por Pozol colectivo

Con una concurrida participación de indígenas choles, el ejido Tila celebró su quinto aniversario de auto gobierno con una marcha y mitin, luego de que hace cinco años decidieran expulsar al ayuntamiento indebidamente ubicado en sus tierras, como ya lo han demostrado ante la suprema corte de justicia.

El 16 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila, que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía ejidal.

“Como hijos, nietos y bisnietos seguimos defendiendo la madre tierra a pesar de la pandemia del covid 19 mundial, la otra pandemia que tanto daño nos ha causado es la corrupción; por aclarar y sacar a la luz pública somos calumniados”, expresan los indígenas en resistencia en un comunicado este 15 de diciembre, en alusión a los grupos oficialistas que exigen el regreso de la alcaldía y partidos políticos al ejido.

«Este día es de alegría, de festejo, porque en nuestra tierra no manda el mal gobierno, mandamos nosotros», han indicado en diversos escritos los indígenas también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

«Tenemos que cuidar el patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros, salir con la cara al frente, no agacharse, es por eso que gobernamos por medio de la asamblea ejidal», han compartido los ejidatarios del norte de Chiapas.

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“Nos preguntamos cuantas veces nos quieren despojar si los abuelos sufrieron las injusticias históricas”, cuestionan los indígenas cho´les. De igual forma los ejidatarios han denunciado que “los caciques son un puñito de pobladores de Tila que están presionando en la Procuraduría y al gobierno para que mande ya sus fuerzas represoras para que ejecuten las órdenes de aprensión contra las autoridades ejidales y exautoridades y sus familias, todos quienes han luchado por defender la tierra”.

“Estos representantes de la maldad van pagando periodistas para que les sigan en sus engaños y escriban en periódicos de Yajalón, Palenque o Tuxtla y presenten que Tila está secuestrado y que no tienen libertad, cuando no lo dicen claro que quieren la libertad para dominar y establecer su mal gobierno el Ayuntamiento y para seguir robando, saqueando, a costa del sufrimiento del pueblo. Por eso su libertad es muy torcida, porque es libertad para maltratar, reprimir, despojar hacia nuestras miles de familias quienes somos los dueños y estamos autogobernando”, han evidenciado los ejidatarios del CNI.

“Escúchenlo bien, nuestro pueblo se mantiene atento y está dispuesto porque vamos a defender nuestro autonomía y autogobierno ejidal porque aunque le pese al grupito de caciques y a los intereses de sus aliados, ahora es el pueblo el que se autogobierna autodefine, autocuida, autoconstruye justicia, la vamos caminando y aprendiendo pero la más importante es que estamos viviendo, y la libertad ha traído dificultades pero mucha alegría para nuestros corazones, así estamos decididos a seguir viviendo”, han afirmado los indígenas chiapanecos en diversos medios durante estos cinco años.

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994.

En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los indígenas choles han asegurado que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirman.

Pese a ello, como indican conocedores sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, han denunciado los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Lee el comunicado completo aquí

Por Juan Peláez, abogado

El 9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, los agentes se robaron animales, ropa, aperos de labranza y, desalojaron violentamente a las familias de la comunidad Tres Lagunas, quienes tuvieron que quedarse a la orilla de la carretera, denunciaron los campesinos desalojados.

Fueron afectadas aproximadamente 200 familias, más o menos 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. La policía además de quemar sus viviendas, arrancó las siembras y detuvieron a 3 personas, miembros de las Comunidades Indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.

No se respeto el debido proceso, la comunidad nunca se enteró de algún proceso penal en su contra, ni quien emitió la orden de desalojo, ya que les presentaron un papel sin sello, sin firma, ni nombre de autoridad competente.

En plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.

Este es el testimonio de uno de los vecinos afectados por el desalojo en su comunidad

Pese a todo lo ocurrido durante el desalojo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en su cuenta de twitter lo siguiente:

“La delegada de la Auxiliatura de La Libertad, Petén, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), observó el respeto de los derechos humanos y las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Juzgado de Paz Penal, en la diligencia de desalojo en la finca El Zapotal, municipio de Sayaxché, departamento de Petén.

En la diligencia se realizó el desalojo de uno de tres grupos que ocupa la finca de forma irregular, sin que se reportaran incidentes; sin embargo, las diligencias de desalojo continuarán por parte de la PNC y el MP.”

• • • 14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.

   

• • • La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.

   

• • La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.

Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.

La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.

Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.

Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.

Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.

También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.

Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones  en 23 estados de la República mexicana)

Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

Descargar PDF: Misión Civil de Observación a Chiapas denuncia una situación sistemática y estructural de violaciones a derechos humanos.

Los pueblos, naciones, tribus y barrios originarios que somos el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, haciendo frente a la enfermedad de nuestra madre tierra, expresada en una grave pandemia que ha golpeado la vida y economía de nuestras comunidades y al mundo entero; nos escuchamos en la voz de los pueblos originarios, que gritan desde las geografías donde luchan y resisten en contra de la guerra capitalista que disputa los territorios indígenas y campesinos mediante agresivas políticas extractivas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional; megaproyectos de muerte a los que llaman Corredor Interoceánico en los estados de Oaxaca y Veracruz, Proyecto Integral Morelos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Tren Maya en los estados del sureste mexicano, o Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el centro del país; la implementación de un conjunto de políticas y mecanismos para la continuación del “libre comercio” subordinado a Estados Unidos y Canadá y para contener la migración; para impedir o debilitar la organización y resistencia de nuestros pueblos, mediante la suplantación de las autoridades tradicionales y la realización de consultas indígenas simuladas.

Se trata de políticas y megaproyectos impulsados por el gobierno neoliberal de la Cuarta Transformación, al servicio de los grandes capitales globales y en contra de la organización autónoma de nuestros pueblos; todo lo anterior con apoyo en la militarización, la implementación de la Guardia Nacional y la militarización de todo el territorio nacional, la complicidad Estado-Cárteles criminales, la creación de programas que buscan romper la organización comunitaria como es el caso de Sembrando Vida y la aprobación de leyes favorables a los grandes consorcios trasnacionales como la Ley Federal Para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.

El CNI y el CIG –con las comunidades zapatistas-, siendo congreso cuando estamos juntos y red cuando estamos separados, somos esa palabra colectiva que no solo hacemos nuestra, sino que nos tejemos en ella y con ella, en la determinación de que nuestra resistencia crecerá tan grande, como grande sea la amenaza capitalista a la vida.

Porque para nuestros pueblos no hay espacio para rendirnos, vendernos o claudicar, cuando son la madre tierra y la vida la que los gobiernos, empresas, militares y cárteles de las drogas quieren tener como botín del robo y

CONSIDERANDO QUE:

1.- Arrecian la represión, las amenazas, la formación de grupos de choque y la criminalización en contra de las comunidades que resisten al Proyecto Integral Morelos, que el mal gobierno federal decidió imponer ilegalmente y con la utilización de su grupo armado de choque al que llama Guardia Nacional; y que, no obstante, la herencia heroica de Samir Flores Soberanes se mantiene viva en las hermanas y hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala que no se rinden, ni se venden ni claudican;

2.- Se agudiza la guerra en contra de las comunidades autónomas y de las comunidades de originarios del CNI en el estado de Chiapas, mientras los gobiernos garantizan impunidad para los grupos paramilitares que, financiados por ellos, atacan día y noche a los pueblos y comunidades hermanas;

3.- El mal gobierno federal junto a sus fuerzas armadas, en su descarada alianza con los oscuros intereses económicos que apuestan a quedarse con el territorio de los pueblos indígenas y campesinos, está sembrando miedo y terror, violando cínicamente las leyes, sentencias y suspensiones judiciales para imponer sus megaproyectos, que entregan el territorio del país a los intereses económicos transnacionales;

4.- La resistencia y rebeldía crecen en la geografía de los pueblos originarios, porque crecen también el despojo y la represión violenta desde el lado del mal gobierno en todos sus niveles, en complicidad con grupos paramilitares y narco paramilitares, que hacen posibles sus proyectos extractivos y contaminantes, e incluso, en las grandes ciudades nuestros pueblos resisten como lo demuestra la comunidad otomí residente en la Ciudad de México;

5.- Desde las luchas que somos, los pueblos originarios vemos que en el mundo se encienden esperanzas a esta guerra que es la misma, y desde lejanas geografías volteamos hacia donde mismo, o sea hacia la lucha por la vida, que se hace un lenguaje en el que nos vemos los unos a los otros y;

6.- Existe la convocatoria zapatista de iniciar un recorrido planetario en el mes de abril de 2021, iniciando en el continente europeo, al que está invitado el CNI mediante la integración de una delegación para acompañar ese caminar y llevar nuestra palabra colectiva;

CONVOCAMOS
A l@s delegad@s y concejal@s del CNI- CIG, para que asistan a la

QUINTA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL
INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Que tendrá lugar en:

LA QUINTA PIEDRA, TERRITORIO RECUPERADO DEL PUEBLO
NAHUA DEL EJIDO TEPOZTLÁN, MORELOS,
LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2021

Bajo el siguiente programa:

23 de enero:
Inauguración
Mesas de trabajo:

• Balance del despojo y la guerra capitalista contra nuestros pueblos.
• Propuesta para la participación de una delegación del CNI-CIG en el recorrido planetario zapatista.

24 de enero:

Plenaria abierta:

• Conclusión de mesas de trabajo
• Acuerdos y resolutivos
• Comunicado público
• Clausura

NOTA 1: Considerando las actuales circunstancias sanitarias se invita a que nombremos un@ o dos delegad@s por pueblo, comunidad u organización indígena, según sea el caso, con el fin de realizar una asamblea ampliamente representativa pero menos numerosa.  Quienes asistan deberán cumplir con las medidas de uso de cubre bocas, sana distancia, lavado frecuente de manos y cara. Y las que se implementen en el lugar de la reunión.

NOTA 2: Quienes no sean delegad@s o concejales del CNI/CIG únicamente podrán entrar a la asamblea mediante invitación expresa de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Atentamente
Diciembre de 2021

 Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

_{Foto: Archivo de Avispa Midia}

Pese a que Obrador se comprometió en dos momentos distintos a establecer el diálogo con las comunidades que denuncian afectaciones por la empresa de capital canadiense Minera Cuzcatlán, Semarnat se ha negado a abrir un canal de comunicación.

El Frente No a la Minería Por un Futuro de Todas y Todos, compuesto por autoridades municipales y agrarias de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, emitió este lunes (7) un comunicado en el cual exige que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) niegue la autorización la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.

La función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.

Este Frente de comunidades sostiene que la empresa minera no declara en su estudio los impactos acumulativos por 10 años más de explotación. La MIA “presenta información sesgada y minimiza los impactos producidos por el proyecto minero; en el documento los impactos son evaluados como ‘moderados’ y ‘positivos’”, sostiene el Frente.

Las comunidades de los Valles Centrales denuncian que han sido testigos “de la contaminación del agua, la emisión de polvos, ruido, el desplazamiento de fauna silvestre en la región, el impacto en el paisaje, además de graves violaciones a los derechos humanos y conflictos sociales producidos por el proyecto minero”.

Los pueblos que constituyen este Frente de resistencia, todos ellos indígenas zapotecas, tuvieron acceso al MIA porque la Semarnat organizó en su sitio web una consulta pública, que es distinta de la Consulta Libre, Previa e Informada, prevista por el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), específica para pueblos indígenas y que debe llevar en consideración sus derechos, no obstante, nunca fue llevada a cabo.

Además, la consulta tuvo carácter exprés, denuncia el Frente, con duración de 10 días. Fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 13 de noviembre, dando como fecha máxima para recibir observaciones el 23 de noviembre. “Dichos plazos resultan limitados, máxime cuando nos encontramos en un periodo de contingencia sanitaria, por lo que dicha acción violenta nuestros derechos a la información pública y participación ciudadana”, sostienen las comunidades.

Obrador

En 2019 las comunidades interceptaron el carro del presidente de la República Andrés López Obrador, que pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo no lo cumplió.

El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, secretaria de la Semarnat, de manera que se pueda establecer un canal de comunicación con estos pueblos. “Desde esta fecha, hemos buscado un canal de diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual ha sido negado porque ‘no han podido encontrar un espacio en la agenda’”, señala el comunicado del Frente.

Medidas contundentes

Los pueblos en resistencia emplazan al gobierno federal para establecer una mesa de dialogo, solicitada por el H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, desde el día 03 de noviembre de 2020, para exponer la problemática y construir soluciones conjuntamente con los pueblos y comunidades afectadas por el proyecto minero San José, de la Minera Cuzcatlán.

Las comunidades advierten que “en caso de que la Semarnat siga favoreciendo intereses privados por encima de los derechos colectivos de los pueblos, nos movilizaremos y tomaremos medidas contundentes para garantizar que nuestros derechos sean respetados”.

Los municipios que componen la Frente son: Autoridades agrarias y municipales de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

• Del 7 al 10 de diciembre, organizaciones de derechos humanos realizarán una Misión Civil de Observación a Chiapas para documentar graves violaciones a derechos humanos.
• La Misión Civil de Observación a Chiapas recorrerá varias comunidades en el estado de Chiapas.
• En la MCO participarán 16 organizaciones nacionales e internacionales y la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT.

En este momento en el Estado de Chiapas, está teniendo lugar una situación de graves violaciones a derechos humanos y agresiones contra muchas personas y organizaciones que trabajan  en la defensa de los derechos humanos y por la paz.

Por un lado, vemos con preocupación el incremento de situaciones que criminalizan, hostigan y amenazan a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que queda ejemplificado en las difamaciones públicas sufridas por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que han ido escalando hasta llegar, reciententemente, a una pega de carteles en el Palacio Municipal de Tonalá donde se desacredita su labor como personas defensoras.

Por otro lado, vemos con preocupación la continuidad de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil en el municipio de Aldama. Dichas agresiones, han resultado en lesiones para  habitantes de la comunidad, así como para  integrantes de una caravana humanitaria organizada para brindar apoyo a la comunidad. Además, como señala el CDH Fray Bartolomé de las Casas: A pesar de que el viernes 27 de noviembre de 2020, nuevamente se firmó el Acuerdo Definitivo entre Aldama y Chenalhó, los ataques de armas de fuego continúan […]. El mismo día de la firma, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, reportó agresiones, las cuales se intensificaron este fin de semana.

Esta grave crisis de desplazamiento forzado que se ha vivido por años y en la que la ayuda humanitaria externa es esencial, se ha agravado debido a la pandemia de COVID-19 y la dificultad de acceder a recursos básicos de salud y educación.

La sistematicidad de las violaciones a derechos humanos, así como el riesgo en el que se encuentran personas defensoras nos mantiene en  alerta, observantes de que las diversas autoridades generen las condiciones para garantizar la integridad y vida de las poblaciones indígenas desplazadas, así como de las personas defensoras de derechos humanos.

Por ello, las organizaciones Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (CDH Frayba), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (CDH Digna Ochoa), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. (CDH Fray Matías), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C., Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI), Centro Kalli Luz Marina A. C., Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC), en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), y acompañados por el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste realizaremos esta Misión Civil de Observación a Chiapas (MCO) del 7 al 10 de diciembre.

Esta MCO hará un recorrido por comunidades de Chiapas ubicadas en los municipios de Chilón, Chalchihuitán, Aldama y Tonalá para documentar violaciones a derechos humanos, así como para  visibilizar la situación de desplazamiento forzado y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos que se viven en el estado. Con la información documentada buscaremos, como organizaciones, reunirnos con autoridades del orden municipal, estatal y federal para promover que se garantice la protección y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la MCO a Chiapas dará una conferencia de prensa virtual el 10 de diciembre —a través de las redes sociales de la Red TDT y de las organizaciones participantes—. En ella se expondrán los resultados de la MCO y se adelantarán las actividades para el seguimiento de las mismas.

Para más información o gestión de entrevistas:
Eber Huitzil – Comunicación, Secretaría Ejecutiva de la Red TDT
55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx

Autor: gtawcomunicaciones

GTANW, 2/12/20.- Líderes Wampís han sido detenidos por intermediarios ecuatorianos vinculados a la tala y comercialización ilícita de madera mientras intentaban cruzar del río Santiago al río Morona por la frontera. Se trata de los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís Clovis Pérez, Juan Nuningo, Robert Hinojosa y del asesor legal Awajún Gil Inoach; además de 15 jóvenes de la escuela de liderazgo Sharian. Todos ellos se dirigían hacia San Juan de Morona, donde sostendrían un taller de capacitación, pero fueron impedidos de continuar su camino en Puerto Minas por los comerciantes ilegales. Piden que las embarcaciones con madera que han sido detenidas los últimos días por el GTANW, en el Río Santiago, sigan su curso, a cambio de la libertad de los líderes wampís.

Cabe señalar que durante los últimos dos meses, el GTANW ha denunciado a las autoridades nacionales y locales la problemática de la tala y comercio ilegal de madera[1] por parte de ciudadanos ecuatorianos, quienes a vista y paciencia de los controles del Ejército Peruano y SERNANP en las bases de Cahuide y Ampama, salen con embarcaciones llenas de madera obtenida de manera ilegal. Recientemente, la Autoridad Regional Ambiental se comprometió con los Wampís a colaborar con las acciones del GTANW, en el marco del derecho al uso sostenible, ordenado y legal de cualquier bondad de la naturaleza[2]. Sin embargo, hoy llegaron a la comunidad de Alianza Progreso, en el río Santiago, donde están las embarcaciones detenidas, sin la documentación necesaria para hacer su registro y confiscar la madera.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto[3] y exigió a las autoridades a nivel nacional abordar el problema; sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora.

ACTUALIZACIÓN (2/12/20 22:00)

Según comunicación con una de las autoridades Wampís secuestradas, la delegación Wampís fue liberada al promediar las 21:30 horas. La liberación se dio tras la decisión de la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas de dar un plazo de dos días más a los madereros ilegales y dejar ir las embarcaciones que habían sido incautadas.

Desde el GTANW expresamos nuestro alivio por esta liberación, pero expresamos también nuestra preocupación porque la problemática de la tala ilegal en nuestro territorio hasta ahora no recibe la atención pertinente de las autoridades nacionales.

Desde el GTANW queremos proteger nuestro territorio y apostar por vías de desarrollo sostenibles, con formalidad y regulación ambiental.

[1] https://nacionwampis.com/gtanw-determina-cese-de-tala-y-comercio-ilegal-de-madera-en-el-santiago-ante-inaccion-del-estado/

[2] https://nacionwampis.com/wp-content/uploads/2020/12/Acta-Extraordinaria-del-Gobierno-Territorial-Aut%C3%B3nomo-de-la-Naci%C3%B3n-Wampis.pdf

[3] https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/318361-defensoria-del-pueblo-urge-intervencion-eficiente-frente-a-tala-ilegal-y-amenazas-que-afectan-derechos-de-comunidades-indigenas

? 30 de noviembre 2020

? Semanario #37 desde el Caribe hasta el Sur ?

▶️ ESCUCHE AQUÍ:

? TERRITORIO: Escuela de formación comunera en #Venezuela. Incumplimiento de la remediación ambiental de petroleras de #Ecuador. Persecución a la prensa en #Guatemala.

? LUCHAS: Actualidad de las protestas en #Perú. Sigue la lucha en contra de la megamineria en #Puelmapu. Campesinxs de #Panamá en contra de las gigantes eólicas. Acampe en ruta provincial exigiendo #LeyDeHumedalesYA en #Argentina.

? GÉNEROS: Acción del 25 de noviembre en #Bolivia.

? Recomendado cultural de Guatemala sobre LaBrisa y su canción La Sombra

? Reportes Unión Comunera, Comuna Luisa Cáceres de Arismendi, La Resistencia Bolivia, Colectiva Chinata, Radio Temblor Internacional, Festivales Solidarios, Red TierraActiva, Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé, Multisectorial por los Humedales, Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría – Chacay Oeste,Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses

?Comunican Anabel Carrere, Karen Díaz, Ayelén Correa Ruau, Lucía Ixchíu, Wayra Tamayo, Ivan Paillalaf, Johan Tovar, Tonny Chimbo y Olmedo Carrasquilla

? Edición y masterización: Radio Epidemia

? Imagen de portada: Continúa la protesta social en #Guatemala. Autorx Carlos Ernesto Cano

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30 de noviembre 2020 | Emisión N° 37 | 3° temporada Acción del 25 de noviembre 2020