están sufriendo las consecuencias del aumento del nivel del mar, las sequías, las oleadas de calor y las inundaciones.
El costo de la “transición”
El Banco Mundial (BM) ha advertido que esta “transición” requiere al menos un aumento de casi 500% de más minerales hasta 2050, lo que implica mayor extractivismo en diversas geografías y, con ello, más impactos ambientales y sociales. Esta entidad financiera tiene clasificado al menos 24 tipos de minerales necesarios para el remplazo de la matriz tecnológica de combustibles fósiles a energías renovables, como los complejos de energía solar fotovoltaica y de concentración, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.
Sin embargo, solamente los complejos eólicos, además de grandes cantidades de concreto, “1,200 toneladas por cada aerogenerador de 3 mega watts”, según la ingeniera Olivera, también requiere al menos 14 tipos de minerales como Aluminio, Bauxita, Bario, Boro, Cobalto, Tierras Raras, Cobre, Plomo, Níquel, Zinc, entre otros.
Bauxita es la materia prima para la producción de aluminio. Brasil es el cuarto mayor productor de bauxita del mundo y es en la Amazonía donde se encuentra el 75% de las reservas nacionales.
La tecnología solar ocupa casi los mismos minerales, además, del Cadmio, Estaño, Galio Germanio, Indio, Manganeso, Molibdeno, Plata, Selenio, Silicio y Telurio. Un total de 17 tipos de metales.
“Uno de los minerales que va a tener mayor demanda, a medida que se acelere la transición, será el cobre, el litio, grafito y cobalto. El litio es para las baterías de los automóviles. De manera que no se puede dejar de pensar en estos minerales cuando se habla de transición energética”, puntualiza la investigadora Olivera.
El BM estima que la demanda de estos minerales se disparará conforme avanza el cambio de matriz tecnología. La demanda del litio aumentará en un 488% y casi de forma similar el grafito ascenderá a 494%, mientras que el cobalto en 460%, según los datos de esta instancia financiera.
¿Quién pierde y quién gana?
Por su parte, a las grandes corporaciones y a las principales económicas del mundo, lo que más les preocupa es la disminución del crecimiento económico mundial. Se justifica acelerar la inversión en energías renovables para que se mantenga el ritmo de crecimiento de la economía.
El pasado mes de junio, los integrantes de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, alianza militar de países de Europa y Norteamérica), debatieron diversos temas, entre ellos, los llamados “minerales críticos y tierras raras” que requiere la “transición energética”. Certeramente pusieron especial atención en el cobre, litio, níquel y cobalto, resaltando que su demanda “ya es muy elevada y aumentará a medida que avance” el reemplazo tecnológico, advierten.
Bolivia posee reservas estratégicas de níquel en el cordón amazónico.
Además, la OTAN destaca que la demanda no necesariamente está cubierta, es decir, hay escasez, por eso son considerados críticos. En todo caso, “si no se produce un cambio sustancial en la oferta, los precios de estas materias primas preciosas se dispararán, y los países podrían tener que tomar decisiones difíciles sobre si destinar estos insumos al sector de la energía sostenible o al de la defensa”, reza el documento publicado en julio pasado.
Siguiendo estos mismos lineamientos, la ONU hace hincapié, “por encima de todo, la transición energética es esencial para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y que, con ello, se espera que “cambie la estructura del comercio internacional y los flujos de capital”.
El bloque de la OTAN tiene claro que los países que controlen estos suministros “adquirirán probablemente una enorme influencia en el mercado y, presumiblemente, también diplomática”, haciendo alusión que tienen un gran desafío por delante, que es China. Este país asiático, en 2022, figuró como el principal productor de tierras raras cubriendo el 70% del mercado, seguida de Estados Unidos, Australia, Myanmar y Tailandia, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
La investigadora Olivera argumenta que no hay que esperar que las soluciones provengan siempre de las élites, sino que debemos de tomar partido en el asunto y buscar soluciones desde abajo, como las cooperativas o redes de solidaridad.
Por eso es importante “que nosotros no hablemos de transición energética sino de transformación, porque tenemos que reinventar, reconfigurar la nueva manera de producir y de generar energía; es posible, pero nos falta creatividad”, dice la ingeniera.
Protesta contra la explotación de litio en la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, Argentina.
Olivera considera que esta llamada “transición” es lo más próximo a una mera sustitución de tecnológica. “Quienes perdemos somos las poblaciones, los países, la gente que está en los territorios donde se van a extraer estos minerales. Gana un puñado de élites. Así como las personas que van a poder acceder a un auto eléctrico (…), y pues las empresas, las mismas de energía renovable”, que serán las que delimiten los márgenes del nuevo mercado.
Para los miembros de la OTAN, el objetivo es claro, “con el tiempo, las industrias energéticas sostenibles repartirán el mercado y el poder político de formas diferentes y a veces inesperadas. Los países productores de los minerales críticos necesarios para la producción de baterías y la generación eléctrica adquirirán nuevas fuentes de riqueza e influencia”, reza el documento derivado de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
Tras esta reconfiguración de una nueva división internacional del trabajo definida a partir de esta “transición”, hay países y empresas que serán beneficiados y hay quienes seguirán sufriendo las externalidades negativas de esta nueva oleada. “Es un modelo injusto y muy poco democrático que va a apuntar a profundizar desigualdades que de por sí ya existen en los países. Creando incluso, lo que algunos están llamando como zonas de sacrificio, lugares donde se extraen tierras raras, cobalto, etc.”, resalta Olivera.
Para Olivera estas llamadas zonas de sacrificio, “se van a profundizar en aras de un desarrollo sustentable o más limpio, creando otras zonas que serán las beneficiadas, lo que es totalmente injusto”, por ello, arremete la investigadora, “es urgente pensar alternativas desde abajo”.
GUATEMALA: Paro plurinacional contra la impunidad y la corrupción institucional.CODECA: «Estaremos en las calles».
Con información de la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radiofrecuencia
CHILE: Con múltiples acciones solidarias culmina semana de agitación por Marcelo Villaroel.
Con información de Radio La zarzamora
ARGENTINA: Semana de lucha piquetera llaman a la unidad contra el avance de la derecha y las políticas saqueadoras del FMI.
Con información de Antena Negra
IRÁN: Se intensifica la represión ante el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini tras su detención en contra de manifestantes contra el autoritarismo.
Con información de Kurdistán América Latina
OAXACA: Una vez más, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca mostraron su rostro de corrupción.
Con información del Plantón de mazatecas por la libertad
MÉXICO: Militarización en México se profundiza de forma inédita en este sexenio. Con información de Avispa Media
MÉXICO: “Nuestras radios, nuestras normas” historias de gobiernos y radios autónomas; por Radio Tosepan Limakxtum
Con información de Educa y la cooperacha
HIDALGO: El capítulo 6 “Hidalgo: Listones, versos y colores, historias imposibles por la defensa del monte” fue realizado por el equipo de Ocotenco-Kuautlali.
AGENDA algunas de las movilizaciones convocadas los próximos días.
En portada: Manifestación para exigir la libertad de Miguel Peralta. Septiembre, 2019. Foto: Daliri Oropeza
La resolución de un amparo interpuesto por la defensa del ex preso político mazateco, Miguel Peralta, para revertir una sentencia condenatoria, coloca en riesgo su libertad. Integrante de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, él es uno de los 35 miembros que han sido perseguidos, señalados por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio contra su hermana, Elisa Zepeda, ambos miembros de la misma comunidad mazateca.
La raíz de lo que la defensa de Peralta argumenta como criminalización, se encuentra en los hechos violentos ocurridos en diciembre del 2014, cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado, el cual pobladores acusan que opera bajo el mando del grupo caciquil de la familia Zepeda.
Miembros de la asamblea comunitaria sostienen que, desde 2010, cuando el padre de Elisa, Manuel Zepeda Cortés, arribó a la presidencia municipal, emprendió una campaña de represión contra la organización comunitaria para consolidar su poder en la comunidad mazateca.
Roberto López, miembro del colectivo Los Otros Abogadoz y defensor de Peralta cuenta que, mientras la asamblea se reunía en el centro del pueblo para la elección de autoridades municipales aquel invierno del 2014, se registraron disparos en su contra procedentes de la presidencia municipal, donde previamente Elisa y Manuel Zepeda se habían atrincherado.
Protesta por la liberacion de Miguel Peralta en 2019
Las agresiones dejaron heridos por arma de fuego, así como provocaron la muerte del hermano de Elisa, Manuel Zepeda Lagunas, quien en el momento en que fue detenido por los habitantes de Eloxochitlán para ponerlo a disposición del Ministerio Público (MP), portaba armas de uso exclusivo del ejército. “Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio”, señala el abogado.
Según su defensa, pese a que Peralta se encontraba en la ciudad de México en el momento de los hechos, fue acusado por homicidio, detenido arbitrariamente y trasladado a un penal de Oaxaca. Peralta permaneció más de cuatro años recluido hasta que, en octubre del 2019, fue liberado.
No obstante, su sentencia recibió un revés en marzo del 2022. Tras apelación de la parte acusadora, se giró una nueva orden de aprehensión en su contra para cumplir una condena de 50 años en prisión. Ante ello, la defensa legal del mazateco interpuso un amparo contra la sentencia por violaciones procesales y fabricación de pruebas.
El pasado 17 de agosto, un tribunal colegiado federal dictó sentencia al amparo, la cual, argumenta Roberto López, perjudica aún más la situación legal del ex preso político. “Nos regresa siete años en el tiempo”, aclara el abogado, quien especifica que se les envía de nuevo a reponer parte del proceso previo a la sentencia, para la presentación de pruebas.
“Nos regresa justo al momento en que están los otros presos (en referencia a otros presos políticos de Eloxochitlán), que no han recibido sentencia (…) porque no entraron al fondo del asunto, solo se fueron por una cuestión cosmética (reposición de careos), que ellos disfrazan como una violación al proceso, pero que, en realidad, pues es toda la intención de seguirle dando el control del proceso a Elisa”, sostiene el abogado de Peralta.
López asevera que, durante todo el proceso, una estrategia de dilación del proceso legal, ejecutada por Manuel y Elisa Zepeda, ha administrado el conflicto y mantiene “rehenes” a otros presos relacionados con los eventos de 2014.
El peligro, acentúa el abogado, es que, para reponer dicha parte del proceso, Peralta tendría que enfrentarlo recluido. “Esto conlleva a una regresión de por lo menos siete años del trayecto jurídico de mi proceso y a la insistencia de la privación de mi libertad”, reclamó el mazateco mediante carta difundida la semana pasada. Por ello, la defensa legal interpuso un recurso de revisión, con la intención de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el amparo, lo cual puede suceder en los próximos cuatro a cinco meses.
A continuación, compartimos extractos de la conversación con Roberto López, quien alerta, la persecución contra Peralta se intensifica.
Avispa Mídia (AM): Con la última resolución, ¿cuál es la etapa del proceso que se debe reponer?
Roberto López (RL): Nos regresaron a una etapa inmediatamente anterior que son los careos (…), una parte del proceso donde ellos se niegan a asistir. Donde al no comparecer, nos vamos a tener que esperar hasta que lo hagan para que se pueda llevar los careos, se presente las conclusiones, se lleve a cabo la audiencia final y se dicte de nuevo la sentencia. Yo no exagero cuando digo que nos regresan aproximadamente siete años en el tiempo. Siguen teniendo el control del conflicto. Con esta resolución el tribunal colegiado le da un espaldarazo a Elisa para seguir teniendo el control del proceso.
Los hechos ocurren el 14 de diciembre del 2014. Para empezar nosotros a presentar pruebas, una de las primeras audiencias fue hasta el 30 de enero del 2017. Ahí compareció Manuel Zepeda y Vicente Zepeda, porque este día ellos tenían una audiencia en calidad de procesados, por hechos que la asamblea comunitaria había denunciado, lesiones y tortura, que el Ministerio Público (MP) consignó.
Grupo armado liderado por Manuel Zepeda Cortés tomando el ayuntamiento de Eloxochitlán el 17 de noviembre de 2014.
Elisa estaba asesorada y sus abogados le recomendaban que no se presentara y el juzgado jamás fue capaz de multarlos, de arrestarlos por no asistir a declarar. El juzgado nunca lo hizo. Hasta que ella y tres de sus testigos se presentaron a declarar, el 30 de septiembre del 2017.
AM: ¿Cuáles son las principales contradicciones en los testimonios que no fueron retomadas en la resolución?
RL: Cuando nosotros presentamos el amparo en 2022, nos fuimos a esta parte esencial en el proceso, que son las declaraciones en contra de Miguel. La declaración de Elisa Zepeda, de su papá y de seis testigos que lo acusan. Esa es la parte fundamental que había que poner en duda, y de hecho se hizo durante el proceso. Ha sido fundamental para que hubiera otras libertades de otros co-procesados que, haciendo énfasis en estas contradicciones, pues habían obtenido libertad.
Hicimos un análisis de lo que dijo Elisa Zepeda en un primer momento en el Ministerio Público y los testigos, y lo que contestaron en las audiencias ante el juzgado. Fueron cuestiones distintas, contradictorias.
Hubo un testigo, Eleazar Hernández Ordaz, un señor ya grande que, en el Ministerio Público, señala y acusa a Miguel. Su declaración es una copia integral de la declaración de Manuel Zepeda, del papá de Elisa. En el juzgado, cuando le toca declarar, le leen la declaración y dice que él nunca declaro eso. Le enseñan la declaración. – ¿Está es su firma? “Sí es mi firma, pero yo no recuerdo”. Fernando Ramírez Carrera, otro testigo, dice que él nunca emitió ninguna declaración en ese sentido. Aparece su firma, pero dice que nunca declaró al MP.
El tío de Elisa, Vicente Zepeda, dice que, en todo momento, él estuvo con Elisa. Ella hace una declaración extensísima con muchos detalles que no da Vicente, que cuando ya se le fue interrogado en la audiencia, él, al ver que pues había muchas cosas que no había dicho, dice ‘Vi cuando entraron, pero me dieron un golpe en la cabeza, perdí el sentido, me desmayé y ya no supe nada’, para no contradecirse más con Elisa.
Van a permanecer cada quien en su dicho y así nos vamos a ir a sentencia, eso en nada cambia el sentido de la resolución que viene. Al reiterar Elisa la acusación y sus testigos, evidentemente van a decir que lo reconocen (a Peralta), que lo ubican en el lugar de los hechos, y luego entonces eso va a ser una sentencia condenatoria. Y eso nos va a llevar otra vez a la apelación.
AM: ¿Cuáles elementos consideran fueron decisivos para la más reciente resolución del amparo?
RL: Los hechos ocurren en 2014. A partir de ahí, Elisa empieza a construir un discurso de víctima. Se acerca a algunas organizaciones de derechos humanos y la arropan como defensora de derechos de las mujeres y así llega a la presidencia municipal de Eloxochitlán. Está un año, renuncia, deja su suplente para postularse para diputada local a la 64 legislatura del Congreso del Estado. Gana por Morena, está tres años, es nombrada presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado. Esto quiere decir que son los encargados de nombrar jueces, magistrados, al Ministerio Público. Empieza a tener relación con gente de la Procuraduría del Estado, quien acusa, y gente del Poder Judicial, quien sentencia, desde mi perspectiva teje esas redes y alianzas.
Y eso hace posible que, en 2022, la sentencia de Miguel fuera revocada. Había habido ya muchas resoluciones de libertad de los otros presos y pocas habían sido revertidas. La de Miguel se echa para atrás y, para mí, es producto de esa situación que ella logra, con simpatías de gente del Poder Judicial, favores.
Después, viene la campaña para gobernador de Salomón Jara. Ella se suma a su equipo y al final la nombran secretaria de la mujer, tiene una secretaría en el gobierno de Salomón Jara. Desde esa posición de funcionaria, pues sigue utilizando los recursos que tiene, sigue utilizando sus influencias para incidir.
Para nosotros incidió en la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el amparo de Miguel. Hasta ese nivel ha llegado, porque ese amparo era para una libertad. Por todas las violaciones, por todos los antecedentes y no, al contrario, nos regresan siete años en el proceso. Por eso decimos nosotros, esto más que jurídico, es político, porque ella ha utilizado la muerte de su hermano para mantenerse en el poder, para encumbrarse e ir escalando posiciones políticas. A ella no le conviene que su discurso se venga abajo porque si se viene abajo, se va a demostrar que todo lo que ella construyó, su camino político, fue una mentira.
Desde esa posición de poder está enfrentando a los presos de Eloxochitlán. A los que todavía permanecen en prisión, y a los perseguidos como es el caso de Miguel (…), sigue en esta sed de venganza en contra de los presos, porque si todos obtienen la libertad, se le cae su discurso.
AM: ¿Cuál es su respuesta ante la reciente resolución?
RL: La analizamos y decimos no, esto es una trampa, porque quieren que Miguel regrese y encerrarlo con el pretexto de que reponen el proceso para que se caree con Elisa. Ese amparo no nos funciona. Por eso vamos al recurso de revisión del amparo, y que sea este que le dé entrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Que sean los ministros quienes determinen si ese amparo estuvo bien dictado, si la resolución es correcta.
Queremos que la Suprema Corte le dé entrada a esa revisión de la sentencia del amparo y realmente se pronuncie respecto a las violaciones de fondo fundamentales que hay en ese proceso. Entre ellas las falsas acusaciones de Elisa y sus testigos, que ya han sido cuestionadas, que han sido puestas en duda, que hay sentencias de libertad de los otros co-procesados, lo avalan, hay resoluciones, incluso de salas del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado; de Juzgados de Distrito, donde dicen que las declaraciones de Elisa y de sus testigos no son creíbles, hay contradicciones, hay inconsistencias y nosotros queremos que la Corte no evada esa responsabilidad, que el asunto de los presos políticos es un asunto trascendente de vital importancia para la sociedad, pues no podemos permitir que a través del poder, una persona que esté desde ahí incidiendo en el Poder Judicial y teniendo en contra de su voluntad, acusados, falsamente, a personas que se opusieron al proyecto caciquil de su familia.
Entre las contradicciones de los testigos, la dilación del proceso para llegar a la sentencia de Miguel, tuvimos que enfrentar mucha parcialidad por parte del juzgado. Aunado a esas contradicciones, los jueces, el secretario de acuerdos, el Ministerio Público, que en nueve años que lleva el proceso, es el mismo. Han cambiado muchos jueces, han cambiado secretarios de acuerdos, pero el Ministerio Público, que empezó el proceso, sigue ahí porque es una ficha clave para Elisa Zepeda, para Manuel Zepeda.
Es trascendente para la sociedad y la SCJN tendría que atraer en revisión ese amparo. Si nos batea prácticamente ahí estaremos comprobando que el acceso a la justicia en este país sigue siendo nulo, porque al final, pues ya se agotaría ahí el camino. Que realmente asuman la responsabilidad que tienen y demuestren esa independencia que debe de existir entre el Poder Judicial y el poder de los gobernadores. Nos hemos enfrentado a una contienda desigual, con muchas irregularidades procesales, parcialidad a favor de ellos y muchas contradicciones en los testigos. Este conflicto, más que jurídico es político y lo está administrando Elisa Zepeda a su antojo. Nueve años y no hay sentencia ya para nadie. Miguel está igual que los otros presos. Casi nueve años de proceso y sin sentencia, eso yo creo que es trascendente, en este tipo de procesos, y cualquier juez honesto, imparcial, lo observaría y tendría que otorgar la libertad de fondo
