Convocamos a movilizarse el 13 y 14 de noviembre por la libertad de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN privado arbitrariamente de su libertad desde hace 2 años y 11 meses por ser zapatista, acusado de un delito que no cometió a través de falsificación de pruebas.

El 14 de noviembre dará inicio la audiencia de juicio oral que derivará en próximas fechas en una sentencia, por lo que es un momento importante para hacer ver al Estado que Manuel no está sólo y seguir exigiendo su libertad.

Les invitamos a hacer visibles sus movilizaciones en redes sociales para mostrar nuestra indignación y a etiquetar las cuentas del #Frayba para poder replicar y concentrar sus acciones.

#LibertadParaManuel
#RehénDelEstado
#FabricaciónDeCulpables
#ManuelNoEstáSolo
#Chiapas
#EZLN

Como sabemos, nuestro compañero Manuel Gómez ha sido rehen del gobierno estatal de Chiapas desde hace 2 años y 10 meses, excediendo el límite de prisión preventiva. Este 14 de noviembre de 2023 tiene programada su audiencia, misma que ya ha sido suspendida en 3 ocasiones.

Les invitamos a exigir su libertad desde sus geografías. Del 6 al 12 de noviembre llevaremos a cabo una pega de carteles en diversas ciudades y espacios, mismas que ponemos acá en buena resolución para su impresión: https://share.mayfirst.org/s/Y5qy8fcRwrTwXSQ

Estaremos publicando fotos de los carteles pegados en todas las geografías, estas pueden ser enviadas a: ajmaq_chiapas@riseup.net

Más información sobre el compañero: https://redajmaq.org/es/exigimos-la-libertad-inmediata-de-manuel-gomez-vazquez

Basta de negar el acceso a la justicia
¡Libertad incondicional YA!

#LibertadParaManuelGomez
#LibertadParaZapatistasPresxs
#LibertadPresxsPoliticxsEZLN

Escucha el #NotiFrayba:

• Demandas históricas y actuales;
• Las luchas de los pueblos y comunidades por la vida, donde abordamos la #lucha y resistencia a 531 años de #despojo y genocidio de los pueblos originarios;
• Les contamos sobre el encuentro “Hasta la #justicia: juntando fuerzas contra la #tortura” que se realizó el pasado 13, 14 y 15 de octubre;
• Además del comunicado urgente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas por la agudización de la violencia en la región frontera.
• Exigimos la libertad inmediata de José Días, Base de Apoyo del #EZLN.

Desde diciembre de 2020, Manuel Gómez Vázquez, joven maya tseltal, base de apoyo del EZLN, ha estado preso injustamente por un delito que no cometió. Fue falsamente acusado por autoridades comunitarias, torturado por éstas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.

La prisión de Manuel Gómez Vázquez es parte de un patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por parte del gobierno de Chiapas, por medio de acusaciones falsas, tortura, utilización de testigos falsos y otros medios, con la intención de castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y del territorio.

(Ve el sitio especial del Frayba “Fábrica de Culpables – Detención Arbitraria“.)

El Presidente de la República en su mañanera de hoy miente y encubre la violencia en Chiapas y es cómplice de las agresiones hacia las comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de junio de 2024

• El gobierno federal cómplice de la violencia en el estado y las agresiones hacia los pueblos y comunidades.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas realizada el día de hoy en su conferencia mañanera por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado, lo que ha impactado en los pueblos, varias de ellas son de comunidades originarias e históricas que se organizan por la vía pacífica y de forma antagónica a la política del Estado mexicano en medio de una  diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente.[1]

El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, y particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupos armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, que pertenece a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México.

Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba, además de realizar intervenciones ante las autoridades de los gobiernos estatal y Federal, a quienes hemos hecho llamados enérgicos para que respeten y garanticen la vida e integridad física y psicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la Región de Moisés y Gandhi. Los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano.

Hay que sumar que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios.

Recordamos al gobierno mexicano que en Chiapas nos encontramos en medio de un conflicto político-militar irresuelto, y que tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes.

[1] Informe Frayba 2023. Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado: https://frayba.org.mx/sites/default/files/Informes/Informe-Frayba-2023/Informe-Frayba-2023_Chiapas-un-desastre.pdf

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

• Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

Este próximo 21 de junio, se realizará una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González, desaparecido por el grupo paramilitar Paz y Justicia el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Ante la próxima audiencia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) construyó este sitio especial sobre el caso de Antonio González:

https://frayba.org.mx/tema-prioritario/antoniogonzalez

Programa de radio de NotiFrayba sobre la desaparición forzada del base de apoyo zapatista Antonio González:
(Descarga aquí)  

Video: Colectivo Altepee del Sur de Veracruz

Manuel Gómez Vázquez está injustamente preso desde hace dos años y cinco meses. Pertenece al pueblo maya-tzeltal, habla poco la castilla, tiene 22 años y es campesino. Fue detenido de manera ilegal el 4 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Manuel fue torturado y tratado cruelmente. Un día después de su detención, fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Ocosingo, Chiapas, y a policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena dependiente de la Fiscalía General del estado. Sólo hasta el 9 de diciembre, es decir, cinco días después de su ilegal detención, Manuel fue puesto a disposición de un juzgado. Vale destacar que, al momento de la detención de Manuel, el presidente municipal de Ocosingo, así como el gobernador del estado de Chiapas, pertenecían a Morena.

A Manuel se le acusa de un asesinato que no cometió. Entre el 4 y 5 de diciembre de 2020, en el ejido el Censo, en el municipio de Ocosingo, de donde es originario Manuel, se suscitaron hechos de violencia en los que cuatro personas fueron asesinadas. La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio, ha señalado el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Manuel lleva preso dos años y cinco meses aun cuando no existen pruebas para acusarlo. Incluso, se ha comprobado la fabricación de pruebas en su contra. Tampoco existen necropsias del homicidio que se le imputa, y los tiempos para su proceso se han extendido al gusto de la fiscalía. Además, el Poder Judicial del estado tampoco ha respetado el hecho de que la prisión preventiva no pueda ser superior a dos años.

Manuel y su familia son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su comunidad es parte de la red de comunidades que se organizan en el municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, del caracol 9, Nuevo Jerusalén en honor a la memoria del compañero Manuel. La junta de buen gobierno de este caracol es la de el pensamiento rebelde de los pueblos originarios, en la Chiapas Zapatista. Manuel y su familia son parte de una organización que tiene su propio gobierno autónomo, sus cooperativas, que arrebató la tierra a finqueros y terratenientes, que ha construido sus propias escuelas y hospitales, que defiende la vida y el territorio. O sea que Manuel y su familia viven en resistencia y rebeldía, y hasta ahora, todo apunta a que ese es el delito por el que lo mantienen preso.

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