San Cristóbal de Las Casas, 19/abril/2018.- Tras el operativo de desalojo contra profesores, que operó el día de hoy la policia estatal y municipal de San Cristóbal de Las Casas a la altura de la explanada de El Carmen, padres y madres de familia de las escuelas primarias y preescolares de la zona denunciaron la grave afectación a la salud de los menores que se encontraban en clases.

Los gases lacrimógenos que lanzaron por tierra y por aire, desde un helicóptero, ocasionaron la salida inmediata de alumnos, que se vieron obligados a abandonar la escuela en medio del operativo de desalojo que no consideró ningún protocolo.

Aquí el testimonio de algunas madres de familia:

Suljaa’, Guerrero, 12 de enero de 2018.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria se moviliza en San Luis Acatlán, Ayutla y Tlapa para exigir justicia para los comunitarios ejecutados por policías ministeriales y estatales, así como libertad para los comunitarios detenidos el pasado 8 de enero en la comunidad de La Concepción, bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

En entrevista Sabas, vocero de la CRAC – PC, manifestó que las movilizaciones son para “repudiar las acciones del gobierno del estado, respaldado por el gobierno federal en contra de la CRAC – PC y del CECOP.” Así mismo exigen respeto al sistema jurídico de las comunidades indígenas en donde los policías comunitarios “son nombrados en asamblea, están para defender los pueblos, están para defender los territorios y los recursos naturales, contrario a lo que hacen los policías del gobierno estatal y del gobierno federal.”

Por su parte Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que fueron detenidas 38 personas, de los cuales 23 son del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), 11 de la CRAC y otros dos que estaban en reeducación, todos acusados de homicidio calificado. Durante las detenciones se cometieron violaciones graves de derechos humanos como el uso excesivo de la fuerza, el uso de la fuerza letal, refiriendo las ejecuciones extrajudiciales contra dos policías, lo que “es gravísimo para un gobierno que se dice democrático”, así como la tortura, tratos crueles e inhumanos cometidos contra Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP.

Fuente: Radio Ñomndaa

Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICÍA COMUNITARIA
COMUNICADO DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. Enero 8 de 2018.

Escucha aquí:

A los pueblos y comunidades del Sistema Comunitario de la CRAC PC.
Al pueblo en general.
A los medios de comunicación.
A las organizaciones fraternas.

Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora el protector y parte de la misma delincuencia.

La incursión violenta de las policías estatales y ministeriales, así como del Ejército y la Marina a la comunidad de La Concepción, asesinando a 5 y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades, nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y que ha sido agente del gobierno para provocar y generar represión contra nuestro Sistema Comunitario.

Iván Soriano Leal, quien también se presenta con otros nombres, fue detenido en días recientes en La Concepción, por policías comunitarios de ese Comité de Enlace, acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP y a algunos compañeros de la policía comunitaria. Es el mismo personaje con quien se alió en 2013 el nefasto Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, para cometer un fraude a la organización y que derivó en una grave crisis interna en la CRAC, al inmiscuirse el gobierno de Angel Aguirre Rivero a favor de Eliseo Villar y sus cómplices.

Precisamente el día que se da la incursión policiaca a La Concepción, se había previsto el traslado de dicho delincuente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno valiéndose de sus policías lograron liberarlo.

Las declaraciones oficiales del vocero de seguridad Álvarez Heredia, así como las del Gobernador Héctor Astudillo, con las que pretenden justificar este acto de barbarie genocida, son totalmente falsas, cínicas y demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente. Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria? Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga en los detenidos?

Esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.

Lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, tal como lo propusimos en nuestra Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas, congelando nuestra iniciativa en el Congreso Local por la mayoría de diputados priistas, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro y su intención, asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios.

Hoy queda más claro que nunca, la distinción que el gobierno hace de nuestro Sistema Comunitario. Hoy que arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio; nos preguntamos, ¿porque no actúo el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de que se dejó libres a esos asesinos?.

La agresión a nuestro Sistema Comunitario, tiene responsables: el General Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Javier Olea Peláez, fiscal general del estado y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, son los autores intelectuales y autoridades que dieron la orden a sus subordinados para cometer tal acto de salvajismo y lesa humanidad. Por ello, exigimos su renuncia y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales, a los estudiantes, maestros, etc., a unificarnos en esta exigencia y defendernos de esta clase política asesina.

Estos lamentables hechos deben servir al pueblo para hacer análisis y reflexionar, precisamente en este año electoral, si queremos mantener en el poder a un gobierno que asesina, que encarcela, que defiende y es parte de la delincuencia, que crea leyes en perjuicio del pueblo, que niega toda oportunidad de desarrollo a la gente.

Llamamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos e intervenir para la documentación y denuncia a nivel internacional de estos hechos que lastiman, no solo a nuestro sistema comunitario, sino al pueblo de Guerrero y de México.

Pedimos la intervención de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, para integrar las investigaciones correspondientes por las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros, por la violación flagrante a los derechos colectivos de los pueblos organizados en el sistema comunitario, por la violación flagrante a la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.

Exigimos la intervención del Congreso del Estado a través de las comisiones de asuntos indígenas, de seguridad, de justicia y de derechos humanos, para documentar la actuación de los agentes policiacos y sus jefes que dieron la orden de asesinar y detener a servidores comunitarios que estaban cumpliendo cabalmente con sus funciones de seguridad y justicia en favor de sus comunidades.

Exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros detenidos. Exigimos el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros policías comunitarios. Exigimos la salida del ejército y la marina, así como de las policías estatal y ministerial del territorio comunitario. Exigimos la renuncia inmediata de Pedro Almazán Cervantes, Javier Olea Peláez y Héctor Astudillo Flores, culpables y responsables de tanta muerte e injusticia en nuestro estado de Guerrero.

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”
Coordinadores, Consejeros y Comandantes Regionales
del Sistema Comunitario de la CRAC PC.

Casas de Justicia: Matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso.
Comités de Enlace: Tecoanapa, Tixtla, Cacahuatepec, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos, Comunidades de la Región Amuzga.

Acapulco, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Ayer por la madrugada, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas. Los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor. Alrededor de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

Al momento de que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios. En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero.

Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso.

El gran temor de sus familiares es que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde su estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

Por estos hechos expresamos nuestra gran preocupación por que las autoridades ministeriales violen de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso. Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos.

Por todo lo anterior solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades, de modo que se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y la situación jurídica de las personas detenidas. En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui Muñoz como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de que ha sido objeto anteriormente, solicitamos hacer énfasis en que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica. Además, hacemos un llamado para replicar esta acción urgente y realizar pronunciamientos públicos sobre su situación y la de todas las personas detenidas.

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El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años

La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.

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Luego de que fuerzas de seguridad desalojaran el jueves pasado a la comunidad mapuche que reclama sus tierras en la zona del Lago Mascardi, se produjo hoy un nuevo cruce que terminó con dos heridos y un muerto.

Imagen: Gentileza Diario Río Negro

El día en que comenzó el velatorio de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras una represión de Gendarmería en Chubut, un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu murió en la ciudad de Bariloche tras ser baleado por las fuerzas de seguridad federales que la perseguían desde el jueves pasado. Ese día, varios miembros de esa comunidad huyeron del desalojo y represión desatado en un predio lindero al Lago Mascardi. La víctima es Rafael Nahuel, de 27 años, quien falleció de un disparo en el estómago. Otros dos integrantes de esa comunidad, un hombre y una mujer, fueron heridos con balas de plomo y trasladados al Hospital Ramón Carrillo, de esa ciudad.

La muerte de Nahuel provocó la reacción de centenares de personas que se congregaron frente a las oficinas de Parques Nacionales, bajo cuya órbita se encuentra el predio que la comunidad reivindica como ancestral. Durante la protesta hubo algunos incidentes. También hubo manifestaciones en la catedral local, donde la policía montó un fuerte operativo.

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Carlos Aznárez – Resumen Latinoamericano, 26 noviembre 2017

Un nuevo comunero mapuche asesinado. Se llama Rafael Nahuel y su nombre se suma al de Santiago Maldonado y una larga lista de luchadores y luchadoras marcados a fuego por el Sistema. Esta vez no podrá haber pistas falsas ni ocultamiento durante meses de lo sucedido. Los uniformados que operaron a las órdenes del juez lo hicieron a la luz del día. Pertenecen al temible grupo de la Prefectura Naval, los Albatros, que durante la dictadura militar y en otros episodios ligados al golpismo que sufrió Argentina durante décadas, actuaban con total impunidad cazando y asesinando militantes políticos. Como ahora, exactamente como ahora, en que las órdenes las reciben de un gobierno que se dice “democrático” y poco a poco va instalando una auténtica dictadura militar. Para ello cuenta con prefectos, gendarmes, policías de distintos uniformes y también con la complicidad de muchos y muchas que llegado el momento de repudiarlos, los votan. O sea, impunidad para sus crímenes con aval “popular”, que es lo peor que le puede suceder a un pueblo.

Lo que está ocurriendo en el sur, en la Patagonia mapuche es muy grave. Léase que no escribo “argentina” cuando me refiero a ese territorio, porque fueron los antecesores de estos que gobiernan actualmente, los que les arrebataron esas tierras ancestrales a sus legítimos dueños, el pueblo mapuche. En realidad, es un calco de lo que ocurre en casi todo el continente que en sus mejores momentos (cuando no habían llegado “ellos”) se denominaba Abya Yala.
Son precisamente en esas tierras en disputa, donde el gobierno de los ricos, el de Macri, en el plano político y Patricia Bullrich (la ministra de Seguridad) en el quehacer represivo cotidiano, desea asegurar una paz de los cementerios para que sus amigos que hoy las poseen, los Benetton, los Lewis y una larga lista de terratenientes millonarios puedan seguir usufructuando de las mismas. Esos mismos y siniestros personajes que nucleados en la Cámara de Comercio o en la Sociedad Rural de Bariloche, Rio Negro o Neuquén, salían a festejar el asesinato de Nahuel al grito de “un indio menos”. Claro que Macri podrá argumentar que el problema no comenzó con él, sino que fueron todos los gobiernos que le precedieron los que abrieron el camino de entregar la Patagonia a las trasnacionales y al latifundismo, es cierto, pero es el actual presidente el que hoy ha decidido aplicar un plan de exterminio contra los auténticos y originarios habitantes de esas tierras. Desde que llegó a la Casa Rosada, puso a rodar la data de que en el sur “operan grupos terroristas”, potenció el nombre de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en grados superlativos, imaginó junto a su ministra de Seguridad que allí también hay “gente de las FARC, los Montoneros y hasta de ETA”. Suena imbécil pero hay muchos que por desgracia, lo creen de la A a la Z porque “lo dice la tele”. Armaron entonces toda una ensalada de siglas con el único objetivo de generar el clima en la población de que “a esos indios hay que matarlos a todos”, como suele leerse en las redes o en los foros de los medios hegemónicos. Medios estos que ayudan a poner en la superficie este tipo de conjeturas y mentiras, y que luego cuando ocurre un crimen como el actual, son los que titulan “mapuche muerto en un enfrentamiento” e insultan el sentido común, apuntando que “se resistió con piedras”, pero no remarcan que el joven mapuche fue ametrallado.

Para “pacificar a estos salvajes”, como en algún momento de nuestra historia sentenció y llevó a la práctica el genocida general Julio A.Roca entra en juego la idea de Bullrich de militarizar ese territorio, igual que lo viene haciendo durante todo su mandato Michelle Bachelet en Chile. Quien hoy quiera recorrer esa zona a ambos lados de la Cordillera se encontrará con cientos de gendarmes, prefectos, policías, carabineros, y hasta soldados israelíes (que vienen a vacacionar al sur del mundo para descansar de sus continuas masacres del pueblo palestino). No olvidar que al Estado terrorista sionista, siempre, desde Teodoro Herzl en adelante, le interesó la Patagonia como objetivo de vida futura. Es lógico, allí hay agua, hay minerales, hay excelente explotación turística, y hasta petróleo.

De allí que no asombre lo que ahora está ocurriendo. El plan imperial y de la oligarquía local, al igual que lo que ocurre con los palestinos o con los zapatistas, consiste en expulsar de sus tierras a los Mapuche, ponerlos en la mira de la criminalización constante, difamarlos, estigmatizarlos y luego comenzar a cazarlos como animales. Y a todo aquel que los apoye o se solidarice, también meterle el terror o la muerte en la piel, como ocurriera con Santiago. Coincidentemente con esos operativos de guerra contra un enemigo construido desde los medios, también el Gobierno desarrolla otra tarea “necesaria” para sus fines. Amedrentar a la población en general, golpearla con medidas de capitalismo salvaje, que desde que Macri llegara al poder se vienen aplicando un día sí y otro también: despidos, cierre de fábricas, inflación galopante, eliminación de conquistas sociales logradas a fuerza de lucha, impunidad y puerta abierta de las cárceles para los genocidas de la dictadura militar, apagón informativo para que las medidas neoliberales se deslicen sin oposición, cooptación de dirigentes sindicales y persecución a sus pares que no bajan los brazos, ataques judiciales y encarcelamiento de luchadores y luchadoras, aprietes a la luz del día para lograr que quienes deberían convocar a la movilización pacten bajar su discurso y propongan “asegurar la gobernabilidad”.

Son mil y uno los ataques a las posibilidades de reacción popular, pero sin embargo no pueden ni podrán ocultar lo que se ha hecho evidente.Este Gobierno es parte fundamental de la escalada imperialista en Sudamérica, responde al FMI y al Banco Mundial, y como tal busca amordazar con hambre y represión la respuesta de un pueblo que hasta en las peores circunstancias dio muestras claras de resistencia y lucha. De eso se trata, de que las calles, las plazas y los confines más remotos de este país, muestren el repudio al terror, a los crímenes contra el pueblo mapuche, a las políticas de exterminio social contra el resto de la población. Si no se hace ahora, ellos seguirán ganando terreno y después no servirá de nada quejarse del estado de destrucción social al que se ha conducido al país. Ya se vivió con la dictadura, con Menem y con De la Rúa. Es cuestión de autodefensa no permitir que se repita.

Semilla Digna, 25 de Septiembre del 2017

A los medios libres de comunicación,

A los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales,

A los adherentes de la Sexta Declaración nacional e internacional,

Al Congreso Nacional Indígena,

A la sociedad civil nacional e internacional,

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Compañeras y compañeros, somos el espacio de lucha Semilla Digna, conformada por varias comunidades de los Altos de Chiapas, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, entre ellas, la comunidad de Candelaria el Alto y la comunidad de Cruztón, ambas del municipio de Venustiano Carranza.

Denunciamos que en la comunidad de Cruztón, desde el día 24 de septiembre hasta hoy estamos siendo hostigados por el grupo de Nuevo Guadalupe Victoria del mismo municipio de Venustiano Carranza. Estamos viviendo una situación de mucha tensión porque hemos recibido información de amenazas de entrar a nuestra comunidad a agredirnos, como lo hicieron el día 22 de mayo del 2017. Estamos preocupados por la integridad física, moral y psicológica de nuestras familias.

También denunciamos que en la comunidad de Candelaria el Alto, el día de hoy 25 de septiembre estuvo sobrevolando un helicóptero en el predio el Desengaño en el transcurso del día y, horas mas tarde, recibimos un aviso de un posible desalojo por parte de la policía a nuestra comunidad. Además denunciamos la presencia de camiones de policía con la presencia de aproximadamente 300 elementos en la entrada del Cascajal. Cabe mencionar que existe una mesa de dialogo desde el año del 2013, entre varias organizaciones acompañadas de centros de derechos humanos, para resolver el conflicto de tierras.

Responsabilizamos a los 3 niveles del mal gobierno por cualquier violencia que pueda pasar en la comunidad de Candelaria el Alto y de Cruzton del municipio de Venustiano Carranza, pertenecientes al espacio de lucha de Semilla Digna, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y del Congreso Nacional Indígena.

Pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios alternativos de comunicación, al CNI que estén pendientes. Como Semilla Digna buscamos la paz y la justicia. Exigimos el alto a la violencia en todos los pueblos.

¡¡¡Nunca más un México sin nosotros!!!

¡¡¡Compa Rodrigo Guadalupe Huet Gómez vive y la lucha sigue y sigue!!!

¡¡¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!!!

¡¡¡Tierra y Libertad!!!

¡¡¡Zapata vive y la lucha sigue!!!

Espacio de Lucha de Semilla Digna, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y pertenecientes al Congreso Nacional Indígena.