Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio1 y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.2

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.

Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.

Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.

Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.

Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

Los que somos el Congreso Nacional Indígena; pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas de este país, hacemos un llamado a los pueblos de México indígenas y no indígenas, a las organizaciones honestas de derechos humanos, a los medios de comunicación, a la comunidad científica e intelectual a repudiar la escalada represiva contra compañeros y compañeras de nuestros pueblos donde se han estado nombrando concejales para la integración del Concejo Indígena de Gobierno para México, lo que representa para nosotros una agresión en contra del CNI y de nuestra propuesta que hemos lanzado a toda la nación, por lo que denunciamos y señalamos que:

En Chiapas, crece la hostilidad y grave tensión que los malos gobiernos han generado en el ejido Tila, por caciques ligados grupos paramilitares en su intento por que regrese el mal gobierno a la comunidad, como es el líder paramilitar de Paz y Justicia Arturo Sánchez Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, quienes realizando disparos y acompañado por mas personas pertenecientes a su organización cerraron el acceso al pueblo de Tila; recientemente el día 5 de junio de este año, bloquearon la carretera que va de Tila a Salto de Agua frente al hospital integral de Tila y otra parte en la carretera Tila a Yajalon, incluso bloqueando caminos dentro de terrenos ejidales con personas encapuchadas y armadas. La escalada de hostigamientos se agudizó a partir una movilización que este grupo realizó el pasado 2 de junio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez encabezada por partidistas y paramilitares de Paz y Justicia.

Responsabilizamos al mal gobierno en sus tres niveles de lo que pueda ocurrir y llamamos a la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en el ejido Tila.

En el mismo estado, los ricos pretenden arrebatar nuevamente la tierra dignamente recuperada por nuestros hermanos de la comunidad San Francisco, municipio de Teopisca, miembros del grupo de trabajo Semilla Digna, como es el hostigamiento realizado por los ricos Juan Hernández Molina, Pedro López Girón y Pedro Hernández Espinoza. El pasado 4 de junio del presente año se presentó el señor Pedro López Girón, acompañado por un grupo de aproximadamente de 50 personas que destruyeron violentamente la tranca, alambres de púas y la cerca del potrero que delimita las tierras recuperadas el pasado 19 de septiembre del 2016. Ese día amenazaron a las compañeras con violaras sexualmente y amenazaron con desalojar por la noche acompañados por la fuerza pública. Condenamos estos cobardes ataques, y exigimos pleno respeto al territorio recuperado por nuestros hermanos de San Francisco y la cancelación definitiva de las seis ordenes de aprehensión existentes contra nuestros compañeros.

También en Chiapas, el pasado 28 de mayo fue allanada la casa de la compañera Alejandra Padilla, del grupo de trabajo Semilla Digna, robando una computadora portátil de su habitación, en la cual resguardaba información sobre el acompañamiento que ha hecho a comunidades indígenas del CNI en sus luchas, así como parte que es del equipo de trabajo del CIDECI- UNITIERRA.

El 22 de mayo de este año a las 05:20 horas, un grupo paramilitar que se identifica como Nuevo Guadalupe Victoria, atacó con armas de grueso calibre a un grupo de compañeros y compañeras de la comunidad de Cruztón, participantes en el CNI, a las 07:00 horas, nuestro compañero Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, salió del lugar donde se resguardaba del ataque para verificar si los agresores se habían retirado, cuando recibió un impacto de bala en la sien. Los agresores fueron identificados como provenientes del ejido Guadalupe Victoria.

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Chiapas: “hijo de líder paramilitar bloquea accesos a Tila”, denuncian ejidatarios del CNI

Chiapas, México. 5 de junio.- “Comienzan a bloquear en la entrada de Tila, el grupito de Francisco Arturo Sánchez que es hijo del líder paramilitar del gobierno Arturo Sánchez, para provocar enfrentamiento y ESTAN ARMADOS”, denuncia la mañana de este lunes el Ejido Tila. Los indígenas choles indican que el grupo de choque “quieren el regreso del mal gobierno en Tila y que traigan policías para la represión”.

Los que piden el regreso del ayuntamiento, retirado del ejido en diciembre de 2015, “son unos pocos caciques que quieren mal gobernar el pueblo y despojarlo, todo lo hacen coordinados con personal del ayuntamiento”, evidencian los adherentes a la Sexta. “La gente está cansada de estos criminales paramilitares narcotraficantes, enviados del gobierno para provocar un enfrentamiento”, explican los también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Los ejidatarios de tila con anterioridad han señalado públicamente a dicho grupo de choque “que quieren desestabilizar y culpar a nuestro autogobierno ejidal de la violencia que dejo sembrada el mal gobierno, del que ellos mismos formaron parte”. En septiembre de 2016 señalaban como responsables de agresiones y provocaciones al expresidente c. Arturo Sánchez Sánchez y su hijo c. francisco Arturo Sánchez Martínez, así como los llamados jolotes, doña Mercedes Bonifaz, la doctora Adelaida Martínez Parcero y su hermano Rodrigo.

El grupo de choque “Se la pasan pidiendo la entrada de la fuerza pública con engaños y el regreso del gobierno invasor en nuestro territorio. Son un pequeñito grupo de personas que quieren imponer su modo de vida en el ejido Tila, quienes han vivido del gobierno, del despojo y la explotación de nuestro pueblo y son racistas que se encargan de malinformar y criticar nuestra autonomía ejidal”, exponían los ejidatarios en resistencia. “Pero a pesar de esto seguiremos adelante porque ya nadie lo puede parar, muchos han abierto los ojos y unos cuantos que viven manipulados”, afirmaban.

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Denuncia del CNI del 13 de abril de 2017

A la Sociedad Civil en General
A los Medios de Comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

Denunciamos que desde el día de ayer 11 de abril del presente año, a las 10:50 de la noche  un grupo de personas de nombres Juan Gómez Jiménez, Juan Pérez Pérez y Antonio Méndez Sántiz por órdenes de Manuel Sántiz Vázquez, agente municipal del barrio Río Jordán, municipio de Chenalhó, llegaron a la casa de los compañeros Alonso Ruiz López, Alonso Jiménez Méndez y Manuel Jiménez Méndez, a quienes pidieron que salieran de sus domicilios y al hacerlo fueron privados de su libertad en el ejido Los Chorros, donde permanecen retenidos hasta que paguen 5mil pesos por cada uno de los ellos.

Los compañeros retenidos y otras familias, como parte de la Organización Civil Las Abejas, miembros del Congreso Nacional Indígena se han negado a participar con proyectos del mal gobierno como lo son una clínica y de drenaje que imponen los malos gobiernos, por lo que han sido presionados y amenazados para tomar cargos de gestores de este proyecto, a lo que se han negado por contar con sus propios promotores de salud. Además de esto no contaban con el servicio de electricidad que les fue cortado desde hace un año y cuatro meses, por lo que habían acordado el reconectar la electricidad y el agua potable para las familias de los compañeros José Ramón Vázquez Entzin y Antonio Ramírez Pérez.

Señalamos que del ejido Los Chorros salieron los grupos paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, quienes además de gozar de impunidad, desde entonces presionan a los compañeros de Las Abejas para aceptar los programas del mal gobierno, como es el caso de los compañeros hoy retenidos y las familias afectadas por el corte de servicios, quienes debieron salir de sus domicilios por las amenazas de agresiones físicas existentes en su contra.

Repudiamos la agresión a nuestros compañeros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y exigimos la inmediata e incondicional liberación de los retenidos por no aceptar los proyectos del mal gobierno.

Exigimos respeto absoluto a las decisiones autónomas tomadas por la asamblea delas Abejas y nos pronunciamos en contra de la simulación que ha hecho el mal gobierno para proteger a los mandos políticos y militares responsables de la muerte de 45 compañeros y 4 no nacidos en 1997.

Desde el Congreso Nacional Indígena saludamos la campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza que levantan  los hermanos de Las Abejas en el contexto de los 20 años de la masacre en Acteal y en contra la impunidad que prevalece en favor de los autores materiales e intelectuales del terror y la muerte a manos de paramilitares.

Atentamente

Abril de 2017
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena

Los ejidatarios de Tila, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denunciaron que, la madrugada del 6 de febrero, operadores del ayuntamiento, miembros del Partido Verde, intentaron secuestrar al Presidente del Comisariado Ejidal y a un profesor del Ejido Tila. A continuación, el comunicado completo.

Ejido Tila, Chiapas a 06 de febrero del 2017

COMUNICADO

A la opinión publica
A los medios de comunicación nacional e internacional
Al Congreso Nacional Indígena
A las Juntas de Buen Gobierno
A la Sexta nacional e internacional
A los Derechos Humanos no gubernamentales
A las personas y organizaciones que luchan por justicia y dignidad

Les queremos informar sobre las provocaciones gubernamentales que estan sucediendo en nuestro territorio contra la Autonomia Ejidal donde un grupo de habitantes de la comunidad anexo Cantioc organizado por operadores políticos del partido verde y del ayuntamiento intentaron de secuestrar al Presidente del Comisariado Ejidal presentandose en su casa en la madrugada este lunes 06 de febrero pasada la media noche para llevarlo en esa comunidad otro nuevo intento para provocar un conflicto para golpear nuestra autonomia ejidal.

Anterior a estos hechos fue que el pasado 26 de enero fue reportado ante las autoridades ejidales que en la comunidad de Cantioc que forma parte de este Ejido Tila entró maquinaria y estaban comensando a trabajar un proyecto de gobierno. Las autoridades se trasladaron hacia este anexo y en el camino encontraron el ingeniero agrónomo Carlos Domingo Sanchez Martinez quien es encargado de esos trabajos que es habitante de Cantioc y líder operador político del Partido verde ecologista quien iba en su camioneta nissan acompañada por otras tres camionetas llenas de gente que los iban cuidando. El ingeniero se encontro con la camioneta del ejido y le cerro el paso pensando que iba sola atravesando su camioneta pero cuando vio que llegaron las demas camionetas del ejido intento de huir, sus demás acompañantes se fueron dejándolo solo y las persona quienes iban arriba de su camioneta unos se bajaron y se huyeron. Se le dijo que estaba detenido por violar el acuerdo de la asamblea general de que se prohíbe la entrada de los proyectos gubernamentales pero se puso a discutir y culpar al comisariado ejidal por lo que fue llevado en la comisaria ejidal para que dijera sus palabras frente a la asamblea. Uno de sus acompañantes el C. Angel López López, ex policia muncipal se puso agresivo por lo que junto con sus acompañantes Alejandro Gomez Sanchez y Julio Gomez Sanchez fueron también trasladados a la casa ejidal donde permanecieron detenidos.

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Son preocupantes las agresiones denunciadas el 2 de diciembre por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las agresiones contra los integrantes del Congreso Nacional Indígena en México “casualmente” ha aumentado e incluso, se muestran como agresiones coordinadas y con tácticas similares. La participación de narcoparamilitares es una constante. La presencia de estos grupos criminales ha crecido considerablemente, amenaza y agrede a los pueblos indios, especialmente en las zonas donde se encuentran integrantes del CNI, como Guerrero y Michoacán, quienes realizan sus consultas sobre la propuestas emanadas de la primera etapa del V CNI, que ya conocemos.

También hemos observado, por otro lado, como se intenta aislar a nuestras compañeras y nuestros compañeros, provocando problemas internos dentro de las comunidades por medio de partidos políticos o la presencia de autoridades oficiales (cuando tantos unos, como las otras se mantenían ausentes) con el fin de desprestigiar, agredir, y desorganizar, atemorizar, como ha sido denunciado por la Sexta Bachajón y el Ejido Tila, por ejemplo.

Llamamos a nuestras compas, a nuestros compas a mantenernos atentos, a redoblar la solidaridad con la consulta del CNI. Nos sumamos a las denuncias del CNI y el EZLN. Denunciamos la coordinación de las instancias del gobierno con los grupos de narcoparamilitares que agraden en estos momentos a los integrantes del CNI. Denunciamos las tácticas violentas que en estos últimos dos meses han sido claras y que intentan desestabilizar a las comunidades indígenas donde existe la presencia del CNI con el fin de detener el proceso organizativo del CNI, evitar las consultas para dar continuidad al V CNI. Responsabilizamos al ejecutivo federal encabezado por Enrique Peña Nieto, su ejecutor Miguel Ángel Osorio Chon, quienes sirven a la industria del narco y de las mineras, quienes coordinados todos agreden a nuestras compañeras y compañeros del CNI.

¡ALTO A LAS AGRESIONES AL CNI!
¡LA CONSULTA, VA!

Contra el despojo y la represión:
¡la solidaridad!
Red Contra la Represión y por la Solidaridad!
(RvsR)

DENUNCIA PUBLICA
EJIDO TILA, CHIAPAS; MEXICO A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA (CNI)
A LOS ADHERETENTES A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA RED CONTRA LA REPRESION Y POR LA SOLIDARIDAD
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO
A LOS MEDIOS LIBRES
A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS ORGANIZACIONES QUE LUCHAN POR JUSTICIA Y DIGNIDAD
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES HONESTOS
A LA LUCHA DE MEXICO Y EL MUNDO

RECIBAN UN SALUDO DE PARTE DE LOS EJIDATARIOS Y EJIDATARIAS DEL EJIDO TILA, ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA; QUE A PESAR DE LAS AMENAZAS E INTIMIDACIONES SEGUIMOS CAMINANDO Y CONSTRUYENDO NUESTRA AUTONOMIA.

DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE AL C. ARTURO SANCHEZ SANCHEZ ES UNO DE LOS QUE PARTICIPARON EN LA BALACERA EN EL AÑO DE 1980 A LAS 9:00 HORAS DE LA NOCHE CON UN SALDO DE UN MUERTO DE UNO DE SUS COMPAÑEROS POR UNA BALA PERDIDA Y DOS COMPAÑEROS EJIDATARIOS HERIDOS Y AL TERCER DIA OTRA BALACERA QUE DEJO UN EJIDATARIO CAPACITADO MAYOR DE EDAD HERIDO DE BALA, ES UNO DE LOS LIDERES DEL GRUPO PARAMILITAR PAZ Y JUSTICIA AUTORES DE LA MASACRE EN LA ZONA BAJA EN EL AÑO DE 1996 EN LAS LOCALIDADES DE JOÑIXTIE, MASOJA SHUCJA, MISOPA ENTRE OTRAS COMUNIDADES Y MILES DE DESPLAZADOS QUE QUEDARON EN LA IMPUNIDAD Y POR ESO SIGUE AGITANDO Y DESESTABILIZANDO LA PAZ SOCIAL EN EL EJIDO DE TILA PORQUE TIENE PROTECCION DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ESTUVO PRESO EN EL AÑO 2005; PERO SALIO EN 2007 QUEDANDO IMPUNES LOS DELITOS YA DESCRITOS. EL PROFR. FRANCISCO ARTURO SANCHEZ MARTINEZ HIJO DE DON ARTURO SANCHEZ SANCHEZ , ESTE PROFESOR BILINGUE, PROFESIONISTA QUE DEBE ENSEÑAR A COMBATIR LA IGNORANCIA, EL AMOR A LA PATRIA, EL RESPETO A NUESTRAS CULTURAS Y EDUCAR A NUESTROS HERMANOS INDIGENAS SE PASA TODO EL TIEMPO DESPRECIANDO A LOS INDIGENAS LLAMANDONOS IGNORANTES, MUGROSOS OLVIDANDOSE QUE TRABAJA EN UNA COMUNIDAD INDIGENA O SIMPLEMENTE ESTA POR SU SUELDO PORQUE PARA HABLAR UNA LENGUA INDIGENA NO SABE NADA PORQUE A LO MEJOR SE COMPRO LA PLAZA, ES UN VIVIDOR QUE TIENE QUE DEPENDER DEL AYUNTAMIENTO PARA SOLVENTAR SUS GASTOS Y CULPABLE ES LA SECRETARIA DE EDUCACION EN CHIAPAS POR CONTRATAR PERSONAS INEPTOS COMO ESTE PERSONAJE ENTRE OTROS DIZQUE PROFESORES QUE NI SABEN PARA QUE SE PREPARARON. TANTO ES YA LA DESCONFIANZA PARA RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TILA, PORQUE ALGUNOS DE LOS QUE TRABAJAN EN EL HOSPITAL SON LOS QUE DESPRECIAN A LOS INDIGENAS TAL ES EL CASO DE LA DOCTORA ADELAIDA MARTINEZ PARCERO Y SU HERMANO JOSE RODRIGO QUE SON LOS PROMOTORES DE LA VIOLENCIA ASI COMO SU CUÑADO EL PROFR. FRANCISCO ARTURO. JUAN LOPEZ LOPEZ (TYENTSUÑ), MERCEDES BONIFAZ GUTIERREZ, EVARISTO GUTIERREZ MARTINEZ, MARIANO Y JUAN DE APELLIDOS GUTIERREZ LOPEZ (LOS JOLOTES) Y OTROS. A LOS DEMAS ARRIBA MENCIONADOS SON LOS MANTENIDOS DEL AYUNTAMIENTO, PORQUE HAN VENDIDO SUS TIERRAS Y YA NO TRABAJAN POR ESO QUIEREN QUE LOS MANTENGA EL GOBIERNO. AL C. EVARISTO GUTIERREZ MARTINEZ SIENDO COMISARIADO FUE QUIEN SOLICITO EL AMPARO NUM. 259/1982 Y AHORA QUIERE SEGUIR ENGAÑANDO EL PUEBLO CUANDO LA ASAMBLEA ES LA MAXIMA AUTORIDAD QUIEN DETERMINA SI SEGUIR EN EL REGIMEN EJIDAL O CAMBIARLA SEGÚN EL ART. 39 DE LA LEGISLACION AGRARIA. TODAS ESTAS PERSONAS VENIAN AMENAZANDO A LOS EJIDATARIOS PROPIETARIOS DE LAS 5405 HECTAREAS DE TERRENOS EJIDALES QUE REALIZARIAN SUS MARCHAS CON EL USO DE ARMAS DE FUEGO CUYA FINALIDAD ES PROVOCAR TENSION Y MIEDO A LA POBLACION ALTERANDO LA PAZ SOCIAL , DELITOS DEL ORDEN PENAL QUE SE CITA EN LOS ART. 227-228 DEL CODIGO PENAL. POR SEGURIDAD DE LA POBLACION SE BLOQUEARON AMBAS ENTRADAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE PERSONAS AJENAS AL EJIDO, CABE SEÑALAR QUE EL EJIDO DE TILA NO ESTA PROVOCANDO OTROS EJIDOS Y COMUNIDADES. NUESTRA LUCHA ES POR TIERRA Y TERRITORIO Y NO CUESTIONES PARTIDISTAS POR ESO NUESTRAS TIERRAS NO SE NEGOCIAN.

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DENUNCIA PÚBLICA

HERMANAS Y HERMANOS

Nosotras y Nosotros somos los familiares de los ejecutados, de las personas desaparecidas y de quienes sufrimos el desplazamiento forzado de nuestras comunidades de la zona baja del municipio de Tila, dentro del Conflicto Armado Interno en Chiapas.

Nosotras y Nosotros somos quienes hemos sufrido la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano a través del Plan de Campaña Chiapas 94, en la cual se formaron grupos paramilitares para acabar con las bases de apoyo del EZLN. En nuestra zona se formó el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia, quien actuó bajo la preparación y protección de distintos niveles de gobierno en contra de la sociedad civil. Hasta hoy sufrimos esos graves efectos.

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Susuclumil, Tila, Chiapas, México.

21 de octubre de 2016

Boletín de prensa No. 21

Sucuclumil conmemoración de la memoria

20 años de crímenes de lesa humanidad en la zona Norte de Chiapas

Desde abajo se empieza.

Ésta palabra es semilla, la sembramos y cuidamos

porque es memoria, esperanza, justicia

Para este Centro de Derechos Humanos los trabajos de la memoria histórica representan la acción continua, viva para el andar diario, para la creación de alternativas frente a la impunidad del Estado mexicano, cuyas palabras están manchadas de sangre, con todo y sus instituciones.

Es por ello que traemos a la memoria en esta Tierra Blanca, Susuclumil, lugar de memoria, en este sitio de conciencia en donde el Tribunal Permanente de los Pueblos¹ escuchó la palabra de hombres y mujeres, sobre los caídos, víctimas y sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano en el marco del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

Aquí se comparten un mismo camino, la palabra, La Otra Justicia, manteniendo en su lucha la esperanza de verdad y justicia frente a la impunidad.

Recordando que con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, y en medio de las negociaciones para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno en Chiapas, la violencia en la región aumentó. El control militar era parte del intento de dominio de la situación por parte del Estado mexicano. Con la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94, el Estado mexicano a través del Ejército mexicano, creó paramilitares delegando en ellos el uso de la fuerza, tolerando, permitiendo y facilitando sus operaciones y mostrando una incapacidad para combatirlos.

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