En México, se realizan acciones en más de 10 estados.

En tan sólo tres meses, cinco defensores del territorio que se organizaban en torno al Congreso Nacional Indígena (CNI) han sido asesinados. Se trata de Samir Flores Soberanesde Amilcingo, en el estado de Morelos y de Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián; estos últimos pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.

En el mismo lapso de tiempo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un informe en el que da cuenta de la intensificación de la estrategia contrainsurgente  contra Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se informa que “desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes”.

Ante esta grave situación, organizaciones, redes, colectivos e invidualidades se han dado a la tarea de organizar una serie de movilizaciones en diferentes partes de México y del mundo para mostrar su solidaridad con el EZLN, y reivindicar la lucha por la Vida y contra la Guerra en todo el mundo.

Hasta el miércoles 29 de mayo, había registradas más de 20 acciones en México, Argentina, EUA, Grecia, Francia y Austria. La información sobre dichas actividades pueden consultarse en la página Porque Acordamos Viviry registrarse al porqueacordamosvivir@gmail.com

Para sumarse a la acción desde redes sociales, también se convoca a utilizar los #NosotrxsConElEZLN #NosotrxsConElCNI y #JornadasPorLaVidaEZLNyCNI

En la Ciudad de México, la cita fue a las 07:00am en la entrada de Palacio Nacional, por la tarde también se llevaron a cabo otras actividades.

Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, individuos y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, reunidos en la Ciudad de México, el 8 de mayo de 2019, DENUNCIAMOS que:

A tan solo 5 meses de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha declarado una guerra en contra de las comunidades autónomas zapatistas y de los integrantes del CNI-CIG, aumentando la presencia de efectivos y operaciones militares en territorios zapatistas; permitiendo el asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor del agua y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM); así como los recientes secuestros y asesinatos del concejal José Lucio Bartolo Faustino y del delegado Modesto Verales Sebastián, ambos integrantes del Congreso Nacional Indígena y promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata.

Existe una guerra contrainsurgente llevada a cabo por el ejército, la policía y los grupos narco paramilitares que operan en el país con el propósito de continuar con las políticas de despojo del territorio a los pueblos originarios; evidencia de esto son el incremento de la frecuencia y agresividad de estos grupos y la incursión de espías e informantes en territorio zapatista, así como la reaparición de sobrevuelos de aviones, helicópteros militares y vehículos artillados.

Con falsas consultas y violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas a cuidar y conservar su territorio, el mal gobierno se empeña en imponer el “Tren Maya”, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos, la siembra de monocultivos en territorios indígenas y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos; pese a la oposición de los pueblos que se han declarado en contra, porque sólo traerán beneficios económicos a los empresarios; porque las fuentes de empleo que estos proyectos generarán, solo ofrecen a los hombres y a las mujeres indígenas trabajos como servidumbre y mano de obra barata;  porque significa la destrucción y contaminación de la tierra.

La guerra contra la vida se extiende por todo el país y es una guerra contra los pueblos originarios, contra las mujeres, contra la infancia, contra nuestra madre tierra. Es una guerra que nos afecta a todas y a todos. Es por ello que frente a esta terrible guerra que padecemos es necesario organizarnos para la defensa de la vida, del camino de la autonomía y de la digna resistencia que encabezan el EZLN y el CNI-CIG contra los megaproyectos de muerte.

Por todo lo anterior colectivos y colectivas de la Sexta nacional e internacional, redes de resistencia y rebeldía de México y el mundo, hombres y mujeres anticapitalistas y antipatriarcales, nos conformamos como COMITÉ ORGANIZADOR y anunciamos que damos inicio a las JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, con el fin de llevar adelante tareas que en conjunto, nos permitan visibilizar esta guerra de despojo, explotación, desprecio y represión. Es por esto que

CONVOCAMOS

A las Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, a las y los colectivos Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,  a las organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, a todos los hombres y las mujeres honestas y de buen corazón; a formar parte y fortalecer entre tod@s las  JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, a partir de las siguientes

ACCIONES

UNO: Tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, salir a las calles a informar, visibilizar y denunciar –con perifoneos, volanteo, exposiciones, teatro, música, cine, utilizando las ciencias y las artes– este escenario de guerra. Instalar mesas informativas en diversos puntos de la Ciudad de México, en otras ciudades del país y fuera de México. (Continuar leyendo…)

La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.

En la Universidad Estatal de Los Ángeles, California, se celebró este 26 y 27 de abril el Encuentro 25 años de zapatismo, a través del tiempo y el espacio. Allí se reunieron activistas, académicos, militantes y miembros de organizaciones y colectivos de los Estados Unidos que han estado luchando por la autonomía, la justicia y la dignidad en ese país, muchos de ellos inspirados por el levantamiento zapatista. Allí estuvieron presentes también concejalxs del Concejo Indígena de Gobierno, los intelectuales Raúl Zibechi y Gustavo Esteva, via internet, y otros activistas y periodistas de México, quienes dieron cuenta de la situación que se vive en el país y la organización de la resistencia y la rebeldía.

Desde el levantamiento del 1º de enero de 1994, y sobre todo desde el Encuentro Chican@-Zapatista en agosto de 1997, el zapatismo ha sido inspiración para un gran número de colectivos y organizaciones en Estados Unidos, sobre todo chicanos, migrantes y en general de gente de color, que han adoptado formas de lucha zapatistas para resistir la violencia del Estado, el racismo y la represión contra los pueblos de color, el encarcelamiento masivo, el aburguesamiento de las ciudades y el desplazamiento sistemático de los de abajo, la explotación laboral, las deportaciones, las redadas y mucho más. Así, a lo largo de estos 25 años, han surgido grupos artísticos (ver, por ejemplo, nuestro documental sobre el movimiento musical chicano-zapatista, Ritmos de Zapata), experiencias de autonomía alimentaria, espacios comunitarios, colectivos de medios libres, grupos de académicos que proponen epistemologías otras, organizaciones de autodefensa, intercambios y delegaciones de jóvenes militantes en Chiapas, grupos de mujeres, etc.

Este encuentro, por lo tanto, fue una oportunidad para intercambiar experiencias y conectar luchas, al mismo tiempo que se reflexionó sobre los cambios en el propio zapatismo a lo largo de estos cinco lustros, la crisis civilizatoria por la que atravesamos y la situación para los pueblos bajo el gobierno mexicano actual.

De fundamental importancia en este encuentro fue la participación de lxs concejalxs Betina Cruz Velázquez y Fortino Domínguez Rueda, del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG). Desde su lugar como miembro del pueblo Zoque, Fortino nos condujo en un viaje por los caminos del CNI hasta la creación del CIG y su relevancia para los pueblos originarios de México y del mundo, en el contexto de la devastación provocada por el capitalismo actual. Betina Cruz, por su vez, hizo un análisis contundente y cuidadosamente documentado de esa devastación, ahora encabezada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su supuesta “cuarta transformación”.

Esto se complementó con los análisis de Raúl Zibechi y Gustavo Esteva, quienes también dieron cuenta de la relevancia del zapatismo para los movimientos sociales latinoamericanos (o “sociedades en movimiento”, como prefiere Zibechi) y, de nueva cuenta, la amenaza que el actual gobierno mexicano representa para los pueblos originarios y para la construcción de la autonomía zapatista. También vía internet, desde México, las activistas María Laura Orozco y Evangelina Ceja y el periodista Arturo de Dios hicieron un análisis del uso de la desaparición forzada como herramienta del Estado, a partir de casos específicos. Y un compañero de Radio Zapatista explicó lo que para los zapatistas significa la tormenta y la crisis civilizatoria que nos acomete.

Desde la educación, se discutió la influencia del levantamiento zapatista al interior de la universidad en los Estados Unidos y las aportaciones de la educación zapatista para un pensamiento decolonial y desescolarizante en ese país. Las temáticas de las fronteras, las identidades, las naciones y los Estados orientaron varias de las mesas, así como el patriarcado, el feminismo y la subversión queer. Ex miembros de la ya extinta organización Estación Libre compartieron la experiencia de los esfuerzos por conectar las luchas de la gente de color en Estados Unidos y las ideas y prácticas del zapatismo. De la misma manera, Emory Douglas, Caleb Duarte y Rigo 23, de Zapantera Negra, hablaron sobre la conexión artística entre el movimiento de las Panteras Negras y el movimiento zapatista. La justicia alimentaria estuvo presente en la compartición de experiencias autonómicas desde abajo en California, como la Granja Sur Central (South Central Farm), Zapotepec y el Semillero de Oxnard.

El Encuentro incluyó también un festival de cine, una exposición de arte, un recital de poesía, una noche de CompArte en el Centro Floricanto y un animado fandango en el espacio cultural y organizativo chicano Eastside Café.

• A 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se intensifica la estrategia contrainsurgente a Pueblos Originarios BAEZLN.

A 5 años de la impune ejecución extrajudicial de José Luis Solís López,(1) maestro Galeano, durante una agresión al proyecto autónomo zapatista, en la comunidad de La Realidad, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región donde Pueblos Originarios construyen Vida Digna.

Desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) especialmente en la región de la Selva Lacandona,(2) como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México.

El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes.(3)

Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población: «Se observó que los vehículos militares muchas veces pasan a alta velocidad por las comunidades, sin preocuparse de personas, niñas y niños o animales en el camino».

Además en lo que va del presente año, el Frayba registró dos actos de espionaje en contra de las BriCo, en el campamento de observación internacional ubicado en La Realidad. Esta acción vulnera la integridad y seguridad personal de quienes realizan monitoreo de violaciones de derechos humanos en la región y cuya labor se fundamenta en la Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, de la Organización de Las Naciones Unidas.

El Frayba constata con los datos recabados por las BriCo la denuncia que publicó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su comunicado del pasado 10 de abril: «En nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar, y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, así como de vehículos artillados (4)».

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• Cese de hostigamientos a quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo. Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

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“Lo que nos queda claro es que todos tenemos un mismo enemigo: el Estado.” Esa fue una de las conclusiones expresadas en la síntesis de una de las mesas en el “Festival de la palabra: Por la vida y memoria de nuestros pueblos”, encuentro de dos días organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Voces Mesoamericanas, en el marco de su 30 y 10 aniversarios respectivamente. Festival de agravios, pero también de resistencias, de lucha, de creatividad, de vida frente a la muerte.

Tierra y tierrotorio, desplazamiento forzado, migración, represión, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, militarización en el conflicto armado interno, defensorxs de derechos humanos y periodistas, solidaridad y otra justicia… esos son los temas tratados en estos dos días, que reúnen las palabras de pueblos, individuos y organizaciones de muchas geografías de nuestro agraviado país.

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• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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La Guardia Nacional fue aprobada en la Cámara de Diputados so pretexto de un plan de seguridad pública. Desde hace 20 años a este asunto de interés nacional que tiene sus inicios en el Ejército, se le ha “transformado” con tres actos presidenciales:

1) Momento fundacional, 1999: Ernesto Zedillo (PRI) crea la Policía Federal Preventiva (PFP) con 8 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 2 mil de la Secretaría de la Marina (SEMAR); 2) Transición, 2006: Felipe Calderón (PAN) decreta la implementación de la Policía Federal con 38 mil 285 integrantes; 3) “Tercera transformación”: Por decreto de Andrés Manuel López Obrador se construye La Guardia Nacional que reclutará a más de 50 mil elementos que se sumarán a los 37 mil 293 elementos de la Policía Federal y a un número no revelado de integrantes de la SEDENA y la SEMAR.

LOS INICIOS DEL APARATO GUBERNAMENTAL

En 1999, durante la “primera agonía del régimen priista”, se desarrolla un movimiento estudiantil conformado en el Consejo General de Huelga de la UNAM, a la par inicia operaciones la Policía Federal Preventiva (PFP).

El Gobierno Federal decide frenar este movimiento con la intervención de la PFP el primero y seis de febrero del año 2000: irrumpe en los diferentes planteles en paro de labores por exigir una educación gratuita. Las tropas vestidas de gris detienen a mil universitarios y los acusan de Terrorismo, delito configurado tras 9 meses de huelga.

Este decreto firmado por Ernesto Zedillo Ponce de León, y su Secretario de Gobernación, Francisco Labastida deja a la PFP en manos de Diódoro Carrasco Altamirano, como Secretario de Gobernación, que a su vez la cede plenamente operativa a Vicente Fox.

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(Texto enviado a quienes integran la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados)

El jueves 16 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior por amplia mayoría. Al mismo tiempo la bancada de MORENA anunció que iniciará la semana próxima la discusión de una iniciativa de reforma constitucional para establecer el marco legal que permita la conformación de una Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) con tareas de seguridad pública e investigación de delitos.

Como se ha sostenido por diferentes organizaciones y especialistas durante los últimos doce años y como lo confirmó la SCJN, el uso de cuerpos militares usados en tareas de seguridad pública no es adecuado, pues no están ni creados, ni entrenados para ella. Las FFAA están preparadas para la guerra y, por tanto, para eliminar objetivos y no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal, por lo que tienden a mostrar un alto índice de letalidad.

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