Resistencia Popular a la guerra de invasión de Putin. Informes desde ambos bandos y las acciones de grupos libertarios. Radio Kurruf y Todo Por hacer.
COSTA RICA: Entrevista con la Familia de Jerry Rivera guardian defensor del agua y de los rios a dos años de su asesinato. Isla/Noticias de abajo.
UCRANIA: Invadida por Putin en una guerra contra el Pueblo. Entrevista a Jesús Valdez de La Marx Mexico.
PALESTINA: La victima que los medios de arriba no quieren ver ante la infamia de Israel. Las cifras de Febrero.
GUATEMALA:El Estor: indignación por presencia de militares en el sexto aniversario de la sentencia del Caso de Sepur Zarco.
El 26 de Febrero de 2016 se resolvió a favor de 11 abuelas maya Q’eqchi’ y condenó a los militares responsables por delitos de lesa humanidad, violación y esclavitud.Prensa Comunitaria
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
RUMBO AL #8M: Hace 5 años que Nazaria Irais amiga, hija, madre, hermana mujer fue la víctima 73 de tortura y feminicidio en el estado de puebla. No perdonamos y no olvidamos justicia para Nazaria. Audio de Ariadna Marlen hermana y mejor amiga de la víctima
MEXICO: Continua la lucha contra Bonafont en Puebla. Anuncian caravana por el Agua y la vida. Noticias de abajo
REPRESIÓN: Condenan a 10 años a de prisión a Kenia Hernández, defensora indígena amuzga de derechos humanos, de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas. Front Line Defenders.
MORELOS: Visita de la ONU a planton de Asurco. Juan Perez
CDMX: Desalojan, detienen y reprimen a feministas que acuerpan a victimas de violencia en una okupa de departamentos del INVI. Juan Perez
EXTRACTIVISMO: Tren Maya, el megaproyecto mexicano que arrasa con los derechos humanos. El Salto Diario
Música:
-Libre incendiaria – Makila 69
-Solo tengo – La nopalera
-Llueve sangre en la ciudad – Coyo Licatzin
Por Renata Bessi | Avispa Midia Portada: Aldo Santiago
La comunidad maya Chortí de Azacualpa, en el departamento de Copán, noroeste de Honduras, está asentada sobre un cerro que compone una enorme franja de oro, explotada por la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la minera canadiense Aura Minerals.
Minosa inició sus actividades de explotación en la parte baja del cerro donde está Azacualpa. “Al pie del cerro, todos los días hacen explotación de dinamita. Suena increíble”, cuenta para Avispa Midia Yesica Rodríguez, integrante de la comunidad.
Las excavaciones a cielo abierto van avanzando día a día hacia la cima del cerro, destruyendo todo lo que encuentran. En estos momentos el objetivo de la minera es el cementerio tradicional de la comunidad, donde se encuentran alrededor de 338 millones de onzas de oro, según informe del Centro de Estudios para la Democracia.
El gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro declaró, lunes (28), todo el territorio de Honduras libre de minería a cielo abierto.
Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista y se “procederá a la revisión, suspensión y cancelación de las licencias ambientales, permisos y concesiones”, expresó en un comunicado el gobierno a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.
Se cancelan los permisos, según el comunicado, “por ser lesivos en contra el Estado de Honduras, atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano”,
El gobierno dispuso, además, que las áreas naturales de alto valor ecológico serán intervenidas de “forma inmediata”, para asegurar “su conservación y beneficios comunes para el pueblo”.
La Ley General de Minería de 2013 señala que las áreas protegidas son zonas de exclusión de derechos mineros; sin embargo, hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en esos espacios.
En Honduras hay al menos 217 concesiones aprobadas para explotación minera, que abarcan un área de 131.515 hectáreas, según el Foro Social de la Deuda Externa.
En Centroamérica, El Salvador fue el primer país en prohibir la minería metálica en 2018, mientras que Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.
Departamento de Nariño, Colombia, 22 de febrero, el miedo inundó las calles. Los negocios comenzaron a cerrar y la dinámica del comercio fue reduciéndose durante el día. Todo giró en torno a un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que inicialmente circuló en grupos de WhatsApp y Facebook, y que anunciaba que el día 23 comenzaría un “Paro Armado” a las 6 de la mañana.
El comunicado del ELN estaba dirigido a Iván Duque Márquez, actual presidente de este país, en el cual se establecía que la población solo podría movilizarse “por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias”.
Daniela Rodríguez*, de esta comunidad, cuenta que, a pesar de que en el comunicado de esta organización armada decía que comenzaba a las 6 de la mañana del día 23 y que terminaba el día 26 a la misma hora, toda la gente comenzó a refugiarse en sus hogares un día antes. “Porque hemos sido municipios que hemos vivido muy de cerca la guerra. Esta situación nos trae recuerdos muy desagradables”.
Daniela comenta para Avispa Midia que desde el día 22 comenzaron a parecer banderas y panfletos del ELN en las principales vías de comunicación. “Ya para el día 23, en la mañana, se registraron los primeros casos de quemas de vehículos. En la noche se dio el primer hostigamiento armado en uno de los municipios de nuestra región por más de 25 minutos”.
El gobierno de los Estados Unidos, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la organización conservacionista The Nature Conservancy (TNC) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) firmaron una carta de intenciones para “fomentar la conservación y el desarrollo económico de la región sur sureste” mexicano.
El objetivo es “apoyar los esfuerzos” de los estados del sureste mexicano en proyectos y acciones de “desarrollo sustentable” y, para eso, se prevé una inversión inicial de 30 millones de dólares. La carta tiene la intención de adoptar líneas de coordinación para implementar políticas, planes y estrategias conjuntas y “lograr un sureste sostenible”.
El anuncio fue hecho el jueves (24) durante el Tercer Encuentro de Gobernadores del Sur Sureste de México, en Quintana Roo, donde participaron gobernadores, secretarios de economía y medio ambiente de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.
En una conferencia de prensa, el embajador de los Estados Unidos, Kenneth Lee Salazar dijo que existe un interés “grandísimo” en la región por la oportunidad única que se tiene en la selva maya y el sureste de México.
Corporaciones financieras de los Estados Unidos son las principales financiadoras de la expansión de la explotación minera en territorios indígenas en la Amazonia brasileña.
El estudioComplicidad en la Destrucción, realizado por la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (Apib) y la Amazon Watch, en conjunto con el proyecto Amazônia Minada, revela que, juntas las gestoras Capital Group, BlackRock y Vanguard invirtieron 14.8 billones de dólares en empresas mineras con intereses en tierras indígenas en la Amazonia brasileña y con histórico de violaciones a los derechos humanos.
En noviembre de 2021, Amazônia Minada identificó en el sistema de la Agencia Nacional de Minería (ANM) 2,478 solicitudes para actividades mineras en 261 tierras indígenas. Estos procesos están en nombre de 570 empresas mineras, asociaciones de empresas mineras y grupos internacionales que requieren explotar un área de 10 millones de hectáreas, lo que equivale al tamaña de Inglaterra. Casi la mitad de los pedidos (1,085) son para buscar depósitos de oro.
Las principales empresas que han solicitado realizar actividades mineras en tierras indígenas son: Vale, Anglo American, Belo Sun, Potássio do Brasil, Mineração Taboca – Mamoré Mineração e Metalurgia (ambas del Grupo Minsur), Glencore, AngloGold Ashanti y Rio Tinto.
Personas en movilidad humana que buscan regularizarse bajo las leyes migratorias de México se enfrentaron el martes (22) contra elementos de la Guardia Nacional en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, frontera entre México y Guatemala.
Desde hace varias semanas, las protestas contra las autoridades migratorias han puesto los ojos del mundo, de nueva cuenta, en la frontera sur de México. De manera pacífica, incluso costurándose los labios, son las formas en que pidieron solución a sus trámites.
Pero este martes la desesperación los invadió. Encontraron sus documentos tirados como basura a las afueras de las oficinas de regulación migratoria, situación que desató inconformidad, luego empujones, rompieron el cerco de seguridad y, después, comenzó la trifulca.
Elementos de la Guardia Nacional con equipos antimotines intentaron intimidar a la turba enardecida de personas de origen haitiano y africano. Lanzaron piedras a los uniformados, mientras éstos respondieron con gas lacrimógeno.
Migrantes originarios de Venezuela representan más del 50% de las personas contenidas en Tapachula, Chiapas, por arriba de la presencia de centroamericanos y haitianos, consideró el Centro de Dignificación Humana.
La violencia vivida en Venezuela provoca la movilidad de personas de forma masiva, pero sus necesidades de protección internacional no son respetadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), explicó el fundador del Centro, Luis García Villagrán.
En el 2020, la estadística de la Unidad de Política Migratoria registró a 183 personas originarias de Venezuela presentadas ante el INM; mientras el 2021 cerró con 2,552.
Desde inicios de ese 2022, venezolanos, centroamericanos, haitianos y africanos realizan manifestaciones en Tapachula para exigir atención a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM.
Pero las autoridades no proporcionan información oportuna ni a los extranjeros solicitantes de refugio, a pesar de los llamados internacionales para respetar el derecho de protección internacional.
La oficina de regulación no tiene atención constante y la Comar proporciona citas hasta tres meses después de la solicitud. Espera que se hace eterna por la falta de recursos y oportunidades laborales para sobrevivir.
Para García Villagrán son graves las ‘ilegalidades’ en las que incurren las autoridades migratorias desde el momento de dar solamente dos opciones de regularización cuando existen 26: a través de un vínculo familiar o el refugio. “Nos sustentamos en el sistema electrónico de trámites migratorios que da la certeza de lo que estamos diciendo, actualmente en Tapachula solo son atendidos entre 30 y 50 migrantes a diario, cuando esa oficina tiene capacidad para atender hasta mil personas al día”.
La situación impera en la frontera sur de Chiapas con Guatemala a pesar de los cambios de titulares en el INM, como el caso de Paola Rojas Rodas, que tras su llegada, continúa con la política de contención con agravantes sobre la criminalización y la militarización.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana, no existe vigilancia en la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala; dejan entrar a todas las personas migrantes, “y en Tapachula se forma el nudo humano como parte de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno y dependencias involucradas en el fenómeno migratorio”.
A las organizaciones les preocupa que la mayoría de las personas en movilidad, varios menores de edad entre ellas, contenidas en Tapachula, enfrentan abandono, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, violencia, xenofobia, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Asimismo que estas personas no tienen derecho a la salud y actualmente padecen un bombardeo mediático para criminalizar a los diferentes grupos que buscan mejores condiciones de vida.
Organizaciones aliadas al Centro de Dignificación Humana, como Pueblo sin Fronteras, acompañan a más de mil personas en movilidad para interponer amparos ante jueces federales; y prevén la salida de una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.
A pesar de ser considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de miles de personas en movilidad humana, México carece de mecanismos y estrategias encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ejecuciones y masacres de personas migrantes.
De acuerdo al informe de la Fundación para la Justicia, realizado para el Comité de las Naciones Unidos contra la Desaparición Forzada (CED), a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, no existe un conteo de personas en movilidad humana desaparecidas en México.
El CED tiene registro de 95 mil personas desaparecidas o no localizadas y más de 52 mil personas fallecidas pendientes de identificación, pero se desconoce el número real de personas migrantes que se encuentran dentro de estas cifras.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene registro de 1,421 casos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familias en la búsqueda, como Movimiento Migrante Mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80 mil migrantes desaparecidos a la fecha.
La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes; pues en muchos casos no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser deportadas o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.
“Las personas migrantes en situación irregular caen en el anonimato y se vuelven ‘invisibles’ para las autoridades, lo cual fomenta la existencia de un subregistro importante de desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves a sus derechos humanos”, sostiene la Fundación para la Justicia en un informe.
A cuatro años de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no existen mecanismos para la búsqueda de personas migrantes.
Foto: Jeny Pascacio
“Recientemente se publicó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que contempla la conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional Especializado en la Búsqueda de Personas Migrantes Extranjeras, pero no tenemos conocimiento de que éste se haya conformado o puesto en marcha”, dice el estudio de la Fundación.
De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad.
La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Para Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la desaparición es una situación de emergencia y uno de los temas menos visibles dentro de la migración. Mientras los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países del triángulo del norte.
“No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional. “Tenemos una crisis forense en el país, es una realidad”.
Durante los dos años de la pandemia por el COVID-19, la búsqueda se complicó “porque las autoridades dejaron de hacer lo poco que hacían”, sostiene Figueroa.
El Movimiento Migrante Mesoamericano coordina la caravana de madres en busca de sus hijos migrantes que, por razones del confinamiento, llevó sus actividades de manera virtual ante la incertidumbre de las familias que tienen la necesidad de continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos, debido a la omisión de las autoridades mexicanas sobre sus demandas.
En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella
“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.
Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.
El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.
El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.
También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.
El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.
Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.
Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.
“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.
Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.
Solicitud de apoyo, sin respuesta
Familiares de las víctimas se han manifestado por el nulo apoyo de los gobiernos de México y Guatemala
Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.
Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.
“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.
En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.
Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.
Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.
Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.
Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.
“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.
Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.
No hay detenidos
Aún después de meses de ocurrido el accidente, pobladores de Chiapas colocan ofrendas en el lugar donde perdieron la vida 56 personas.
A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.
El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.
Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.
Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.
Contubernio
Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.
Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.
En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.
Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.
“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.
En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.
