[:es]Por Jasmin Hristov y Karen Spring

⇓ÚLTIMA PARTE⇓

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Leer la 4ta Parte de esta serie ⇒ Honduras: El paramilitarismo en el sector energético y el turismo

Parte V

Paramilitarismo contra Estudiantes, Periodistas, Abogados y Defensores/as de Derechos Humanos

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos / independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, 74 abogados y 25 periodistas fueron asesinados (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanecen impunes.

“Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iban avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar”, cuenta un miembro de la Plataforma Agraria

“Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía la legalidad, pero también fue sobornado… Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la cooperativa San Isidro, en el caso de la cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron”, de acuerdo con los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria. Junto al asesinato de abogados, entre 2001 y 2018, fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el ejército; los estudiantes han sido golpeados, asesinados y encarcelados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21.000 estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018).

Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran esta modalidad.

En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolecente de quince años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato.

“Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar”, comparte Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras. El niño finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018 tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (La Prensa, 2018).

A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (C-Libre, 2018). También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018).

ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (La Prensa, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar.

Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de la víctima y en uno de los arrestos anteriores del estudiante por cargos de drogas.

En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía frente a la universidad (El Tiempo, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la vía frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre.

Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración de la universidad para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.

Grupos Paramilitares Emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Podemos caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son / fueron parte de la Plataforma Agraria.

El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Este grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del movimiento campesino Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el movimiento campesino Gregorio Chávez.

Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados al movimiento campesino, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el ‘cementerio clandestino’. En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma era un ex-guardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del movimiento campesino, estableció el control de una zona considerable de la plantación.

Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres portando armas como AK47 y R-15 y vistiendo chalecos antibalas, “ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato”, según los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras.

La comunidad ha denunciado todos los casos a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). “En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados a proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección”, según líderes movimiento campesino Gregorio Chávez. Además, señala este movimiento que, “el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, campesinos contra campesinos”.

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el ex-militar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos ex-miembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA).

Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de este grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En este contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos.

Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga de Los Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, ex presidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (Criterio, 2019a).

Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es pro-capitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada.

También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales, y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos inter-institucionales (compuestos por policiales y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el Banco Mundial. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no solo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Esto último debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos observamos la misma tendencia en la que no solo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte.

Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su “desaparición” y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica en relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas – los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos – se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones pro-capitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro.

La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas, es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos.

Esto es lo que dijo el Sr. Hugo Maldonado, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuando se le pidió que comentara sobre el secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: “No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. … Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la mara, así que eso puede que tenga algo que ver”, dijo en entrevista el Sr. Hugo Maldonado de CODEH.

De igual manera, el señor Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que “la violencia en el Bajo Aguán no es política sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales”.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales a través de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de estos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o ex-militares.

Estos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más:

1-crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento; 2– justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados; y 3– refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno “campesinos contra campesinos”, eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Este fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por ´señores de la guerra´ como producto de un Estado débil, si no que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia.

El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.[:]

[:es]

Ir a descargar

— Rompiendo Fronteras
CHILE: Continua la represión y la brutalidad policiaca. Asesina policia a artesano y malabarista Francisco Andrés Martínez Romero en ciudad de Panguipulli, otro joven Camilo Miyaki aparece muerto en comisaria policial. Decenas de protestas en todo el territorio. Elpueche, Radio Kurruf, Radio PLaza Dignidad, Primera Linea
ARGENTINA: Crean refugio contra la violencia machista para las trabajadoras de la tierra por la UTT. Crece la protesta contra la mineria contaminante y medicos exigen pago de salarios atrasados desde hace meses. Página 12, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano
SIRIA. Israel continua bombardeando Siria.
PALESTINA: Grandes movilizaciones repudiando los recientes asesinatos y torturas a niños y adolescentes palestinos por parte de la policía Israelí, la marcha fue violentamente reprimida.
MUNDO: 6 de febrero Día mundial contra la mutilación genital femenina. Solo en 2021, 4,16 millones de niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina.

—Desde el ombligo del monstruo.
MEXICO MUJERES: Sobre la detencion del exgobernador de Puebla Mario Marin por el caso de la periodista y activista exiliada Lydia Cacho.
Informe de de la Red Feminista Quintanarrroense sobre agresiones a las mujeres. Cumplen mas de 60 dias de la toma de la Congresa.
LUCHA POR LA VIDA: Represión policiaca a rodadas de Viernes de Furia en CdMx e Invitación a Rodada a Huexca Morelos en defensa del Agua.
CDMX: Movilizaciones de familiares de desaparecidos y familiares de victimas de la Guarderia ABC, reclaman atención y son reprimidos. Desinformemonos
CARACOLES ZAPATISTAS CHIAPAS: Se instala grupo agresor en tierras recuperadas, las bases de apoyo del EZLN deciden no realizar sus siembras ante el riesgo de violencia. Informe de la comisión de observación.

Música:
Los borbones son unos ladrones – Varios artistas
Primera Linea – Radio Liberacion
Pablo Hasel – Nuestras libertades

 [:]

[:es]

[:]

[:es]

El día de hoy 6 de febrero del 2021 es un día de alegría y de jolgorio, decenas de hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes han salido a defender la madre tierra, el agua, los humedales y la vida.

Han vencido al miedo de los violentos y sus grupos de choque y han hablado en esta peregrinación de paz, diálogo y encuentro con la ciudad y los pueblos originarios.

Los jóvenes, niñas, niños, mujeres, hombres y estudiantes han hablado de preservar la vida, las plantas, animales y las fuerzas de la naturaleza que se manifiestan en los humedales de montaña María Eugenia.

El día de hoy sábado 6 de febrero venimos caminando hombres y mujeres dignos de los cuatro puntos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero también venimos de los Altos, Norte y Selva Zoque de Chiapas, pero también de más lejos de las chinampas de Xochimilco, de la gran Ciudad de México y de sus palacios, lugar en la que nuestra voz retumba y esperemos sea escuchada, y se salve la vida y los humedales de montaña del valle de Jobel.

El día de hoy le pedimos a los gobiernos, que estén al nivel de lo que la historia les reclama, sabemos que es fácil caer en tentaciones, vender el agua por unas monedas, pero con qué cara podrán los funcionarios ver a los ojos a sus hijos y sus nietos, si vendieron y traicionaron su futuro .. les pedimos que no lo hagan, en la deshonra y en la traición no hay camino, no hay luz, no hay vida .. la vergüenza es estar muerto .

Le pedimos a los funcionarios honestos del gobierno municipal, estatal y federal a que den con nosotrxs la lucha por la vida, el agua, y los humedales.. a qué evidencien, denuncien y entreguen pruebas de los funcionarios corruptos que están vendiendo el futuro de los chiapanecos …

Sabemos que somos miles de pobladores de este Valle que estamos luchando por los humedales .: que no estamos solos.. que los maestros, los jóvenes, niños, estudiantes y mujeres están luchando a nuestro lado ..les agradecemos su apoyo y les damos las gracias por esto y por lo que vendrá en la defensa de la madre tierra.

Los humedales y el agua son más que diez, veinte, treinta votos, la aritmética no cuadra, no se puede dejar sin el preciado líquido a más de 50 mil pobladores del valle de Jobel por cumplir los caprichos de 100 personas que los tranzaron y les vendieron terrenos en humedales … es un crimen de lesa humanidad .. es un atentado contra la naturaleza, nuestra casa común y es un suicidio como sociedad y humanidad.

Por lo tanto llamamos al pueblo de San Cristóbal a estar preparados, e impedir cualquier relleno en la Zona de humedales. Y sobre todo a garantizar el derecho humano al agua y la vida para las futuras generaciones para más de 250 mil habitantes del valle de Jobel.

!Los humedales se aman y se defienden! !La madre tierra no se vende!

! Agua para todos, Agua para la vida!

Representantes de los cuatro puntos de la ciudad, estudiantes, jóvenes, niñas, niños, abuelas, abuelos, mujeres, hombres, académicos, defensorxs de Derechos Humanos, pueblos originarios, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y la Red Ambiental del Valle de Jobel.

Leer el comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas:

NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.

[:]

[:es]Frente a los ataques y la barbarie de los últimos años contra las Bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), se ha desplazado una caravana de solidaridad a la Comunidad de Nuevo San Gregorio formada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con el objetivo de acompañar los trabajos del campo de la comunidad esenciales para sus supervivencia, así como de documentar todas las vulneraciones de derechos humanos y ataques a la comunidad.

En el día de ayer, la Caravana denunció la invasión de la zona de trabajo por parte de un grupo hostil. En la denuncia manifiestan cómo “se documentó la presencia del grupo invasor en los trabajaderos, por lo cual las BAEZLN decidieron suspender la siembra de maíz y frijol que se tenía planeada. Esta nueva invasión, además de obstaculizar el trabajo en el campo, actividad fundamental para la supervivencia de las familias, también impide que se le pueda dar alimento a los animales y el regreso de las BAEZLN a sus casas, ya que tienen que cruzar por el espacio en donde se instaló el grupo invasor”.

La invasión constituye una nueva agresión a la autonomía alimentaria y el derecho a la tierra, tal y como señala la caravana, “Estos son los mismos mecanismos de invasión que se vienen utilizando desde el mes de noviembre del 2019 por parte del grupo invasor, y es una de las razones de la presencia de la Caravana de Solidaridad. Las y los pobladores de la comunidad de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo de Lucio Cabañas, identificaron entre el grupo invasor a las siguientes personas; del poblado de San Gregorio Las Casas: Nicolás Pérez Pérez, Sebastián Bolom Ara, Pedro Hernández Gómez, Alejandro Pérez Huet, Nicolás Moshán Huet y Sebastián Ara Moshán. Del Duraznal: Javier Gómez Pérez, Manuela Moshán Huacash, Miguel Gómez Méndez y Pedro Pérez Pérez. De Rancho Alegre a Felípe Enríquez Gómez y de San Andrés Puerto

Rico a Miguel Moshán Huey y Manuel Moshán Moshán”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reitera su apoyo a las Bases de apoyo del EZLN y exige el fin de los hostigamientos por parte de las y los invasores. Del mismo modo, sirva el presente comunicado público como denuncia frente a la Embajada de México en Madrid, a quien se lo hacemos llegar, exigiendo que se tenga en cuenta y responsabilice a los malos Gobiernos en sus tres niveles de gestión del mantenimiento de la inseguridad en Chiapas.

El próximo día 20 de febrero se cumplirán dos años del asesinato de Samir Flores Soberanes, Integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso Nacional Indígena​ y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko. Hasta la fecha ni los malos gobiernos ni sus administradores de in-justicia han identificado a los asesinos. Desde CGT ni perdonamos ni olvidamos, y anticipamos que los ataques a las comunidades zapatistas y a las Bases de apoyo al EZLN no nos resultan ni ajenas ni lejanas. Exigimos el fin de la violencia contra las Comunidades y Bases de apoyo zapatistas.

¡Viva la autonomía zapatista!

¡Viva el EZLN, sus Bases de Apoyo y Comunidades autónomas!

¡Ninguna agresión sin respuesta!

¡Samir vive!

[:]

[:es]La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

[:]

[:es]

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
A 3 de febrero del 2021.

A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del E.Z.L.N.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
Al Congreso Nacional Indígena.
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
A la sociedad civil organizada.

El día 1 de febrero del 2021, mientras la Caravana de Solidaridad realizaba su trabajo de acompañamiento a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de la comunidad de Nuevo San Gregorio, se documentó la presencia del grupo invasor en los trabajaderos, por lo cual las BAEZLN decidieron suspender la siembra de maíz y frijol que se tenía planeada.

Esta nueva invasión, además de obstaculizar el trabajo en el campo, actividad fundamental para la supervivencia de las familias, también impide que se le pueda dar alimento a los animales y el regreso de las BAEZLN  a sus casas, ya que tienen que cruzar por el espacio en donde se instaló el grupo invasor.

Como caravana de Solidaridad, consideramos que esta acción es una agresión a la autonomía alimentaria y el derecho a la tierra. Estos son los mismos mecanismos de invasión que se vienen utilizando desde el mes de noviembre del 2019 [1] por parte del grupo invasor, y es una de las razones de la presencia de la Caravana de Solidaridad.

Las y los pobladores de la comunidad de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo de Lucio Cabañas, identificaron entre el grupo invasor a las siguientes personas; del poblado de San Gregorio Las Casas: Nicolás Pérez Pérez, Sebastián Bolom Ara, Pedro Hernández Gómez, Alejandro Pérez Huet, Nicolás Moshán Huet y Sebastián Ara Moshán. Del Duraznal: Javier Gómez Pérez, Manuela Moshán Huacash, Miguel Gómez Méndez y Pedro Pérez Pérez. De Rancho Alegre a Felípe Enríquez Gómez y de San Andrés Puerto Rico a Miguel Moshán Huey y Manuel Moshán Moshán.

Como lo hemos mencionado anteriormente, esta caravana de solidaridad está integrada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, reafirmamos que nuestra misión es la solidaridad con las BAEZLN, y la documentación como parte del trabajo pacífico que venimos haciendo para que se respeten los derechos humanos de las BAEZLN. En cada salida de esta caravana se ha contado con el acompañamiento y observación de derechos humanos de el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), para garantizar también nuestra integridad y respeto a nuestros derechos humanos.

Les pedimos estar atentas y atentos, difundir los sucesos  y hacer un llamado a las instancias correspondientes.

Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs.
Lumaltik Herriak.
Médicos del Mundo, Suiza-México.
Memoria Viva.
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).
BIZILUR.
TxiapasEKIN Plataforma.
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.[:]

[:es]

Por: Feliciana Herrera

Las Autoridades Indígenas del pueblo Ixil de Nebaj manifestaron este día que, aunque ven con buenos ojos cualquier tipo de apoyo que sirva para el beneficio de las comunidades, recalcaron que es importante que el Estado se enfoque en acciones estructurales que cambien las condiciones de fondo que hacen migrar a la población, entre ellas la corrupción. Las declaraciones fueron hechas a propósito de un programa impulsado por la agencia de cooperación de EE. UU y un grupo de empresas privadas.

Este martes fue inaugurado en Nebaj un proyecto educativo y técnico denominado Alianza por la Educación, del Proyecto Puentes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y otras nueve organizaciones, entre ellas Fundación Tigo, que buscan capacitar a 150 jóvenes en el uso del programa de computación Excell, para evitar la migración o para lograr su reinserción laboral luego de una deportación.

El alcalde municipal de Nebaj, Virgilio Jerónimo Bernal, recibió a Mario López vicepresidente de la Fundación Tigo, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Pop y a la ministra Claudia Ruiz del Ministerio de Educación.

Miguel De León, autoridad comunal, manifestó que las autoridades indígenas ixiles se enteraron del evento a través de los medios de comunicación y desconocían mayores detalles del proyecto. “La migración no es porque las personas quieran, es porque no hay empleo ni políticas públicas que vayan dirigidas a resolver las problemáticas como la falta de educación”.

La autoridad añadió que las personas que han migrado a Estados Unidos, principalmente, no ven otra salida a la falta de atención de parte del gobierno. “Eso no se puede solucionar con programas pequeños, se necesitan soluciones grandes y estructurales desde el Estado, y claro que los países amigos puedan contribuir”, indicó.

Otra de las preocupaciones de las autoridades indígenas refiere a que la ministra de educación presente “como un gran proyecto la atención a 150 jóvenes, cuando somos unos 100 mil habitantes. No está malo apoyar a los beneficiarios, pero no es suficiente”, insistió De León.

Para las autoridades indígenas es impostergable que se erradique la corrupción para poder abordar el desarrollo del país. “En un país donde existan corruptos, donde exista la impunidad y donde la justicia no funciona, nada se va a solucionar y los más golpeados seguiremos siendo los que siempre quedamos excluidos”, puntualizó De León.

Capacitación técnica

A través del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) los jóvenes que han participado en este programa recibieron capacitación en elaboración de “antojitos guatemaltecos” y cursos de computación.

Para el caso de Nebaj recibirán capacitación en Excell y Fundación Tigo aportará internet móvil a la vivienda de los beneficiarios y computadoras.

[:]

[:es]Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Lea aquí la 1ra parte de este Especial ⇒ Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

Parte IV

Paramilitar en el Sector Energético

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras (COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá.

El COPINH fue co-fundada por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).

El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato.

El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017).

A nivel comunitario, DESA colaboró ​​con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento.

En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana”, Cuentan los miembros de MILPA.

Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables “amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación” durante sus años de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas” (Soto García, 2016).

En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015).

Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.[:]

[:es]

[:]