militarización
Cassandra es desaparecida en Chiapas por grupo armado durante la boda de su madre
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
Esta es la cuarta entrega de Desaparecer en la frontera sur de México, un trabajo de Avispa Mídia que da cuenta de la violencia que viven las comunidades y ciudades de la frontera de Chiapas con Guatemala, que forman parte de las rutas de trasiego en pugna por dos cárteles del crimen organizado.
En la primera parte, investigadoras y organizaciones explican cómo el crimen organizado se instaló en la geografía chiapaneca, en territorios que hoy se disputan con violencia desmesurada contra la población. En la segunda y tercera parte, las víctimas de desaparición y las comunidades narran el horror que viven por esta guerra, minimizada por el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.
Los testimonios ahora nos llevan a la historia de Cassandra Isabel Arias Torres que fue desaparecida por un grupo armado el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, ubicado en la zona Centro de Chiapas.
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A partir de 2021, varios municipios de Chiapas comenzaron a percibir el incremento de la violencia e inseguridad, como ya fue reportado en esta serie. Además de las regiones limítrofes con Guatemala, en el centro de la entidad también incrementó la violencia.
El 17 de diciembre de 2022, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años de edad, estaba muy emocionada por la boda de su madre, Isabel Torres, tanto que le regaló el vestido y le ayudó con los preparativos del festejo que iniciaba a las 14h en el salón Tierra Bonita, ubicado en la cabecera municipal de Berriozábal.
Durante la celebración, Cassandra se encontraba en una mesa al fondo del salón con otros familiares y su novio, mientras Isabel, su madre, atendía a los invitados junto a su ahora esposo. Cuando comenzó a oscurecer, pidieron al encargado del recinto encender las luces pero nunca respondió al llamado, entonces decidieron continuar la fiesta sólo con las lámparas de interior.
Alrededor de las 20h un grupo armado irrumpió en el lugar. Descendieron de tres camionetas blancas y dijeron ser de la Fiscalía General del Estado (FGE), portaban chalecos con las insignias oficiales, estaban encapuchados y vestidos de negro de pies a cabeza.
Al ingresar al salón de fiestas, dijeron: “¡Todos abajo!’, los invitados y yo nos metimos debajo de la mesa y escuché que mi hija (Cassandra) gritaba desesperada para saber dónde estaba su hijo”, relató Isabel.
Con agresividad, los encapuchados arrebataron los teléfonos móviles y carteras a varios de los asistentes. En un principio esposaron a diez personas para llevárselas, pero al final las dejaron en la entrada y sólo se llevaron a Cassandra, a su novio, a uno de sus tíos y al músico que amenizó el festejo.
En cuanto el grupo armado se retiró, Isabel y su esposo fueron tras ellos en otro vehículo pero no pudieron alcanzarlos. Otro de los familiares se dirigió a la comandancia municipal, pero los policías estaban “escondidos” y dijeron que no podían hacer nada, que no era de su competencia.
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Casi dos horas más tarde y después de varias llamadas al 911, al lugar de los hechos llegaron algunos elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y algunos municipales. Cuando algunos de los asistentes daban detalles de lo sucedido a las autoridades se escucharon disparos afuera del salón.
“Les dije que fueran a ver, qué tal que ahí tenían a mi hija y se quedaron viendo entre ellos (policías y militares), pero nadie se movió. Al terminar de dar la declaración le preguntaron a mi esposo si íbamos a meter la denuncia, respondimos que sí y el policía nos preguntó si estábamos seguros de que ‘podríamos’ contra esa gente”, dijo Isabel.
De acuerdo a la familia de Cassandra, los uniformados se limitaron a grabar en video las declaraciones que dieron y “nunca nos dijeron para qué”.
Al siguiente día (18 de diciembre), el músico y el tío de Cassandra fueron liberados al oriente de Tuxtla Gutiérrez, municipio a 23 kilómetros de distancia de Berriozábal. Los encapuchados les advirtieron no acudir a las autoridades de lo contrario Cassandra sería asesinada.
Cuando Isabel recibió el mensaje entró en pánico, por lo que decidió no acudir a la autoridad e iniciar una búsqueda por su cuenta. Entre las primeras acciones, difundió en redes sociales la imagen de Cassandra; pero los días pasaron y no hubo noticias del paradero.
Información oculta
El alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, abanderado por Morena, se encargó de negar ante medios de comunicación la desaparición forzada de Cassandra y minimizó el hecho al decir que sólo se trató de una riña.
Pero el 10 de enero de 2023, con mucho temor y desesperación, Isabel acudió por primera vez a la Fiscalía en Tuxtla Gutiérrez para hacer la denuncia. Le sorprendió que el Ministerio Público tenía conocimiento del caso de Cassandra mucho antes de la declaración.
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Por meses, la única declaración que obró en la carpeta de investigación fue la de Isabel, pero después de varias protestas en las que exigió justicia, se integraron las declaraciones de su esposo, su padre y su hermano, quien fue privado de libertad junto con Cassandra.
De acuerdo con Isabel, falta el informe completo y actualizado de la geolocalización de los teléfonos móviles que se llevaron los encapuchados. Según datos de la FGE, algunos de los celulares siguen activos y han cambiado el chip en repetidas ocasiones.
A pesar de la evidencia, la Fiscalía se niega a realizar la búsqueda bajo el argumento de que las ubicaciones que se muestran son aproximadas. Ante esta incapacidad declarada por la propia Fiscalía, Isabel solicitó la renovación de la geolocalización y la intervención de expertos en tecnología.
“Cuando se actualice la geolocalización pediré que se haga la búsqueda en vida, porque tampoco quieren buscarla”. Isabel pidió, incluso, las imágenes del Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP) que funciona con 47 cámaras colocadas en puntos estratégicos de la cabecera municipal, donde desaparecieron a Cassandra.
Para que la investigación avance también se pidió la declaración del secretario de Seguridad Pública municipal, Germán Alegría Santos y de cuatro policías municipales que acudieron al salón de fiestas con las fuerzas federales; pero tampoco hay respuesta.
Las madres que resisten
En marzo de este año, Isabel acudió a las afueras de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez para interceptar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que visitó la entidad e instruyó a la Fiscalía investigar el caso. Pero los días pasaron y la justicia tampoco llegó.
Dos meses después, Isabel tuvo conocimiento de las acciones de protesta del colectivo de Madres en Resistencia, integrado en su mayoría por familias de víctimas de feminicidio, quienes no dudaron en brindar acompañamiento a Isabel Torres cuando lo solicitó.
Para finales del mismo mes, las madres se plantaron por más de una semana a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir hablar directamente con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y el Fiscal General, Olaf Gómez Hernández.
El plantón fue levantado por un compromiso hecho por el propio mandatario estatal que ordenó revisar minuciosamente los casos, pero al final no se concretó ninguna acción. El nulo acceso a la justicia llevó a Isabel a encabezar otra campaña de búsqueda a pie, con marchas y mítines en la Fiscalía y Palacio de Gobierno.
De esas acciones logró dos búsquedas en campo por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, aunque para las Madres en Resistencia sólo sirvió para evidenciar las carencias e incapacidad de la autoridad que no tiene herramientas, planeación, comunicación y ni protocolos específicos de seguridad.
“La primera búsqueda fue en el mismo perímetro donde está un lugar llamado la Piedrona (en Berriozábal), la segunda fue en un terreno que está frente al primer perímetro. En la primera búsqueda no llegamos a ningún acuerdo, las autoridades trabajaron sin pedirnos opinión ni nos informaron cómo sería la búsqueda ni nada; llegan a echar relajo y a platicar”, explicó Isabel.
En la primera investigación en campo, un integrante de la propia Comisión de Búsqueda alertó sobre la presencia de una camioneta azul con cuatro hombres sospechosos a bordo. El vehículo pasó por la carretera, regresó y se detuvo frente a ellas, “únicamente descartaron que fueran personas de la Fiscalía pero no dieron seguimiento a pesar de que esa camioneta estaba vigilándonos”.
Hasta el último día
Con ayuda de las abogadas feministas de Colectiva Cereza, Isabel consiguió que desde principios de septiembre, la Fiscalía ofrezca una recompensa de 500 mil pesos por información anónima sobre el paradero de Cassandra Isabel Arias Torres.
El pasado 12 de octubre, Isabel y las Madres en Resistencia cerraron la avenida principal de la capital de Chiapas para protestar por la ausencia de Cassandra en su cumpleaños número 19, “es el primero que ella no está, con nosotros, con su hijo”, un pequeño de 4 años que desde hace 10 meses se pregunta por su mamá.
“Pido a las personas que se llevaron a mi hija que si está con vida que me la regresen y si no está con vida que me digan dónde está para tener un lugar para llorarle y llevarle flores, porque no tengo paz en mi corazón de no saber dónde está. La sigo esperando con los brazos abiertos. Hija te amo, te sigo buscando y hasta el último día de mi vida te buscaré”.
Por ahora el activismo de Isabel la lleva a realizar labores que le corresponde a la Fiscalía, pues cada vez son más las familias de víctimas de desaparición forzada que buscan su acompañamiento para exigir justicia.
Reclaman a las autoridades que actúen, investiguen, sancionen a servidores públicos implicados en las desapariciones o con vínculos con el crimen organizado. De acuerdo a Colectiva Cereza, al menos cinco casos de los cuales acompaña fueron levantados por elementos de la policía de investigación de la FGE y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y las pruebas ya fueron entregadas a Rutilio Escandón Cadenas.
CNI-EZLN: Alto a la represión en contra de la comunidad indígena Otomí residente en la Ciudad de México
NO AL DESALOJO DE LA CASA DE LOS PUEBLOS “SAMIR FLORES SOBERANES”
A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A los medios de comunicación.
Frente a los recientes actos de represión en contra de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México y el intento de desalojo de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, manifestamos:
El día 16 de octubre de este año, por la madrugada, más de 500 granaderos cercaron la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” con la orden de llevar a cabo el desalojo de la Comunidad Otomí. Este intento de desalojo, dejó un saldo de 10 compañer@s muy golpeados y herid@s, entre ell@s adolescentes de 13 años, adultos mayores y compañer@s con capacidades diferentes.
La Comunidad Otomí logró repeler la agresión y hacer que los granaderos retrocedieran, pero el saldo de esta represión es el siguiente: un hombre de 28 años recibió fuertes golpes en el cuerpo y fue herido con un escudo en la frente provocando una lesión profunda que requirió sutura; un adolescente de 17 años fue atacado por un grupo de 5 granaderos quienes lo patearon y golpearon causando inmovilidad de una de sus piernas; una niña de 13 años fue golpeada por 3 granaderos hombres quienes le patearon la cabeza provocando que se desmayara; una adolescente de 18 años fue empujada por un elemento con un escudo, provocando que se cayera, fue jalada del cabello por un elemento masculino, llegaron otros 8 elementos quienes le golpearon las costillas y la espalda, fue pateada repetidas veces, no la querían soltar, la insultaron, la jalaron del cabello para levantarla y la golpearon con un escudo en la espalda provocando, dolor en la espalda, costillas, cabeza, brazos, y manos; 2 mujeres de la tercera edad fueron golpeadas y aventadas al piso por varios elementos y una persona que se encontraba documentando la agresión fue atacada por un grupo de al menos 8 elementos, quienes la golpearon esguinzándole un dedo, rompieron uno de los lentes de su cámara e intentaron quitarle el equipo de fotografía y el teléfono celular con el cual se encontraba documentando.
Peor aún, y como un verdadero acto de provocación, casi una hora después de la represión un grupo de más de 6 motociclistas se acercó a la Casa de los Pueblos para agredir y provocar. Una hora después los motociclistas regresaron y realizaron tres disparos en contra de los integrantes de la comunidad otomí, poniendo en en riesgo la vida, no sólo de los integrantes de la comunidad, sino de quienes se encontraban en el lugar.
Estos actos de represión, discriminación y racismo contra la comunidad indígena otomí se llevaron a cabo tres días después de que ésta celebró el tercer aniversario de la toma de las oficinas del INPI, hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.
Es lamentable que a más de tres años de la toma INPI, la exigencia de una “vivienda digna y decorosa” siga sin atenderse como hace 3 años, pero tambien como hace 30 años. No importa el color del gobierno en turno, la indiferencia y el desprecio sigue siendo los mismos.
A casi veinte días de iniciado el bloqueo que la Comunidad Indígena Otomí tiene sobre la avenida México-Coyoacán, y después de la cruenta represión del pasado 16 de octubre, la respuesta del gobierno de la Ciudad de México es un ominoso silencio que nos lleva a pensar en la muy alta probabilidad de que en cualquier momento el gobierno intente nuevamente el desalojo y la represión hacia la Comunidad Otomí . En consecuencia con lo anterior exigimos el cese de la represión y de cualquier pretensión de desalojo de nuestrxs hermanxs integrantes de la Comunidad Otomí.
¡¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO!!
¡¡ALTO AL DESALOJO DE LA CASA DE LOS PUEBLOS SAMIR FLORES SOBERANES!!
¡NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
ATENTAMENTE
MÉXICO, OCTUBRE DE 2023.
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL