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Avispa Midia

Entrevista al expreso político Sebastián Ramírez tras 19 años en la cárcel y asesinado este 19 de julio 2022

Entrevista realizada al ex preso político Álvaro Sebastián Ramírez tras 19 años preso. Lamentablemente este martes 19 de julio fue asesinado en una colonia de la ciudad de #Oaxaca #México

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Avispa Midia

Gobierno favorece a Sempra Energy y deja en el olvido un preso político indígena

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Son más de 2 mil días en prisión. Han pasado tantas cosas fuera de los muros, pero la memoria esta fresca, como si todo hubiera sucedido ayer. Fidencio Aldama, originario de la Tribu Yaqui, del estado de Sonora, rememora siempre que puede por qué esta en el encierro y culpa directamente al gobierno y a la transnacional estadounidense Sempra Energy de ello.

Fidencio fue llevado a prisión desde octubre del año 2016 por un supuesto homicidio que el sostiene que no cometió. Tiene presente cada acontecimiento en el que participó y contextualiza en un audio (recientemente publicado por la red de activistas que los apoyan), que antes de que lo detuvieran, “habían estado consultando con el pueblo de Loma de Bácum sobre el proyecto de la construcción de un gasoducto, en donde se organizaron varias reuniones”, refiriéndose al gasoducto denominado Guaymas-El Oro, de la empresa Ienova, filial de Sempra Energy, el cual pretendía cruzar por 90 kilómetros dentro del territorio Yaqui.

El preso político recuerda que en aquel momento se habían reunido los 8 pueblos de la Tribu Yaqui, en el pueblo de Loma de Bácum, dónde se llegaron a algunos acuerdos sobre este proyecto. La empresa ofreció entre 150 y 300 pesos mexicanos por metro lineal por donde cruzaría este ducto.

Según cuenta el indígena, las personas interesadas en que el gasoducto cruzara por el territorio Yaqui, “observaron que los 8 pueblos se estaban organizando y se percataron de la fuerza que estaba tomando la tribu, por esta razón optaron por sobornar para poder dividir a los pueblos, comprando conciencias, al grado de querer imponer a gobernadores (de cada pueblo) para que aceptaran el trato del gasoducto”.

Ver investigación Los “Ventajosos” beneficios de Sempra Energy en México

El único pueblo que no lograron convencer fue Loma de Bácum. Incluso, en la propia Acta Marco de la Consulta Previa, Libre e Informada, realizada por la Secretaría de Energía (SENER) y la empresa Ienova, se establece que dicha consulta fue aprobada por los 8 pueblos que conforman la Tribu Yaqui, pero este documento, en los espacios que corresponden al pueblo de Loma de Bácum, quedaron vacíos, es decir, nadie firmó esta supuesta consulta.

La comunidad de Loma de Bácum determinó no aprobar este proyecto, ya que consideraban que, por la cercanía de las viviendas, se corría un alto riesgo. Al menos en ese sentido, la Consulta sí anunció este posible riesgo, ya que el gasoducto llamado Guaymas-El Oro, transportará diariamente 510 millones de pies cúbicos de gas metano, “altamente inflamable en contacto con el oxigeno”, considerando que las temperaturas que alcanzan al momento de transportar el metano alcanzan “un intervalo de 10 a 50 grados centígrados”, se estipula en el Acta de la Consulta, lo que significa que con alguna fuga podría estallar.

El asesinato

Un juez federal en el juzgado séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión de la construcción de este gasoducto, al menos en el área de influencia de Loma de Bácum, por no tener el consentimiento de toda la tribu. No obstante, la filial de Sempra Energy continuó con sus labores de construcción. Fue así que este pueblo decidió parar la construcción por sus propias manos apegados la libre determinación como pueblo indígena. Fueron acusados por Ienova como acto de sabotaje.

Fidencio cuenta que, “al no conseguir las firmas de la totalidad de los 8 pueblos, decidieron accionar un ataque hacia Loma de Bácum”.

Fue así que el primero de octubre de 2016 un grupo armado irrumpió en la comunidad que no quiso firmar. Lo que pretendían dice Fidencio, era “derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados”.

El fallecido en esta trifulca respondía al nombre de Cruz Buitimea Piñas, responsabilizando a Fidencio Aldama por su muerte, motivo por el cual fue detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Obregón, en Sonora.

Fidencio hoy se considera un preso político y, asegura que en la carpeta de investigación de su caso “existen muchas irregularidades y anomalías, por ejemplo, no concuerda el arma que yo portaba ese día, era un arma calibre 45 y el proyectil del arma de fuego que impacto y dio por muerte a Cruz fue un calibre 22 y aun así el juez no tomó valida mi prueba dejándome como asesino, siendo que soy todo lo contrario, inocente”.

El indígena Yaqui, como parte de la Guardia Tradicional de este pueblo, tenía el derecho de estar armado con ciertos tipos de armas para velar por la seguridad del pueblo, tal y como lo marca la ley mexicana y apegados a la libre determinación como pueblo originario. “En la vigilancia de la tribu Yaqui siempre me esforcé por hacer lo correcto, de vigilar y velar por la comunidad, patrullaba los linderos del pueblo por los problemas de robo de ganado o el ingreso de personas desconocidas al territorio, cuando estas desobedecen son llevados ante las autoridades tradicionales”, comparte Fidencio.

Entre las palabras que comparte Fidencio, sin duda alguna, se considera “una persona de buena conducta”, tan es así que, para obtener su libertad, le ha apostado a la solidaridad y a seguir “las reglas internas del CERESO. Practicando el deporte como el fútbol, me mantengo elaborando cuadros para subsistir aquí adentro, así como también me encuentro estudiando, ya que me gane dentro del centro la confianza, dándome la oportunidad de estudiar la preparatoria, trato de aprovechar el tiempo”.

Al final de su audio-carta, llama a su pueblo para seguir luchando y para no dejarse vencer.

Amlo se reune con empresarios de EEUU en su gira por este país. Entre ellos, Jeff Martin, director ejecutivo de Sempra Energy y de Tania Ortiz Mena, directora general de la subsidiaria estadounidense Ienova

Más beneficios a Sempra Energy

El pasado mes de enero, La Comisión Federal de Electricidad (CFE), representada por su Director General Manuel Bartlett Díaz, y la empresa Sempra Energy, a través de su Presidenta para México Tania Ortiz Mena (ex consejera de la Comisión Reguladora de Energía), firmaron un acuerdo que contempla la reanudación de la operación del gasoducto Guaymas –El Oro, a través de una nueva ruta “que deriva del entendimiento mutuo entre la comunidad Yaqui y la CFE, privilegiando el diálogo y el respeto”, anunciaron en un boletín de prensa.

De acuerdo con estas instancias, con esta nueva ruta, la CFE podrá abastecer de gas natural a mercados industriales, comerciales y residenciales de los estados del Pacífico Mexicano, Baja California Sur, así como a la terminal de licuefacción de Topolobampo.

La empresa Sempra Energy no perdió ni un peso, ya que mientras la construcción fue detenida, el gobierno mexicano en turno, que presidía Enrique Peña Nieto y, con la administración actual, con Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, recibió el pago de sus servicios como si los estuviera brindando.

Esto fue debido a que en los contratos se establecieron clausulas que Obrador, cuando recién asumió el poder, les llamo de “ventajosas y leoninas”, las cuales se apegaban a clausulas de “fuerza mayor y caso fortuito”.

A parte de reactivar el Gasoducto Guaymas-El Oro, el acuerdo da mayores beneficios a la empresa Sempra Energy, ya que se le adjudica directamente el desarrollo conjunto de la terminal Vista Pacífico LNG, en Topolobampo, Sinaloa. Esta terminal permitirá la importación de alrededor de 4 millones de toneladas métricas de gas natural por año, proveniente desde las cuencas de Texas hasta Topolobampo. “En apego al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de suministrar al estado con electricidad de bajo costo y combustibles menos contaminantes y más amigables con el medio ambiente”, según la CFE.

Reunión con Sempra Energy

El presidente de México cerró este miércoles (13) una gira de dos días por Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con el presidente de este país, Joe Biden. También acudió al encuentro denominado CEO Dialogue, una reunión con empresarios de ambos países, donde figuró el magnate Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. También brilló la presencia de, Jeff Martin, director ejecutivo de Sempra Energy y de Tania Ortiz Mena, directora general de la subsidiaria estadounidense Ienova.

López Obrador sostuvo que las empresas estadounidenses planean invertir 40 mil millones de dólares en México de aquí a 2024, principalmente en el sector energético.

Sempra Energy es una de las transnacionales que va acaparando diversas ramas del sector energético en México pues integra el transporte, almacenamiento y distribución de gas (natural, etano y LP), además de la generación de electricidad y almacenamiento de productos refinados.

Tan solo en 2018, ya contaba con 17 gasoductos en México, seis terminales de almacenamiento, cinco complejos de energía solar, tres de energía eólica y una termoeléctrica. También están a cargo de 6 de los 16 puntos de interconexión para importación de gas proveniente de los Estados Unidos.

Al cierre de 2020 su presencia abarca a 17 estados de la República Mexicana con 10 mil millones de dólares en activos totales, “posicionándonos como una de las empresas privadas de energía más grandes del país”, rezan los informes financieros de esta empresa.

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fidencioaldama.org

“Que no se dejan vencer”. Declaración del preso político Fidencio Aldama

Mi nombre es Fidencio Aldama Pérez. Perteneciente a la étnica de la tribu Yaqui, me inculcaron desde niño el respeto hacia las personas, sin olvidar algo muy importante: LA LUCHA POR NUESTRO TERRITORIO.

Un hombre que no agrede más bien defiende, nuestros ancestros me han dejado como herencia un principio que radica en proteger nuestras raíces y tradiciones, sobre todo aplicar nuestros usos y costumbres, para el beneficio de la comunidad.

Me enseñaron a luchar para que la tribu Yaqui no desaparezca.

Realice un juramento cuando se me asigno el cargo de la vigilancia de la tribu Yaqui, para velar por el pueblo y prestar el servicio ante cualquier circunstancia, me comprometí seguir con lealtad mi cargo establecido.

Viví 20 años en la Loma de Guamúchil prestando mi servicio a la comunidad, cumpliendo las tradiciones de nuestros usos y costumbres, siendo un hombre tranquilo, respetuoso, cariñoso, amable, que siempre está dispuesto a servir.

Me fui a Loma de Bácum cuando me casé, ofrecí nuevamente mi apoyo al pueblo, formé parte de la guardia tradicional, di mi servicio comunitario como lo hacía antes, en algunas emergencias como: el trasladar a personas a sus citas médicas, a mujeres embarazadas, o cualquier tipo de emergencia médica, también apoyaba en las fiestas tradicionales.

En la vigilancia de la tribu Yaqui siempre me esfuerce por hacer lo correcto, de vigilar y velar por la comunidad, patrullaba los linderos del pueblo por los problemas de robo de ganado o el ingreso de personas desconocidas al territorio, cuando estas desobedecen son llevados ante las autoridades tradicionales.

La tribu Yaqui tiene sus leyes internas en la que no pueden intervenir personas ajenas a la comunidad, las leyes de las fuerzas Estatales o Federales no tienen injerencia en nuestro pueblo.

Antes del día de los hechos del 21 de octubre del 2016, se habían estado consultando con el pueblo de Loma de Bácum sobre el proyecto de la construcción de un gasoducto, en donde se organizaron varias reuniones.

Se reunieron los 8 pueblos de la tribu Yaqui, en el pueblo de Loma de Bácum, ahí se llegaron a algunos acuerdos.

Las personas del gasoducto, observaron que los 8 pueblos se estaban organizando y se percataron de la fuerza que estaba tomando la tribu, por esta razón optaron por sobornar para poder dividir a los pueblos, comprando conciencias, al grado de querer imponer a gobernadores para que aceptaran el trato de gasoducto y este pasara por el territorio Yaqui, a quienes no convencieron fue al pueblo de Loma de Bácum y al no conseguir las firmas de la totalidad de los 8 pueblos, decidieron accionar un ataque hacia Loma de Bácum.

Pero Loma de Bácum ya había tomado cartas en el asunto, llevo un proceso legal sobre el gasoducto, la empresa IEnova irrumpiendo y faltando al respeto al pueblo de Loma de Bácum, siguió y trazo el gasoducto por su territorio, todas estas anomalías y violaciones dieron el fallo y dándole el triunfo a Loma de Bácum y freno en su totalidad la construcción del gasoducto hasta la fecha.

ENFRENTAMIENTO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016.

Ese día sucedió algo inolvidable, la lucha por el territorio, pero también algo terrible sucedió la pérdida de un ser querido del mismo pueblo de Loma de Bácum, este joven de nombre Cruz Buitimea Piña era uno de los que atacaron a la comunidad ese día.

Me acusan de quitarle la vida, soy encarcelado y trasladado al CERESO de Ciudad Obregón.

En la carpeta de investigación existen muchas irregularidades y anomalías, por ejemplo, no concuerda el arma que yo portaba ese día, era un arma calibre 45 y el proyectil del arma de fuego que impacto y dio por muerte a Cruz fue un calibre 22 y aun así el juez no tomo valida mi prueba dejándome como asesino, siendo que soy todo lo contrario, INOCENTE.

Sigo siendo una persona de buena conducta y obedeciendo las reglas internas del CERESO. Practicando el deporte como el futbol, me mantengo elaborando cuadros para subsistir aquí adentro, así como también me encuentro estudiando, ya que me gane dentro del centro la confianza, dándome la oportunidad de estudiar la preparatoria, trato de aprovechar el tiempo.

Les mando un saludo a todas las personas que me han apoyado en todo este tiempo, ya han transcurrido casi seis años.

También les digo que luchan por el territorio que no se dejen vencer.

Les mando saludos.
Gracias

Libertad a Fidencio Aldama

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Radio Zapote

O.C.S.S. | Estamos en desacuerdo que se considere como héroes a los ejecutores de la guerra sucia

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS
Al pueblo de México:

¡EXIGIMOS JUSTICIA NO DISCURSOS MAÑANEROS!

El 22 de junio recién pasado, en un acto público efectuado en el campo militar numero 1, se dieron a conocer algunas acciones para el esclarecimiento de la llamada “Guerra sucia” efectuada entre los años 1965 a 1990, que realiza o pretende realizar el gobierno federal.

A nosotros, militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), viendo y oyendo ese evento, nos han surgido varias preguntas:

¿Porque hasta 1990?, ¿Por qué no se investiga a los muertos, desaparecidos y encarcelados por el estado mexicano después de esa fecha? ¿Se protege a alguien?

(Continuar leyendo…)

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Avispa Midia

Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.

Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.

En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.

Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.

“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama

En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.

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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.

En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.

Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.

El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.

Desigualdad

Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.

Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.

Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.

Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.

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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.

Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.

En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.

“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.

Protestas en el marco del quinto aniversario del desalojo de la comunidad de Laguna Larga, Guatemala

El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.

IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.

 

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CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

Comunicado de la comunidad de Tula Guerrero, municipio Chilapa de Álvarez, Estado de Guerrero

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.

AL CONCEJO NACIONAL INDIGENA.

A TODOS LO MEDIOS DE COMUNICACION LIBRES.

A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA SOLIDARIAS

A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

AL PUEBLO DE MEXICO.

PRESENTE.

 

Antes que nada queremos AGRADECERLES a tod@s por el apoyo brindado, el acompañamiento y la difusión, en estos momentos inciertos que sufrimos los pobladores las comunidades pertenecientes al  de Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y policías comunitarios de las CRAF-PC-PF, derivado del apoyo solidario recibido el día de ayer veintitrés de junio, ceso la incursión que tenían planeada realizar los sicarios de los Ardillos, liderados por los Hermanos Celso Ortega, a Torres intelectuales de todos nuestros más de cincuenta muertos, desapariciones forzadas ,  desplazamientos , ataques y demas delitos contra nuestras comunidades  .

 

Hacemos de su conocimiento que los ataque por el grupo delincuencial con tácticas paramilitares “LOS ARDILLOS”, siguen atacando las comunidades, con armas de fuego, así como con drones y artefactos explosivos los cuales cada vez tiene mayor rango de alcalde , generando un radio de destrucción mayor, creando paico colectivo, a todas horas y en especial por la noche, por tal motivo acudimos al destacamento del ejército mexicano que se encuentra en la Base de Operaciones Mixtas BOM, para que constatara los que hemos estado denunciando, mas sin embargo no hacen nada, son simples espectadores, recogiendo el material remanente de dichos artefactos.

 

El día de hoy estos elemento del ejército mexicano, tenían la consigna de recorrer la  ZONA que resguardamos, organizados en policías comunitarios, que hemos sabido defender, a lo cual les respondimos que el conflicto viene del cerro donde están atrincherados LOS ARDILLOS, que es ese lugar el que deben recorrer ya que ellos son los generadores de esta ofensiva.

 

Nuevamente las autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y  pobladores de las comunidades perteneciente al CIPOG-EZ les  SOLICITAMOS SE ENCUENTREN ALERTA, no sabemos en qué momento  LOS ARDILLOS  realizaran ataque ofensivo en nuestra contra, siguen los ataques cada vez con mayor intensidad y al gobierno de la cuatro “t” no le interesa la inseguridad en que vivimos los pueblos originarios, siendo esto lo responsables de todos nuestros muertos, de la región de la montaña baja, el corredor de valle de la Salud, Tixtla, Chilpancingo y demás zonas que intentan controlar.

 

Mientras tanto seguimos resistiendo, ya que EL GOBIERNO DE GUERRERO ES INCOMPETENTE, enviando a personas que solo vienen hacer acto de presencia porque su cargo así lo requiere, pero en realidad no les importa lo que nos ocurra, mientras ellos sigan cobrando por tomarse la foto y hacer como que trabajan, es por eso que le decimos a la MAL LLAMADA GOBERNADORA DE GUERRERO EVELYN SALGADO PINEDA, que no vuelva a enviar A SU COMPINCHE FRANCISCO CISNEROS RODRIGUEZ, quien manipulo la información, si quiere diálogo preséntese en la comunidad e invite a gobierno Federal y Municipal  si tienen miedo nosotros la cuidamos como lo hacemos día a día por nuestras familias. 

 

Lo anterior  a  casi una semana de los ataques con armas de grueso calibre, drones, artefactos explosivos, donde no recibimos respuesta contundente, solo nos envían espectadores, solicitamos de manera urgente al Estado Mexicano para que adopte todas las medidas que sean necesarias con el fin de prevenir  un daño irreparable.

 

Así mismo externamos nuestra preocupación ante la falta de medidas que garanticen la vida e integridad personal, por parte del Estado Fallido y todas sus instituciones, la asamblea de nuestras comunidades  ha tomado la decisión  de bloquear de manera indefinida la carretera a la cabecera municipal de Chilapa y José Joaquín de Herrera, no se permitirá la circulación a ningún tipo de vehículo, hasta que se presenten el representante del poder ejecutivo en el estado, de la fiscalía de justicia y de la secretaria de gobernación .

ATENTAMENTE

CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

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Avispa Midia

Arrecia represión contra autoridades Q’eqchi’ que resisten a minería en El Estor

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Conferencia de prensa de Autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ para informar sobre la denuncia interpuesta ante la CIDH. Foto: Cortesía de Autoridades ancestrales

La represión y criminalización contra las autoridades maya Q’eqchi’ que resisten a la operación ilegal de la minera CGN – Pronico, subsidiaria de la compañía ruso-suiza Solway, arreció en los pasados días con la detención de dos personas.

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El lunes (13), Cristóbal Pop, integrante de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, departamento de Izabal, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).

Pop fue aprehendido después de haber participado en una conferencia de prensa realizada en la capital de Guatemala, donde junto autoridades mayas Q’eqchi’, informaron sobre la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia es por la violación del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que dejó fuera de este proceso a 94 representantes de las comunidades Q’eqchi’ y con ello consiguió mantener en operaciones a la minería de níquel en El Estor.

Acorde a los testimonios de las autoridades Q’eqchi’ que viajaban con Pop, agentes con el rostro cubierto detuvieron el vehículo en que se movilizaban de regreso a sus comunidades. En el operativo policiaco también fue detenido Roque Sut Cucul, también autoridad del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ y originario de Tierra Linda Panzós, departamento de Alta Verapaz.

Cristóbal Pop y Roque Sut Cucul detenidos por la PNC de Guatemala. Foto: Juan Rosales / Prensa Comunitaria

Según información de Prensa Comunitaria, desde el 14 de enero de este año existe una orden de aprehensión en contra de Pop por el delito de instigación a delinquir, “supuestamente por agredir a 13 agentes de la PNC en una manifestación pacífica, organizada por las autoridades de los cuatro Consejos en la entrada del municipio en rechazo a la operación ilegal de CGN”.

Cabe destacar que dicha orden fue emitida por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, denunciado por el Ministerio Público por beneficiar a un grupo de narcotraficantes en Izabal. Arteaga también giró órdenes de captura contra 11 personas que participaron en el plantón pacífico y contra el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, quien llegó a documentar el desalojo violento realizado por policías y militares en octubre de 2021.

No es la primera vez

En mayo de 2017, Cristóbal Pop fue una de las primeras personas que denunció ante el Ministerio Público (MP) la aparición de una mancha roja en el Lago de Izabal. Pese a denunciar la contaminación, de la cual después se sabría derivó de las actividades de la minera de níquel, la Fiscalía atendió una demanda de la minera contra Pop.

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Por ello fue detenido el 22 de enero de 2019 y permaneció preso más de tres meses. Actualmente Pop mantenía un proceso penal en su contra y recaían sobre él medidas sustitutivas por lo cual debía presentarse mensualmente al MP.

En testimonio para Prensa Comunitaria, Cristóbal Pop compartió que conocía de la orden de captura en su contra debido a sus labores en la defensa del territorio. “¿Qué podemos esperar de un Estado que criminaliza al pueblo indígena por exigir su derecho?”, reclamó a los medios locales.

Detención de Cristobal Pop. Foto: Simón Antonio / Prensa Comunitaria

“Tenemos un respaldo legítimo de las acciones legales y lo que hemos logrado durante los cinco años”, dijo Pop, en referencia a las acciones realizadas por la Gremial de Pescadores para detener la operación ilegal de la minería en El Estor. También responsabilizó al Estado de Guatemala por las consecuencias contra su salud y su vida derivadas de la detención.

“Mi lucha ha sido legítima, mi lucha no ha sido como lo que tildan, solo porque nos da la gana, sino que el mismo Estado nos obliga, por ejemplo lo que pasó en 2021, en octubre, sobre la resistencia, porque es ahí cuando se da esta orden de captura”, sostuvo.

CIDH

Autoridades ancestrales del pueblo maya Q’eqchi’ de los municipios de El Estor, departamento de Izabal y Panzós, departamento de Alta Verapaz, denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH, el pasado 8 de junio, en reclamo por el despojo de tierras cedidas a la empresa Ferrocarril Centroamérica del Pacífico, además de la actual situación por las operaciones del proyecto minero Fénix.

Según las autoridades, son tres las razones de la denuncia ante la CIDH: El despojo de la tierra y el territorio; la violación al derecho a la consulta y la represión contra integrantes de las autoridades ancestrales y líderes comunitarios que defienden sus comunidades ante la imposición de megaproyectos.

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Las autoridades maya Q’eqchi’ compartieron que se ha recrudecido la violencia estatal en su contra y prueba de ello son las órdenes de aprehensión en contra de una docena de personas, quienes son acusadas por por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de instigación a delinquir durante la represión policial contra la resistencia antiminera el 22 y 23 de octubre de 2021.

Ya en noviembre del año 2021, las comunidades mayas Q’eqchi’ habían solicitado medidas cautelares a la CIDH durante la vigencia del estado de sitio declarado por el gobierno de Alejandro Giammattei. En aquella ocasión argumentaron riesgos por los atropellos que vivían pues fueron allanadas viviendas de autoridades ancestrales, periodistas y una radio comunitaria.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Familias unidas contra la tortura: seguimos en lucha por lograr la justicia, libertad y reparación de daños

Villaflores, Chiapas a 7 de junio de 2022

“Día de la libertad de expresión”

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional,
Internacional e Independientes

PRESENTE.

Somos la Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos”. Bajo el reconocimiento mediante la protección y el respeto a nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, la prensa, medios de comunicación y todo aquel que quiera alzar su voz y opinión tendrá espacio en esta sociedad.

En el marco del “día de la libertad de expresión”, como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y fabrica de culpables expresamos que seguimos en nuestra lucha y esperanza de lograr la justicia, libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado.

NO nos cansamos de denunciar públicamente las malas practicas realizada por las Fiscalías del estado de Chiapas, en la que se preserva la fabricación de culpables y criminalización de personas inocentes, pobres, marginados y defensores de derechos humanos, así como de la complicidad por parte del Poder Judicial del Estado, esta relación Fiscalía y Poder Judicial ha generado una desacreditación en el supuesto “Chiapas seguro”, marcado por el Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas.

Manifestamos que las investigaciones realizadas por las Fiscalías en los delitos de homicidio calificado, secuestro, motín, perpetradas a personas inocentes, contienen deficiencias de fondo y de forma. Las y los jueces son cómplices de subsanar (corregir) las deficiencias en las investigaciones, vinculando a proceso, llevando a prisión preventiva hasta por 2 años y sentenciando a personas completamente inocentes. Todo lo contrario a lo que marcan legislaciones mexicanas, marcadas por los principios del Sistema Penal Acusatorio.

Estas practicas siguen vigentes hoy en día realizadas por los Fiscales del Ministerio Público en el Estado, una de las Fiscalías que hemos denunciado continuamente ha sido la Fiscalía de Distrito Fraylesca, ubicada en el municipio de Villaflores, Chiapas anteriormente dirigida por el Fiscal Daniel Arellano Camacho, en la que dicho Fiscal los jueces le han permitido sanar sus deficiencias en investigaciones por los delitos de homicidio y se han sentenciado injustamente a personal inocentes, como es el caso de Yonny Ronay Chacón Gonzalez.

Cabe reiterar que en dicha fiscalía de distrito Fraylesca, se fabrican testimonios de personas que no tienen conocimiento de que han usado indebidamente sus identificaciones, inventan declaraciones de personas que perdieron la vida y aparecen como supuestos testigos en delitos señalando a víctimas de inculpación del delito, con la finalidad de que sus testimonios tengan validez y puedan sentenciar de manera injusta. Es importante remarcar las irreglaridades que realiza la Oficina de Registro Civil de Villaflores al expedir actas de defunción sin cumplir los requisitos establecidos para su expedición, como es el caso de Luis Carlos Dominguez Martinez, quien actualmente lleva un proceso penal, basado en irregularidades garrafales en la investigación con testimonios fabricados.

Como hemos mencionado, la criminalización por delitos fabricados esta muy presente en el estado de Chiapas, tal es el caso de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano defensores comunitarios del municipio de Chilón, quienes fueron procesados en octubre de 2015 por el delito de motín y actualmente enfrentan un proceso penal en libertad.

Ahora 5 personas indígenas tseltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más integrantes de la parroquia de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, de sus tierra y territorio, quienes el día de ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía indígena de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

  • Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de injusticia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
  • Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa sean violatorios a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de las Fiscalias, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de su inmediata libertad.
  • Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
  • Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos inmiscuidos dentro de las instituciones de procuración de justicia, fiscales y jueces, quienes han dañado irremediablemente nuestro núcleo familiar y roto sueños.

Atentamente,
Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
Chilón,
Cintalapa,
Jiquipilas,
La Concordia,
Palenque,
Pichucalco,
Playas de Catazajá,
San Cristóbal de Las Casas,
Teopisca,
Venustiano Carranza.
Villaflores.

       
radio
Avispa Midia

La violencia se agrava contra comunidades indígenas del Perú

Fuente: Avispa Midia

Por Javir Bedía Prado

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
7 de junio de 2022

Boletín No. 20

En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

    • Injusta vinculación a proceso a defensores comunitarios de San Juan Cancuc en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio

    • Exigimos la libertad inmediata de los cinco detenidos.

Ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso cinco indígenas tseltales del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, San Juan Cancuc, quienes fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el pasado 4 de junio dio a conocer a través de Boletín de Prensa No. 19 y la Acción Urgente No.7 [1], la criminalización y detención injusta de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más.[2] Esto como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

Como adelantamos, la situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolvería el día lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, y existía el riesgo de que continuara su detención en virtud de que el poder judicial de Chiapas había demostrado ser parte de este ejercicio de criminalización.

Dentro de la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de control no fue imparcial ya que los vinculó a proceso aún cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez; además de existir serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos.

Pese a que defensores de este Centro de Derechos Humanos hicieron notar tales anomalías, el Juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones las deficiencias de la Fiscalía, lo que corrobora su contubernio.

Como Centro de Derechos Humanos exigimos una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Antonio Aguilar Pérez. Que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de derechos humanos y de la vida de cuya inocencia existen múltiples testigos. Así como que las autoridades no aprovechen este suceso para polarizar a la población.

De lo documentado por el Frayba, hemos registrado que existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación y fabrican una serie de pruebas a modo para forzar su teoría del caso. Desafortunadamente, esta mala práctica suele incluir la inculpación de personas inocentes. Patrón que a su vez es avalado por el Poder Judicial del Estado. Bajo este contexto se desarrollan los hechos aquí narrados.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, al Pueblo Creyente, a estar pendientes de las acciones para lograr la libertad incondicional de los defensores comunitarios.

*-*

1 Frayba, Acción Urgente no. 7, https://frayba.org.mx/criminalizan-y-fabrican-delito-defensores-ddhh-en-san-juan-cancuc
2 Frayba, Boletín no. 19, https://frayba.org.mx/sistema-justicia-chiapas-criminaliza-defensa-ddhh

 

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