^{En portada: Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria}

“Se ha evidenciado como Guatemala implementó desde su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, afirmó Lucía Xiloj, abogada de 28 víctimas de violaciones en el conflicto armado interno (1960 y 1996), durante el transcurso de la segunda semana del juicio histórico que se realiza en el país centroamericano.

Este lunes (17) arranca la tercera semana de audiencias para juzgar a cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes son señalados por delitos de lesa humanidad como violencia y esclavitud sexual contra 36 mujeres originarias de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, durante los años de 1980 a 1985.

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“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, relató la abogada Xiloj, integrante del Bufete Jurídico Popular de Rabinal para medios internacionales mientras se desarrollaban las audiencias.

De acuerdo a la litigante, el proceso ya avanzó con la muestra de un total de 20 pruebas periciales, por lo cual esta semana continuarán las declaraciones testimoniales. “Mas o menos nos vamos a llevar como dos semanas más para diligenciar todas las pruebas”, contextualizó Xiloj para entrevista con el medio Ruda GT.

40 años sin justicia

La abogada Xiloj hizo un recuento del proceso para que actualmente se juzgue a los ex patrulleros. Fue en el año de 2011 cuando 11 de las mujeres presentaron una denuncia por los hechos de violencia que sufrieron, a la cual se sumaron más víctimas hasta llegar a 36 casos. Las mujeres tenían entre 12 y 56 años, al momento de las agresiones y cuatro de ellas eran menores de edad.

Entre los testimonios escuchados durante las pasadas audiencias se encuentran los de las hermanas Margarita Alvarado Enríquez y Marcela Alvarado Enríquez, quienes señalan a Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado de violarlas. Por su parte, Pedrina de Paz señala a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino ex patrulleros acusados en este juicio, de violarla y provocarle daños permanentes. Francisco Cuxum Alvarado es el quinto acusado.

Estos actos criminales ocurrieron durante los primeros años de la década de los ochentas, por medio de la doctrina de “tierra arrasada”, aplicada bajo el régimen de Ríos Montt, mediante la cual el dictador se ensañó contra las comunidades rurales e indígenas a quienes acusaba de colaborar con los grupos guerrilleros. Para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado.

Por ello, y a pesar de 40 años de espera, las mujeres maya Achi viajan más de 100 kilómetros para asistir a las audiencias que construyen el juicio contra algunos de los autores materiales de estos crímenes.

“Sí ha habido un avance importante para empezar a acreditar esta situación, este contexto que es muy importante en caso de justicia transicional, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, al escuchar a las voces de las propias víctimas se va a terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el presente proceso”, remarcó la abogada Xiloj.

Por su parte, la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la prescripción de delitos y el deslinde del Estado de Guatemala del caso pues, según su argumentación, los acusados nunca fungieron como funcionarios públicos ni como miembros de ninguna institución de gobierno.

Como respuesta, la jueza Jazmín Barrios declaró sin fundamento la primera petición ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a derechos humanos no prescriben, mientras argumentó que, ante la segunda petición, se resolverá al dictar sentencia en el momento de concluir el debate oral y público.

Violencia contra los cuerpos

En la audiencia del 7 de enero, la primera en declarar ante el tribunal fue Aura Estela Cumez, antropóloga enfocada en el tema de género, quien presentó un peritaje sobre violencia sexual. Ella afirmó que su investigación muestra que los hechos cometidos contra las mujeres maya Achi tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.

“Durante el Conflicto Armado Interno, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno”, detalló Cumez, para quien esta forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi evidencia una planificación militar.

A su vez, el doctor Cristian Ruiz presentó un dictamen médico tras evaluar a 31 víctimas de la violencia y, por su parte, el antropólogo José Angel Zapeta enfatizó el dolor de las mujeres tras lo sucedido.

Violencia contra el territorio

Fue durante esa misma audiencia que la doctora Irma Alicia Nimatuj presentó un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.

Dentro de los hallazgos de Nimatuj, la doctora enfatizó cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados: profanación, violencia sexual irracional, explotación sexual y violencia sexual verbal.

Nimatuj también destacó que la represión contra las mujeres Achi se originó desde la construcción de la represa en el río Chixoy. En orden para consolidar este proyecto hidroeléctrico, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron violentamente desplazadas comunidades mayas Achi.

Aunado a ello, 440 indígenas Achi fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes.

“Allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas (…). En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente”, afirmó Nimatuj.

Para la doctora Nimatuj, la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres Achi, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.

Testimonios

En la audiencia del jueves (13), Arsenio García explicó el “análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos” mediante el cual concluyó que los testimonios de 33 mujeres Achi son creíbles, congruentes, tienen concordancia y coherencia.

“Los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual, uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de comunidad, quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales, violencia y esclavitud sexual de los victimarios”, señaló García.

“Llevamos 40 años esperando justicia, antes nos daba vergüenza hablar de lo que nos hicieron, pero hoy estamos contentas porque ya estamos en audiencia, esperamos que ahora si nos hagan justicia”, declaró Antonia Valey, otra de las víctimas que espera justicia en los tribunales de Guatemala.

Con información de Ruda GT, Prensa Comunitaria y Prensa Libre

Este domingo (16), el ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, ha difundido la convocatoria para el reinicio de la Consulta Indígena para la instalación del parque eólico de la empresa Électricité de France (EDF).

El proceso de consulta, iniciado en abril de 2018 y detenido debido a la pandemia de Covid-19 deberá, según la convocatoria, ser retomado el 22 de enero, en su fase final, en la etapa deliberativa.

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La Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, ha expresado su inconformidad ante la decisión de la reanudación del proceso. “Deliberar en medio de la pandemia es un acto coercitivo de las autoridades”, pronunciaron los comuneros de la comunidad zapoteca en sus redes sociales.

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“En plena alza de la panemia en Oaxaca y ante un eventual repunte en el Istmo, después de las fiestas de fin e inicio de año, la Sener [Secretaría de Economía], INPI [Instituto Nacional de Pueblos Indígenas], CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] se lavan las manos y practican la danza de la muerte con la reanudación de la consulta eólica del proyecto de muerte denominado Gunaa Sicarú”, afirman.

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Los zapotecas han denunciado, desde por lo menos 2017, que la EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta.

Han denunciado además que las acciones de la empresa, en conjunto con autoridades, han llevado a la comunidad de Unión Hidalgo a una escalada de violencia, especialmente hacia comuneros y comuneras que están en contra del proyecto.

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En testimonio para Avispa Midia, un representante de la Asamblea de los Comuneros apuntó varios problemas en la retomada de la consulta. Uno de ellos es que no hay condiciones para iniciar la fase final, la deliberativa. “No se ha cerrado formalmente la fase informativa”, dijo, necesaria para que se inicie la deliberación.

Además, sostiene que la responsable por la convocatoria debe ser la Sener, a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial, y no el ayuntamiento municipal.

En Unión Hidalgo ya existe un parque eólico con dos fases de la española Demex. Son alrededor de 100 aerogeneradores ya instalados.

Brasil y los Estados Unidos (EEUU) estrecharon y reafirmaron sus acuerdos militares a finales del año 2021 con un ejercicio conjunto, realizado en el estado de Sao Paulo desde el 6 de diciembre. De la misma manera, en los primeros días del año 2022, EEUU realizó diversas acciones en Centroamérica con su vieja estrategia de “ayuda humanitaria” en contextos de “crisis naturales”.

El ejercicio militar, ejecutado junto a las fuerzas armadas de Brasil en diciembre del 2021, es llamado “Southern Vanguard 22”. Este ejercicio fue dirigido y patrocinado por el Comando Sur de EEUU, una unidad compuesta por más de 1,200 militares y civiles encargada de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. Es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los EEUU.

El ejercicio tuvo un alcance a nivel operativo y táctico diseñado para aumentar la interoperabilidad entre el país norteamericano y las fuerzas armadas del cono sur. “Nuestro objetivo es continuar este ejercicio al menos hasta el año 2028”, dijo el General William Thigpen, comandante general del Ejército Sur.

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El general destacó la relevancia del ejercicio, sobre todo, “es importante que ejecutemos esta misión porque en caso de una crisis humanitaria o un desastre natural, ya tendremos la experiencia de trabajar junto a las fuerzas brasileñas, y tenemos esa confianza y respeto establecidos”.

Aunque esta no es la única acción que ha realizado el Comando Sur en Sudamérica. Uno de los ejercicios más controvertidos fue realizado en septiembre del 2020, en plena pandemia de la Covid-19, EEUU y las fuerzas armadas de Brasil, realizaron un simulacro de guerra en la frontera con Venezuela. También sirvió para probar su artillería, con los proyectiles conocidos como ASTROS 2020, con el cual se han creado un conjunto de cohetes: SS80, SS60, SS40 y SS30.

Para el ejercicio “Southern Vanguard 22”, que duró 10 días, participaron más de de mil militares, incluidas las fuerzas del 5.º Batallón de la 12.ª Brigada de Infantería de Brasil; militares del Comando Sur; y la 101 División Aerotransportada (Asalto Aéreo) para realizar entrenamiento táctico conjunto.

En los ejercicios del “Southern Vanguard 22”, también participan países socios de Centroamérica y Sudamérica. La primera ejecución de “Southern Vanguard” tuvo lugar en Chile, en agosto de 2021.

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Los EEUU remarcan las relaciones que tiene con Brasil, sobre todo, desde la 2ª Guerra Mundial, una relación que se reafirma con el ejercicio “Southern Vanguard 22”.

“Este ejercicio se ha estado gestando desde octubre de 2020, y solo podría suceder con la planificación del personal combinado del Ejército Sur y nuestros homólogos brasileños”, dijo el mayor Milton Maddox, oficial principal de planificación del Ejercicio Southern Vanguard 22 del Comando Sur.

Los altos mando del Comando Sur sostienen que con estos ejercicios se “fortalecen la seguridad regional porque nuestras fuerzas aprenden a operar como una sola”.

Nuevo año 2022

El Comando Sur y su extensión establecida en Honduras, llamado Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTC-Bravo), también se encuentran realizando un conjunto de ejercicio de “respuesta a desastres naturales” en Belice del 7 al 21 de enero.

JTF-Bravo, es una unidad del Comando Sur establecida en la base en la Base Aérea Soto Cano, Honduras. Desde este complejo han desplegado diversas acciones en América Latina y en contextos de guerra como las de Afganistán e Irak.

En ejercicio para “asistencia humanitaria” y el socorro en casos de desastre, realizado en Belice, se impartió capacitación para el uso de helicópteros CH-47 y UH-60, con el objetivo de “responder rápidamente con sus capacidades únicas de transporte aéreo y para salvar vidas y mitigar el sufrimiento inmediatamente después de los desastres naturales”, destacan los mando del Comando Sur. Desde que se declaró oficialmente la pandemia de la Covid-19, EEUU no ha distribuido vacunas para el coronavirus.

En estos ejercicios se impartió la capacitación para la supervivencia en la selva, “un ejercicio de asistencia humanitaria y de socorro en caso de desastres, diseñado para poner a prueba la capacidad de la FTC-Bravo de brindar asistencia a sus socios centroamericanos y validar sus capacidades”, afirma el Comando Sur.

Estrategia del Teatro es llamada la ruta que sigue los Estados Unidos en Latinoamérica, una estrategia lanzada en 2017 y proyectada hasta 2027. “Este plan es nuestro modelo para defender las vías de acceso del sur del continente americano hacia su interior y promueve la seguridad regional mediante la degradación de las amenazas por parte de las redes ilícitas transregionales y transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles), respuesta rápida a cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano) y creando relaciones para enfrentar desafíos globales”, señala el documento de la estrategia que en su momento fue presentado por el ex comandante, Kurt Walter Tidd.

Esta es la misma estrategia que sigue actualmente la comandante Laura Richardson, quien asumió el mando del Comando Sur a finales del año 2021. Bajo esta estrategia, también, en Guatemala, el pasado 11 de diciembre de 2021 la FTC- Bravo, desplegó aproximadamente 30 miembros para brindar atención médica y veterinaria a las poblaciones guatemaltecas.

Este lunes (10), aproximadamente a la 1pm, al menos 15 personas encapuchadas y armadas atacaron a una mujer, a tres niños y un adolescente, integrantes de las Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), establecidos en la comunidad autónoma 16 de febrero, en el municipio autónomo rebelde llamado Lucio Cabañas, en Chiapas.

Tras haber recibido la información, directo de la comunidad atacada, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) emitió una acción urgente donde denunció que las personas atacadas respondían a los nombres Hilaria Hernández Gómez, de 42 años, golpeada y obligada a salir de su casa mientras llevaba a su hijo Tomas López Hernández, de 3 años de edad. Los niños Jeremías López Hernández, de 10 años, y Julio Cesar López Hernández, de 6 años de edad, se quedaron en la casa. Además, fue atacado un adolecente de 15 años de edad, cuyo nombre se desconoce.

Por varias horas, la señora y los tres niños, quienes son sus hijos, se encontraban en calidad de desaparecidos. En una segunda acción urgente, la organización de derechos humanos Frayba comunicó que los integrantes de La Junta de Buen Gobierno del Caracol Patria Nueva, del mismo municipio rebelde, habían encontrado con vida a estas personas.

Durante el año 2021 Avispa Midia documentó más de una decena de ataques paramilitares hacia comunidades bases de apoyo del EZLN. Los ataques han sido con disparos de armas de uso exclusivo del ejercito, desapariciones, agresiones directas y verbales. También se registró la quema de una escuela y destrucción de cultivos o la restricción de la circulación.

Desde el levantamiento zapatista, el 1º de enero de 1994, no ha habido un reconocimiento, por parte de los diversos gobiernos, de la articulación de estos grupos paramilitares, por el contrario, se ha reducido a un conflicto inter étnico.

No obstante, tras la firma de paz entre el EZLN y el gobierno de México, diversos estudios académicos atañen la creación y entrenamiento de estos grupos al gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como una fase de la conocida guerra irregular o guerra de baja intensidad, incluida en la estrategia contrainsurgente que implementó el ejercito mexicano, conocido como Plan de Campaña Chiapas 94.

Tras el cambio de gobierno en México, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se han intensificado estos ataques y no ha habido una posición clara de este gobierno hacia estos grupos de corte paramilitar. Mientras tanto, las exigencias de la amplia red de solidaridad, nacional e internacional, es un “alto a la guerra”  #LosZapatistasNoEstanSolos y #ChiapasSinParamilitares.

El martes (4), el periódico El Sol de México publicó en su página de internet una foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres líderes del crimen organizado en ese estado.

En el contenido de la nota se señala que miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala  (FPDTA-MPT) habían declarado bajo anonimato que hubo una reunión, en enero de 2019, entre Blanco, Hugo Erik Flores, delegado federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y líderes del narco en la cual “se concluyó pedirle a Homero Figueroa ‘aplacar’ al líder de la resistencia contra la construcción de la termoeléctrica de La Huexca, Samir Flores”, dice la nota.

Un mes después, Samir Flores, miembro del FPDTA-MPT, fue asesinado.

En un comunicado publicado el miércoles (5), el FPDTA-MPT, por un lado, se deslinda de la declaración, “exigiendo al medio de comunicación no adjudicar información veraz o falsa a la organización cuando la misma no la declaró”.

Por otro, el Frente Popular declara que ve como “desfachatez y sin vergüenza que el asesinato de nuestro hermano Samir Flores recorre notas y narcomantas que denuncian la complicidad del gobernador de Morelos y Hugo Erik Flores con el crimen organizado para ‘quitarlo del camino’”.

Un día después de la publicación de la nota por El Sol de México, el miércoles (5), apareció una narcomanta en Oaxtepec donde amenazan a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores, diciendo que “‘soltarán los datos exactos de la muerte de Samir’” y de los favores que pidieron antes de la llegada de AMLO (Obrador) a Morelos”.

“La llegada de AMLO a Morelos” se refiere a un evento oficial realizado en el Estado, el 1 de octubre de 2021, en el cual el Obrador anunció que “ya va a operar a toda su capacidad esa planta”, refiriéndose a la operación de la termoeléctrica de Huexca, a la cual Flores se opuso en vida.

Un día antes de la visita, el Fiscal General del mismo estado, Uriel Carmona, informó sobre la detención del conocido como “Tamalaco” ocurrida en la ciudad de Cuautla, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Samir Flores.

En aquel momento los miembros del Frente de Pueblos manifestaron que la acción representaba un montaje y oportunismo, al mismo momento en que el gobierno federal anunció la operación de la termoeléctrica de Huexca.

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El FPDTA sostuvo que las investigaciones que condujeron a la captura del presunto responsable databan de abril del año 2019 cuando la Fiscalía habría identificado a los probables responsables del homicidio de Flores sin realizar su detención, por lo cual la organización cuestionó el hecho de que las autoridades demoraran más de dos años en emitir las órdenes de aprehensión.

Para el FPDTA esta actitud además demostraba la protección de las autoridades hacia  los homicidas. Así lo indicó uno de sus integrantes, Juan Carlos Flores Solís, en entrevista con medios nacionales: “Él (Fiscal) tenía a los asesinos de Samir en la cárcel. Sabía en donde estaban y ahora inventa que lo que acaba de detener, eso evidentemente es un mal actuar del fiscal, es un encubrimiento o es la fabricación de un chivo expiatorio”. Cabe destacar que el Tamalaco habría sido detenido, en septiembre del 2019, acusado de secuestro, robo y tráfico de drogas, pero fue liberado.

El abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, advirtió, en aquel momento, que el caso no se cerraba con la detención anunciada. Al contrario, la investigación continuaba para “deslindar la responsabilidad de quién o quienes ordenaron este asesinato y por qué lo hicieron en este contexto, en ese momento, justo cuando se celebraba, o se estaba convocando a una consulta para preguntarle a una parte de la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de la termoeléctrica”.

Narcos: secretaría del Terror del Estado

En el comunicado del pasado miércoles (5), el Frente de Pueblos sostuvo que el 24 de septiembre de 2020, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo en modo retador al Fiscal del Estado que él sabía quién había mandado matar a Samir, pero no lo decía por miedo. “Mientras el Fiscal del Estado está siendo investigado por vinculación con el crimen organizado a nivel federal; en Morelos, como en México, ya no se sabe si el gobierno, gobierna con el narco, o el narco gobierna al gobierno”.

El crimen organizado se ha convertido en la “Secretaría del Terror del Estado mexicano que gobierna nuestros estados e impone los megaproyectos por medio de estos crímenes. Y ahora que se dicen traicionados, comienzan al parecer, a denunciar sus sucios tratos”, evalúa el Frente de Pueblos.

El Frente de Pueblos hace un llamado. “Si queda algún grado de decencia en las instituciones de persecución judicial, deben investigar los posibles vínculos de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erik Flores y Uriel Carmona con el crimen organizado y el asesinato de nuestro hermano Samir Flores, deben llamarlos a declarar sobre todo lo denunciado en mantas y medios de comunicación”.

Fotos: Aldo Santiago

El pueblo Munduruku que vive en el curso medio y alto del río Tapajós, un largo y caudaloso río amazónico en Brasil, y los pueblos Kayapó y Kumaruara se reunieron entre los días 18 y 20 de diciembre de 2021, en asamblea general, para discutir la situación de la demarcación (reconocimiento legal) de sus territorios y los frenos puestos por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien busca reactivar megaproyectos de hidrovías, ferrovías, puertos, minería y hidroeléctricas en la cuenca del Tapajós.

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Uno de estos proyectos es la hidroeléctrica São Luiz do Tapajós, que impacta directamente la Tierra Indígena Sawre Muybu, todavía en proceso de demarcación. El territorio del pueblo Munduruku está dividido administrativamente en distintas tierras indígenas, demarcadas por el Estado brasileño.

“En toda la cuenca del río existen marcas de nuestros ancestros y está llena de sitios importantes para nuestra existencia como pueblo. Sin embargo, el gobierno y las empresas no dejan de sorprendernos. Quieren destruir nuestro territorio y la vida del pueblo Munduruku”, sostienen los indígenas en una carta, resultado de la asamblea general.

Específicamente, la demarcación del territorio Sawre Muybu ya estaba a punto de seguir para su fase final, sin embargo, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, quien mantiene vinculación histórica con latifundiarios, pidió una revisión echando para bajo el proceso. “Bolsonaro fue elegido con la promesa de que no demarcaría un centímetro de tierra indígena y lo está cumpliendo”, afirman en la carta.

Los indígenas denuncian que territorios que ya fueron homologados también están amenazados. El gobierno federal busca, por ejemplo, reducir parte de la Tierra Indígena Kayabi, localizada en el estado de Mato Grosso. Hubo una decisión judicial para suspender su registro en notaría pública. En esta región existen sitios sagrados localizados en el río Teles Pires  – como Karobixexe y Dekoka’a – que ya fueron destruidos por dos hidroeléctricas.

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Mientras la demarcación de la tierra indígena Sawre Ba’pim está desde hace diez años en el proceso inicial, los indígenas denuncian que los territorios demarcados Terras Munduruku y Sai Cinza continúan siendo invadidos por la extracción de minerales, que provocan la destrucción de los ríos y bosques, enfermedades y violencia.

Los indígenas, en su carta, sostienen que no van a esperar más, “ya hicimos la autodemarcación en las Tierras Indígenas Sawre Muybu y sabemos como accionar cuando el Estado no cumple su papel”.