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Latinoamérica
Emergencia por pandemia es utilizada en Guatemala para realizar desalojos ilegales
Foto de portada por David Toro / Prensa Comunitaria
Los desalojos ilegales en Guatemala, así como los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19, según testimonios y registros elaborados por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
En el país centroamericano, y bajo el pretexto de frenar los contagios del virus, fueron implementadas medidas de contención como los toques de queda. Desde el 16 de marzo, este contexto fue aprovechado tanto por el gobierno, como el sector privado, para realizar desalojos ilegales, principalmente en la región norte de Guatemala, en los departamentos de Alta Verapaz y Petén.
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Aunado a ello, de enero a septiembre del presente año, se han registrado 844 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. “Es la cifra más alta que hemos registrado, entre ellas hay 14 asesinatos”, detalló Jorge Santos director de Udefegua durante el evento “Desalojos Extrajudiciales y Violaciones a Derechos Humanos en Guatemala”.
Santos detalló algunos casos violentos sucedidos en plena pandemia.
Por ejemplo, lo sucedido con las comunidades Washington y Dos Fuentes, de Purulhá, Baja Verapaz, las cuales fueron desalojadas violentamente por un grupo de personas armadas. “Tenemos registrado que durante estos desalojos se intentó asesinar a dos jóvenes de 15 y 17 años”, subrayó el integrante de Udefegua.
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En diversas ocasiones, la comunidad indígena poqomchi’ de Dos Fuentes ha denunciado ataques armados. A su vez, otras organizaciones como el Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) han señalado el incremento de la violencia a partir de la crisis sanitaria declarada en marzo en Guatemala.
“Este contexto es aprovechado por grupos que quieren generar violencia y asesinatos, el Estado de Guatemala no está brindando seguridad ni apoyo, está solapando y contribuyendo a la impunidad de grupos criminales”, destacó Leocadio Juracán, dirigente del CCDA.
En el caso de la comunidad de Washington, ésta fue desalojada el 31 de marzo por un grupo armado a quienes se ha identificado como miembros de un equipo de seguridad de la familia Thomae. De origen alemán y dedicada a la siembra de café, los Thomae también son propietarios de la hidroeléctrica Juminá S.A., la cual opera en otro sector de la finca donde se ubica Dos Fuentes.
Palma de aceite, un factor más para los desalojos
Otro caso sucedido en el contexto de la pandemia es el del intento de desalojo de 200 familias en Tierra Blanca, municipio de Sayaxché, Petén.
El 13 de abril, a las 7:30am, 45 miembros de un comando de seguridad privada vinculada con Industria Chiquibul, S.A., empresa dedicada a la cosecha y extracción de aceite de palma, se presentaron en la comunidad sin previo aviso y sin una orden judicial que autorizara el desalojo.
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Tras ingresar a la comunidad, el comando disparó armas de fuego para intimidar a las familias y echarles de sus hogares. Aunque en esta ocasión la comunidad logró defenderse y resistir ante las fuerzas de seguridad privada, Izáis Tiul Pop, un miembro de la comunidad de 30 años, resultó gravemente herido durante el intento de desalojo fallido.
Ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron testigos de lo ocurrido y no hicieron nada para evitarlo. “La falta de acción protectora por parte la Policía Nacional Civil es aún más preocupante a la luz de la pandemia de Covid-19 (…) Desde hace varios años, las empresas de aceite de palma que operan en la región se han apropiado de tierras de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y, a veces, hasta ilegales” señala Lara Domínguez, integrante de Minority Rights Group.
Desalojos “en apego a la ley”
Entre los días 9 y 10 de diciembre, miembros de la PNC quemaron las viviendas de 200 familias q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, cuenta el abogado Juan Carlos Peláez para Prensa Comunitaria.
De acuerdo a los testimonios de los campesinos, durante el desalojo la policía quemó las viviendas, robó animales, ropa, instrumentos de labranza, arrancaron las siembras y detuvieron a tres personas, miembros de las comunidades indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas, acusados de usurpación a la propiedad privada.
Cabe destacar que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de la Libertad, Petén, a través del funcionario Diego Gonzáles, aseguró que el desalojo se realizó apegado a los protocolos, pese a que varias de las personas afectadas con el desalojo aseguraran todo lo contrario.
De acuerdo a la nota del abogado Peláez, en la notificación del Organismo Judicial (OJ) para la PDH, la finca el Zapotal, donde se realizó el desalojo, es propiedad de la empresa inversiones SOLUNIN sociedad anónima. Según el portal de Guatecompras, la empresa tiene como actividad económica el asesoramiento empresarial en materia de gestión y su represente legal es Luís Arturo Ramírez Melgar.
Ramírez Melgar también es el representante legal de la Hidroeléctrica El Brote, S.A. que tiene operaciones activas en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez.
Para el abogado Peláez, “no se respetó el debido proceso, la comunidad nunca se enteró del desalojo ni quien emitió la orden, el papel presentado no tiene sello ni firma. Las órdenes tienen que ir suscritas para tener un medio de defensa posterior, la inmediación de una juez que ha sido delegada para un acto judicial no es suficiente”.
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El abogado también enfatizó que el desalojo violento se realizó a pesar de la situación de crisis tanto sanitaria por la Covid-19 y las inundaciones de las tormentas tropicales Eta y Iota, las cuales afectaron a más de un centenar de familias en la misma región de Tierra Blanca.
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[Comunicado] Educadores de cultura y lengua Mapuche denuncian racismo en JUNJI Araucanía
Por medio del presente comunicado público, como ELCI, educadores de la lengua y cultura indígena, de la región de la Araucanía, necesitamos dar a conocer la siguiente situación que esta ocurriendo en la institución JUNJI Araucanía, en donde nos desempeñamos:
Kiñe: por motivos del desalojo de pu lagmen de la municipalidad de Curacautín, el señor Cristian Roberto Jiménez Gajardo, que se desempeña como nutricionista en JUNJI Araucanía emite el siguiente comentario en red social, de manera pública: “se acabó el webeo, orgulloso de mi pueblo, saquenle las rechuchas a esas escorias…” dirigiéndose de esta forma a nuestro pueblo mapuche.
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Epu: como educadores de la lengua y cultura indígena, rechazamos toda forma de discriminación y racismo en toda forma de comunicación y por todos los medios utilizables, siendo un funcionario de una institución pública, que además trabaja en jardines infantiles interculturales, donde asisten niños, niñas y sus familias de origen mapuche.
Kula: se ha solicitado en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del director regional de la JUNJI Araucanía, don Juan Pablo Orlandini, buscando la reparación de este hecho sucedido en el mes de agosto y al no tener satisfacción respecto de nuestra solicitud de disculpas públicas, hemos solicitado la desvinculación del señor Cristian Roberto Jiménez Gajardo de JUNJI Araucanía. Por haber dado a conocer ésta situación, se nos a presionando desde la institución indicando que habrán descuentos o no pagos de sueldo, consideramos esto un menosprecio a nuestra función de educadores.
Meli: Nos reuniremos pu ELCI de la Araucanía el día 21 del presente mes a las 9:00 horas en las afueras de JUNJI Araucanía, manifestando nuestra molestias por no haber sido escuchado a tiempo nuestras peticiones.
Se despide de usted los 38 funcionarios ELCI de la Araucanía, correspondiente a las comunas de Lonquimay, Ercilla, Puren, Lautaro, Victoria, Melipeuco, Puerto Saavedra, Nueva Imperial, Carahue, Padre las Casas, Freire, Loncoche, Pitrufquén, Vilcun, Chol Chol, Angol, Lumaco y Collipulli.
Registro de este pasado lunes 21 de diciembre manifestación en Temuco, vía Cristian Huaiquifil / Foto portada Ingrid Conejeros.