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Noticias de abajo ML: Noticiero informativo de los medios libres.

ROMPIENDO FRONTERAS

PALESTINA: Manifiesto contra la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestina conninesporpalestina
YEMEN: Más tormentas en el golfo Pérsico #Internacional elturbion
AMERICA LATINA: MEGAMINERIA TOXICA: Grupo México y sus subsidiarias son una de las empresas mineras más agresivas, violentas, contaminadoras y cínicas del mundo. En solidaridad con Perú y en contra del Grupo México Otros mundos
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Mujeres, niñas y niños del Pueblo Maya Tsotsil, integrantes de La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, de la comunidad Miguel Utrilla, Los Chorros, en Chenalhó, Chiapas, Méxicofueron desplazados el día 16 de septiembre de 2019. Suman 36 personas en desplazamiento forzado que se encuentran en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Las primeras familias se refugiaron en la sede de la organización desde el 10 de agosto del presente año.

Las Abejas de Acteal persisten en la exigencia de justicia y desde su apuesta de paz, exigen condiciones para el retorno con seguridad de las 6 familias.

Ayer, las compañeras, niñas y niños del barrio “Río Jordán” se vieron obligadas a desplazarse en Acteal.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
17 de septiembre del 2019

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy denunciamos públicamente que, ayer, las compañeras, niñas y niños del barrio “Río Jordán” de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, se vieron obligadas a desplazarse en Acteal, sede de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, porque sus condiciones de vida se empeoraron, porque el mismo presidente municipal de Chenalhó y el agente del barrio “Río Jordán” prohibieron el acceso de alimentos y la gente partidista de esa localidad amenazó a las familias de buen corazón quienes les dieron casa y comida a nuestras compañeras y niñas y niños, de cortarles el agua, la electricidad y de destruirles también sus casas, si seguían ahí nuestras compañeras.

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• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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Durante la noche del pasado 17 de febrero arribaron a las puertas del Palacio Nacional en la CDMX aproximadamente 400 personas desplazadas del estado de Guerrero, entre estas, se calculan unos 40 niños menores de 8 años.  Las familias desplazadas montaron un campamento con la intención de solicitar audiencia con Andrés Manuel López Obrador; después de 13 días de intentar ser escuchados, el viernes 1 de marzo un representante del Gobierno Federal acudió al campamento para escuchar las demandas, mismas que se reducen a una sola, poder vivir dignamente en su comunidad.

De acuerdo con los testimonios de los desplazados; el 11 de noviembre del 2018 a la 1 de la tarde, aproximadamente 3000 hombres fuertemente armados vestidos de comunitarios arribaron a 9 comunidades. A punta de pistola tomaron el territorio y despojaron a los pobladores de todo, desde una gallina, hasta su propia casa.

Desde el 11 de noviembre del 2018, las familias desplazas se refugiaron en la cabecera municipal de Chichihualco Guerrero, lugar en donde solicitaron apoyo y solución al conflicto. Después de 3 meses de esperar y de no recibir ayuda alguna del gobernador de estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, los desplazados decidieron marchar hacia la CDMX.

Según explica uno de los desplazados, el problema de la violencia y ahora el desplazamiento de las comunidades en Guerrero tiene más de tres años. En un inicio se decía que el aumento de la violencia era por:

“… el control del territorio, trasiego de drogas y el control del campesino para ocuparlos como sembradores, pero desgraciadamente no es así… es un problema fuerte, es un problema nacional…por que vienen de intereses fuertes, por que son zonas mineras extranjeras quienes han estado ocupando a la delincuencia organizada para poder desplazar gente, para poder quedarse con propiedades y seguir extendiéndose”.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019

Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán 

• Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH

Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]

Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]

Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.

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Dos personas heridas y un asesinado en ataque armado esta madrugada.

2036 personas desplazadas forzadas en las comunidades de Xuxch’en, Coco, Tabak y San Pedro Cotzilnam

Esta madrugada, en la comunidad de Coco, en Aldama, Chiapas, tres personas que se dirigían de San Pedro Cotzilnam a Xuxch’en, fueron atacadas con disparos provenientes de Santa Martha, Manuel Utrilla Chenalhó. De la agresión dos resultaron con heridas y uno asesinado.

De acuerdo a testimonios, hoy a las 4:30 horas: “Salían ráfagas de los diferentes puntos proveniente de trincheras ubicadas en Saclum”. “Desde el viernes casi todo el día y toda la noche hubo disparos de armas de fuego de parte de grupos armados de Santa Martha, a las comunidades de Aldama que se encuentran en la colindancia”.

Urgimos al Estado mexicano atienda la situación de crisis humanitaria en Aldama, se encuentran en riesgo a la vida, integridad y seguridad personal al menos 2036 personas de las comunidades de Xuxch’en, Coco, Tabak y San Pedro Cotzilnam, quienes continúan en desplazamiento forzado desde el 20 de marzo de 2017; de entre ellas, siete familias desde 2016.

La población desplazada actualmente en Aldama es: 416 mujeres, siete de ellas embarazadas; 408 hombres; 84 ancianos y ancianas, 326 adolescentes hombres y mujeres; 273 niños; 317 niñas; y 205 bebés.

Reiteramos la exigencia al Estado mexicano de: Adoptar medidas efectivas para garantizar la vida e integridad personal de la población de Aldama, especialmente de las comunidades localizadas en los límites territoriales con Manuel Utrilla, Chenalhó, así como de la cabecera municipal; Investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó; Atender la emergencia humanitaria de la población desplazada en la región Altos de Chiapas, México; Y cancelar órdenes de aprehensión que criminalizan a representantes de las familias desplazadas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
22 de enero de 201

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
23 de diciembre de 2018
Acción Urgente no.11

Nuevos desplazamientos forzados en Chalchihuitán, Chiapas

Destrucción de campamentos y amenazas a población tsotsil en desplazamiento forzado aumenta condiciones de vulnerabilidad y riesgo de 1146 personas.

Nueve campamentos que eran refugio de población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, fueron destruidos el día 21 de diciembre de 2018, entre las 14:00 y 17:00 hrs., aproximadamente, en un contexto de agresiones por parte de Hermelindo García Núñez, Sindico Municipal de Chalchiuitán, integrante del Partido Acción Nacional.

238 familias desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom, perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas. También derribaron baños construidos con  donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas.

La población en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación. Familias les prestaron espacios pero existe la amenaza de expulsarles de sus comunidades. Testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.

Al menos 1237 personas, permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas.

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano. El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017”.[1]

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