^{En portada: Aspectos de la mina de oro en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde la actividad a cielo abierto se realiza a escasos metros de la comunidad, lo que orillo el desplazamiento de cientos de familias. Foto: Aldo Santiago}

El pasado 20 de abril se hicieron públicas las más recientes reformas a la ley Minera en México, las cuales se centraron en colocar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio para ser realizada de manera exclusiva por el Estado.

En un contexto de disputa entre la inversión privada y estatal por el aprovechamiento del mineral, la discusión para cambiar la ley minera dejó a un lado los daños sociales y ambientales de dicha industria que han sido denunciados por organizaciones como la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

“La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país”, enfatiza la REMA mediante comunicado difundido este viernes (29).

En México, actualmente existen más de 24 mil concesiones vigentes para la extracción minera, las cuales cubren una superficie de más de 17 millones de hectáreas y pese al discurso oficial de no otorgar más concesiones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha continuado con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.

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De acuerdo a la REMA, sólo en los últimos tres meses de este 2022, el valor del litio se ha incrementado en un 250%. Esto se debe a que este mineral es considerado fundamental para la denominada transición energética.

“Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación”, remarca la red en el documento.

Reforma

Pese a la propaganda oficial, la REMA asegura que con la reforma a la ley minera aún existe la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para la explotación del litio se pueda asociar con capitales privados, tanto nacionales como extranjeros.

“Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado”, advierte la red.

A esto, se suma la preocupación por el anuncio del Servicio Geológico Mexicano (SGM) que llevará a cabo trabajos de prospección para identificar posibles yacimientos de litio en 82 localidades de 18 estados de la república: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas.

“¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya”, cuestiona la REMA.

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También, la red añade que existe el riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, con el pretexto de “utilidad pública” y bajo el discurso de la soberanía energética nacional.

Estrés hídrico

Según la REMA, en los estados donde el SGM llevará cabo los trabajos de prospección para extraer litio ya sufren estrés hídrico, así como problemas de escasez y contaminación del agua.

Por ello, enfatizan su preocupación frente a la explotación del mineral, dado que uno de los principales impactos denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos en Sudamérica es la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación, ligado a la extracción de litio en salares o salmueras.

“Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada ‘minería del agua’. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que ‘Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular’”, detalla REMA.

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Otra de las consecuencias de la extracción del litio, son las graves modificaciones sobre los flujos de aguas subterráneas. “¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta ‘en favor del pueblo mexicano’ cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?”, cuestiona la red.

Demandas

Aunque el discurso oficial menciona que se cancelaran los permisos para privados en la explotación del litio, la REMA aclara que esto no es sencillo, pues existen mecanismos para que las empresas recurran a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, mediante los cuales pueden exigir una indemnización por la cancelación de sus proyectos en México.

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Un ejemplo de esto es el caso del proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio, “y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio”, remarca REMA.

“Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs). Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional”, afirma el comunicado.

^{En portada: Instalaciones de la mina de níquel en El Estor, Izabal}

Un grupo de periodistas y académicos, dentro y fuera de Guatemala, han investigado las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal.

Desde el año de 2017 se ha documentado el asesinato de un pescador a manos de la Policía Nacional Civil (PNC), la criminalización de líderes, autoridades ancestrales y periodistas maya Q’eqchi’.

Cuatro años después se cubrió la imposición de una consulta con la complicidad del Estado, sobre todo durante las presidencias de Jimmy Morales y Alejandro Gimmattei, para que la mina operara ilegalmente cuando tenía que estar clausurada tras la resolución de la máxima corte constitucional, la cual ordenó su cierre por no haber consultado a las comunidades afectadas y por funcionar, durante 22 años, sin los estudios ambientales correspondientes.

En el contexto de la colaboración de periodistas de 20 medios internacionales en The Store Project, Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir los trabajos de investigación que develan los secretos más oscuros de la mina.

A continuación, puedes consultar los reportajes que revelan el pago de apoyos constantes a la PNC para garantizar su colaboración en el desalojo de comunidades Q’eqchi’ de tierras apetecidas por la mina; el uso de tácticas de espionaje y vigilancia para criminalizar a líderes indígenas y a periodistas locales críticos de la actividad minera; el ocultamiento de la contaminación ambiental, sobornos y la tolerancia del Estado de Guatemala a las irregularidades de la empresa ruso-suiza.

Гватемала: Guatemala se escribe en ruso

El gobierno de Guatemala ha permitido la operación ilegal de la mina de níquel en El Estor, Izabal.

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La mina espía y criminaliza para controlar El Estor

Dos militares guatemaltecos implementan tácticas de inteligencia en contra de quienes se oponen a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicada en El Estor, Izabal.

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Guatemala: La versión caribeña de una red criminal entre rusos, suizos y chapines

La minera de níquel opera violando leyes, produciendo contaminación y atropellando a las personas que se declaren en oposición.

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Гватемала: los señores del polvo rojo y los señores del polvo blanco

La mina también se relacionó con el cartel de Los Mendoza, uno de los más grandes y violentos de Guatemala. Documentos prueban que la compañía otorgó al menos 7 contratos a una de las empresas del clan.

Consulta el reportaje completo

^{Foto de portada: Santiago Navarro F.}

Durante casi una semana, diversos medios comunitarios, alternativos e independientes han compartido reflexiones sobre el quehacer periodístico en la actualidad. Han resaltado las condiciones adversas de cada país, que van desde agresiones y amenazas directas, robo de equipo, persecución y hasta el asesinato. Una labor que se realiza, en la mayoría de los casos, con recursos mínimos, pero destaca el ejercicio de una autonomía en las líneas editoriales y formatos que se usan.

Bajo estas condiciones, la vulnerabilidad de lxs periodistas es más drástica cuando se es mujer, trans, lesbiana, disidente sexual. Durante el encuentro continental “Mujeres, territorios y libertad de expresión”, realizado entre los días 25 al 29 de abril, en Guatemala, han participado periodistas indígenas y urbanos de estas disidencias que han compartido su palabra con colegas de diferentes partes de América Latina.

En este evento ha participado delegaciones de 11 países: Brasil, Colombia, Bolivia, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y el País Vasco. A continuación, presentamos algunas voces recogidas de las disidencias sexuales en este evento.

^{Foto de portada: Manifestación de campesinos del Valle del Aguán para exigir alto a la violencia y represión.Octubre, 2021. René Estrada, CESPAD.}

En la región del Valle del Aguán se agudiza nuevamente la violencia. Apenas el pasado domingo (24), la presidenta Xiomara Castro declaró estado de excepción en el departamento de Colón, norte del país, tras el asesinato de tres policías.

De acuerdo a organizaciones, cooperativas y movimientos campesinos que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA), los elementos policiacos asesinados habrían respondido a agresiones contra un grupo campesino durante otro ataque ocurrido el 21 de abril.

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Aquel día, un grupo armado despojo a familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora. En comunicado, la Plataforma afirma que el grupo de hombres fuertemente armados, “manifestaron que su jefe Oscar Nájera ordeno llevar dicho desalojo ubicado en la comunidad de Cuacú del municipio de Santa Rosa de Aguán”, en referencia al ex diputado del Partido Nacional.

Nájera, diputado durante más de tres década, es un conocido socio comercial del cártel de la droga de “Los Cachiros” y fue acusado por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga de recibir sobornos a cambio de protección. También fue incluido en la lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica y Reino Unido lo sancionó por corrupción.

La Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora es una de las organizaciones que, el pasado 22 de febrero, firmaron un convenio con una Comisión Presidencial para investigar los conflictos por tierras en el Aguán.

Alerta

La Plataforma Agraria difundió la alerta de que la mas reciente ola de violencia se ha agravado “con una campaña pública por parte de supuestos productores de palma quienes en medios nacionales amenazan de atacar a comunidades campesinas quienes defienden sus legítimos derechos históricos y constitucionales”.

Coincidentemente, en este contexto también se dieron las declaraciones del ex diputado Nájera “y el Gobernador de Colón y a la vez alcalde de Tocoa, Adán Funes, en la cual prácticamente hacen un llamado a hacer uso de las armas en el departamento, solicitando así la derogación del decreto de desarme 117-2012”.

También manifestaron su preocupación acerca de que los asesinatos de los policías ocurrieron horas después del nombramiento de una comisión jurídica “que se encarga de revisar los reclamos históricos del sector campesino del Bajo Aguán contra el despojo ilegal de tierras de la reforma agraria”.

Según las organizaciones campesinas, el mas reciente despojo “fue realizado por grupos económicos que forman parte de las redes criminales que durante los últimos doce años han asaltado al Estado y el pueblo de Honduras”.

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A su vez, denunciaron que se mantiene impune la operación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “quienes atacan a comunidades campesinas y controlen fincas de palma africana de la reforma agraria”.  Acorde a los campesinos, los grupos criminales actúan en coordinación con empresarios de palma aceitera, así como con oficiales del ejército hondureño.

Boicot

La Plataforma Agraria y COPA también sostuvieron que existe la intención, por parte de terratenientes y agroindustriales palmeros, de boicotear los acuerdos firmados en el convenio de febrero pasado.

Según los campesinos, una de las acciones sería generar una crisis económica e interna en las familias campesinas mediante el cierre de la agroindustria en la región, en señal de protesta en contra de los campesinos.

“Sería algo fatal”, detalló Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, en referencia a la pretensión de cerrar la procesadora de aceite, pues son cientos de pequeños productores quienes dependen de la extractora para vender los frutos de la palma.

“Si los agroindustriales cierran las plantas extractoras, inmediatamente, procederemos al cultivo de granos básicos y hortalizas para desarrollar una verdadera soberanía alimentaria, con el fin de garantizar el retorno a la producción de alimentos en nuestra región del valle del Aguán”, afirmaron las organizaciones campesinas.

Por último, las organizaciones campesinas instaron a las autoridades a investigar los más 150 asesinatos de defensores de la tierra ocurridos en el marco del conflicto agrario que han quedado en impunidad durante los últimos doce años.

^{Foto de portada: Sociedad Civil Las Abejas de Acteal}

Para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal un juicio abreviado solo servirá para ocultar la liberación de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Simón Pedro Pérez López. Esta es su postura en referencia a la propuesta presentada por la defensa del acusado.

En la audiencia intermedia, realizada el pasado mes de marzo en el Centro de Reinserción para Sentenciados ‘El Amate’, el ofrecimiento de la defensa fue reducir la condena a homicidio simple, cuando en un principio fue considerado como homicidio calificado.

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Al mismo tiempo el juicio abreviado incriminaría de forma individualizada a su presunto asesino material, sin mencionar, dimensionar o entender el contexto en que sucedió el crimen del defensor de los derechos humanos tzotzil.

“El sistema penal debe incorporar el análisis de contexto para entender la dimensión de los asesinatos ocurridos en un marco de violencia generalizada. El asesinato de Simón Pedro no se entiende sin el contexto en el que él trabajaba”, expresaron Las Abejas mediante comunicado.

Simón Pedro fue presidente de la Sociedad Civil Las Abejas. Después continuó su camino en las comunidades, escuchando a quienes ahora lo recuerdan como un luchador contra las injusticias y por la verdad, “eso fue su pecado”.

Los sobrevivientes de la Masacre de Acteal exigieron que se lleve a cabo un juicio cabal, con todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables materiales e intelectuales del homicidio de Simón Pedro el 5 de julio de 2021.

Otras luchas

Las Abejas se solidarizaron con los tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón por la represión que enfrentaron con la imposición de un cartel de la Guardia Nacional que provocó la detención José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, “para torturarlos y meter miedo”.

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La demanda es que se reconozca la inocencia de los acusados, las violaciones a los derechos humanos y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación en la zona tzeltal de Bachajón-Chilón.

Además, la Sociedad Civil se pronunció por la paz entre Aldama y Chenalhó, pero llamó a los representantes de este último municipio a respetar los acuerdos firmados con anterioridad.  A nivel nacional, Las Abejas respaldaron la lucha de las organizaciones que recorrieron nueve estados del país en la Caravana por el Agua y la Vida, “nos están mostrando cómo fuera de Chiapas también hay muchos pueblos sembrando la semilla de la vida, defendiendo la tierra y su salud del despojo y la depredación capitalista”.

Voces de pueblos y organizaciones de la península de Yucatán expusieron las irregularidades y afectaciones que ya se evidencian con la construcción de los tramos del denominado “tren maya”.

A la cuestión ambiental, se añaden problemas sociales como el desalojo de familias; el engaño y la simulación de consultas a las comunidades; firma de convenios irregulares que derivan en extorsiones y fraudes contra ejidatarios; hostigamientos y condicionamiento a programas sociales, todo en un contexto de creciente militarización de la península.

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Estas y otras problemáticas fueron expuestas en el foro “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, realizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.

Desde Campeche participaron Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega. A su vez, desde Yucatán participó Wilma Esquivel Pat, del Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on en Quintana Roo.

Engaños

María Hernández, ejidataria del ejido Don Samuel, detalló cómo, mediante engaños, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) validó reuniones para simular la consulta a las comunidades, quienes a pesar que desde 2019 exigen información clara y detallada sobre el megaproyecto, aún no se les ha compartido.

En un principio, compartió Hernández, Fonatur realizó un diagnóstico político para extraer información sobre los grupos, organizaciones y lideres de los ejidos y para diciembre del 2019, el ejido Don Samuel fue elegido como sede para las asambleas regionales que permitiría la votación para la aprobación del tren.

Hernández explicó que en aquel momento solo se habló de desarrollo y generación de empleos, argumentos con los cuales consiguieron convencer a la gente para dar su voto a favor del tren. No obstante, aún recuerda la preocupación entre los ejidatarios en el momento que se abordó la creación de nuevos núcleos urbanos mediante los denominados Fideicomisos para infraestructura y Bienes Raíces (Fibra).

La idea tras Fibra, como promocionaba en aquel entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, era que “no se venda la tierra, sino que se rente la tierra, sobre todo a los desarrolladores” con el objetivo de permitir la construcción de complejos para vivienda, espacios comerciales y públicos, que podrían elevar el valor de la tierra.

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Hernández no fue la única a quien el tema de Fibra le resonó y cuestionó porqué negociar con empresas extranjeras y “no se creaba empresas sociales, porque lo que queremos es que desde las comunidades se de este cambio, de mejorar la situación económica, de mejorar nuestros ingresos, de tener más escuelas, mejor área de salud”.

La ejidataria enfatizó que aún cuando solicitaron la información mediante documento firmado por las autoridades, hasta la fecha aún no han obtenido ninguna respuesta sobre los fideicomisos.

“Se dio por realizada la consulta este día, sin que supiéramos que era una consulta indígena. No se habló de ningún impacto, se habló simplemente del desarrollo”, reclamó María Hernández por la manera en que las autoridades simularon la consulta para obtener la aprobación del megaproyecto.

Por su parte, Sara López remarcó que, de origen, el proyecto estuvo mal planificado, “pues no se consultó a los habitantes de las comunidades si lo querían o no, y de ser así ¿qué beneficios tendría para la comunidad?”, cuestionó por el incumplimiento del carácter libre, previo e informado de la consulta.

Desalojos

Un ejemplo del atropello contra las comunidades es el desalojo de familias en Campeche, quien de acuerdo a Sara López llevan seis meses sin casa pese a que el gobierno les prometió una vivienda. “Nos da una rabia e impotencia al ver como las máquinas destruyen el patrimonio de las personas, lo que con muchos esfuerzos lograron tener”, lamenta.

María Hernández remarccó el problema de que a las personas que vivían al lado de la vía siempre les llamaron invasores, “aunque tuvieron 30 años viviendo ahí, en el caso de (ejido) Samuel no hubo la opción de reubicación, estoy hablando de 19 mil, 20 mil personas”.

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Pese a las denuncias por los desalojos, Hernández señaló que las familias que reclaman han sido criminalizadas y amenazadas por grupos de choque, “nosotros hemos estado con muchos daños, desde lo moral, lo patrimonial”, subrayó en torno a los perjuicios.

Otro de los problemas es que viviendas que se localizan en las proximidades de las obras ya están presentando agrietamientos. Se trata de casas a 30 metros de distancia, las cuales están siendo afectadas debido a la vibración, así como la contaminación por el ruido, cuestión que nadie contempló pero que está perjudicando a los pobladores.

Extorsión

Otro de los problemas expuestos es el fraude realizado por la empresa Barrentos y Asociados, quien extorsionó a los ejidatarios para conseguir el derecho de vía para el proyecto del “tren maya”.

“En 2020, se presenta esta empresa, que es encargada de liberación de vía, y también entra la pandemia. En este periodo no se llevan a cabo asambleas representativas. Estuvo en esta asamblea y se da votación con 45 ejidatarios, somos alrededor de 210. Se vota el cambio de uso de suelo”, contextualiza María Hernández del ejido Don Samuel.

Otro problema fue que la empresa consiguió que los ejidatarios firmaran documentos sin entregar copias en la comunidad. “No supieron realmente lo que firmaron en este momento, no tienen copias – eran los convenios de ocupación previa a título gratuito. No les dejaron leer y no les dieron copia”, denuncia Hernández.

Para mayo del 2020, la empresa traslado a las autoridades ejidales al Palacio de Gobierno del estado de Campeche para repartir dinero que en teoría estaba destinado a los ejidatarios, para luego exigir una parte del pago en efectivo.

Como documentó Avispa Midia en junio de 2021, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados operó en las comunidades estuvo plagado de vicios y se cometieron irregularidades y actos de corrupción.

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Hernández compartió que fue en ese momento cuando las comunidades se organizaron y formaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, desde donde han señalado los hostigamientos y condicionamientos de los programas públicos.

Los comisariados, por ejemplo, han estado en total sometimiento al Estado, sostiene Henández, pues acuden solos a reuniones con funcionarios federales cuando deberían estar acompañados por los núcleos ejidales. Por ello, “ya no se confía en las instancias federales”, remarca la ejidataria.

Militarización

Sara López externó su preocupación por el incremento de militares en toda la península. “Vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional como forma de control, para “meter miedo y terror a los pueblos”.

Ángel Sulub también abordó el tema, al referir que la Península de Yucatán se ha “militarizado”, con el pretexto de la seguridad, pero principalmente para disuadir la resistencia de las  comunidades indígenas ante la construcción del tren.

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Sulub compartió que el Ejército ha sido comisionado para construir el polémico Tramo 5, que va de Cancún hacia Tulum. Dicho trazo atraviesa un sistema de cenotes en medio de un suelo frágil, “no adecuado para soportar el peso de trenes pesados para el transporte de turistas, mercancías e hidrocarburos”, como mencionan cientos de científicos mediante carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de abril.

Además, los militares también tienen a su cargo las obras del tramo 6 y 7, desde Tulum hasta Escárcega. “Su presencia no obedece a la paz o a la seguridad, sino de cuidar y proteger los intereses de los inversionistas y de los gobiernos detrás del tren”, sostuvo Sulub.

Wilma Esquivel destacó lo documentado sobre las consecuencias contra las mujeres en zonas militarizadas. “Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, compartió además de cuestionar cómo será el futuro de la población local en términos de garantizar acceso a recursos como el agua ante el incremento turístico y urbano que vendrá con el tren.

María Hernández recordó que la militarización viene desde los procesos de consulta, pues en las asambleas llegaban con elementos de la Guardia Nacional. “No te están poniendo las armas directamente, pero estás ahí mirando las armas, hay una intimidación de alguna forma. Preguntábamos que hace el ejercito aquí, de que es que Fonatur tiene que cuidarse, si nosotros no tenemos armas, no agredimos nada. Nosotros somos agricultores, vivimos de apicultura, de la ganadería”, contrastó sobre el actuar de las autoridades.

^{En portada: Una de las alertas más importantes que han hecho los pueblos en las movilizaciones es que el proyecto de ley 191 permitirá la explotación minera en territorio indígena.}

Este lunes (26), un tribunal federal confirmó la suspensión de la licencia ambiental para lo que sería la mayor mina de oro a cielo abierto en la selva amazónica en Brasil, un proyecto de la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp.

En una votación de 3-0, el tribunal mantuvo su sentencia anterior. Como lo hizo en 2017, la empresa minera había apelado la sentencia la cual consideró que la consulta de la empresa con los pueblos indígenas locales y el estudio sobre los impactos socioambientales del proyecto no cumplían los criterios exigidos por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

Volta Grande es el nombre de la mina que se mantiene suspendida y que pretende operar a orillas del río Xingu, en el estado de Pará. El proyecto abarca 2,400 hectáreas para extraer oro, a solo 20 kilómetros de distancia de la central hidroeléctrica de Belo Monte.

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El cauce del río Xingu ya fue alterado por la construcción de Belo Monte hace más de una década. A la reducción de su caudal y la afectación a la reproducción de los peces, ahora los pueblos Xipaya y Kuruaya, amenazados por el proyecto Volta Grande, temen el envenenamiento de las aguas y tierras.

“Mi comunidad no fue consultada sobre el proyecto de Belo Sun”, sostuvo Lorena Curuaia, líder de la aldea Iawa. “Belo Monte ya ha tenido un gran impacto en el Xingu. Un segundo proyecto podría significar la muerte de los pueblos locales”.

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Por su parte, Belo Sun ha argumentado que, pese a que la comunidad más cercana está a más de 10 km de distancia, ya consultó a los pueblos indígenas.

Tal como durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica, los pueblos dicen que no fueron consultados sobre el nuevo emprendimiento minero, denuncia que es corroborada por el Ministerio Público Federal (MPF).

Dicho organismo afirma que la empresa sólo tuvo en cuenta las áreas oficialmente demarcadas, y que las comunidades indígenas que se encuentran fuera de estos lugares también deberían ser tomadas en cuenta.

Lorena Curuaia, de la comunidad Iawá, también se queja de que, después de ocho años, siguen siendo ignorados, pues fue desde 2014 cuando la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Semas) concedió a Belo Sun una licencia preliminar para el proyecto.

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Belo Sun puede apelar la decisión ante un tribunal superior. En el contexto de la posible aprobación del proyecto de ley 191/2020, que libera la actividad minera en territorios indígenas, las decisiones de tribunales pueden sentar un precedente para definir las normas sobre cómo deben realizarse las consultas con pueblos tradicionales.

^{por Prensa Comunitaria}

Periodistas de Guatemala, Bolivia, México, El Salvador, Honduras, Colombia, Brasil y Argentina conversarán durante una semana sobre los retos que implica en estos momentos de regresiones autoritarias en el continente ejercer el periodismo desde los territorios con enfoques comunitarios, feministas e indígenas.

Los periodistas se reunirán del 25 al 29 de abril en Guatemala para conversar, tomar una pausa en el intenso camino de informar a diario sobre lo que pasa en sus comunidades y reflexionar sobre la importancia de comunicar desde el territorio, privilegiando voces feministas e indígenas.

El encuentro empezará con una jornada de reflexión que acompañará Pedro Vaca, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, quien compartirá sobre los mecanismos de protección que apoya la Comisión y sobre las acciones concretas tomadas en casos específicos de periodista amenazados, perseguidos y acosados por actores criminales, élites de poderes políticos económicos e incluso por los gobiernos de sus países.

La jornada de reflexión estará acompañada también por Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, quien en entrevista con Prensa Comunitaria, uno de los organizadores del encuentro, aseguró que en el país centroamericano hay muy pocas garantías para el libre ejercicio del periodismo, lo cual ha afectado la calidad democrática de Guatemala.

El resto de la semana, los periodistas realizarán actividades como paneles, talleres y ejercicios de reflexión a partir de las experiencias específicas de sus países.

Durante el encuentro se destacará el papel de las periodistas en la defensa del territorio desde un ejercicio de género y resistencia. También se analizará el papel que han jugado los periodistas indígenas en la defensa de sus comunidades al denunciar los abusos históricos a los que estas han estado sometidas, sobre todo por parte de gobiernos, estructuras paramilitares y la industria extractivista.

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A diferencia de otros encuentros, centrado en el ejercicio urbano del periodismo desde agendas relevantes para las ciudades capitales, en este los protagonistas serán los comunitarios, quienes ejercen el periodismo desde una óptica diferenciada, la que da hacerlo de forma constante desde los mismos territorios.

Un documento preparatorio del encuentro lo explica así: “El periodismo comunitario y el periodismo feminista son categorías que funcionan como mecanismo de romper la hegemonía de la narrativa dominante para la exigibilidad de derechos. Ambos, juntos a otros nombres del periodismo fuera del cerco oficial y corporativo que funcionan para los sectores que se benefician de las estructuras de desigualdad social, han diversificado presencia de actores sociales en campo mediático y diversificado los modelos de reporteo, actores e incorporar a sujetos oprimidos por el poder dominante e invisibilizados por el periodismo de este.”

Desde Prensa Comunitaria, ese periodismo pretende romper con la forma tradicional de reportear y contar, distanciarse de eso, siendo la propia gente la que produce su propia información, para sí misma y desde sí misma. Es un compromiso con la transformación de la realidad y las formas de comunicar.

El encuentro ocurre en momentos en que el continente americano vive importantes regresiones democráticas debido a los afanes autoritarios de sus líderes, desde Jair Bolsonaro en Brasil hasta Alejandro Giammattei en Guatemala y Nayib Bukele en El Salvador. Estas nuevas autocracias, caracterizadas por el afán de concentración de poder y la difuminación de los controles sociales que suelen ser garantías del respeto a los derechos individuales y sociales en las aún frágiles democracias latinoamericana, han golpeado, y fuerte, al periodismo, sobre todo al comunitario.

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Reflexionar y compartir experiencias es parte de un ejercicio más integral de resistir, desde el periodismo comunitario, esos embates autoritarios.

La situación en Guatemala

La situación del país anfitrión del encuentro es solo una muestra del deterioro continental. En Guatemala, las agresiones a periodistas no son nuevas, mucho menos en el caso de periodistas comunitarios, que han tenido que soportar desde hace años encarcelamientos, allanamientos de sus viviendas, zozobra impuesta por las autoridades o persecución de empresas privadas extractivas que son dueñas y señoras del territorio ahí donde tienen proyectos mineros o hidroeléctricos.

En los últimos años, sin embargo, la situación general de deterioro democrático durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han agravado la persecución a periodistas. Solo en 2021, Prensa Comunitaria registró 125 agresiones a periodistas.

Uno de los ejemplos que mejor ilustra el patrón de agresiones es el de El Estor, el municipio de Izabal en el que funciona una mina ruso-suiza que sobornó al Estado de Guatemala para reprimir a los comunitarios Maya Q’eqchi’ que se han opuesto a la depredación ambiental de la mina. Los periodistas que han cubierto estas luchas, también Maya Q’eqchi’, han sido objeto de persecución constante desde 2017, cuando la Policía Nacional Civil, al servicio de la minera, mató a un pescador, y más recientemente en 2021, cuando el Ministerio Público abanderó la persecución de tres periodistas comunitarios que documentaron más agresiones de la PNC.

De forma extraoficial se registra que ya de Guatemala han tenido que salir al menos cuatro periodistas acosados por el régimen de Giammattei.

Todos los casos de persecución, y en especial los que tienen que ver con el periodismo comunitario, están amparados en una cultura de impunidad que se ha alimentado en los últimos años por la regresión autoritaria que, como se dijo, no es exclusiva de Guatemala.

Durante este encuentro periodístico, serán los periodistas comunitarios del continente, las periodistas feministas e indígenas quienes buscarán, con el diálogo, la forma de resistir desde el periodismo.