Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de Tila durante el ingreso de elementos del ejército tras días de enfrentamientos en el ejido.}

En el municipio ch’ol de Tila, al norte de Chiapas, pobladores viven días sumidos en la violencia criminal, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de familias hacia comunidades como Petalcingo y Yajalón, cerca de la frontera con Tabasco.

Familias ejidatarias, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denuncian que, entre los días 4 y 7 de junio del 2024, un grupo armado autodenominado “Karma” ingresó al poblado detonando armas de alto calibre. Mediante pronunciamiento titulado “El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno”, difundido el pasado martes (11), ejidatarios de Tila aseguran que “no pudieron mantener la paz ya y la gente respondió” al ataque criminal.

Para entender la violencia actual, necesitamos recorrer el pasado y las diferentes luchas de los ejidatarios de Tila, quienes, en su reivindicación por el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, han sufrido represión por décadas. 

Despojo

Ejidatarios de Tila resaltan que la violencia actual tiene sus orígenes en marzo de 1966, cuando el Cuerpo Consultivo Agrario, perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria, intentó modificar el plano y decreto presidencial de julio de 1934, el cual otorgó a la población ch’ol su derecho sobre la tierra estableciendo legalmente al ejido Tila. 

El objetivo era imponer un fundo legal -figura agraria jurídica que permitiría el control de 130 hectáreas de tierras por el municipio de Tila, quitandole su característica de propiedad social – para la instalación y operación del ayuntamiento, pues antes operaba en la comunidad de Petalcingo, en el mismo municipio, a poco más de 10 kilómetros de distancia.

Ante ello, ejidatarios organizados emprendieron diferentes luchas pacíficas para lograr la restitución de las 130 hectáreas que, según ellos, el ayuntamiento ocupó y cedió a particulares ilegalmente en su territorio. 

En estos años, destacan las movilizaciones y batallas legales, como la que desde el año 1982 mantienen los ejidatarios. En ese año, promovieron el amparo 259/1982 para denunciar el despojo de su territorio y reivindicar la propiedad social del ejido, demanda que hasta diciembre del año 2008 obtuvo una sentencia favorable por parte del juzgado primero del distrito del Estado de Chiapas, el cual resolvió amparar y proteger el ejido de Tila, ordenando con ello la restitución de las tierras.

La abogada Aracely Olivos, quien acompaña el caso, detalla que durante los 26 años, desde que se presentó la demanda de amparo hasta la sentencia, el municipio de Tila otorgó ilegalmente propiedades, como si se trataran de propiedad privada, a muchas personas, tanto avecindadas como ajenas al ejido.

Esta situación, contextualiza la litigante, generó tensión entre los pobladores pues el ayuntamiento argumentó su imposibilidad para cumplir con la restitución de tierras debido a la presencia de estas propiedades privadas. Ante ello, los ejidatarios recurrieron a un incidente de inejecución de sentencia -recurso utilizado cuando la autoridad responsable no cumple con la resolución- dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual se mantuvo sin resolución hasta el año 2018.

En este periodo se presentaron peritajes antropológicos, sociológicos y jurídicos; inclusive el sociológo mexicano, Rodolfo Stavenhagen, quien fungiera como relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, presentó un amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica) que desarrolla la historia y la dimensión antropológica del ejido y el pueblo ch’ol. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también proporcionó otro amicus curiae para abordar el derecho de los pueblos indígenas, proponiendo su incorporación en la resolución.

Al final, relata Olivos, la SCJN decidió regresar el caso al juzgado primero de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, pues argumentó que no es posible determinar si existe imposiblidad jurídica o material para dar cumplimiento a la restitución de tierras que resolvió el amparo de una década antes.

Acorde a la abogada, la SCJN aseguró desconocer cuantas propiedades están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Federal, lo que le permitiría saber a cuántas personas se afectarían con la restitución de tierras a los ejidatarios, esto a pesar de que, señala la litigante, los más afectados son los habitantes del ejido, “pues ahí estamos hablando del derecho al territorio como una forma de darles continuidad histórica a los pueblos originarios”.

En medio de las batallas legales, otro punto a destacar es el hecho de que, desde noviembre de 2018, un grupo de pobladores, aliados al ayuntamiento, usurparon, mediante la falsificación de firmas y de actas de asamblea, los órganos de representación ejidal.

Mediante esta acción, el grupo que se conoce como “los legales” consiguieron la representación de miembros afínes para ocupar la Presidencia del Comisariado y el Consejo de Vigilancia del municipio.

La abogada Olivos relata que, una vez concretados éstas inscripciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN), “los legales” se presentaron ante el juzgado en la capital chiapaneca para solicitar la personalidad jurídica que les permite acceder al expediente que desde 2018 se encuentra en su poder tras la resolución de la SCJN.

Por esta situación, el equipo legal que acompaña al ejido Tila no tiene acceso a los archivos judiciales. “Hemos insistido ante el juzgado, que ha sido muy negligente, en decirles que se trata de un ejido indígena y que por tanto debe tomar en cuenta su derecho de libre determinación y su jurisdicción sobre el territorio, lo que implica que su derecho es igual de válido que un registro administrativo ante el RAN”, reclama la abogada, quien señala que esta situación no permite que el caso avance en los tribunales.

En este contexto, ejidatarios de Tila han denunciado en múltiples ocasiones la usurpación actual de Eduardo Gutiérrez Martínez, como presidente del comisariado ejidal, a quien responsabilizan de la inestabilidad y violencia en el ejido ch’ol.

Paramilitares y crimen

Tras décadas de omisiones y sentencias incumplidas, fue el 16 de diciembre del 2015 cuando la Asamblea Ejidal expulsó al ayuntamiento del territorio indígena, ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal, en el marco de su derecho a la libre determinación como pueblo originario. 

En ese momento, los ejidatarios expulsaron a la pareja compuesta por Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quienes ocupaban, alternadamente, la presidencia municipal. Es debido a la expulsión de los caciques, que los ejidatarios han sido objeto de agresiones y violencia por parte de quienes defienden la operación del ayuntamiento en tierras del ejido de Tila.

Gutiérrez y Cruz son señalados por mantener nexos con el grupo paramilitar conocido como “Paz y justicia”, financiado y entrenado por el ejército mexicano en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994. 

Como documenta Dante Saucedo, pese a que entre los años 2000 al 2010 fueron detenidos varios integrantes del grupo armado, estos mantienen vínculos con el grupo que actualmente genera la violencia contra los ejidatarios en Tila. Resalta el caso de Juan José Díaz Solórzano, ex presidente municipal, detenido en 2010 en posesión de 3.5 millones de pesos destinados a apoyar la campaña de Sandra Luz Cruz Espinosa para ocupar el ayuntamiento. Actualmente, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez se mantiene como alcalde de Tila, pero opera desde El Limar, a 30 kilómetros del ejido ch’ol.

En su pronunciamiento del martes (11), los ejidatarios destacan su lucha pacífica frente al contexto reciente de dolor y terror que se vive en el ejido. En el documento enfatizan que, desde 2008 y pese a las agresiones, han mantenido la calma, pero después de denunciar insistentemente la incursión del crimen organizado en el ejido, “ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol”.

La incursión violenta del grupo criminal en junio es la mas reciente de una serie de agresiones contra los ejidatarios, algunos quienes han desempeñado cargos ejidales para la defensa de la autonomía indígena y donde destaca Carmen López Lugo (integrante del comisariado ejidal, entre los años 2018 y 2021) y quien fuera asesinado en enero del 2024.

Desde finales del año 2023, ejidatarios de Tila denunciaron las acciones del grupo criminal “Karma”, el cual sostienen opera en complicidad con el ayuntamiento y es responsable por los asesinatos del ex comisariado ejidal, así como de Domingo Lugo Ramírez, éste último ocurrido en marzo del 2024. Miembros del CNI, sus familias aseguran que fueron amenazados y después ejecutados con toda impunidad.

“Estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querían ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal”, acusan los ejidatarios.

Violencia en incremento, omisión de autoridades

Acorde a registros de los ejidatarios de Tila, entre los meses de mayo y junio del 2023 se suscitaron diversas acciones que daban cuenta de la incursión de grupos criminales en la región. Es en esa época que, por primera vez, avistaron hombres encapuchados portando armas de uso exclusivo del ejército, tales como rifles AR-15, mientras se desplazaban en camionetas por el ejido ch’ol.

El 13 de octubre de ese año fueron asesinados dos jóvenes, hijos de ejidatarios de entre 17 y 19 años, cuyos homicidios, aseguran los ejidatarios, fueron perpetrados por personas vinculadas a grupos paramilitares, ahora convertidos en delincuencia organizada. Mediante comunicado, los ejidatarios responsabilizaron a funcionarios municipales como el contador Rodrigo Martínez Parcero, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación y al grupo Karma, señalado como uno de los responsables por iniciar las agresiones del pasado 4 de junio.

Destaca también las agresiones durante la madrugada del 11 de noviembre del 2023, cuando el grupo armado intentó prender fuego a la casa del primer comisariado Ejidal. El mismo día también intentaron quemar la casa del ex comisariado y durante la noche dispararon contra la casa de un profesor, miembro activo del ejido. 

Tras la sucesión de las agresiones es que los hombres armados colgaron una manta en la que se identifican como “Grupo Karma” y mediante la cual amenazaban a todas las personas que han tenido cargos ejidales, en el contexto de la autonomía, para abandonar el ejido.

A partir de ese momento, relata la abogada Olivos, para los ejidatarios quedó claro que no solo es un contexto de entrada del crimen organizado, “que se combina con las tensiones internas, sino que el grupo criminal va en contra de los líderes ejidales”. Esto quedo comprobado con el asesinato de las autoridades ejidales durante los primeros meses del 2024, pese a que desde noviembre del 2023 la Fuerzas Armadas acordaron realizar patrullajes para garantizar la seguridad de los ejidatarios.

Según los ejidatarios, el grupo Karma busca adquirir el control territorial en el ejido Tila para asegurar las extorsiones y el cobro de piso, así como actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas en un territorio de relevancia en la zona norte que conecta con Tabasco y el Golfo de México.

Mediante su pronunciamiento, los ejidatarios de Tila denuncian también la cobertura mediática desplegada en medios masivos durante los recientes sucesos violentos. Esto debido a que consideran que se habla de “los autónomos” equiparándolos como criminales, a pesar de que “la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal”, sostienen.

Desplazamiento

Mientras tanto, un pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), fechado el viernes 7 de junio, asegura que el actual escenario de violencia tiene antecedentes, “que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento”.

Por su parte, medios nacionales reportan que, durante asamblea efectuada el martes (11), las familias desplazadas que se encuentran en Yajalón, aseguran que no hay condiciones de seguridad para retornar a sus hogares.

De acuerdo a diferentes reportes se contabilizan más de 5 mil personas desplazadas por la violencia en el ejido Tila. Mientras el edil de Yajalón asegura que 1,800 personas se refugian en dicho municipio, otras 4 mil permanecen en el ejido Petalcingo, del mismo municipio de Tila.

A los pueblos cholultecas

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos que luchan y resisten

A los medios de comunicación

La acción del mal gobierno en contubernio con la empresa ProFaj Hidro – Limpieza ahora se manifiesta con ataques cibernéticos a las páginas de Facebook en las que los pueblos cholultecas hemos difundido nuestra lucha y las denuncias de represión de la que hemos sido objeto.

En menos de una semana se documentan 3 ataques cibernéticos directamente a nuestro movimiento en contra del basurero de San Pedro Cholula.

-Domingo 9 de junio hackeo del Whatsapp de Miguel López Vega

-Miércoles 12 de junio, clonación de la página de Unión de pueblos y Fraccionamientos contra el basurero y creación de videos apócrifos usando la imagen de la Jornada Oriente.

-Jueves 13 de junio desaparición del perfil de Facebook La Flor Peri Odico

Estos ataques sistemáticos no solo vulneran la libertad de expresión de los pueblos, además, generan confusión en la población y aumenta el riesgo de represión al privar de medios para denunciar los ataques violentos del Estado contra los pueblos cholultecas.

Esto es parte de la respuesta del Estado contra los pasos dados por los pueblos en el ejercicio de nuestra Autonomía y Autodeterminación: cerrar el basurero de San Pedro Cholula el 21 de marzo del presente año, la publicación del decreto contra los basureros y la explotacion y contaminación del agua el 14 de mayo, la movilización en la CDMX el 11 de junio frente a PROFEPA, sostener un plantón de vigilancia permanente para evitar la contaminación a la tierra y agua de la región cholulteca y demostrar una y otra vez la contaminación mortal que ProFaj, Cuauhtémoc Ochoa y sus cómplices a nivel municipal, estatal y Federal impone en nuestro territorio.

Ya nos dispararon y nos han criminalizado, ahora atacan nuestros medios.

Hacemos un llamado de alerta ante los ataques que el mal gobierno y la empresa puedan hacer.

Llamamos a los colectivos, organizaciones y colectivos solidarios a hacer eco de nuestras denuncias y nuestra lucha.

Nuestra decisión continúa con firmeza: el basurero de San Pedro Cholula de va de nuestro territorio.

Pronto daremos a conocer nuestros medios por donde puedan dar seguimiento a nuestra lucha.

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Congreso Nacional Indígena

#fuerabasurerocriminal

#fuerabasurero

Solicitamos que no sea aprobada y que se abra un debate amplio, con colsulta a pueblos y barrios, ejidos y comunidades sobre una ley que afecta a sus territorios.

El pasado 15 de marzo Martí Batres presentó una iniciativa de nueva Ley Ambiental (Ley Batres) misma que llegó al Congreso de la Ciudad de México el pasado 20 de marzo.

La ley fue aprobada el dia de ayer 11 de junio en comisiones por diputados de todos los partidos políticos y podría ser aprobada el dia de mañana 13 de junio por el pleno del Congreso.

Mediante este comunicado queremos reiterar nuevamente los retrocesos y problemáticas que surgen de esta Ley.

Mostramos principal preocupaciónpor el capítulo de “actos administrativos traducidos en permisos”, el cual permite la explotación y privatización de espacios para fines turísticos y lucrativos (la ley dice económicos) “asignados” a la Secretaria de Medio Ambiente dentro de las áreas naturales protegidas.

La ley abre la posibilidad de flexibilizar los criterios para modificar o intervenir el suelo de conservación (artículo 96).

Elimina el Programa de Ordenamiento Ecológico como instrumento de política ambiental en la ciudad, elimina la prohibición de reducir el suelo de conservación y flexibiliza la posibilidad de talar árboles en ese suelo.

Borra por completo la normativa que protege a la Tierra. La protección de la Tierra en la legislación vigente es un avance hacia la protección de los llamados derechos de la naturaleza. Incluso, la Constitución de la Ciudad de México obliga a que se genere una ley que reconozca a la naturaleza conformada por los ecosistemas y especies como un ente colectivo de derechos, por lo que la eliminación de los derechos de la Tierra representa un retroceso en la protección medioambiental.

Por otra parte, la iniciativa legaliza la simulación del llamado “proceso de consulta vecinal para grandes construcciones” que en realidad consiste en la realización de estudios de impacto social. La demanda siempre ha sido la de la participación real, no la de estudios de impacto a través de encuestas de opinión disfrazadas de consulta. No olvidamos, además, qu e con ese mecanismo se pretende sustituir el proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada reconocido a los pueblos y barrios originarios.

En el mismo sentido, la Ley Batres plantea la existencia de un Consejo Asesor, en el que no se incluye la obligación de incluir a pueblos y barrios.

Por último, nunca se plantea la necesidad de someter a consulta la Ley con pueblos y barrios originarios pese a que se trata de una Ley que incide en los territorios.

Respecto a la “prohibición de la privatización del agua”, que fue un tema comunicado en la conferencia de prensa de presentación de la iniciativa, es una medida demagógica por tres razones. Primero, estaría fuera de la competencia del Gobierno de la Ciudad prohibir la privatización del agua, la cual, constitucionalmente, ya es propiedad de la nación. Una medida de ese tipo tendría que realizarse dentro de la constitución federal o a través de una nueva Ley General de Aguas. Segundo, porque la Constitución de la Ciudad de México ya prohibe la privatización de los servicios de agua potable y drenaje. Tercero, porque la privatización, no es el principal mecanismo con el que el sector inmobiliario, de servicios e industrial accede y acapara el agua en la ciudad. En Ciudad de México los grandes desarrolladores acceden al agua no a través de concesiones o “privatizaciones” sino a través de la red pública, una vez que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México les otorga el dictamen de fatibilidad hidráulica. Cualquier restricción con el uso del agua por parte de privados tendría que pasar por límites al sector inmobiliario y no por la creación de normas que carecen de efectos prácticos.

En todo caso, sería bueno que el gobierno aclare qué entiende por privatización. Si Batres entiende que es la transferencia de la propiedad pública o de la nación a la privada, o si es el uso exclusivo y lucrativo por parte de un privado de un bien público, ya que, si se trata de lo segundo, una vez aprobada su reforma quisiéramos ver que se cancelen todas las concesiones vigentes en la ciudad de México y se prohiba la mercantilización del líquido a través de empresas trasnacionales que embotellan el agua, por ejemplo.

Por lo anterior, consideramos ecesario enfatizar que si no se quieren conflictos, se debe evitar la imposición de leyes sin consulta previa a los pueblos y barrios originarios, ejidos y comunidades de la ciudad. En consecuencia, convocamos a los pueblos y barrios y ciudadanía en general a conocer el contenido de la Ley Batres y a no permitir que la nueva norma afecte más el suelo de conservación.

A las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, les solicitamos rechazar la Ley y abrir la discusión antes de aprobar una nueva ley que nos pueda afectar a todos.

Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y barrios de la Cuenca del Anáhuac (Frente de Anáhuac)

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero bloquean avenidas principales al sur de la capital mexicana para denunciar la operación del relleno sanitario en la región choluteca de Puebla. Foto: Noticias de abajo ML.}

Habitantes de 27 pueblos de la región de los volcanes, en Puebla, se manifestaron este martes (11) ante las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ubicadas en la Ciudad de México, para exigir la clausura definitiva del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula.

Con pancartas y altavoces, integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero bloquearon avenidas principales al sur de la capital mexicana para denunciar que la operación del relleno sanitario, durante 16 años, ha contaminado el aire, la tierra y el agua de la región.

Resaltan que, además de haber demostrado mediante análisis científicos los “brutales” niveles de contaminación en fuentes de agua cercanas al basurero, se registra un incremento en enfermedades como leucemia en municipios de Puebla, en los que destacan Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango, Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo.

Los manifestantes se refieren a lo difundido los primeros días de abril mediante un informe elaborado por académicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), donde se dio a conocer que estos municipios poblanos, ubicados en la Cuenca del Río Atoyac, cuentan con las tasas más altas de mortalidad por leucemias agudas del país.

Por esta situación es que los manifestantes exigen a las autoridades ambientales el cierre definitivo del basurero en aras de proteger la salud de los habitantes, así como las fuentes de agua de la región.

Resistencia

Desde el 21 de marzo pasado, los pobladores organizados mantienen un campamento en el lugar de acceso al basurero, por lo que desde ese día han presionado para detener sus operaciones. Resaltan que, debido a las acciones de protesta han resguardado el lugar de ser contaminado por las más de 680 toneladas de basura que ingresaban diariamente, provenientes de lugares tan lejanos como Oaxaca y la CDMX.

Operado por la empresa PRO-FAJ Hidro Limpieza, pobladores argumentan que sus actividades son permitidas debido a la influencia política de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, recientemente electo como senador por Hidalgo con el cobijo del partido Morena, y a quien señalan como el dueño de dichas instalaciones.

Para el 10 de abril, después de difundir los altos niveles de contaminación mediante resultados del análisis de agua realizados por la Universidad Autónoma de México, elementos de la Profepa clausuraron temporalmente el relleno sanitario. No obstante, la noche del 30 de abril, autoridades locales intentaron reabrir el basurero. Elementos policiacos de los municipios de Calpan, San Pedro Cholula, Chiautzingo y Domingo Arenas escoltaron a un convoy de camiones de basura que pretendía ingresar al relleno. 

Sin embargo, los manifestantes de Pueblos Unidos consiguieron repeler la agresión y detener la reapertura de las instalaciones. Durante el operativo fueron víctimas de disparos con arma de fuego.

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Ante la alerta por mayores represiones y debido a la inacción de los tres niveles de gobierno, en mayo, pueblos y autoridades, agrarias y tradicionales, de 34 comunidades convocaron a la “Primera Asamblea de los Pueblos Cholultecas en contra del basurero asesino y los Megaproyectos de Muerte”.

Celebrada el 14 de mayo, las y los asistentes catalogaron al relleno como “un ecocidio que no merece quedar impune” por lo que decretaron su clausura definitiva. Además, prohibieron cualquier proyecto extractivo en la zona, particularmente los relacionados con el Proyecto Integral Morelos (PIM), “un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas del volcán Popocatépetl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala”.

Promesas

Pasadas las 15 horas de este martes (11), al salir de la reunión con las autoridades ambientales, el abogado Juan Carlos Flores de la Unión de Pueblos comunicó que la Profepa prometió realizar esta semana una inspección de verificación al relleno sanitario.

La visita, de acuerdo al compromiso de la dependencia federal, es para cerciorarse de dos puntos que denuncian los pobladores de la región choluteca. Primero, que no se han cumplido las medidas correctivas ante la contaminación derivada de sus operaciones y, sobre todo, que el relleno sanitario ya ha cumplido su vida útil.

Flores comunicó que, tras la visita de la Profepa, los pobladores esperan la recolocación de los sellos que marquen la clausura definitiva del basurero y la elaboración de un plan de abandono.

Sin embargo, el abogado detalló que los funcionarios federales no se comprometieron a la clausura, aún a pesar de que, argumenta el litigante, se han mostrado las pruebas del saturamiento del relleno sanitario, por lo que solicitó mantener a la población atenta por cualquier acción de represión.

Fuente: Avispa Midia

Por Crimethinc

En colaboración con Freedom, presentamos un breve texto de Peter Gelderloos en el que explora por qué están fracasando las estrategias que los principales movimientos ecologistas emplean actualmente para detener el cambio climático producido industrialmente, y qué podríamos hacer en su lugar. Para profundizar en estas cuestiones, recomendamos el nuevo libro de Peter, The Solutions are Already Here: Estrategias para una revolución ecológica desde abajo.

Ante otro verano de desastres climáticos, hablemos de soluciones reales

El movimiento climático dominante parte de una premisa que garantiza el fracaso.

No sólo fracaso. La catástrofe. Y cuanto más eficaz sea, más daño causará.

Exploremos por qué.

El reduccionismo climático

Cuando la gente piensa en el ecologismo hoy en día, es probable que se imagine la desobediencia civil en las calles, el activismo en los medios de comunicación, la presión entusiasta de los grupos de presión y las conferencias destinadas a establecer objetivos globales para las emisiones de carbono, todo ello bajo el liderazgo de organizaciones no gubernamentales, académicos y políticos progresistas. La lucha ecológica, sin embargo, siempre ha incluido también corrientes anticapitalistas y anticoloniales, y estas corrientes se han hecho más fuertes, más dinámicas y están mejor conectadas desde hace un par de décadas.

Este crecimiento, sin embargo, no ha estado exento de contratiempos, a menudo causados por una intensa represión selectiva que deja a los movimientos exhaustos y traumatizados, como el Miedo Verde que comenzó en 2005 y la represión de Standing Rock y otros movimientos indígenas contra los oleoductos una década más tarde. Sistemáticamente, precisamente en los momentos en que las corrientes radicales se lamen las heridas, la visión predominantemente blanca y de clase media del ecologismo sube al escenario y empuja toda la conversación en direcciones reformistas (analizo ejemplos globales de esta represión y cómo está sistemáticamente vinculada a la sustitución de los movimientos radicales por corrientes reformistas en Las soluciones ya están aquí: Estrategias para una revolución ecológica desde abajo y Nos sacarán la memoria a golpes: forzar la no violencia en movimientos olvidadizos).

La crisis real a la que nos enfrentamos es una crisis ecológica compleja, en la que se entremezclan los asesinatos policiales, las leyes represivas, las continuas historias de colonialismo y supremacía blanca, la pérdida de hábitats, el acaparamiento de tierras, las culturas alimentarias, la salud humana, el urbanismo, las fronteras y las guerras. Los líderes del movimiento ecologista han tomado la decisión estratégica de reducir todo esto a una cuestión climática -la crisis climática– y volver a situar al Estado como protagonista, como nuestro potencial salvador. Esto significa centrar el Acuerdo de París y las cumbres de la COP como la solución al problema, y utilizar el activismo performativo y la desobediencia civil para exigir cambios políticos e inversiones en apoyo de la energía verde.

Un fracaso previsible

Los dos pilares de su estrategia para solucionar la crisis climática son, en primer lugar, aumentar la producción de energía verde y, en segundo lugar, reducir las emisiones de carbono.

Han sido muy eficaces en el primer objetivo, y completamente ineficaces en el segundo. Esto era totalmente previsible.

Cualquiera que entienda cómo funciona nuestra sociedad -es decir, cómo funciona el capitalismo- sabe que el resultado probable de un aumento de la inversión en energía verde será un aumento de la producción de combustibles fósiles. La razón principal es que los cientos de miles de millones de dólares que ya se han invertido en oleoductos, minas de carbón, refinerías de petróleo y plataformas de fracturación hidráulica son capital fijo: valen mucho dinero, pero no es dinero en una cuenta bancaria que pueda invertirse rápidamente en otro lugar, convertirse en acciones o en bienes inmuebles o cambiarse a otra moneda.

Una excavadora de carbón de 14.000 toneladas, una plataforma petrolífera en alta mar: no van a convertirse nunca en otra cosa de un valor financiero similar. Es dinero que se ha gastado, una inversión que sólo es útil para los capitalistas si pueden seguir utilizándola para extraer carbón o perforar en busca de petróleo. Esa regla económica es válida tanto si la empresa capitalista en cuestión es ExxonMobil, la petrolera estatal saudí o la China Petrochemical Corporation, propiedad del Partido Comunista (que en 2021 figuraba como la mayor empresa energética del mundo).

El capitalismo (incluido el que practican todos los gobiernos socialistas del mundo) se basa en el crecimiento. Si la inversión en energía verde crece, lo que conduce a un aumento de la producción total de energía, el precio de la energía disminuirá, lo que significa que los grandes fabricantes fabricarán más de cualquier mercancía que estén produciendo, abaratando sus productos con la esperanza de que los y las consumidoras compren más de ellos. En consecuencia, el uso total de energía aumentará. Esto se aplica a la energía de todas las fuentes disponibles, especialmente las más establecidas: los combustibles fósiles.

Tras décadas de inversión, la energía verde será finalmente competitiva en costes o más barata que la energía procedente de combustibles fósiles. Esto sólo ha empezado a ocurrir en los últimos años, aunque los precios siguen fluctuando según la región y el tipo de producción energética. La industria de los combustibles fósiles no ha abandonado sus operaciones ni ha disminuido la producción. Muchas empresas ni siquiera cubrirán sus inversiones entre combustibles fósiles y energía verde. Lo que sí harán es invertir más en nuevos proyectos de combustibles fósiles. Se trata de economía capitalista básica: si el margen de precios de un producto disminuye, la única forma de mantener o aumentar los beneficios es aumentar la producción total. Eso explica por qué 2023 fue un año de bandera para nuevos proyectos de combustibles fósiles.

Hay otra forma de aumentar los beneficios: disminuyendo el coste de producción. Para la industria de los combustibles fósiles, eso significa reducir las normas de seguridad y medioambientales, lo que se traduce en más accidentes, más contaminación, más muertes.

Lo veíamos venir. Dijimos que esto estaba ocurriendo. Y fuimos excluidos de la conversación, en muchos casos asesinados o encarcelados, porque la desesperada necesidad de creer que el gobierno puede salvarnos es aún mayor que la adicción a los combustibles fósiles.

Pero el capitalismo no tiene futuro en este Planeta. Necesitaremos una revolución de gran alcance para hacer frente a esta crisis.

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Entonces, ¿qué hacemos?

Tenemos que cambiar la conversación. Tenemos que posicionarnos para estar preparados a largo plazo. Tenemos que apoyar las luchas que pueden aportar pequeñas victorias y aumentar nuestro poder colectivo, y profundizar nuestra relación con el territorio que puede sostenernos. Sobre todo, necesitamos imaginar un futuro mejor que el que nos tienen reservado.

Hablar

El tipo de transformación social -de revolución global- que puede curar las heridas que hemos infligido al propio Planeta y a todos sus sistemas vivos tendrá que ser mayor que cualquier cosa que hayamos experimentado jamás. Esta crisis nos atrapa y nos daña a todas; la respuesta va a requerir el mayor número posible de nosotras.

Imagina a todas las personas de tu vida que no quieres que mueran de hambre, de cáncer, en fenómenos meteorológicos extremos o abatidas por la policía u otros supremacistas blancos.

No necesitas convencer a todas esas personas para que se conviertan en revolucionarios anarquistas. Bastaría con convencer a algunas de ellas de que retiren su lealtad a las instituciones dominantes y a los movimientos reformistas dominantes y que simpaticen con un enfoque revolucionario, o al menos que entiendan por qué ese enfoque tiene sentido.

Una forma de enfocar esto es planteando una pregunta con una respuesta indiscutible, una pregunta que tenga relación directa con una cuestión que les afecte o les motive. Por ejemplo:

• ¿Cuántas personas mueren cada año por falta de agua potable, hambre, condiciones meteorológicas extremas, contaminación atmosférica y otras causas relacionadas con la crisis ecológica? Al menos entre 10 y 20 millones de personas cada año, y la cifra va en aumento.
• Desde 2017, la inversión en energías renovables aumentó cada año. En 2022, se invertirá en energías renovables más de 15 veces más que en 2004. ¿Ha sido rentable para los inversores? Sí. La inversión anual supera el billón de dólares y los beneficios superan los cien mil millones, aunque los inversores han demostrado que retirarán rápidamente su dinero de la energía verde ¿Qué ha ocurrido con las emisiones mundiales de CO2 en ese mismo periodo? Se han disparado un tercio. ¿Y la producción de combustibles fósiles en el mismo periodo? Se ha incrementado en un 40%.¿Son aproximadamente las mismas tasas de aumento de las emisiones de carbono y la producción de combustibles fósiles en las décadas anteriores? Sí.¿Y qué significa eso? El auge de la inversión en energía verde no ha frenado en absoluto la producción de combustibles fósiles ni las emisiones de carbono, a pesar de que los nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles son cada vez más difíciles y costosos.
• Nuestra agua, aire y alimentos están llenos de sustancias químicas venenosas. Muchos de ellos están relacionados con la producción de plásticos, pesticidas, productos químicos para siempre (PFAS), la minería y la quema de combustibles fósiles. Conocemos los peligros de la mayoría de estos compuestos desde hace décadas, y varios de ellos están prohibidos o regulados por diversos gobiernos. En general, ¿aumentan o disminuyen las cantidades de estas toxinas en nuestro medio ambiente? Las cantidades están aumentando. ¿Qué han hecho muchas grandes empresas químicas en respuesta a la prohibición del PFOA, un “producto químico para siempre” tóxico? Han cambiado a la producción de otros PFAS que también se sabe o se cree que son tóxicos. ¿Con qué eficacia se aplican estas prohibiciones? Cinco años después de acordar la eliminación progresiva del PFOA en respuesta a la presión gubernamental, las fábricas químicas de DuPont seguían vertiendo PFOA en las aguas subterráneas. Probablemente lo sigan haciendo ahora, pero las comunidades afectadas no disponen de recursos para averiguarlo y el gobierno no lo controla.
• Analicemos un asunto paralelo, para ver si ese reformismo ha dado resultados en otros contextos. En 2020, ciudades y estados de todo EE.UU. trataron de apaciguar el movimiento contra los asesinatos policiales aprobando medidas para garantizar la rendición de cuentas de la policía, desde cursos de formación sobre sensibilidad racial hasta juntas de revisión ciudadana, pasando por directrices más estrictas sobre el uso de la fuerza o cámaras corporales obligatorias. ¿Ha disminuido desde entonces el número de asesinatos a manos de la policía? No. Ha aumentado.

Después de compartir las respuestas a estas preguntas, puedes hacer hincapié en que reformar el sistema existente es una estrategia fallida, y preguntarles si se comprometen a probar la misma estrategia una y otra vez, esperando resultados diferentes.

Esto debería permitirte determinar cuáles de las personas que te rodean son capaces de cuestionar el paradigma en el que viven y cuáles están comprometidas con las falsas creencias que sustentan ese paradigma. No pierdas el tiempo con este último grupo. Cualesquiera que sean las cualidades redentoras y hermosas que puedan tener, intentar dialogar con ellos a través de la razón, la ética y la lógica pierde sentido. Cuando la gente insiste en creer cosas que son manifiestamente falsas, es porque esas creencias les reconfortan o porque les aportan poder y beneficios. Es poco probable que el debate cambie esta situación.

Tenemos que cambiar la conversación a nivel de la sociedad en general. Necesitamos que la gente entienda nuestros argumentos; necesitamos asegurarnos de que las ortodoxias dominantes se consideren controvertidas en lugar de aceptables.

Esto significa desacreditar el Acuerdo de París, las Naciones Unidas, Extinction Rebellion y las grandes ONG, así como toda la estrategia de sustituir los combustibles fósiles por energía verde mientras se deja el sistema económico mundial sin cambios. Lo único que iban a conseguir era ganar mucho dinero. Del mismo modo, necesitamos popularizar una comprensión más clara de la función de la policía en el contexto histórico, y del impacto de la producción económica basada en el crecimiento sobre nuestra salud, y del hecho de que no es probable que ningún gobierno tome medidas para mitigar ninguno de estos daños.

Centrémonos en las personas capaces de cambiar. Cuando la gente empieza a cambiar de opinión, es útil que puedan relacionarlo con un cambio inmediato en sus acciones. Ayúdeles a identificar algo pequeño que puedan hacer. Por ejemplo:

• Redirigir las donaciones de las grandes ONG a fondos de defensa legal para los defensores de la tierra, a recaudadores de fondos para proyectos de defensa de la tierra y a medios de comunicación y editoriales alternativos que presenten una visión realista de la crisis;
• Escribir una carta a alguien encarcelado por sabotaje ecológico o por defenderse de la policía, o a alguien que se esté organizando para recibir mejor trato y recursos de supervivencia dentro del sistema penitenciario;
• Difundir noticias en las redes sociales sobre las luchas indígenas por la defensa de la tierra en todo el mundo;
• Responder a las principales campañas ecologistas o al marco de la ONU sobre el cambio climático, señalando que es un fraude y enlazando a artículos de difusión masiva como éste;
• Pedir a las bibliotecas y librerías locales que soliciten libros con una visión realista de la crisis ecológica;
• Crear un grupo de lectura con amigos;
• Asistir a una protesta;
• Apoya un huerto comunitario local, un punto de distribución de alimentos o ropa gratuitos, un grupo de reducción de daños o una iniciativa de justicia transformadora;
• Convierte el césped en un jardín de flores silvestres autóctonas y comestibles;
• Experimenta con la jardinería de guerrilla.

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Sé honesto

El apocalipsis ya ha comenzado. Desde hace décadas, millones de seres humanos -y ahora decenas de millones- mueren cada año por los efectos de esta crisis ecológica. Hemos superado las tasas de mortalidad de los peores años de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, incluso si no contamos las cifras de víctimas de las guerras calientes que las potencias supremacistas blancas están librando desde Níger hasta Palestina, aunque esas guerras también están envueltas en esta crisis.

Además, cada año se extingue un número desconocido de especies, probablemente miles. Numerosos hábitats y ecosistemas se están perdiendo para siempre. La biomasa global, la masa total de todos los seres vivos del Planeta, está disminuyendo sustancialmente. El agua, el aire y el suelo están llenos de venenos. Los objetivos climáticos para la reducción del carbono son probablemente demasiado optimistas; ya estamos cruzando numerosos puntos de inflexión a 26 años de 2050 (el objetivo de la ONU para alcanzar las emisiones “netas cero”), y las proyecciones de los estados más poderosos y de las mayores corporaciones indican que no alcanzaremos la deseada fecha límite de 2050. El fin del mundo ya está en marcha.

Para hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que aceptarlo y ponernos manos a la obra. El sufrimiento ya está aquí. La muerte masiva ya está aquí. Pero después de cada muerte, hay nueva vida, y seguirá habiendo vida en este Planeta hasta que el Sol se expanda dentro de unos miles de millones de años. Esta es una cuestión de vida o muerte para nosotras, así que tenemos que tomárnosla en serio y hacer sacrificios, pero como ya es “demasiado tarde”, podemos centrarnos en la calidad y en los marcos a largo plazo, en lugar de dejarnos llevar por una urgencia superficial y agotadora.

Al menos una cosa es cierta: las comunidades vivas de este Planeta estarán en mucha mejor forma si abolimos el Estado y el capitalismo. Si no lo conseguimos en nuestras vidas, seguirán estando mejor -estaremos mejor- si hemos erosionado su hegemonía, si la mayoría de la gente puede ver que las instituciones dominantes son responsables de lo que está ocurriendo, si hemos aumentado nuestra capacidad de curación y supervivencia colectivas.

Empezar

Hay muchas maneras de apoyar una lucha. Aunque es fácil desmoralizarse cuando la mayoría de los oleoductos, bases militares, minas y otros megaproyectos a los que nos oponemos se construyen a pesar de todo, es vital comprometerse. La revolución no es una progresión lineal, no son mil pequeñas victorias que se acumulan en una gran victoria. Sí, es necesario demostrar que a veces podemos ganar, pero también se trata de la alegría y la experiencia que nos llevamos con nosotras, de los instintos tácticos y estratégicos que desarrollamos, de los conocimientos técnicos, de las relaciones que construimos, de la euforia de obligar a la policía a dar media vuelta y huir, de la comprensión de que las figuras de autoridad dentro y fuera del movimiento sólo nos frenan, de la forma en que en la lucha se hace evidente que todas las diferentes cuestiones aisladas, todas las diferentes formas de opresión, están conectadas.

Tenemos que participar en las luchas intermedias de forma que ayudemos a la gente a descubrir y practicar el tipo de tácticas y estrategias que serán necesarias para el cambio a largo plazo.

Muchas luchas de las últimas décadas nos han llenado de energía y nos han enseñado lecciones que nunca deberíamos olvidar: las insurrecciones de Oaxaca, Grecia, Francia, Hong Kong y Chile, las asambleas descentralizadas del movimiento de ocupación de plazas, el antirracismo sin concesiones de las rebeliones antipoliciales, la alegre recuperación del espacio público expresada por Reclaim the Streets, las ocupaciones de bosques desde Hambach hasta Khimki, la postura estratégica de Stop Cop City, y mucho más.

Profundiza

La supervivencia empezó ayer. La gente de los países que ya han experimentado el colapso, así como las comunidades indígenas y negras de clase baja de todo el mundo, ya llevan ventaja. Aprende de quienes vienen de esas experiencias. Después, conoce íntimamente tu territorio. Averigua de dónde podrían salir los alimentos y qué modificaciones necesitarán las viviendas durante las estaciones más extremas si se va la red eléctrica. Establece métodos de comunicación y coordinación para cuando dejen de funcionar los teléfonos y las conexiones a Internet. Aprende cómo puedes acceder a agua potable limpia. Averigua dónde está más contaminado el suelo para que nadie cultive alimentos en él. Aprende lo coordinados que están los supremacistas blancos.

Y luego ponte manos a la obra para crear más recursos alimentarios comunitarios, un acceso más estable a la vivienda y más redes de autodefensa colectiva. Apoya cualquier proyecto que te inspire y nos haga a todos más fuertes, tanto ahora como en cualquier futuro probable, ya sea el colapso, el aumento del autoritarismo o la guerra civil revolucionaria.

Conectar con nuestros territorios específicos significará probablemente romper con ideologías homogeneizadoras que insisten en que todos somos iguales, que no pueden dar cuenta del hecho de que todos tenemos historias y necesidades diferentes y que esas historias ponen a algunas de nosotras en conflicto, o que basan su idea de transformación social en un programa predeterminado o en alguna idea de unidad obligatoria. El futuro que tenemos que crear es un ecosistema sin centro.

Soñar en grande

La revolución aún es posible. Podemos decir esto con confianza porque la historia nos muestra ciertos patrones a medida que avanza a través de los siglos, y también porque estamos entrando en una época sin precedentes, en la que las instituciones dominantes están utilizando planes y modelos que ya están obsoletos.

Todas nuestras revoluciones de los últimos siglos han sido, en última instancia, fracasos. Eso significa que podemos aprender de ellas sin cerrar nuestra imaginación o asumir que sabemos cómo será una transformación exitosa de toda la sociedad.

No será el resultado de un proyecto. No será el resultado del triunfo de ningún partido. Será el resultado de innumerables sueños, planes, conspiraciones, locas esperanzas y batallas que aún no podemos prever. Lo haremos juntas, soñando constantemente, tejiendo constantemente, porque eso es la vida libre.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: La comunidad de El Icacal durante conferencia de prensa para denunciar el despojo de sus tierras. Mayo, 2024.}

Habitantes de la comunidad de la playa El Icacal, departamento de La Unión, en el pacífico salvadoreño, denuncian la usurpación de sus tierras, las cuales pretenden ser utilizadas para el desarrollo de la segunda fase del megaproyecto turístico “Surf City”. En su implementación inicial, durante el año 2022, ya ha sido señalado por provocar desalojos y desempleo en la región poniente de la costa salvadoreña.

El proyecto “Surf City” tiene como objetivo atraer turismo mundial a las costas del pacífico mediante la construcción de infraestructura en playas con ecosistemas biodiversos a través del litoral pacífico salvadoreño .

En El Icacal, la comunidad detalla que, desde julio del año 2023, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico S.A. de C.V. se adjudicó de manera unilateral tierras de la población, las cuales se encuentran en las inmediaciones de un área protegida natural debido a la presencia de bosques salados, donde se erigen manglares de hasta 20 metros de altura.

Acompañados por el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), habitantes de El Icacal han denunciado la deforestación ilegal de manglares. A ello, se suma el acoso y agresiones por parte del personal de seguridad de la empresa, la cual ya ha cercado una superficie de 11 kilómetros en la costa oriente salvadoreña.

Carlos Hernández, integrante de la comunidad, señaló que la construcción de infraestructura derivado del circuito turístico “Surf City 2” ha agudizado el asedio de grupos empresariales hacia las poblaciones campesinas e indígenas, debido a que buscan apropiarse de sus tierras para lucrar con megaproyectos turísticos y energéticos.

Hernández aseguró que parte de las tierras que ha usurpado la empresa conforma las parcelas agrícolas de los habitantes de El Icacal, por lo que se les ha imposibilitado mantener su labor campesina. También señaló a la empresa como responsable por la tala de 100 árboles de mangle, ubicados en el área protegida, ocurrida entre el 13 y 14 de mayo pasado.

“Se exige a instituciones medioambientales, de derechos de los humanos y protección del medio ambiente para que se garanticen los derechos de la comunidad. También queremos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los casos de depredación de la zona protegida”, aseveró Ángel Flores, coordinador oriental de MILPA.

Agresiones

La población de El Icacal, integrada por campesinos, pescadores artesanales, artesanos y pobladores de ascendencia indígena, resaltaron que, en noviembre del 2023, personas armadas y encapuchadas ingresaron a la comunidad para intimidar a sus habitantes, e incluso señalan que el grupo armado amenazó de muerte a los habitantes para que abandonaran sus viviendas. 

“Argumentaron que ellos eran dueños, sin presentar ningún documento, mas que solamente armas de fuego. A raíz de esto la comunidad está sufriendo depresión, estamos cansados”, compartió un habitante de la comunidad quien asegura que desde ese momento algunos pobladores salieron de El Icacal para buscar refugio con familiares en otras partes del departamento.

Para enero de este 2024, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico contrató elementos de seguridad privada para restringir el paso de los pobladores por las tierras que ha cercado. Para la población es de especial preocupación el acoso e intimidación por parte de los vigilantes quienes también agreden a las infancias.

Ante ello, el pasado 28 de mayo, integrantes de MILPA presentaron una denuncia ante la FGR en contra de la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico. En ella, señalan a la empresa por el acoso y agresiones contra la comunidad. 

El coordinador de MILPA asegura que están implicados trabajadores, funcionarios públicos, empresas privadas y fundaciones, quienes “a través de diferentes mecanismos, maniobras legales y actos ilícitos, están acaparando tierras”.

Desplazamiento

La segunda fase del proyecto “Surf City” cuenta con inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El banco otorgó un préstamo de 106 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele, quien recientemente se reeligió como presidente de El Salvador, pese a que seis artículos de su constitución lo prohiben.

El megaproyecto preveé el desarrollo de infraestructura en zonas prioritarias del departamento de San Miguel, contiguo a La Unión, donde contempla la construcción de atractivos como parques de diversiones y de playa, miradores y malecones integrados en corredores para promover el turismo y deportes acuáticos.

Por su parte, MILPA asegura que la comunidad de El Icacal ha sufrido históricamente la usurpación de sus tierras por hacendados, empresas inmobiliarias y hoy turísticas, provocando conflictos por los bienes comunes como la tierra.

Así, la amenaza de desplazamiento actual se alimenta del miedo de que, según Flores, en cualquier momento se otorguen escrituras fraudulentas a favor del Estado. Esto debido a que, pese a vivir durante décadas en esa región, los pobladores de El Icacal no cuentan con documentos legales o escrituras que les reconozcan como propietarios de las tierras.

¡Libertad para la Defensora de los Bosques María Cruz Paz Zamora!

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO.

El día 5 de junio del presente año, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, Consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida.

Su detención, irónicamente sé dio durante el llamado Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que sostenemos que, el Estado mexicano, lejos de sus discursos oficiales, continúa reprimiendo y criminalizando a quienes verdaderamente defienden el territorio comunal y los bosques.

Durante los últimos años, la compañera María Cruz Paz Zamora, como consejera de ecología y medio ambiente de Ocumicho, ha impulsado la reforestación masiva en su comunidad, ha creado brigadas para combatir los incendios forestales, ha defendido los bosques de los talamontes y el crimen organizado y ha luchado en contra de los monocultivos de aguacate. Su lucha constante ha sido por la vida.

De igual forma, la comunidad de Ocumicho se ha caracterizado históricamente por defender su territorio; lleva más de un siglo de luchas, represiones, criminalizaciones y muertes por la reconstitución integral de sus tierras comunales, iniciando con la revolución y continuando hasta nuestros días.

En este contexto, la Fiscalía General de Michoacán, busca reprimir y criminalizar a quienes se oponen a la depredación irracional de los bosques y a la venta del territorio ancestral, por ello, exigimos la libertad incondicional e inmediata de María Cruz Paz Zamora, presa política de los pueblos originarios de Michoacán.

Exigimos a la Fiscalía que no fabrique delitos a las defensoras ambientales y no cree chivos expiatorios para eximir a los verdaderos culpables. En el sistema de justicia de Michoacán impera la paradoja de la impunidad: los culpables libres y los inocentes encarcelados.

México, a 6 de junio de 2024.

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Autoridades comunitarias durante conferencia de prensara denunciar la explotación minera. Foto: Santiago Navarro F.}

El pasado sábado (1), un día antes de la contienda electoral en México, los comuneros de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de las entrañas de estas bellas montañas. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.

La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señala en entrevista para Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.

Acorde a la decisión de la asamblea comunitaria, bloquearon las vías de comunicación entre Capulálpam e Ixtlán, así como la carretera federal que conecta la ciudad de Oaxaca y Tuxtepec. También impidieron que se instalaran las casillas para votar en esta comunidad. “Sí no te hace caso el gobierno, de algo legítimo y justo, que caso tiene que se instalaran la casilla. Entonces como decisión de la comunidad se impidió que se instalara”, señaló el comisariado. 

Las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.

Por ello, las autoridades agrarias de esta comunidad decidieron tomar cartas en el asunto. Fue entonces que decidieron entregar una evidencia. “Fue por eso que la asamblea retuvo el camión con los minerales. Es evidente que trabajan en la madrugada y en la noche. El gobierno no dice nada. Entonces les presentamos las pruebas y no nos hicieron caso, por ello bloqueamos las vías de comunicación”.

Tras las medidas tomadas por Capulálpam, con respaldo de otras comunidades, quienes también comenzaron a bloquear sus accesos, el gobierno estatal prometió recibir una comisión de autoridades locales el lunes (3). Fueron atendidas por el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, la Comisión de Paz y autoridades federales. “Decidimos levantar el boqueo carretero y asistir a la reunión”, agrega García. No obstante, decidieron cancelar el diálogo ya que, “desafortunadamente se vuelven a burlar de nuestras comunidades, trayendo funcionarios de 2º y de 3 º niveles para solucionar este problema. Ante tal situación decidimos ya no tener el diálogo y solicitar que sea con autoridades de dependencias del gobierno federal”.

Las comunidades activaron nuevamente los bloqueos carreteros. En la noche del lunes les comunicaron que el miércoles (5) serán recibidas por autoridades federales como la Secretaría de Economía, Secretaria de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, las mismas en quienes han recaído un sinnúmero de denuncias. 

El contexto legal

En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.

Así mismo, este martes (4), las autoridades de Capulálpam, Lachatao y otras comunidades declararon en conferencia de prensa que desde año 2003 se ha interpuesto diversas denuncias contra esta empresa, sin tener consecuencias por partes de las instancias federales y estatales. “No han actuado en el sentido de supervisar y aplicar las leyes en materia de protección al medio ambiente y de protección a los derechos de nuestra comunidad y de las comunidades de la Sierra Juárez, que han sido directamente impactadas por la operación minera Natividad”, puntualizaron.

Entre los impactos mencionados se encuentran el abatimiento de trece acuíferos, la contaminación de suelos y fuentes de agua con desechos de la minera, tres depósitos de jales de desechos tóxicos colapsados en el año 2010, que hasta el momento se encuentran sin reparar. 

Las comunidades advirtieron también que esta empresa minera es responsable de la emisión de diversos contaminantes, como los bifenilos policlorados de los transformadores eléctricos que están abandonados, que son una mezcla de compuestos químicos que, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés), provoca alteraciones neurológicas e inmunológicas en niños y cáncer en animales. Figuran también contaminantes como arsénico, plomo, cadmio en el suelo y cuerpos de agua, denuncian. 

Por ello, la comunidad exige al gobierno federal el cierre de la mina y que la empresa sea responsable por la reparación de los “daños causados por la contaminación”.

Más concesiones

Las autoridades de la comunidad mencionan que existen en su territorio solamente las tres concesiones que fueron suspendidas a través del amparo. El equipo de Avispa Mídia se ha dado a la tarea de revisar la base de datos cartográficos solicitados a la Secretaría de Economía, proporcionada por la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en febrero de 2024. Se pudo identificar que solo en el municipio de Capulálpam, hasta este año 2024, existen 13 concesiones vigentes: 7 concesiones cuentan con títulos de explotación; 6 con permisos de exploración.

Del total de las concesiones, al menos nueve pertenecen a la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V. Las demás, de acuerdo a los documentos oficiales, poseen como concesionarios originales a Fausto Calvo Sumano y Judith Patricia  Underwood, quienes también tienen la sociedad Underwood y Calvo Compañía, S.N.C. 

En total, estas 13 concesiones – con yacimientos de oro, plata, cobre y plomo – superan las 5 mil hectáreas. Incluso, uno de los lotes mineros llamado “Providencia 1” abarca parte del casco urbano de esta comunidad. 

Así mismo, el lote minero “Providencia 2” abarca tres municipios. Además de Capulálpam, se expande por los municipios de Natividad y Santiago Xiacuí. 

Las comunidades carecen de información clara en relación a la ubicación, extensión y el estatus de estas concesiones, las cuales tienen vigencia hasta los años 2050 y 2060. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Una vez concluida la jornada electoral, funcionarios del gobierno federal, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron la tarde de este lunes (3) con familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace casi una década.

Acorde al Centro de Derehos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, durante la reunión el presidente no presentó avance alguno en términos de búsqueda y de investigación. La organización, que acompaña el movimiento por la aparición de los jóvenes normalistas, relata que las madres y padres salieron de la reunión con pocas esperanzas ante lo que califican como un gobierno indolente. 

Mediante el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra, detallaron sobre la información que compartió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que destaca cientos de acciones de búsquedas en terreno.

“Se reconoce la labor que hace el gobierno, pero resultados sustantivos no tenemos. También se informó de los procesos, que ya sabemos cómo están avanzando, y que a juicio de nosotros en lugar de tener victorias se han tenido derrotas, porque a los militares se les ha modificado la medida cautelar y hoy en día están en libertad”, sostiene el abogado.

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Nueve meses transcurrieron desde la última reunión entre los familiares de los normalistas y el Estado mexicano, y la exigencia principal, la entrega de 886 folios en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aún no ha sido cumplida.

Simulación

La insistencia de los familiares se debe a que, con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde 2022 ubicaron un conjunto de documentos relevantes entre los archivos militares. Estos contienen datos, obtenidos por medio de una intervención telefónica realizada por el ejército durante la noche del 26 de septiembre del 2014, sobre el traslado de 17 estudiantes del centro de detención municipal de Iguala a la colonia Loma de Coyotes. 

Ante ello, las madres y padres de los normalistas denuncian una simulación en el manejo de los documentos compartidos por el Estado. Mientras la presidencia asegura que compartieron, este lunes (3), 15 nuevos folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 documentos relacionados con dichas comunicaciones, los familiares aseveran que esa información ya estaba en manos de la Covaj.

A esto, se suma la demora en la extradición, desde EEUU e Israel, de dos funcionarios implicados en los hechos criminales. En el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Obrador argumentó que no se puede avanzar porque México no tiene tratado en la materia con Israel.

La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana en diciembre de 2021. Para el 14 de diciembre del 2023, el Ministerio de Justicia de Israel informaba que la solicitud está en la etapa final de análisis. 

No obstante, para abril de 2024 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público un reclamo hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. En este considera que “la falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón”. El argumento de las autoridades es que la acción legal solicitada involucra a una persona que ejerció actos de violencia, tortura y se mantiene prófugo de la justicia mexicana.

En tanto, la extradición de José Ulises Bernabé, director de barandilla (centro de detención) de Iguala, es de suma importancia para los familiares en búsqueda de justicia. Él es considerado uno de los primeros testigos de la presencia militar durante las horas en que ocurrió la desaparición de los normalistas. Incluso, es señalado por un policía municipal como la persona que entregó un grupo de jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos.

Bernabé huyó a Estados Unidos donde obtuvo asilo político en abril del año 2015. Acorde al abogado Rosales, EEUU actuó de manera sesgada al otorgar el asilo al ex funcionario de Iguala sin considerar las acusaciones que pesan sobre él en los tribunales mexicanos.

Informes, insuficientes

En contraste a la postura de presidencia, para los familiares de los normalistas desaparecidos es claro que la administración de Obrador falló en su trabajo. En un mensaje a la prensa, mientras esperaban en las inmediaciones de Palacio Nacional, antes de la reunión, Melitón Ortega, vocero de las madres y padres, compartió que los familiares saben que Obrador concluye su mandato sin resolver el caso.

El abogado Rosales resalta que durante la reunión con funcionarios del gabinete de seguridad, el presidente Obrador se limitó a criticar los trabajos del GIEI, trasladando al organismo la responsabilidad del estancamiento en las investigaciones. Aún mas lamentable, relata el defensor de derechos humanos, es que el presidente se retiró tras esa breve participación. “Hoy las madres y padres se van sin avances en las búsquedas y en las investigaciones. Lo peor es que a casi 10 años no saben nada de sus hijos”, reclama.  

Obrador ofreció nuevo encuentro, con fecha tentativa para próximo julio. Los familiares exigieron que en dicha reunión asista la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues expresaron su preocupación debido a que el temano figuró entre los compromisos que promovió en su plataforma de campaña.

“Están desilusionados de este gobierno. A pesar de la postura tajante del presidente de seguir defendiendo al ejército y de responsabilizar a los expertos y a los abogados esperan que, en la próxima reunión, el gobierno sí tenga resultados consistentes”, aseveró el abogado Rosales.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de Unión Hidalgo se manifestaron pacíficamente para detener la tala masiva de árboles en tierras comunales derivado de los trabajos de rehabilitación de la Línea K del CIIT.} 

En la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, pobladores reclaman por las afectaciones ambientales que van dejando a su paso las obras de rehabilitación de la Línea K, una de las tres vías de transporte que integran el proyecto del Corredor Interoceánico, las cuales también conectarán a otros megaproyectos como el Tren Maya, en la Península de Yucatán y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

De gran relevancia para el transporte de mercancías, las vías férreas erigidas desde inicios del siglo XX y cuyo trayecto fue interrumpido en 2005 por los daños del huracán Stan, actualmente son rehabilitadas por el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar). 

Los trabajos de la Línea K corren a cargo, desde febrero del 2023, de la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS), encargada de las obras a lo largo de 472 kilómetros de vías que conectan Ixtepec, en el Istmo oaxaqueño, a Ciudad Hidalgo, en Chiapas.

Pobladores de Unión Hidalgo perciben estas obras como una reconstrucción de gran magnitud pues implican la sustitución de todos los materiales que componen las vías, así como de locomotoras, estaciones y otras instalaciones asociadas.

En conversación con Avispa Mídia, Édgar Martín, defensor de derechos humanos en asuntos ambientales y habitante de la comunidad binizaá, relata que los trabajos incluso proponen la edificación de destacamentos militares a cargo de la Secretaría de Marina, cuyos detalles apenas retoman a cuentagotas pues las autoridades no han informado a la población local.

Por esta situación, Martín cuenta que integrantes de la comunidad han solicitado información para conocer los alcances y posibles afectaciones de las obras, sobre todo, los detalles de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento indispensable para autorizar los permisos ambientales y dar luz verde a las obras. El defensor recuerda que, en primera instancia, recurrieron al CIIT, pero nunca recibieron respuesta. 

Por su parte, Óscar Marín, comunero y representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, detalla que fue durante una reunión, a principios del 2024 con mandos de la Semar, que los militares se negaron a compartir la MIA y argumentaron que la solicitud debía ser dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

Los pobladores así lo hicieron. Martín describe que fue una sorpresa la respuesta de las autoridades ambientales pues argumentaron que exentaron a la Semar de presentar la MIA. Para el defensor esta situación es alarmante debido a que este ramal es la línea más larga del Corredor y se extiende sobre una llanura costera, donde existe la amenaza de afectación a ecosistemas como manglares, esteros y ríos.

“Descubrimos que no existe la MIA, algo ilegal, porque la única excepción posible es cuando hubo una manifestación de impacto ambiental previa, en este caso no lo hay. Legalmente no era posible que se exentara”, reclama el defensor.

El gobierno mexicano ha anunciado que se pretende terminar los trabajos en junio próximo, para con ello realizar pruebas en agosto y poder cumplir con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea inaugurar la primera fase de las obras con una visita al Istmo durante septiembre, a menos de un mes de finalizar su cargo.

Afectaciones

El paso de la Línea K por la comunidad de Unión Hidalgo atraviesa a lo largo 26 kilómetros por tierras comunales. Según Edgar Martín esto representa el 6% del total de las vías férreas en una sola población donde los impactos pueden afectar a cuerpos de agua, que en su caso albergan dos esteros, un río y más de 20 arroyos.

Además de que no existen estudios sobre las afectaciones y las acciones para remediarlas, para el comunero Óscar Marín, las labores cotidianas como la soldadura para los puentes está dejando una cantidad de residuos de metales, aceite usado y otros desechos los cuales, asegura, la Semar se niega a sanear tras la conclusión de sus labores.

El comunero resalta también los impactos de deforestación con las labores de la Semar y GFS. “Desde el principio de las obras arrasaron con todos los arbolitos alrededor del derecho de vía”, relata. 

Edgar Martín complementa que, de acuerdo al registro de la comunidad, contabilizan más de 10 mil árboles talados y resalta que, fue en enero del 2024, cuando habitantes de Unión Hidalgo se percataron del retiro de cientos de árboles en el Bosque Comunal El Palmar -tierras de uso común de gran importancia para la comunidad indígena-, lo que provocó su indignación y los llevó a bloquear el campamento de trabajadores para detener la deforestación masiva.

Debido a la protesta es que, en abril, la Semar se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca para la producción y reforestación con 16 mil árboles. Mediante un oficio, la Semar solicita la intervención de la autoridad estatal para “mitigar el impacto ambiental por la renovación de la Línea K en la comunidad Unión Hidalgo”. Los pobladores aún esperan la finalización de los trabajos para concretar la reforestación con especies nativas.

Aunado a la deforestación, para el defensor Martín las mayores afectaciones ocurrieron en los cerros al sur de la comunidad. Esto debido a que la insuficiencia de materiales pétreos para cambiar la totalidad del terraplén llevó a la Semar a extraer material pétreo del banco “El Barrancón”, el cual estaba dañando sitios dentro de las tierras comunales de la comunidad zapoteca.

“Hubo un momento en que estaban operando con 400 volteos (transportes de carga) de doble capacidad. Estaban atacando dos cerros al mismo tiempo y eso era un impacto de imposible reparación”, sostiene.Ante ello, en octubre del 2023, después de descubrir que las autorizaciones en materia de impacto ambiental del banco no estaban vigentes, habitantes denunciaron la extracción ilegal de material para las obras.

Tras los reclamos de la población binizaá fue que la Semar y el CIIT convocaron a una reunión para entablar diálogo y contener la protesta, pero al no llegar a ningún acuerdo fue en febrero del 2024 cuando el defensor Martín recurrió a una demanda de amparo. 

El recurso legal solicitó la suspensión de las obras de la Línea K, pues argumenta que la exención de autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat al CIIT, en Unión Hidalgo, viola los derechos para un ambiente sano, así como al de la consulta previa a la comunidad indígena para autorizar las obras. En el mismo amparo se reclama a la Semar por la deforestación y daños al ecosistema, así como “el saqueo y la explotación del Banco Pétreo ‘El Barrancón’, ambos sin contar con los permisos en materia ambiental que requiere la ley”.

El pasado 5 de marzo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Oaxaca reconoció la operación irregular del banco de materiales. Pero en lo que respecta a la suspensión de las obras de la Línea K, fue rechazada por la juez Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien sostuvo que, por encima del perjuicio a la población indígena se encuentra el interés de la sociedad en general e hizo referencia al decreto presidencial de mayo del 2023 que cataloga como seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya, así como del CIIT.

“Al autorizar actos de diseño, planeación, implementación, construcción y operación del proyecto denominado ‘Línea K del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec’, entre otras cosas, va unir a Chiapas con Oaxaca a través de 472 kilómetros de vías férreas fortaleciendo la actividad industrial y una alternativa moderna y eficiente para el comercio nacional e internacional”, sostiene la resolución enfatizando la relevancia del megaproyecto para el gobierno federal.

Pese a que la suspensión de la extracción de materiales pétreos detuvo algunos días las obras de la Línea K, para Edgar Martín la devastación aún acecha a su comunidad debido a que existe una “usurpación de facto” en la superficie que la Semar ha intervenido pues, originalmente, el derecho de vía contempla el uso de 15 metros de ambos lados, tomando el centro de la línea férrea como referencia. No obstante, alega que autoridades de la Semar contemplan el uso de 50 metros, “y en la práctica, en un recorrido territorial, vemos que son entre 50 o 100 metros”, denuncia el defensor sobre la continuación de las irregularidades en los trabajos. 

Esto lo confirma el comunero Marín, quien alude que las obras no están respetando el uso del derecho de vía pues los trabajadores continúan ocupando tierras fuera de los límites establecidos.

Persecución y militarización

El defensor Edgar Martín se encuentra incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a que en el año 2022 fue víctima de un atentado con arma de fuego durante la resistencia contra la trasnacional Eléctricité de France (EDF), la cual pretendía instalar un parque eólico en tierras comunales de Unión Hidalgo.

Durante los últimos meses, debido a su activismo ambiental ha denunciado el allanamiento de su vivienda en dos ocasiones en menos de un mes. Además, Martín señaló que, en por lo menos 20 ocasiones, un camión de volteo arrojó basura, escombro y tierra frente a su casa, lo que califica como hostigamiento por su trabajo en la defensa del territorio.

El defensor resalta también que, durante el bloqueo de abril contra la deforestación en el bosque comunal de Unión Hidalgo, elementos de la Policía Municipal agredieron a los habitantes que se manifestaban pacíficamente. Ante estas situaciones, destaca que, a diferencia de la época en la lucha contra el parque eólico, elementos de seguridad mantenían comunicación y vigilancia para su protección, cosa que ya no sucede. 

“Cuando me puse contra el gobierno federal dejaron de venir a mi casa y dejaron de hablarme, entonces me dejaron al descubierto”, señala ante el riesgo de protestar por las obras actuales del megaproyecto del Corredor Interoceánico.

En ese contexto, para el defensor también es preocupante la intención de las autoridades federales, en coadyuvancia con la municipalidad de Juchitán, para instalar destacamentos de la Semar en la región. Esto en referencia que, en octubre del 2023, el alcalde Miguel Sánchez Altamirano entregó un acta de donación de un predio, ubicado en Pozo Peralta, a menos de 20 kilómetros de Unión Hidalgo, para la construcción de un destacamento de la Semar.

En un evento con la presencia del Vicealmirante, Juan Carlos Vera Minjares, jefe de la Unidad Coordinadora Semar CIIT, el edil afirmó que las instalaciones militares serán “para brindar seguridad a la Línea K del tren del Istmo de Tehuantepec y contribuir a la salvaguarda de las y los juchitecos”.

Un informe de labores de la Semar publicado un mes antes, en septiembre del 2023, enlista como obras en proceso a las Estaciones Navales en Ixtepec, así como Destacamentos militares en Matías Romero y Tehuantepec.

En cuanto al armamento de los marinos, el informe asegura que provee a las unidades de infantería y establecimientos navales comisionados al CIIT, y en particular a la Línea K, de equipo como drones, videocámaras, trajes de seguridad antimotín, placas balísticas, paneles balísticos y cascos balísticos.

Para diciembre del 2023, durante conferencia de prensa de la presidencia, el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del CIIT, aseguró que contabilizan 3 mil elementos de la Semar para vigilar el megaproyecto. Además, reportó el avance en la construcción de las instalaciones en Oaxaca y Veracruz, asegurando que “vamos a establecer estaciones navales en todo el corredor”.

“No puedes construir instalaciones militares en un territorio indígena tan fácilmente”, reclama Martín, quien defiende que en el caso de que se pretenda establecer cuarteles en tierras de Unión Hidalgo, primero tendría que pasar por la aprobación de sus habitantes.