A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
Los Ejidatarios del Ejido San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas, somos pueblos Tzeltales, unidos para defender nuestros Derechos Colectivos ante las imposiciones del Estado en implementar proyectos que atentan en contra de nuestros territorios y nuestros modos de vivir con lo que nos rodea. En esta virtud, nos dirigimos a todos y todas para manifestar lo siguiente:
Primero: Que el 15 de octubre de 2020 tuvo lugar una movilización pacifica para manifestar nuestra inconformidad por la imposición de la instalación del cuartel de la Guardia Nacional en la comunidad Juculton, Municipio de Chilón, Chiapas, perteneciente al Ejido San Sebastián.
Segundo: Que durante esta manifestación que tuvo lugar en el Crucero Temó donde estuvieron los compañeros del Ejido San Jerónimo, y en el Crucero Sitalá donde estuvieron los compañeros del Ejido San Sebastián, donde los primeros fueron violentados sus derechos colectivo y humanos al ser reprimidos brutalmente por la policía municipal, estatal y Guardia Nacional, encausada por los 3 niveles de gobierno. Como resultado fue la detención de dos compañeros identificados con los nombres de: César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes con lujo de violencia fueron privados de su libertad y torturados por parte de la policía municipal, trasladándolos a los separos de la comandancia de la policía municipal de Ocosingo, Chiapas, sin embargo; ante la detención, se violaron los derechos correspondientes que impiden la defensa. Así también, la Fiscalía de Justicia Indígena no permitió el acceso a la Carpeta de Investigación a su defensa, aproximadamente a las 10 de la noche del día de ayer, fueron trasladados al Juzgado de Control de Ocosingo, sin notificarle a sus defensores; el día de hoy debía llevarse su audiencia de control, sin embargo, fueron trasladados forzadamente, hasta esta hora se desconoce su paradero, nuevamente no se les ha notificado a la familia o la defensa.
Ante lo anteriormente expuesto, DENUNCIAMOS:
Los abusos de poder del alcalde Municipal al accionar la fuerza pública en contra de los ejidatarios de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón.
La intromisión del alcalde en los asuntos ejidales, así como la provocación de división al interior de los ejidos para satisfacer sus intereses políticos y económicos.
La estructura municipal que opera en contra de la población que no esta a favor de las imposiciones del presidente.
A los comisariados ejidales impuestos por el alcalde que violentan a la máxima autoridad ejidal, ejerciendo artimañas para saciar sus intereses.
De esta manera EXIGIMOS:
La liberación inmediata de: César Hernández Feliciano y de José Luis Gutiérrez Hernández.
Presentar con vida a Juan Hernández Morales, desaparecido desde el 15 de octubre de 2020 por causa de la implementación violenta de la fuerza pública.
Retirada inmediata de la Guardia Nacional del Municipio de Chilón.
Justicia para los encarcelados y lesionados.
Castigo para los responsables de accionar actos violentos en contra de los ejidatarios, la estructura del ayuntamiento municipal: presidente y delegado municipal, director, comandante y elementos de la policía municipal.
Respeto a los derechos colectivos como pueblos originarios conforme a los establecidos en nuestra Carta Magna y de los Convenios Internacionales.
Porque defender lo nuestro es un Derecho:
Ejidatarios (as) del Ejido San Jerónimo y San Sebastián Bachajón,
Municipio de Chilón Chiapas; a 17 de octubre de 2020.
Se multiplican las denuncias ante intentos de desestabilizar las elecciones de mañana en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde las urnas son custodiadas por quienes masacraron al pueblo. Son horas decisivas para la región y al respecto se pronunciaron feministas del Abya Yala.
Por Redacción Marcha |
Las integrantes de la Delegación Feminista Plurinacional y de Feministas de Abya Ayala realizaron en el mediodía del viernes una conferencia de prensa, a pocas horas de las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, en un clima de tensión, desestabilización y amenazas frente al inminente triunfo del binomio Luis Arce- David Choquehuanca del MAS- IPSP.
Al igual que el pasado 8 de Marzo, cuando feministas sin fronteras hicieron del abrazo un acto político, esta vez fue también la solidaridad la que se hizo presente ante la violación de los Derechos Humanos, el odio y el racismo que impusieron el gobierno de facto y grupos conservadores bajo el mando de Jeanine Añez y Arturo Murillo; autoproclamado hace 11 meses.
La Delegación Feminista Plurinacional (Bolivia- Argentina) trabajó estos meses para, en medio de un clima de amenazas, relevar denuncias ciudadanas sobre graves violaciones a los derechos humanos, calificados como crímenes de lesa humanidad -que son imprescriptibles-, en una Bolivia con presas y presos políticos, asesinatos y persecuciones que impuso el gobierno inconstitucional.
En esta oportunidad, nuevamente alzaron la voz, para visibilizar el contexto electoral que amenaza el proceso de restitución de la democracia, con un gobierno de facto que pretende perpetuarse sin el voto, aliado a grupos oligárquicos, en alianza con paramilitares y fundamentalistas religiosos que operan con total impunidad.
Mujeres mineras de Bolivia. Fotografía Natacha Pisarenko.
Contexto electoral
Durante la conferencia de prensa, las feministas del Abya Yala destacaron que “en los últimos meses, han recrudecido las violencias racistas y patriarcales del gobierno de facto” y que en medio del proceso electoral, que ya había sido pospuesto, denunciaron que “el gobierno no brinda garantías para la realización de elecciones libres sin derramamiento de sangre”.
El Golpe de Estado en Bolivia y el gobierno de facto que encabeza Añez, “son resultado del golpe cívico eclesiástico militar en Bolivia que atentan contra los procesos de reconocimiento identitario de los pueblos de Bolivia”, explicó otra de las voces de denuncia, “mientras se promueve el odio y el racismo como política de Estado y se producen violaciones selectivas a los Derechos Humanos en territorios indígenas, migrantes y empobrecidos”. Las persecuciones a la prensa por el peligro de difusión de los graves hechos llevó al asesinato de Sebastián Moro, a la prisión por causas políticas de Facundo Molares -encarcelado en graves condiciones de salud y sin asistencia médica- y al exilio de muchas y muchos periodistas y comunicadores populares y alternativos.
Adriana Guzmán, desde Bolivia, al tiempo que resalto el valor de la solidaridad feminista y destacó la necesidad de elaborar un nuevo informe- denuncia internacional sobre la situación, siendo necesario explicar el contexto en que se realizan las elecciones. Anulación de 50.000 residentes que no podrán votar en el exterior, los cambios en el sistema electoral para recoger los votos, la militarización de todos los recintos electorales, la censura a veedores electorales internacionales, junto a la negación de credenciales y medidas de seguridad.
El principal veedor será la Organización de Estados Americanos (OEA), con” la misma delegación que en 2019, irresponsable que ha hablado de irregularidades”. Adriana Guzmán destacó que “de igual forma están las amenazas permanentes del ministro de gobierno, Arturo Murillo, que ha denunciado en conferencia de prensa la compra de armamento y el destino que es la defensa de la democracia y evitar que por cualquier razón el Movimiento al Socialismo vuelva al gobierno”.
Adriana también denunció la manipulación informativa de las empresas mediáticas que difunden ideas sobre quiénes somos indígenas. “Queremos denunciar que se ha generado un clima de estigmatización y manipulación informativa”… “quienes somos originarias, indígenas, estaríamos organizando una resistencia armada, trayendo guerrilleros, todo este discurso que ya ocurrió en 2019 con el único objetivo es que la gente termine en la puerta de su casa con un palo tratando de defenderse de quien sabe quién”, afirmó.
Elecciones contra la incertidumbre y la impunidad
Penélope es una de las hermanas de Sebastián Moro, periodista argentino asesinado hace 11 meses en Bolivia, mientras se cometía el Golpe de Estado que le robó al pueblo su soberanía. Tomó la palabra durante la conferencia de prensa y exigió la protección para las y los periodistas que están cubriendo las elecciones: “No queremos ningún Sebastián Moro ni… Facundo Molares más”, dijo. Y recordó la importancia del voto de ciudadanas y ciudadanos bolivianos en el exterior, quienes representan el 2% del padrón.
Jimena Fore es boliviana, de Potosí, y denunció la actitud temeraria que significa que los recintos de votación vayan a estar militarizados, y advirtió sobre que no habrá trasmisión de actas en tiempo real. “Esto nos llama la atención para que podamos estar informadas”, agregó.
Por su parte, Daniela Hinojosa, desde Venezuela, expresó su solidaridad, “porque este método de sometimiento no es contra Bolivia sino contra todos los pueblos” y que esta represión “se vence con la fuerza de la solidaridad con el pueblo boliviano que está viviendo lo que nadie quisiera”.
Diana Vargas, feminista comunitaria, dijo: “queremos unas elecciones sin sangre, porque los muertos siempre serán de nuestro lado”, y pidió “reciprocidad con el pueblo de Bolivia y romper el cerco mediático”. Al respecto, de la misma forma que hace 11 meses, continúan las denuncias de ataques y limitaciones a los trabajos de prensa y derecho a la libertad de expresión.
Es por esto que, también desde los espacios feministas se organizan coberturas comunitarias/ colaborativas para cubrir los comicios de mañana. En Bolivia y otros territorios donde se vota. “Estamos haciendo un abrazo para cubrir las elecciones y estar como observadores para que no haya irregularidades en la elección”, dijo Claudia de Juliacanacas.
Son horas decisivas en el Estado Plurinacional y en la región.
A 528 años: Nuestra lucecita de resistencia y rebeldía, sigue encendida
Con las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tomadas, resuena la voz de pueblos integrantes del Congreso Nacional Indígena y organizaciones sociales. En un encuentro en donde se resignifican los espacios.
Encuentro: Integrantes del CNI y organizaciones sociales desde la sala de juntas del INPI EN VIVO
Chiapas, México. 16 de octubre. Más de 4000 ejidatari@s marcharon este día en Tila, para conmemorar que un 16 de octubre de 1934, fuera publicado en el Periódico Oficial de la Federación, que las 5405 hectáreas “es la legitima propiedad del ejido Tila”. “Aquí estamos para demostrarle a los malos gobiernos paramilitares que sus violencias y muertes no nos van a detener y no van a acabar con nuestra autonomía ejidal. No van a regresar a gobernar, aunque sigan sembrando la muerte en nuestro pueblo”, aseguraron las y los ejidatarios quienes desde diciembre de 2015 retiraron al ayuntamiento de su territorio para iniciar un proceso de autogobierno y libre determinación como pueblo originario. Pese a que su manifestación fue pacífica, el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez lanzó petardos a una parte del contingente, lo que no detuvo la multitudinaria marcha.
Tras la marcha, en entrevista telefónica para medios libres, los indígenas choles aseguraron que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirmaron. Pese a ello, como indican especialistas sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.
“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, denunciaron los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008. Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.
De manera muy puntual los ejidatarios expusieron que desde el pasado 25 de agosto del presente año el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, reanudaron las hostilidades contra el ejido, derrumbando un portón que por acuerdo de la Asamblea Ejidal, se había instalado en una de las entradas de la comunidad. Pese a las denuncias de ese mismo día 25 realizaron los indígenas choles y las que posteriormente publicaron los días 27 y 29 de agosto por las detonaciones que efectuaron las personas contratadas por la familia Sánchez, estas no fueron tomadas en cuenta por los tres niveles de gobierno, lo que provocó que la escalada de violencia contra los ejidatarios aumentará y que el viernes 11 de septiembre fueran atacados por un grupo liderado por Eleasin Bárcenas, causando la muerte de del ejidatario Pedro Alejandro Jiménez.
Las hostilidades contra el ejido Tila no terminaron con el asesinato de uno de sus integrantes y las denuncias de los ejidatarios por detonación de armas de fuego por parte del grupo de la familia Sánchez (integrantes del grupo paramilitar “paz y justicia”), continuaron los días 27 de septiembre y el ocho de octubre. De igual forma los ejidatarios también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunciaron el pasado uno de octubre la incursión dentro del poblado de la policía sectorial y elementos de la guardia nacional acompañados por el grupo de choque.
Por su parte el defensor de derechos humanos Jorge Armando Gómez Alonso, indica que el ayuntamiento debe restituir las tierras al Ejido Tila y el gobierno y Congreso de Chiapas deben declarar nulo el denominado Fundo Legal (que incluye la porción de tierra que han querido despojar al ejido). El también investigador indica que en enero de 2019 se publicó el Decreto 132, “Por el que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, deja insubsistente el Decreto número 72, de fecha 29 de Julio de 1980”. “El ayuntamiento no quiere acatar la resolución, por lo que dos meses después con un grupo de ejidatarios robaron el nombramiento de las autoridades en complicidad con el Registro Agrario Nacional (RAN), falsificando firmas y simulando asambleas, para modificar la sentencia de amparo”, evidencia Gómez Alonso.
Dentro de las poblaciones que marcharon en el 86 aniversario del reconocimiento de las tierras ejidales están: Misijá, la comunidad Unión Juárez, la comunidad Chulúm Chico, comunidad Nueva Generación Chulum Chico, la comunidad Nicolás bravo, comunidad Cantióc, comunidad Rio Grande, comunidad Sañojá segunda sección, comunidad Sañojá primera sección, comunidad Chäkpatyol, comunidad Cerro Aan Antonio, comunidad Cerro Santa Cruz, comunidad k’ajtyieja, Barrio Salinas, Barrio Santa Lucia, barrio Concepción, barrio San Juan primera sección, barrio San Juan segunda sección, barrio San Sebastián, barrio San Felipe, barrio Santa Martha y barrio Chijtiejá.
Represión y criminalización a población que defiende su territorio.
José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano con lesiones y en privación arbitraria de su libertad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional reprimieron una movilización pacífica en el punto conocido como crucero de Temó, en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Dos personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad y varias resultaron heridas, el día de hoy, entre las 10:30 y las 11:00 horas, durante un violento operativo de desalojo en contra de habitantes de San Jerónimo y San Sebastian Bachajón, quienes se oponen a la militarización de su territorio.
En un video publicado por el periodista Mario Nájera se observa el uso excesivo e injustificado de la fuerza así como Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes en la detención ilegal de José Luis Gutiérrez Hernández, (José Luis) de 46 años de edad, originario de la comunidad Bahuits Guadalupe y de César Hernández Feliciano, (César) de 30 años de edad, originario de la comunidad San Martin Cruztón, del municipio de Chilón, acusados de ataques a la vías de comunicación1. Ambos de identidad Maya Tseltal, fueron detenidos en el crucero Temó Ocosingo-Palenque2. Los policías municipales directamente responsables son: Guillermo López Díaz, Samuel Jiménez Deara y Carlos Alberto Bertono Gutiérrez.
De acuerdo a los testimonios de José Luis y César, quienes se encuentran en la Comandancia Municipal de Ocosingo y presentan lesiones:
“La policía empezó a tirarnos piedras y golpearnos con palos, nosotros solo traíamos pancartas y mantas…. Los policías me decían que me iba a llevar al Amate, que me iban a quemar al igual que mi camioneta, a pura mentada de madre me traían.” Testimonio de José Luis Gutiérrez Hernández.
“Estaba al lado de la carretera, la Policía empezó a lanzar tolete, palos y piedras a la gente, me agarran a un lado de la carretera que va a Palenque, cuatro policías, me dan un garrotazo en el abdomen y patadas en las piernas, me esposan manos atrás, me dan un golpe con el puño cerrado en la boca, me arrastran hacia una patrulla municipal de Chilón. Ahí me avientan a la góndola boca abajo, intentaba voltearme y con el puño cerrado me sometían. Estuve ahí 10 minutos, luego me pasan a otra patrulla, ahí ya en cabina junto con José Luis Gutiérrez nos traen a Ocosingo y nos decían que nos iban a dar una paliza, me iban a llevar al Amate, que me comunique con los lideres para levantar el bloqueo.” Testimonio de César Hernández Feliciano.
El cerco policiaco militar implementado desde esta madrugada, en el crucero Temó, incluyó dejar incomunicada a la población, sin señal telefónica ni de internet. Además, desde días antes, por redes sociales, se difundieron mensajes que difamaron y criminalizaron a las personas convocantes. Hechos que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad de defensoras y defensores comunitarios.
Representantes de comunidades habían convocado a una movilización pacífica en oposición a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido de San Sebastian Bachajón, en Chilón. Exigen respeto a sus derechos como Pueblos Originarios, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los Acuerdos de San Andrés, el Artículo 129 Constitucional y el Artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas3.
Este Centro de Derechos Humanos hacemos un llamado al Estado mexicano para:
Liberar inmediatamente a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano.
Garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal que ejercen su derecho a la libre manifestación.
Investigar las violaciones a derechos humanos, así como los delitos cometidos en contra de la población del Pueblo Maya Tseltal de Chilón.
Respetar sus derechos a la defensa de su territorio y su libre determinación como Pueblos Originarios.
Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.frayba.org.mx y/o hagan llamamientos al Estado mexicano:
Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública vulneran derechos del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, en Chiapas.
Compañeras y compañeros Otomies residentes en Ciudad de México tomaron el pasado 12 de Octubre las instalaciones del INPI en esta ciudad demandando una vienda digna, denunciando también el despojo y en contra de los megaproyectos.
#ResistenciaOtomí
#diadelaresistencia #dignidaddelospueblos #EZLN #CNI #CIG
SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS, MÉXICO, A 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL MUNDO,
MEXICO Y CHIAPAS.
A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS, REPUDIAMOS ROTUNDAMENTE LA INSTALACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN NUESTRO MUNICIPIO, TODA VEZ QUE VIVIMOS EN PAZ Y TRANQUILIDAD, Y NO TENEMOS LA NECESIDAD DE QUE HAYA PRESENCIA MILITAR EN NUESTRO TERRITORIO. YA QUE EN EL AÑO 1994 CUANDO SE DIO EL MOVIMIENTO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, EZLN, EL GOBIERNO FEDERAL EN TURNO INSTALÓ BASES MILITARES EN DIFERENTES COMUNIDADES PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHIAPAS DANDO COMO RESULTADO UN ALTO INDICE DE ASESINATOS, MUJERES VIOLADAS, EMBARAZADAS Y ABANDONADAS, SEPARACIÓN DE MATRIMONIOS, NIÑOS ABANDONADOS, INCREMENTO DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y PROSTITUCIÓN, ASI COMO PROPAGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA E INSEGURIDAD. POR LO QUE NO PERMITIREMOS LA INSTALACIÓN DE GUARDIA NACIONAL Y SOLICITAMOS LA INMEDIATA DESTITUCION DEL ING. CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO, PRESIDENTE MUNCIPAL DE CHILÓN CHIAPAS, Y DEL C. JUAN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN, POR HABER FIRMADO CONVENIO PARA INSTALAR UNA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL A 2 KM DEL CITADO EJIDO SIN CONSULTAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
EXIGIMOS AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, Y MUNICIPAL QUE SE INSTALEN MEDIDAS EFICACES PARA DAR MARCHA ATRÁS A LA INSTALACIÓN DE ESTA BASE MILITAR EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS; ASI COMO EL RESPETO A LOS DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHIAPAS Y DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON:
ARTÍUCLO 2°- PÁRRAFO 2° B), ARTÍCULO 13° DEL C169 CONVENIO DE LA O.I.T. SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES 1989.
LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES
ART.129 CONSTITUCIONAL.
ARTÍCULO 7°- PARRAFOS 1 Y 3 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
ARTÍCULO 19°- DE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. NUMERAL XXIII Y DEMÁS RELATIVOS DE LA DECLARACION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
SOLICITAMOS A LA POBLACIÓN SU COMPRENSIÓN Y APOYO SOLIDARIO POR LAS ACCIONES QUE ESTAMOS EMPRENDIENDO, Y RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, DE CUALQUIER ACTO DE REPRESIÓN QUE PUDIERAN EJECUTAR EN NUESTRA CONTRA, AL TIEMPO QUE HACEMOS UN LLAMADO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIENTES, ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS EN CHIAPAS Y MÉXICO, A QUE JUNTOS CONFORMEMOS UN FRENTE ÚNICO PARA PONER UN ALTO A LA CONTINUIDAD DE LA POLITICA NEOLIBERAL.
“ALTO A LA MILITARIZACIÓN EN CHIAPAS Y MÉXICO”, “RESPETO A LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS”, “RESPETO A LA AUTONOMÍA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, “ALTO A LOS MEGAPROYECTOS”, “RESPETO A LA MADRE TIERRA”
Compartimos una edición especial de Fillke Mapu Ñi Nütxam«Colonialismo y Resistencia en Wallmapu y la Patagonia», quinta entrega colaborativa de la Red de Medios Radiales del Wallmapu y la Patagonia.
Dedicado a Tito Armando Javier Lienlaf Villegas, Pangui Ayen Lienlaf Salazar, Nawel Kurruf Lienlaf Salazar y Kim Rayun Lienlaf Salazar, fallecidos la madrugada del pasado jueves 1 octubre en el incendio de su vivienda en Los Molinos, costa de Valdivia.
En esta oportunidad, 12 de octubre 2020, nos entrega su mensaje:
@RadioWilliche Mül’ütu Melipulli Puerto Montt / https://muluturadio.wordpress.com/
Radio Lafken Mawida en Bonifacio costa de Valdivia 107.3 FM / https://www.lafkenmawida.org/
@Radio Werken Kvrvf 98.3 FM en el lago Budi comuna de Saavedra
Radio Aukinlaf en Los Molinos costa de Valdivia http://latina.red:8000/aukinlaf.mp3
Radio Pellin Folil en Malalwe comuna de Lanco / https://radio.latina.red/pellinfolil.mp3 / https://www.elpuelche.cl/
Radio Latue en Aysen y Puerto Cisnes / https://patagonialibre.org/
Radio Ko / http://radio.latina.red/aguita
@RadioKvrruf / https://radiokurruf.org/
●EDF sería responsable por contribuir a violaciones al consentimiento libre,previo e informado así como por ataques a defensoras y defensores dederechos humanos en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú
●La demanda solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla suobligación de respetar los derechos humanos. La comunidad tuvo que acudira instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobiernomexicano.
Ciudad de México/Berlín, 13 de octubre de 2020.Miembros de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, presentaron el día de hoy en París una demanda civil en contra del gigante energético Electricité de France (EDF) por violación a sus derechos humanos.Se trata de la primera acción legal de su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas, y es acompañada por la organización mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. ProDESC, y el European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR.EDF sería responsable por contribuir a violaciones serias a los derechos de lacomunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.
La empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos deinformación y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa. UniónHidalgo buscó justicia en México.A partir de un amparo presentado por personas defensoras, en octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades Mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió.Asimismo, desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito. Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos. Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos. La demanda presentada solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos, establecida desde 2017 en la Ley francesa del deber de vigilancia, y con ello evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de la comunidad.
“Este es un llamado claro para que EDF termine sus abusos, cambie su mal comportamiento y deje de buscar imponer a toda costa su proyecto. El que un parque eólico se desarrolle violando los derechos humanos no es justo ni en Méxiconi en Francia ni en ninguna parte del mundo”, dijo Rosalva Martínez, defensora dederechos humanos de Unión Hidalgo.La demanda es apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas, europeas e internacionales, tales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch y Fair, Global and Green Alliance (FGG).“Las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad. Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México. Hasta ahora, nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello. Es tiempo de que EDF cumpla.”, señalaronAlejandra Ancheita y Miriam Saage-Maaß de ProDESC y elECCHR.Diversos organismos de derechos humanos en México y a nivel internacional se han pronunciado en torno a la situación de riesgo de las y los defensores de UniónHidalgo, por su labor de defensa relacionada con el proyecto de EDF, requiriendo acciones inmediatas de las autoridades y la empresa. ProDESC acompaña desde 2011 el proceso de defensa de la comunidad deUnión Hidalgo.El ECCHR ha colaborado desde 2018 en el proceso de litigio transnacional.
Desde La Tormenta 4to Cadenazo Ibérico de Radios Libres: Desenmascarando el colonialismo.
En qué situaciones cotidianas sigue vigente el colonialismo?
Qué acciones diarias podemos tomar para combatirlo?
Preguntamos a nuestros compañeros y compañeras estas inquietudes.
Contamos con la voz y firme palabra de
Fortino Dominguez, concejal zoque del Concejo Indígena de Gobieno.
La antropóloga Ana, desde la ENAH en México.
Carolina Torres, poeta de Honduras.
Emilio Buenfil, desde la Red de Resistencia y Rebeldía de Yucatán.
Wilma Esquivel Pat, concejala del Concejo Indígena de Gobierno desde Quintana Roo.
Mateo de Radio Zapote, desde México.
Compañeras de Radio Chaski Clandestina en Bolivia.
Compañero de la cooperativa CACAO CIMARRONEZ, Oaxaca, cdmx.
Antropólogo y poeta Xun Betán desde Carranza, Chiapas.
