Por Angel Huerta

El miércoles (3) la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) alertó sobre la detención de Marianela Solorzano y Jennifer Solorzano, ambas de la OFRANEH, acusadas de usurpación de tierra. Jennifer fue detenida por elementos de la policía el día 3 cerca de las 18h30, mientras conducía hacia el municipio de Santa Fé. Al enterarse, su hermana Marianela se presentó en el mismo día en las instalaciones de la posta policial en donde también fue detenida por supuestamente contar con orden de captura.

Marianela Solórzano es defensora de los derechos de la comunidad garífuna LGBTI y Jennifer Solórzano es defensora de los territorios ancestrales garífunas. Sus detenciones se dan en el marco de continuas agresiones y persecución en contra del pueblo garífuna, organizado en la OFRANEH.

Diversas organizaciones en Honduras e internacionales se pronunciaron por la arbitraria  detención y responsabilizaron al gobierno del presidente Juan Orlando de lo que le pueda pasar a Jennifer Solorzano y Marianela Solorzano, además se declararon en alerta, señalaron que “¡No son delincuentes, son defensoras!”. Estas detenciones se dan en el contexto de que hoy se lleva a cabo la audiencia de supervisión de cumplimiento, ante la Corte Interamericana, de las sentencias de las comunidades Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Honduras ya que las comunidades no habrían contado con un título de propiedad sobre su territorio tradicional que fuese culturalmente adecuado. Además señalan la falta de una consulta previa, libre e informada respecto a la adopción de decisiones como la planificación y ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos, la creación de un área protegida y la regulación de ventas de sus tierras comunitarias.

¡Basta ya!

La OFRANEH, representantes de familiares y garífunas crearon el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz – SUNLA. El comité, que será dirigido por un consejo directivo, realizará mesas de trabajo de derechos humanos, donde participarán familiares de las víctimas, expertos en investigación criminal y abogados, involucrados en el caso de Triunfo de la Cruz.

SUNLA es una palabra garífuna que en español significa ¡basta ya!. Este espacio se crea en un contexto de violencia y graves violaciones de los derechos humanos al pueblo garífuna, donde las comunidades sufren una elevada violencia. En menos de dos años ha dejado 40 personas asesinadas, sectores desplazados forzadamente y las desapariciones de cinco jóvenes de quienes desde hace 7 meses no tienen información de las investigaciones estatales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) forman parte de este comité. Desempeñan el papel de intermediarias entre el comité y las instituciones del gobierno, en el proceso de investigación.

El 18 de julio del 2020 treinta hombres fuertemente armados, portando distintivos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ingresaron a la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en el Departamento de la Atlántida, Honduras, y secuestraron a cinco personas de la comunidad, entre ellos líderes y un miembro del patronato. De acuerdo a testimonios de la comunidad, los elementos que se identificaron como agentes de la DPI tenían plenamente ubicadas a las personas, sus viviendas y las de sus familiares cercanos. A siete meses del ocurrido no ha habido avances y el gobierno se niega a entregar información sobre la investigación.

El 29 de octubre de 2003 la CIDH recibió una petición presentada por la OFRANEH contra la República de Honduras. La misma fue admitida el 14 de marzo, fue hasta el 8 de octubre de 2015 cuando la CIDH declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros. Además, la Corte ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación. “Después de la sentencia de la Corte, los integrantes más visibles se convirtieron en objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, para con ello ceder en la exigencia del cumplimiento de esta”, ha denunciado la organización garífuna.

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras: Ellas son María Albertina Nájera, Lilian Hernández y Elsy Banegas, son defensoras del bosque y del agua que abastecen a 15 comunidades del municipio de Manto, Olancho, y junto a 11 compañeros más están siendo judicializadas por el Estado de Honduras para beneficiar a empresas extractivas.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, exigimos que el Poder Judicial y demás instituciones cesen con la criminalización hacia nuestras compañeras, que desde 2016, ha impactado fuertemente en la vida de las defensoras y sus familias.
✊?Porque defender los bosques y el agua es un derecho humano
¡EXIGIMOS SU ABSOLUTA LIBERTAD!

Muere en Washington, D.C., la hermana Dianna Ortiz de la orden católica de las Ursulinas del monte Saint Joseph, a los 62 años después de una batalla contra el cáncer. Dianna valientemente denunció que fue secuestrada y detenida en un centro clandestino, en donde fue torturada por el ejército de Guatemala en noviembre de 1989, de quienes logró escapar. Ella denunció esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien dio su opinión afirmando que “los actos en el caso de la Hermana Ortiz fueron perpetrados por agentes del Gobierno de Guatemala, que actuaban al amparo de su capacidad oficial.”

Por lo que pidieron al Estado de Guatemala que investigara acerca de la responsabilidad por las violaciones cometidas. Así como que se sometiera a un proceso judicial a quienes fueron responsables de estos crímenes y en consecuencia repararan el daño.

En 1995 una corte federal en Estados Unidos resolvió la responsabilidad del general Héctor Gramajo, exministro de Defensa de Guatemala, por el asesinato, tortura y desaparición de nueve guatemaltecos y la violación y tortura de la monja estadounidense Diana Ortiz. La corte ordenó a Gramajo pagar 47,5 millones de dólares como indemnización por los daños, a las víctimas.

La hermana Diana Ortiz de origen estadounidense murió “después de una breve enfermedad” informó en su página la comunidad de Pax Christi, a la que pertenecía en donde fue directora del programa y coordinadora del programa de pasantías, también recibió el premio Maestra de Paz de Pax Christi USA en 2000.

Fue profesora en la escuela Immaculate Conception School, Hawesville, Ky., y en la escuela Blessed Mother School, Owensboro, Ky. antes de trabajar en Guatemala. Fue una de las fundadoras de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington y la Coalición Internacional de Apoyo a la Abolición de la Tortura y a los Sobrevivientes en Washington

En base a su testimonio escribió el libro “Los ojos vendados: Mi viaje de la tortura a la verdad” publicado en 2002.

“Muchos de nosotros en el mundo de Pax Christi conocimos o supimos de Dianna en la década de 1990 cuando, con gracia y perseverancia, presionó al gobierno de los Estados Unidos para que dijera la verdad sobre el secuestro y la tortura que sufrió en Guatemala en noviembre de 1989. Dianna se basó en ella propia experiencia insoportable para crear la Coalición de Apoyo a la Abolición de la Tortura y a los Supervivientes (TASSC), que proporciona herramientas y asistencia para que los supervivientes de la tortura se defiendan por sí mismos, creen conciencia sobre el uso continuo de la tortura en todo el mundo y cambien las leyes y costumbres.”

Por Paula Alvarado Mamani TeleSISA

Reflexionar sobre el derecho a la propia lengua de los Pueblos Indígenas resulta importante en términos valorativos, pues partir del uso del idioma propio, se dará un verdadero respeto a su identidad, en el marco de sociedades que formalmente aceptan una conformación como sociedades plurinacionales y plurilingüisticas. Como indicó la abogada peruana Raquel Yrigoyen Fajardo “El derecho de usar los idiomas indígenas constituye un derecho autónomo; sin embargo, al ser el idioma un eje de la cultura, su protección está vinculada al respeto de la identidad cultural de los pueblos indígenas”.

Las lenguas, como advierte el lingüista Carlos Lenkersdorf, “no sólo sirven para que los hablantes se comuniquen, sino que, a la vez, son herramientas para nombrar la realidad según los hablantes la perciben. Por consiguiente, las lenguas manifiestan las diferentes maneras de ‘ver’ la realidad, es decir, nos hacen captar las cosmovisiones distintas de los pueblos”. Actualmente, la igualdad jurídica formal reconocida por las legislaciones nacionales no es capaz de asegurar la igualdad real de las lenguas indígenas, a pesar de que la mayoría de los Estados han ratificado numerosos Instrumentos de Derechos Humanos en donde ello se consagra.La mayoría de los países de América Latina son pluriculturales y plurinacionales lo que conlleva a la coexistencia de una diversidad de Pueblos, idiomas, culturas y cosmovisiones. En el pasado la cultura oral, con sus reglas y costumbres, tenía lugar en los Pueblos Indígenas, hasta que la Invasión, la Conquista y la posterior colonización introdujeron la escritura como medio de comunicación.

El lenguaje oral es necesario para la sobrevivencia de los Pueblos y comunidades indígenas y es un factor importante para la identidad étnica y la conciencia histórica de los Pueblos Indígenas. La importancia se observa que en la actualidad persisten distintas barreras que limitan el Acceso a la justicia para los Pueblos y Comunidades Indígenas, como por ej. la discriminación étnica y cultural. Estas barreras son, en lo esencial, culturales y lingüísticas.En la actualidad en nuestro Estado existen 36 lenguas, algunos hablantes y algunos en proceso de revitalización.

Por su parte el 21 de Febrero celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue aprobado en la 30ª reunión de Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) del año 1999 en Paris, Francia. La fecha fue en conmemoración del 21 de febrero del año 1952, cuando un grupo de estudiantes en Dhaka, capital de la actual Estado de Bangladeshfueron reprimidos por las autoridades estatales mientras reclamaban que su lengua materna, el bangla, fuera reconocida como lengua oficial. Como resultado de aquello concluyo con la muerte de tres jóvenes.Este año en particular el tema elegido es “Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad” que a su vez reconoce que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión, y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas alcancen a toda la Sociedad. Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, han sido definidos por las Naciones Unidas, entendiendo que Los “derechos lingüísticos” son Derechos Humanos que implican en las preferencias lingüísticas o en el uso que hagan de los idiomas las autoridades estatales, las personas y otras entidades. A su vez pueden describirse como las obligaciones de los Estados en usar determinados idiomas en una serie de contextos y de no interferir expresiones lingüísticas, como consecuencia de ellos abarca la obligación de reconocer el derecho a utilizar su idioma.

Los derechos Humanos Lingüísticos se encuentran regulados en los tratados internacionales de Derechos Humanos y en los instrumentos normativos la cual contemplan prohibición de la discriminación, el derecho a la libertad de expresión, derecho a una vida privada, el derecho a la educación y el derecho a utilizar su propio idioma para comunicarse.Surge así que el Estado se encuentra obligado. Por un lado, El Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, establece en su articulo 28 el derecho a enseñar a los niños a leer y a escribir en su propia lengua indígena, en su articulo 30 dice que deberán realizarse traducciones escritasa la utilización de los medios decomunicación de masas en las lenguasde dichos pueblos.

De acuerdo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la cual el Estado Argentino adhirió,tenemos el derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Además, dispone que los Estados adoptaran medidas eficaces para proteger este derecho, incluidos en procedimientos políticos y administrativos como también los procesos jurídicos debe contarse con un traductor. En particular los artículos 14 y 16 establecen el derecho a instituir sus sistemas educativos y medios de información en sus propias lenguas para lograr la preservación de sus idiomas originarios.Finalmente como normativa vigente encontramos La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que reconoce en un sentido amplio el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística; el derecho al uso de la lengua en privado y en público; el derecho al uso del propio nombre; el derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen; el derecho a mantener y desarrollar la propia cultura; y los restantes derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Foto de portada Brigada de mujeres muralistas, Concepción

Comuna de Lautaro, 19 de febrero 2021.- Comunidad Quiñehual 2 inicia recuperación territorial en fundo San Carlos. Esta decisión la toman en conjunto como familias desplazadas de los territorios que ancestralmente habitaron sus antepasados. Se suman así a una serie de recuperaciones territoriales iniciadas en la comuna en apoyo con otras que también han comenzado a recuperar sus tierras.

La muerte por complicaciones de Covid-19 del último hombre del pueblo Juma, el guerrero Amoim Aruká, es desgarradora. El pueblo Juma ha sufrido innumerables masacres a lo largo de su historia. De 15.000 personas a principios del siglo XX, se redujo a cinco en 2002. Un genocidio probado, pero nunca castigado, que llevó a su pueblo a un exterminio casi total. La última masacre ocurrió en 1964 en el río Assuã, en la cuenca del río Purus, perpetrada por comerciantes de Tapauá interesados en el sorgo y las nueces de Brasil que se encuentran en el territorio Juma. En la masacre fueron asesinadas más de 60 personas, de las que sólo sobrevivieron siete. Los miembros del grupo de exterminio contratado por los comerciantes informaron de que disparaban a los Juma como si lo hicieran a los monos. Los cadáveres de los indígenas fueron vistos por los habitantes de los ríos de la región después de la masacre sirviendo de alimento a los cerdos de monte, con innumerables cabezas decapitadas esparcidas por el suelo del bosque. El autor intelectual del crimen, consciente de lo ocurrido, se jactó de ser el responsable de librar a “Tapauá de esas bestias feroces”. Esta historia no debe olvidarse nunca.

Aruká, uno de los supervivientes, continuó su lucha de resistencia, viendo a su pueblo al borde de la desaparición. Luchó por la demarcación del territorio Juma, que no fue ratificada hasta 2004, la Tierra Indígena Juma (TI). Los supervivientes de Juma, a pesar del riesgo de desaparición, vieron crecer de nuevo su pueblo en la década de 2000, a través de matrimonios con los Uru Eu Wau Wau, un pueblo indígena que también habla tupi-kagwahiva.

Por estar sometidos a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, el pueblo Juma es considerado de contacto reciente y está entre los pueblos a proteger por las Barreras Sanitarias, cuya instalación fue determinada por el Supremo Tribunal Federal a petición de los pueblos indígenas, de los representantes de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), a través de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en el Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental nº 709 (ADPF 709). La solicitud se hizo en julio de 2020 y el juez Luís Roberto Barroso la concedió. Sin embargo, ante las dificultades alegadas por el Gobierno de Bolsonaro, el ministro dio un plazo hasta septiembre de 2020 para la instalación de las barreras en las Tierras Indígenas de Juma. En agosto de 2020, el Gobierno de Bolsonaro dijo que haría la Barrera en el río Assuã, en la REBIO de Tufari, fuera de la Tierra indígena (TI) Juma, sería una Barrera Sanitaria compuesta por la Policía Militar y el DSEI-Humaitá. Sin embargo, en diciembre del mismo año, afirmó que sólo haría un puesto de control de acceso en la Autopista Transamazónica BR 230, pero no demostró su funcionamiento efectivo.

Que el puesto de acceso funcione o no, como venían reclamando los representantes de la COIAB y la APIB desde hace meses en las Salas de Situación con el Gobierno de Bolsonaro, ya no le importa a Aruká. Lo que se sabe, de forma demostrable, es que ahora está muerto. Es tristemente con sus muertos que los pueblos indígenas prueban sus apelaciones. La COIAB y la APIB advirtieron que los pueblos indígenas recientemente contactados corrían un riesgo extremo. El último hombre superviviente del pueblo Juma ha muerto. Una vez más, el gobierno brasileño ha demostrado ser criminalmente negligente e incompetente. El gobierno ha asesinado a Aruká. Al igual que asesinó a sus antepasados, es una pérdida indígena devastadora e irreparable.

Manaus, Amazonas, 17 de febrero de 2021.

Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB)
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)
Opi – Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente

Traducción apoyada en la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Por Francisco Simón Francisco y Nelton Rivera

En un actividad pública, Giammattei volvió a atacar a la prensa: “La lucha contra la corrupción es para nosotros mucho más que un discurso…si bien el esfuerzo que como gobierno estamos haciendo para combatir este flagelo, no ocupa las primeras planas de aquellos diarios interesados en promover falsas informaciones, ni las conversaciones prefabricadas en las redes sociales…” expresó durante su discurso en la presentación del primer informe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC).

Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid que llegaron a cubrir el evento en el Palacio Nacional de la Cultura , denunciaron que los encargados del protocolo de la seguridad de la presidencia les negaron la entrada.

¡El acceso a la información es libre! Expresó el periodista Marvin del Cid, en el momento en el que se les limitó el ingreso en la entrada principal del Palacio Nacional.

La actividad fue presidida por Oscar Miguel Dávila director ejecutivo de la comisión. Con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala CICIG durante el gobierno de Jimmy Morales, Giammattei optó por crear esta comisión que funcionará con Q9 millones 785 mil quetzales para cuatro años, de los cuales Q8 millones 700 mil fueron destinados a gastos personales, según informó Dávila.

De acuerdo a los datos presentados este 16 de febrero hasta la fecha han recibido 137 alertas de corrupción que se cometen en distintas instituciones del ejecutivo, durante un año solamente 5 denuncias fueron presentadas al MP y a la Contraloría General de Cuentas. El gobierno le da una valoración positiva a esta comisión. Mostraron que algunos de estos casos son investigados por el Ministerio Público (MP), una comisión que depende directamente del presidente.

Durante el 2020, fueron registradas 149 agresiones contra la prensa, restricciones como la de hoy fueron cometidas principalmente por funcionarios públicos incluidos el presidente.

ROMPIENDO FRONTERAS
KURDISTAN: Ataques del Estado Turco contra comunidades Kurdas de Irak. Sigue la campaña 100 razones contra Erdogan por Feminicida: Kurdistan America Latina, Comite de Solidaridad con Kurdistan.
DIA MUNDIAL DE LA RADIO 13 de febrero: GUATEMALA Los pueblos originarios de Guatemala tienen derecho a fundar medios de difusión comunitarios. Redtzikin.
ARGENTINA: La Provincia de Chubut sigue resistiendo a la megamineria toxica en sus comundades
Dia MUNDIAL DEL CONDON: Mensaje de Brigada Callejera hablando sobre el desabasto de preservativos para les trabajadores sexuales.
Mensaje de @anatijoux apoyando a las compañeras trabajadoras sexuales de @MargenSomos e ICW Chile en la campaña por el acceso y el uso del condón femenino

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
PUEBLA: Transfeministas y feministas retoman el congreso de puebla, exigiendo se apruebe la ley Agnes.
CdMx: A 4 meses de la #TomaINPI: No nos rendimos, resistimos. Comunidad Otomi residente en CdMx.
CHIAPAS: Agresiones al trabajo colectivo de la comunidad de Nuevo San Gregorio.Informe de la caravana de solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio.
MEXICO: A dos años del asesinato de Samir Flores jornada global contra los Megaproyectos en México.

Müsica:
Juanito Ayala – En memoria de Francisco Martinez
Artistas Unidos por la libertad de expresion- Campaña por Hasel
Autoconvocadxs en Defensa del Bosque