El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. cuenta con información del desplazamiento forzado de 90 familias tsotsiles de la comunidad de Koko’, municipio de Aldama, Chiapas, México, el pasado 24 de marzo de 2018, por el actuar violento de un grupo armado proveniente de Manuel Utrilla, Chenalhó. Las familias se encuentran dispersas en la montaña, sin condiciones de seguridad ni de asistencia humanitaria que garanticen sus derechos como pueblos indígenas en desplazamiento.
Adicionalmente, familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de comunidades del municipio de Aldama y del ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, se encuentran también en grave riesgo de desplazamiento forzado así como de amenazas a su vida, integridad y seguridad por el mismo grupo armado que provocó el desplazamiento, el 20 de marzo de 2018, de 145 familias tsotsiles de Tabak, Aldama.(1)
Estos hechos son la continuidad de la violencia en la región con la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado de 5 023 personas en Chalchihuitán2 y el desplazamiento forzado de 7 familias de Aldama desde mayo de 2016. La ineficacia del gobierno de Manuel Velasco Coello ha generado impunidad en la zona, protegiendo a la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a los grupos armados que operan en la región.
Foto: C’ananlumtik, febrero de 2018. Danny Alveal Aravena
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado mexicano garantizar los derechos de comunidades en desplazamiento forzado e implemente acciones eficaces ante el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, México.
En la resolución 15/2018, emitida el 24 de febrero de 2018 y dada a conocer el 5 de marzo, se informa de la medida cautelar No. 882-17 otorgada a intregantes del pueblo tsotsil que se desplazaron desde noviembre de 2017. La CIDH solicita al Estado Mexicano realice acciones de investigación ya que la situación de violencia por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de grupos civiles armados ha generado una crisis humanitaria y el riesgo continúa.
Del 21 al 23 de marzo de 2018 por tercer año consecutivo las familias desplazadas de Banavil retornaron temporalmente para recordar la siembra de la niña Antonia, quien perdiera la vida en condiciones de desplazamiento forzado el pasado 21 de febrero de 2015 en medio de discriminación y una atención médica precaria en el hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus hermanas Lucia, Petrona y María, así como sus primos y primas Alonso, Lorenzo, Miguel y Petrona junto a sus tías, tíos y su abuela Antonia rezaron junto a acompañantes de la Sociedad Civil Nacional e internacional.
El pequeño Lorenzo se detiene un momento para regalarnos una fotografía.
El regreso a sus tierras para recordar a Antonia se da en medio de nuevos despojos de sus tierras, de nueva cuenta actores que les desplazaron hace 6 años están repartiendo ilegalmente 5 hectáreas y media de tierras en el ejido Santa Rosa, propiedad de Lorenzo López Girón y Alonso López Luna, éste último cabeza de las familias desaparecido desde el 4 de diciembre del 2011.
La experiencia de vida de las familias de Banavil está relacionada con la oposición política en los Altos de Chiapas por lo menos desde la década de los noventa, primero afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para pasar en 1996 a incorporarse como Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Junto a indígenas sin tierras llevaron a cabo acciones de recuperación en medio del alzamiento, en donde recuperaron las 5 hectáreas y media en Santa Rosa, que después serían legalizadas y se convertirían en ejido en 1997 como apuesta gubernamental para calmar los ánimos en los pueblos.
Lorenzo López Girón visto a través de un vidrio quebrado durante las agresiones que les llevaron al desplazamiento.
Enseguida se inaugura un proceso de violencia que fue impulsado por las discordias que causó el reconocimiento oficial de sus tierras, y en medio de un intenso “bombardeo” de programas sociales que beneficiaron alrededor de 30 familias, pero sobre todo a un grupo de personas que posteriormente desembocaría en la constitución de un grupo de carácter clientelar con rasgos caciquiles que actúa por encomienda del gobierno municipal y estatal, hostigando y amenazando a las familias zapatistas y sus simpatizantes.
Apartir de la cooptación de las personas en la comunidad, en el año 2000 salieron las familias del Paraje adscritas al zapatismo. Una parte de éstas participaron en el proceso de violencia que desembocó en el desplazamiento forzado de las familias López Girón, López Méndez y López Guzmán en el 2011. En medio de este periodo se presentaron diversas tensiones y violencias con distintas características: aparentes conflictos al interior de la iglesia, continuas multas de autoridades comunitarias, montajes jurídicos avalados por la asamblea de la comunidad, amenazas, expulsiones a las niñas de la escuela primaria y finalmente el desplazamiento.
Dentro de quienes llevaron a cabo este largo proceso de violencias se encuentra Pedro Méndez López, actual comisariado del ejido Santa Rosa. Junto a Agustín Guzmán Méndez y Diego Méndez López, así como sus cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez, a partir del 16 de septiembre de 2017 reactivaron los hostigamientos y despojos en contra de las familias desplazadas de Banavil. Talaron 4 árboles en las tierras de la familia López Girón, cuyos titulares son Alonso, padre de familia y Lorenzo, su hijo, denunciaron las familias desplazadas en un comunicado el pasado 23 de octubre de ese mismo año. Las tierras están siendo repartidas entre personas del ejido, iniciando un nuevo despojo de sus tierras de las familias desplazadas de Banavil.
A su llegada, la señora Antonia recolecta flores de mostaza para la comida que serán acompañadas con frijol.
No sé que es lo que pensaron, no sé dónde encontraron la idea, empezaron a partir nuestro terreno, nuestro terreno y su tierra de mi papá. Y lo partieron, hicieron un callejón pero no sé qué tanto de lo hicieron el callejón, lo limpiaron, no sé porque no podemos entrar en Santa Rosa y de ahí empezaron a cortar el árbol y enseguida empezaron a destruir nuestra casa ahí y ya no tenemos casa ahí y no podemos entrar, así empezó el mes de septiembre. Empezamos a denunciar, giramos oficio en delegado de gobierno, presidente municipal, juez de paz de Tenejapa, pero como que no lo quieren, está cómplices el juez. Lorenzo López Girón.
Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, en el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen haciendo activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.
María, madre de la pequeña Antonia, frente a su tumba después del rezo.
Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas. En el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.
Continúa la detención arbitraria de 9 integrantes de Las Abejas de Acteal
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. cuenta con información que ante las amenazas a la vida, a la integridad y seguridad personal, 14 familias integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, del municipio de Chenalhó, Chiapas, México, se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, por las acciones de hostigamiento por parte de autoridades comunitarias.
Recordamos que desde el pasado 5 de enero fue detenido José Vazquez Entzin y el 7 de enero fueron detenidos 8 integrantes más de Las Abejas de Acteal. Al día de hoy las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad son: José Vázquez Entzin, Oscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez, Eusebio López Guzmán, Martín Gómez Pérez, Manuel Ortiz Gutiérrez, Mario Hermilo Pérez Sántiz, Antonio Ramírez Pérez y Sebastián Guzmán Sántiz.1
Los 9 personas detenidas arbitrariamente denuncian malos tratos y amenazas, además de daños a su salud: dolores de cabeza, abdominales, de espalda y baja presión arterial.2 La tarde del 9 de enero de 2018, las mujeres de Las Abejas de Acteal llevan a cabo una peregrinación para solidarizarse con sus compañeros encarcelados, en exigencia de su libertad y por justicia y paz.
Ante la privación arbitraria de la libertad de los 9 integrantes de Las Abejas de Acteal, los riesgos a su seguridad e integridad personal y la amenaza de desplazamiento forzado solicitamos de manera urgente al Estado mexicano:
La liberación inmediata de los 9 miembros de Las Abejas de Acteal, garantizando su integridad física y psicológica.
Cese de las amenazas a las familias de Las Abejas de Acteal de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, del municipio de Chenalhó.
Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Colectivo que emite esta Acción Urgente, desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon– son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres). Según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.
Es grave que, como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones.
En estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os, ahora retornadas/os.
Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal.
No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos–, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.
Ante esta situación grave y crítica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.
Qué afan de recordar, de seguir removiendo la herida, se diría a primera vista.
El gran espacio cubierto donde se lleva a cabo el evento mira hacia la inmensidad de las montañas, que nos empequeñecen con su grandeza. Allí, en cierto momento, una sobria pieza de teatro recrea la masacre cometida aquí hace 20 años por paramilitares armados y entrenados por el Estado mexicano, conforme dictaba el Plan de Campaña 1994 de la Sedena para combatir al EZLN.
Entre los asistentes están muchos que sobrevivieron a la masacre, muchos que perdieron a familiares, que presenciaron una violencia impensable, que cargan con el dolor que los marca y marcará por el resto de sus días. Las miradas son intensas mientras se desarrolla la pieza de teatro, imposible decir qué sucede al interior de quienes vivieron ese horror en la piel.
Y sin embargo en el ambiente hay una alegría inexplicable, una contenida pero evidente jovialidad. ¿Por qué?
Don Raúl Vera, Obispo de Saltillo, quizás dio en el clavo. A lo largo de estos 20 años, Acteal se ha convertido en símbolo de la lucha por la vida en medio de un sistema de muerte, inspiración para seguir construyendo una sociedad nueva con dignidad y alegría.
El propósito de la masacre, dijo don Raúl, fue desmoralizar, no sólo al pueblo organizado de Acteal, sino también al EZLN y a todos quienes dicen NO al sistema de muerte e intentan construir otra sociedad. No lo lograron.
“Nadie esperaba el renascer de Acteal”, dijo don Raúl. La masacre no sólo no apagó esa llama de la resistencia y la dignidad, sino que convirtió a las víctimas y a los sobrevivientes en símbolos de vida nueva. Luchar como Acteal, imaginar como Acteal, caminar con dignidad como Acteal.
Es impensable el horror vivido y sin embargo aquí están. Parte del comunicado de la Mesa Directiva de Las Abejas y los sobrevivientes dice así:
Nosotras las mujeres sobrevivientes, nos sigue doliendo, y nunca olvidaremos a las mujeres embarazadas que les fueron abierto sus vientres, sacándoles a sus bebés como un mensaje de querer acabar con la semilla. Porque las mujeres somos dadoras de vida, somos las que traemos al mundo nuevas generaciones para que los ciclos de vida continúen, por eso murieron más mujeres, niñas y niños.
La Masacre cometida por el gobierno mexicano, es como si cortara un árbol, sus hojas, sus ramas, sus flores y sus frutos, pero, no pudo arrancar la raíz y esa raíz somos nosotras y nosotros y hemos renacido en retoños. Como dice un fragmento del canto del Coro de Acteal, Nos mataron pequeños e indefensos, pero, renacimos gigantes…
Por eso queremos que nuestros jóvenes sepan bien lo que pasó, tenemos que compartirles y formarlos para que sigan el ejemplo de nuestra lucha y así la Memoria de nuestro pueblo, esté floreciendo por siempre.
A pesar del dolor y de la impunidad, Acteal se convirtió en Tierra Sagrada. Acteal es Memoria. Acteal, es palabra digna ante el mundo. Acteal, es consuelo y sanación. Acteal, es dignidad y grandeza. Acteal es camino de la verdad, porque nunca piensa en venganza. Acteal es Justicia. Acteal es conciencia.
Este 20 aniversario de la masacre se conmemora mientras allí cerca, en las montañas, entre Chalchihuitán y Chenalhó, casi 6 mil indígenas tsotsiles viven en condición de desplazados, al igual que los entonces desplazados en Acteal. Al igual que entonces, un grupo paramilitar fuertemente armado y equipado, al servicio del Estado, mantiene en condiciones infrahumanas a miles de sus hermanos y hermanas, condiciones que ya cobraron la vida de once personas.
Es por eso que preservar la memoria es tan importante. Para evitar nuevos Acteales. Mientras el Estado insiste en negar su responsabilidad por la masacre y en mantenerla impune, los pueblos insisten en recordar el pasado para construir el futuro.
Aquí, en Acteal, frente al altar con las 45 cruces inscritas con los nombres de los masacrados, todos los presentes se pusieron de pie y repitieron la sentencia del pueblo:
Ernesto Zedillo Ponce de León, ex Presidente de México: ¡CULPABLE!
Emilio Chuayffet Chemor, ex Secretario de Gobernación: ¡CULPABLE!
General Enríque Cervantes Aguirre, ex Secretario de la Defensa Nacional: ¡CULPABLE!
Julio César Ruiz Ferro, ex Gobernador de Chiapas: ¡CULPABLE!
General Mario Renán Castillo, ex comandante de la Séptima Región Militar en Rancho Nuevo, Chiapas: ¡CULPABLE!
Homero Tovilla Cristiani, ex Secretario de gobierno de Chiapas: ¡CULPABLE!
Uriel Jarquín Gálvez, ex Subsecretario de gobierno de Chiapas: ¡CULPABLE!
Jorge Enríque Hernández Aguilar, ex Director de la Seguridad Pública del estado de Chiapas: ¡CULPABLE!
David Gómez Hernández, ex Subprocurador de Justicia Indígena: ¡CULPABLE!
Lo que convenció a la niña de 10 años de correr y salvar su vida fue el nunca antes escuchado tono de mando en la voz de su padre. Guadalupe Vázquez Luna salió del escondite para correr cuesta abajo y unirse a la estampida de personas huyendo de un inminente ataque armado en la comunidad de Acteal, en Los Altos de Chiapas.
Su familia se había escondido en el nacimiento de un arroyo junto con más personas que su padre, Alonso Vázquez Gómez, catequista de la organización Las Abejas, había reunido ahí “porque si hay un enfrentamiento, las balas tienen que pasar por encima”, decía.
“Estábamos mis papás, mis tías, mi abuela y mis hermanos”, cuenta Guadalupe desde la ermita de la comunidad de Acteal. Aquel 22 de diciembre de 1997 se celebraba la tercer jornada de oración y ayuno de Las Abejas. Ese día las balas no iban a pasar por encima. El primer disparo lo hizo “un hombre con gorra militar” y le pegó a la mamá de Guadalupe, María Luna Méndez.
“Mi papá jamás nos alzaba la voz, jamás nos gritaba y en ese momento me dijo ¡vete de aquí! Me señaló el camino y como vio que no me movía, me gritó con una voz de mando. Esa voz de mi papá fue la que me hizo salir de aquí”.
Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias
Como colectivo de organismos y personas de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).
Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-
CONSIDERAMOS:
1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;
Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán
10 personas de Chalchihuitán, Chiapas han perdido la vida en desplazamiento forzado, a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés, debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Son muertes evitables informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 1 joven, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.
