Radio Zapatista

Fuente: Vía Campesina
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El tercer Foro Global Nyéléni se celebró n Kandy, Sri Lanka, del 6 al 13 de septiembre, uniendo a movimientos sociales de todo el mundo para discutir varios temas, entre ellos el creciente autoritarismo, la soberanía alimentaria, la reforma agraria, la atención médica y la justicia climática.

“ El Foro se erige como una plataforma global de resistencia y solidaridad, basada en los principios de la soberanía alimentaria, el feminismo de base, la agroecología, la justicia social, de género y climática, la soberanía popular y energética, y la democracia económica”, se lee en el comunicado de prensa inaugural.

El foro se inauguró el 6 de septiembre en el Instituto Nacional de Desarrollo Cooperativo de Kandy, Sri Lanka. Participan más de 700 delegadxs de 100 nacionalidades diferentes.

El programa incluyó asambleas de mujeres y jóvenes, solidaridad con Palestina

El primer día del foro, las delegaciones regionales de África, el Cercano Oriente y el Norte de África, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central, y América del Norte convocaron sus reuniones preparatorias para discutir nuestra Agenda de Acción Política Común, desarrollada a través de meses de consultas regionales e internacionales. 

Por la tarde, las delegadas se reunieron para la Asamblea de Género y Diversidad Sexual y Aliadas. «Personas de todas las razas, idiomas, sexualidades, identidades y capacidades son bienvenidas a construir con nosotras. Este espacio es fundamental», dijo Paula Gioia, de La Vía Campesina.

El segundo día se celebraron reuniones como la Asamblea de Jóvenes, la Asamblea de Mujeres y el Encuentro de Pueblos Indígenas. «La reforma agraria implica tener jóvenes presentes en espacios dignos, con educación, salud, tierra, alimentación y acceso a la producción local», afirmó Paulina Margarita Caal Chocooj, delegada del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA).

El tercer día se celebró en solidaridad con Palestina, denunciando la inacción de los gobiernos y la ONU para intervenir en un genocidio en curso. «La acción política que estamos llevando a cabo en este foro se conecta con todas las demás acciones que se están llevando a cabo en todo el mundo, incluyendo la Flotilla de la Libertad, los Amigos de La Haya y otras innumerables alianzas a nivel local, regional, nacional e internacional», declaró Jana Nakhal, del Comité Directivo Global en representación de la región NENA.

El Primer Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria sienta las bases para un movimiento global

El Foro Nyéléni de este año se basa en los esfuerzos de foros anteriores, el primero de los cuales tuvo lugar en la aldea rural de Nyéléni, en Mali, en donde los líderes del movimiento campesino y agrario celebraron el Primer Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria en 2007. Este primer foro fue organizado por Amigos de la Tierra Internacional, Vía Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres, ROPPA, el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF) y el Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), y reunió a 600 delegados de los cinco continentes, representando a diversos sectores de la sociedad interesados ​​en la agricultura y la alimentación. 

Este primer foro dio como resultado la Declaración de Nyéléni, un documento fundamental para el movimiento, y designó a Nyéléni como el nombre de la red internacional de movimientos sociales. Hoy, el nombre de la aldea se ha convertido en sinónimo del movimiento campesino mundial y la lucha por la soberanía alimentaria. 

Desde entonces se han celebrado otros foros Nyéléni, entre ellos Nyéléni Europa 2011 en Austria, el segundo Foro Global Nyéléni en 2015 que tuvo lugar en Mali, y Nyéléni Europa 2016 en Cluj-Napoca, Rumania.

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

^{En portada: Ejercicios en el Curso Combinado de Orientación en la Selva entre Estados Unidos y Panamá en territorio panameño, en la Base Cristóbal Colón.}

Mientras se avivan los vientos de intervencionismo de los Estados Unidos (EEUU) frente a México y Venezuela, solo durante el mes de agosto, el Comando Sur realiza al menos tres ejercicios militares en diversos países de Latinoamérica. Estas acciones buscan afianzar su estrategia con la cual afirman van a contrarrestar lo que denominan como Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT, por sus siglas en inglés) o Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés).

Desde el pasado 7 de agosto, la administración de Donald Trump, endureció su postura frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, equiparándolo como presunto líder del llamado “Cártel de los Soles”. Ante ello, el Departamento de Estado de EEUU, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, anunció una oferta de recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien brinde información que conduzca al arresto del mandatario de Venezuela. 

La oferta de recompensa, autorizada por el secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), se dio justo dos semanas atrás cuando el Departamento del Tesoro había designado al “Cártel de los Soles” como “Terroristas Globales Especialmente Designados” (SDGT), un estatus que permite congelar los activos del grupo en jurisdicción estadounidense y criminaliza cualquier transacción con él.

Es así que la situación ha escalado a una crisis tensa entre Estados Unidos y Venezuela, ya que Trump ordenó el despliegue de tropas militares estadounidenses hacia el Caribe, en las proximidades de las costas venezolanas. 

Según información confirmada por funcionarios de Defensa, el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump incluye: el Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG), compuesto por los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio. También 4 mil infantes de Marina de la 22.ª Unidad Expedicionaria.

El CDH Frayba ha denunciado más de 51 incidentes, entre ellos acoso, intimidación y vigilancia contra miembros de la organización de derechos humanos en los últimos 11 meses. A pesar de ello, el CDH Frayba denuncia que las autoridades mexicanas aún no les han concedido medidas de protección efectivas ni han investigado los ataques.

Desde 2010, el personal del Centro FrayBa es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que insta al Estado mexicano a abordar la situación de riesgo en la que se encuentran. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para salvaguardar su integridad.

Firma aquí la Acción Urgente.

Condenamos el asesinato de la presidenta interina de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO) Carolina Plascencia Carvajal, quien fue asesinada en emboscada en la carretera Cuautla–El Hospital a la altura del crucero de Puxtla, cuando manejaba un vehículo color blanco, segun versiones periodísticas, sucedido el pasado viernes 12 de septiembre alrededor de las 15 horas.

Carolina Plascencia asumió el cargo de presidenta interina después que el presidente de ASURCO Antonio Domínguez Aragón dejara el cargo de manera abrupta luego de sufrir un ataque armado en su domicilio en el año de 2024. La ingeniero estaría contendiendo para las elecciones de ASURCO este próximo 28 de septiembre, donde ejidatarios señalan que existía molestia de Rogelio Plascencia al no quererlo incluir Carolina en su planilla.

Rogelio Plascencia fue presidente de ASURCO en el periodo que de manera ilegal se entregara a la CFE el agua para el uso de la termoeléctrica en Huexca mediante un convenio firmado en 2020, cuándo López Obrador ordenó el desalojo del plantón de Apatlaco con cientos de elementos de la Guardia Nacional en tiempos de contingencia del covid, despues de tener una reunión con Rogelio Plascencia, Manuel Bartlett y Cuauhtémoc Blanco.

Rogelio Plasencia fue señalado por Francisco Vazquez de haberlo amenazado de muerte, un día antes de su asesinato el viernes 11 de febrero de 2022, pues se hablaba que Francisco Vazquez quería destituir a Rogelio Plascencia por mal manejo de recursos en la administración de ASURCO, principalmente por los ingresos que implicó la entrega del agua ilegal a la CFE. Francisco Vazquez era presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO en tiempos de Rogelio.

Desde la llegada del Proyecto Integral Morelos al estado de Morelos el crimen organizado fue avanzando a la par en las zonas de conflicto y oposición al PIM en Ayala, Huexca y Amilcingo. Consolidandose en la zona un narcoestado que, en los hechos, ha servido como instrumento del terror que permite la imposición de la termoelectrica, el gasoducto y el acueducto.

En este contexto, el asesinato de Carolina Plascencia se observa es motivado por el control y la disputa del agua que administra ASURCO y cuyo principal beneficiario es la CFE , pues desde la llegada del PIM, han asesinado a dos dirigentes de ASURCO, agudizado la CFE la disputa y comercialización del agua de los ejidatarios dotada en los años veinte del siglo pasado a los ejidos, fruto de la revolución zapatista.

Disputa del agua para la termoelectrica por los ejidos que no se ha resuelto aún en los tribunales federales, pero que el Juez Sexto de Distrito ha sobreseido de manera indebida dos de los amparos desestimando todas las pruebas periciales en hidrología desahogadas, incluso del perito oficial, con el objetivo de negar la razón que tienen los ejidos de Ayala de reclamar su agua indebidamente otorgada por ASURCO y el Sistema de Agua Potable de Cuautla.

Exigimos se esclarezcan los motivos del asesinato de Carolina Plascencia y sean castigados los autores materiales e intelectuales de su asesinato, así como la desarticulacion de los grupos criminales que pretenden apoderarse del agua de los ejidos y del control territorial en Huexca, Amilcingo y otros lugares de la región.

JUSTICIA PARA SAMIR FLORES 

JUSTICIA PARA FRANCISCO VAZQUEZ Y CAROLINA PLASCENCIA 

DESMANTELAMIENTO DEL NARCOESTADO

CANCELACION DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Fuente: Avispa Midia

Por Francisco de Parres

En México, miles de familias siguen buscando a sus hijas, hijos, hermanas, padres, madres, amistades. Buscar es resistir frente al silencio, frente a la impunidad, frente al Estado ausente en materia de justicia. La presencia de las familias en las plazas rompe la estrategia del olvido que pretende que los crímenes queden impunes. El colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz salió también a la jornada de lucha el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Imperante acompañar su dolor que también es nuestro. Porque la desaparición forzada es una herida abierta que atraviesa cuerpos, territorios y memorias.

Madres y sus miradas que no se resignan. Pasos que insisten en caminar, manos que levantan el rostro de quienes les arrebataron. Que nadie se acostumbre a esta violencia. Que nadie calle. Las desapariciones forzadas intentan arrancar no solo vidas, sino también memorias. Pero cada madre, padre, familiar en pie demuestra que la ausencia puede convertirse en presencia que incomoda, en grito que resuena, en verdad que se abre paso entre la indiferencia. Acompañar es mirar de frente, es hacer visible lo que el poder quiere ocultar. Las acciones de las familias son testigos, denuncias, semillas de memoria que no dejarán de crecer.

La desaparición forzada no es un accidente, ni un hecho aislado: es una práctica sistemática sostenida por la impunidad. En México, cada persona desaparecida es el retrato de un Estado que no busca porque al hacerlo se encontraría a sí mismo. Las familias lo dejaron claro: todas las desapariciones son forzadas. Porque no hay “ausencias voluntarias” cuando el miedo está sembrado, cuando las policías y autoridades forman parte de la maquinaria que permite desaparecer a sus propios ciudadanos.

Frente a la indolencia oficial, las familias siguen organizándose, gritando, creando memoria desde el arte y la dignidad. Que nadie diga que no sabía. Mientras falte una persona, la deuda de este país seguirá intacta. Y en las calles recordamos que la desaparición es crimen de Estado, y que la justicia no se mendiga: se exige y ejerce.

Pero también debemos señalar lo evidente: las desapariciones no son solo responsabilidad de un Estado corrupto o negligente, son parte de la arquitectura del capitalismo contemporáneo. Este sistema exige territorios vaciados para extraer sus riquezas; necesita comunidades quebradas para imponer sus megaproyectos; cuerpos descartables para mantener su lógica de acumulación. La desaparición forzada es una de sus expresiones más brutales: un mensaje de terror que dice quién puede vivir y quién puede ser borrado.

La necropolítica, ese poder de decidir sobre la vida y la muerte, no se ejerce en abstracto. Se encarna en policías que fabrican culpables, en militares en todo el mundo que patrullan con licencia para matar, en jueces que protegen al poderoso, en gobiernos que miden en estadísticas lo que las familias viven en carne propia. El capitalismo convierte la vida en mercancía y, cuando no le sirve, en desecho. Por eso las desapariciones forzadas se multiplican: porque son funcionales a un modelo económico y político que avanza sobre los pueblos a costa de su sangre y de su memoria.

Desde la perspectiva de la justicia social, este crimen constituye una práctica sistemática que busca sembrar miedo, desestructurar comunidades y fracturar el tejido para la avanzada del capital acompañado de su necropolítica. En México, hablar de más de 134 mil personas desaparecidas no es una estadística neutra: es la radiografía de un Estado incapaz —y muchas veces cómplice— de detener la violencia que lo atraviesa. La desaparición no se explica como un fenómeno aislado, sino como parte de una política de control que ha encontrado en la impunidad su terreno fértil.

Frente a ello, los colectivos de familiares han producido no solo resistencia política, sino también saberes, pedagogías de la memoria y formas de organización comunitaria que interpelan a toda la sociedad. En cada acción pública no solo se denuncia la inacción del gobierno, también se construye un archivo vivo de la verdad: performance, música, poesía, fotografía y palabra se convierten en herramientas de memoria que rebasan los marcos oficiales que apuntan hacia el olvido e impunidad.

La desaparición forzada nos exige comprender que no hay neutralidad posible: o estamos del lado de quienes buscan o reproducimos el silencio que perpetúa la violencia. Recordar, acompañar y denunciar es responsabilidad colectiva. Pero también lo es confrontar el sistema que sostiene esta maquinaria de muerte. Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común.

Y no es un problema sólo de México: es global. Lo que aquí llamamos desaparición forzada convive con otras formas de administración de la muerte que sostienen el mismo engranaje. En Palestina, la ocupación y la guerra permanentes buscan no solo asesinar, sino borrar pueblos enteros, su derecho a la tierra, su memoria y sus archivos; durante décadas, los bombardeos, los cercos y los desplazamientos han intentado convertir la vida palestina en residuo administrable. En Sudáfrica, las cicatrices del apartheid no se cerraron con la transición: la violencia policial, las expulsiones urbanas y el despojo extractivo siguen administrando quién puede vivir con dignidad y quién debe ser empujado a la muerte lenta de la pobreza estructural; la lógica del capital reescribió el mapa del racismo en clave de rentabilidad. En el Congo, Kurdistán, Yemen, Ucrania y tantos otros territorios, los conflictos geopolíticos y la economía de guerra hacen de poblaciones enteras materia prescindible, cuerpos cifrados como daños colaterales, comunidades enteras reducidas a estadísticas.

En este recorrido de necropolítica global también resuena la violencia política de la ultraderecha brasileña, cuyos afines al expresidente Jair Bolsonaro tomaron las calles recientemente, portando banderas estadounidenses y exigiendo impunidad ante el Tribunal Supremo, en un ejercicio de intimidación autoritaria que se basa en el odio, la deslegitimación de las instituciones y la promoción de la xenofobia como discurso político legitimado. Estas movilizaciones no son meros actos de protesta: son actos de guerra simbólica contra la democracia y la diversidad, piedra angular de una estrategia global de las extremas derechas para sabotear la vida pública y revestirla de terror. Su retórica, alimentada por noticias falsas y afinidades ideológicas con políticos como Donald Trump o Benjamín Netanyahu, invoca un ataque directo a la colectividad, profundiza divisiones sociales y refuerza la necropolítica que determina qué vidas merecen ser escuchadas —y cuáles están condenadas al silencio.

Las desapariciones en México y las masacres en Palestina, la represión en Sudáfrica y la guerra en otros territorios, son expresiones distintas de una misma maquinaria: un capitalismo global que gestiona la vida y la muerte según sus necesidades de acumulación, y Estados que articulan esa administración con leyes de excepción permanentes, con fuerzas de seguridad convertidas en ejércitos internos y con sistemas judiciales que archivan la verdad. La necropolítica no es un exceso: es método. La guerra no es una anomalía: es una forma de gobierno. 

En este mismo mapa de violencia se inscribe la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Desde hace años, los pueblos organizados en torno al EZLN enfrentan hostigamiento militar, paramilitar y gubernamental que busca despojarlos de sus territorios y quebrar su experiencia de autonomía. La desaparición, la represión y los ataques armados contra bases de apoyo zapatistas no son hechos aislados, sino parte de la misma maquinaria que opera en todo el país y el mundo: la alianza entre el capital y los Estados para controlar territorios, destruir comunidades y neutralizar cualquier alternativa que plantee la vida en común y la dignidad por encima del lucro. Lo que se vive en Chiapas no es tan diferente de lo que ocurre en otros territorios en guerra: son expresiones localizadas de una misma necropolítica global que administra el miedo y la muerte para sostener la acumulación y el despojo. 

Por eso, la lucha de las madres buscadoras en Veracruz está profundamente ligada a la resistencia de las madres palestinas que levantan fotografías bajo los escombros, a las familias sudafricanas que exigen justicia frente a la represión estatal, a las comunidades del Sur Global que se organizan contra el extractivismo y el desplazamiento forzado. Cuando una madre pone el nombre de su hijo en una cartulina y otra enarbola la foto de su hija en un campamento de refugiados, están escribiendo una misma gramática de dignidad: la que convierte el duelo en denuncia, la memoria en herramienta, la calle en archivo vivo.

Que nadie diga que esto sucede lejos. Que nadie crea que puede mirar hacia otro lado. La desaparición forzada, el genocidio, las guerras del capital, forman parte de un mismo mapa de violencias que nos atraviesa. Resistir, entonces, no es solo buscar en México: es tejer alianzas, construir memoria internacionalista, unir saberes y prácticas de cuidado, reconocer en el otro la continuidad de nuestra propia lucha.

En este horizonte, acompañar no es un gesto caritativo: es una práctica política que interpela al Estado y al capital. Implica exigir verdad y justicia, sí, pero también desmontar los dispositivos que hacen posible la desaparición: la militarización de la vida cotidiana, la privatización de los territorios, la criminalización de la protesta, el racismo y el clasismo que habilitan la deshumanización. Implica defender la vida como principio organizador de la sociedad y del derecho.

Porque la memoria no es pasado: es presente que convoca. Cada brigada de búsqueda, ofrenda improvisada, mural, cada pañuelo levantado, es una pedagogía popular que enseña a nombrar lo innombrable y a trazar mapas de esperanza en medio del terror. 

Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común. Solo desde ahí, desde el reconocimiento de esta raíz estructural, podrá abrirse el horizonte de una justicia verdadera: aquella que no solo encuentre a los desaparecidos, sino que impida que las desapariciones sigan siendo la política no escrita de los poderosos.

^{*Francisco De Parres Gómez (Francisco Lion), Antropólogo, comunicólogo y fotógrafo. Autor de Poéticas de la resistencia: Arte Zapatista, estética y decolonialidad. Coordinador de Internacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías.}

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
^{Fotos por Elizabeth Díaz/Sueña Dignidad}

El pasado 5 de septiembre se cumplió un año de los hechos de violencia y represión policial contra más de 40 personas – entre ellas defensores del territorio, periodistas y estudiantes– ocurridos en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, en el contexto de movilizaciones pacíficas que exigían la cancelación de una carpeta de investigación contra Hortensia Telésforo, defensora de la Casa de los Pueblos de Atlapulco, al sur de la Ciudad de México.

Aquel día, en lugar de diálogo, la protesta enfrentó la violenta irrupción de miembros de grupos de choque, quienes armados con palos agredieron y detuvieron de manera arbitraria a cinco personas, todo mientras elementos policiales presentes se abstuvieron de defender a los manifestantes. Las y los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público de Tlalpan, donde más tarde, las protestas por su liberación fueron respondidas por los elementos policiacos con actos de represión que incluyeron robo, tortura, violencia sexual y psicológica.

A un año de la jornada de violencia institucional, conocida ya como el “halconazo morenista” – por la similitud en que funcionarios utilizaron grupos de choque para reprimir la protesta social, tal como sucedió durante la década de los 70s con grupos paramilitares denominados como ‘halcones’- las víctimas denuncian que no hay justicia ni reparación: mientras funcionarios y policías responsables siguen impunes, persisten las carpetas judiciales abiertas contra quienes fueron criminalizados. Peor aún, lejos de cesar, la persecución y amenazas se mantienen como mensaje de advertencia contra activistas y defensores del territorio en la Ciudad de México (CDMX).

El día de hoy, 12 de Septiembre de 2025, el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas y la REMA hemos salido a las calles de Jiménez del Teúl, Zacatecas, a manifestarnos de manera pacífica con el firme objetivo de ratificar nuestro total rechazo al proyecto de la presa Milpillas, que desde hace 10 años los gobiernos municipales, estatales y ahora el federal intentan imponer en nuestro territorio.

Este proyecto, hoy incluido en el Plan Hídrico Nacional, carece de sustento técnico y científico. Lo único que lo respalda es un estudio de factibilidad de 2018, plagado de afirmaciones falsas, omisiones y contradicciones. Sabemos por datos de la propia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que los 5 acuíferos de la región centro están agotados, con un déficit de 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa Milpillas sólo cubriría 41 millones de metros cúbicos, por lo que se necesitarían 7 presas para mínimamente cubrir las necesidades de abasto de agua.

Este proyecto pretende desviar 92% del caudal del Río Atenco, lo que definitivamente es una sentencia de muerte para éste, nuestro río, y con él una sentencia de muerte para nosotras, las comunidades que desde tiempos ancestrales hemos vivido de sus aguas, en su ribera. La continuidad de la permanencia del río y sus ecosistemas son de vital importancia para nuestra propia supervivencia.

Los tres niveles de gobierno nos quieren engañar diciendo que habrá “desarrollo y progreso”, pero nada más basta voltear a ver a las comunidades en el país que ya han tenido la experiencia con imposición de presas en sus territorios, para reconocer estas mentiras. Aquí algunos ejemplos:

• La comunidad Puente de Arcediano, en Jalisco, donde en 2003 se presentó el proyecto de la presa de Arcediano en las barrancas de Huentitán, después de haber demolido las casas y el pueblo entero, en 2009 se suspendió la obra por fallas técnicas. El gobierno federal se negó a reconocer y pagar los daños, y el pueblo dejó de existir. 
• La comunidad indígena Cantiles de El Ciruelo, donde se construyó la presa El Cajón en 2006 en Nayarit y Jalisco:  además de los 4 municipios afectados, 7 asentamientos fueron inundados. La reubicación y pago de las tierras estuvo plagado de irregularidades, y  las autoridades responsables nunca realizaron las obras prometidas  como parte de la indemnización por la afectación de sus tierras.
• Comunidades chinantecas donde hace más de 50 años se construyó en el río Papaloapan en Oaxaca la presa Cerro de Oro, en donde 26,000 campesinas y campesinos de 37 ejidos fueron afectados, y 36,000 hectáreas de tierra fértil fue inundada. Las comunidades ribereñas indígenas  fueron desplazadas de manera forzada sin indemnización alguna.
• Las comunidades de la Yesca en Nayarit, así como Hostotipaquillo, Magdalena y Tequila en Jalisco: afectadas por la presa La Yesca, la cuál comenzó a construirse en 2007. 10,000 habitantes perdieron sus medios de subsistencia. Las autoridades encargadas nunca pagaron el monto por la utilización de los terrenos, no se indemnizó ni se cumplió con las obras prometidas.
• Proyecto hidrológico Veracruz ubicado en la región Zongolica: esta obra impactó a 20 comunidades indígenas, quienes vendieron los terrenos fueron engañadas y presionadas para que vendieran. Ellas también por oponerse vivieron una una campaña de deslegitimación, intimidación y criminalización.

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
_{En portada: Habitantes opositores a la presa Milpillas. Foto: GRIETA}

Desde la Red de Afectados por la Minería (REMA) convocan a una manifestación pacífica a realizarse mañana, 12 de septiembre, en el municipio Jiménez del Teúl, Zacatecas, contra la imposición de la presa Milpillas y a favor de la defensa del río Atenco. Mediante convocatoria, integrantes de la Red detallaron que este llamado se encuentra especialmente dirigido “a organizaciones sociales, colectivos, comunidades aliadas, académicos, artistas, periodistas y medios de comunicación”, esperando que respalden la acción. 

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En abril de este año, David Monreal, -Gobernador actual de Zacatecas-, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y con el respaldo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), anunciaron oficialmente la reactivación del proyecto Presa Milpillas, pausado durante todo el sexenio anterior.

El motivo de retomar este proyecto responde a que fue integrado en el Plan México -la estrategia económica nacional impulsada por la mandataria morenista-, donde forma parte de los 17 proyectos estratégicos que buscan “asegurar” el abastecimiento del agua en el país. 

En marzo del 2017, el entonces gobernador priísta en Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, anunció el inicio del proyecto que desde entonces ha tenido el objetivo de abastecer de agua a la región central de la ciudad. Oficialmente el plan se trata de llevar agua del río Milpillas (o Atenco, conocido así por los habitantes) durante los próximos 50 años, al corredor Fresnillo-Zacatecas para proveer a 514 mil habitantes.

Pobladores de las comunidades ubicadas en los municipios Jiménez del Teúl, Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas capital, se oponen al discurso oficial pues -como han expresado a través de sus comunicados-, tan sólo la construcción de la presa destruirá los ecosistemas que hay en la cuenca. Con apoyo de ambientalistas, han evaluado que la presa desaparecería el 92% de las aguas de manantial que alimentan al Río Atenco, centro de existencia de las comunidades y ejidos. En total habría 19 comunidades afectadas. 

¡URGE DIFUSIÓN!

Compañeros y compañeras:

Denunciamos que aproximadamente a las 8 de la noche, del día de hoy 8 de septiembre de 2025, a nuestro compañero Promotor del CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ), así como integrante DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) se le retiró el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en pleno traslado en un camino de Guerrero. Esto ocurrió cuando sufrió una descompostura en el automóvil que manejaba, en ese momento las patrullas de la Policía Estatal que le brindaban el acompañamiento como parte de las medidas cautelares de nuestro compañero, lo dejaron solo y sin protección, a pesar de que saben que su vida e integridad física están en grave riesgo, ya que enfrenta amenazas directas de grupos armados que operan en la zona.

Exigimos que el Estado cumpla con el Mecanismo de Protección para nuestro compañero y lo responsabilizamos de cualquier ataque, agresión o daño contra su persona.

A nuestros hermanos y hermanas les llamamos a estar atentos y a denunciar la negligencia del Estado que pone en riesgo la vida de nuestros compañeros.

ATENTAMENTE:

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

#EstadodeGuerrero
#CNI
#CIPOGEZ

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Rocío Flores/Oaxaca Media}

El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) advirtió sobre los graves riesgos sociales, ambientales y técnicos del proyecto Presa Margarita Maza, previamente conocido como Paso Ancho. Esta iniciativa contempla la construcción de una presa, un acueducto de más de 100 kilómetros y una planta potabilizadora con un presupuesto actualizado de 7,840 millones de pesos, monto que casi duplica lo anunciado por Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante marzo de este año.

De acuerdo con el OCCAMA, los diferentes montos del presupuesto y tiempos para el inicio de las obras, sumado a la falta de consulta y estudios correspondientes generan preocupación sobre la planeación y ejecución del proyecto, cuyo antecedente de implementación fracasó en el año 2014.

“El problema principal que tenemos ahora es un desfase en la información y en los tiempos. Estamos por saber el anteproyecto, pero ya hay, muy avanzado, los procesos financieros de aprobación y los compromisos políticos de que la presa se va a construir. Apenas vamos a tener esta información, hay una ruta hipotética de cuáles son las comunidades”, aseveró Juan José Consejo Dueñas, integrante del Observatorio, sobre las poblaciones que serán afectadas por las obras.

Fue en el marco del Plan Nacional Hídrico, cuando el director de Conagua refirió que la construcción iniciaría en agosto de este año con una inversión inicial de 700 millones de pesos para concluir en el año 2027. Sin embargo, los integrantes del Observatorio señalan que los documentos de licitación publicados en la plataforma gubernamental Compras MX señalan montos que casi duplican la cifra original lo que, sumado a las contradicciones en la información entre los gobiernos federal y estatal dan sustento a más dudas y suspicacias.

Opacidad y antecedentes de un fracaso

Uno de los señalamientos centrales del Observatorio es la falta de transparencia y opacidad con la que se ha manejado el proyecto. Además reclamaron los compromisos públicos, reiterados por la presidenta Claudia Sheinbaum, de garantizar procesos de consulta obligatorios en obras de este tipo, cuando hasta el momento no se ha difundido información clara ni se han realizado consultas previas con las comunidades directamente afectadas. 

Esto sobre todo en relación a los impactos ambientales que consideran podrían afectar la Cordillera Norte, una zona clave para la recarga de los acuíferos y el mantenimiento de la biodiversidad en la región de los Valles Centrales. Aunado a ello, en el ámbito social resaltaron los impactos negativos de las comunidades ubicadas a lo largo del acueducto, la planta potabilizadora y las poblaciones río abajo del proyecto.

Además, el Observatorio subraya que la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) , documento indispensable para conocer los impactos en el ecosistema, aún no ha sido puesto a disposición del público. “Los estudios de la MIA-R son un elemento clave que debe ser público para que no se pasen por alto la legislación en materia ambiental en la que el gobierno federal ha hecho mucho hincapié”, sostuvieron mediante posicionamiento.

El escepticismo de las comunidades no es en vano. En el año 2014, el proyecto Paso Ancho fue cancelado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a fallas técnicas y omisiones graves.Para el OCCAMA, la actual presa Margarita Maza “parece emular el desastroso proyecto de Paso Ancho y el Acueducto del Bicentenario”, dos iniciativas que nunca se concretaron y que dejaron un historial de desconfianza entre la población de Valles Centrales.

En 2024, el gobernador de Oaxaca anunció la reactivación de Paso Ancho, ahora rebautizado como Margarita Maza, y lo presentó ante la presidenta Sheinbaum sin compartir información a la sociedad. Ante ello, comunidades han solicitado reuniones que no se han concretado con los gobiernos federal y estatal para discutir el nuevo proyecto. “Desde agosto del 2024, manifestamos nuestra preocupación por la falta de información sobre el asunto, con el grave antecedente de las fallas y omisiones que hicieron de Paso Ancho una obra inviable técnica social y jurídicamente”, denunciaron. 

En mayo de 2025, el director del Organismo Cuenca Pacífico Sur de Conagua informó que el proyecto pasó a llamarse Presa Margarita Maza y se ubicaría en Rancho Viejo, Sola de Vega. Aunque se habló de dimensiones menores, reconoció que aún no existían los estudios completos, pese a que la obra “podría iniciar en agosto”.

Ese mismo mes, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar adjudicó a FRO Ingenieros el contrato para los estudios de ingeniería básica y anteproyecto por más de 64 millones de pesos, tras descalificar a la única empresa competidora. Para el OCCAMA, este proceso fue poco competitivo y la falta de acceso a los estudios presentados confirman la opacidad. 

El 8 de agosto, una nota de prensa difundió que iniciaban las licitaciones. En Compras MX apareció la ficha “Presa Margarita Maza (Paso Ancho)”, que promete abastecer de forma continua a 641 mil habitantes. Días después, el gobierno estatal aseguró en un comunicado que la primera etapa de coordinación, licitación y supervisión se cumplió “en tiempo y forma” y que la obra beneficiará directamente a la población de Valles Centrales.

Las comunidades y organizaciones cuestionan la inversión millonaria para el proyecto Margarita Maza, puesto que, analízan, los recursos deberían ser encauzados al mejoramiento y reparación de las redes urbanas de suministro y distribución de agua en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña. “Resultaría ocioso invertir en una obra pública mayor, si actualmente se pierde en fugas, cerca del 50% del agua disponible”, aseveraron mediante pronunciamiento.

Alternativas

Las organizaciones del OCCAMA plantean alternativas comunitarias, frente a la imposición del megaproyecto, centradas en la gestión del agua desde abajo mediante técnicas y estrategias de cosecha de lluvia, riego eficiente, saneamiento ecológico y reciclaje de aguas. Además, promueven la protección de la Cordillera Norte, fundamental para la recarga de acuíferos y la biodiversidad que albergan los ecosistemas en la región de Valles Centrales.

El Observatorio remarca que estas prácticas no son nuevas, sino son retomadas del conocimiento de pueblos originarios y comunidades para la planeación comunitaria del agua, la producción orgánica, el saneamiento seco y las pequeñas presas filtrantes. 

“Hay que hacer el riego eficiente, hay que cosechar la lluvia, hay que limpiar el agua con sistemas de rehuso y de limitación. Hay un conjunto de medidas que no solo ya conocemos, sino que se ponen en práctica en pequeña escala en muchos lugares en los Valles centrales.

No hay que ver qué podríamos hacer, sino hay que ver lo que ya se está haciendo y apoyar eso”, sostuvo Consejo Dueñas del Observatorio.